SOCIEDADES es un equipo de alumnos y ex alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se dedica al estudio e investigación del Derecho
Egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú e Investigadora del Grupo de Investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución (GIDEPROC – PUCP)
Fuente: composición LR/Gerson Cardoso
En tiempos pasados, los perros eran compañeros de cacería y/o animales guardianes. No obstante, en la actualidad, en muchos hogares son considerados “hijos”, o más bien “perrhijos”. Ello ha contribuido al crecimiento acelerado de la economía en el mercado de los accesorios y servicios para perros.
Así pues, según el Informe del Business Research Insights (BRI) de diciembre del presente año, el tamaño del mercado mundial de accesorios para mascotas ascendió a 20,510 millones de dólares en el año 2022 y para el año 2031 se prevé que alcance a los 40,563 millones de dólares. Y, en Perú, las ventas al año 2028 ascenderían a 680 millones de dólares, lo que significa un avance del 9.4% respecto al 2023 según Euromonitor International. Los factores impulsores de dicho crecimiento son la disponibilidad de una gran variedad de accesorios y el aumento de propietarios de mascotas.
Respecto al primer factor impulsor, el mercado de pet care incluye alimentación, aseo, seguridad, servicios de cuidado y demás productos de bienestar animal. En la misma línea que el Informe del BRI, Euromonitor International confirma que, en el Perú, el desarrollo de esta industria se debe a la alta disponibilidad de productos en diferentes canales de venta y al crecimiento de las cadenas de tiendas especializadas en mascotas. Un ejemplo de ello es la especialización en salud y seguridad, pues a nivel nacional existe una amplia variedad de seguros para mascotas que son ofrecidos por distintas aseguradoras como La Positiva, Pacífico, BBVA, BanBif, entre otros, que ofrecen asistencia médica (consultas, hospitalización, vacunas, etc.), servicios de estética, hospedaje, e incluso defensa jurídica. En consecuencia, las familias peruanas pueden gastar entre 100 a 500 soles mensuales al mes en el cuidado de sus mascotas según el estudio de consumo de Kantar División Worldpanel.
Respecto al segundo factor impulsor, según Ipsos, cerca del 60% de familias a nivel nacional cuenta con al menos una mascota y el 88% elige tener un perro; esto se debe a que la presencia de una mascota puede conllevar beneficios para la salud y bienestar de las personas. Muchas de esas familias, además, ya no consideran a sus mascotas solo como animales sino como miembros de la familia, y en muchos casos hay una tendencia a “humanizarlos”. Cuidamos su bienestar, buscamos educarlos (no sólo entrenarlos), les compramos ropa, celebramos cumpleaños y más.
Cabe señalar que, hoy en día, no es extraño que el crecimiento en la tenencia de perrhijos se deba también al desinterés de tener hijos. Esto se evidencia en casos de parejas jóvenes que se centran en el crecimiento profesional y laboral, ya que tener una mascota -pese a ser una gran responsabilidad- no es tan demandante en tiempo y esfuerzo como lo es tener un hijo, o por la influencia de otros de factores como la inseguridad de tenerlos en la situación del mundo actual. De todas maneras, como opción o postergación de la maternidad/paternidad, los perrhijos son una realidad en auge en la sociedad y en la economía.
En conclusión, la tenencia de un perrhijo no sólo ha impactado en el estilo de vida de las familias, sino también ha impactado en la economía mundial. Así pues, el mercado de accesorios para mascotas -en especial, de nuestros perrhijos- seguirá creciendo a medida que los hogares continúen adaptándolos y les otorguen el mayor cuidado en salud, entretenimiento y más.
Referencias
Alvarez, Javier. (18 de julio de 2023). Entre patas. Acceso el 27 de diciembre de 2024. https://www.ipsos.com/es-pe/entre-patas Business Empresarial. (19 de agosto de 2023). ¿Cuánto gastan los peruanos en el cuidado de sus mascotas? Acceso el 27 de diciembre de 2024. https://acortar.link/JczwwE Business Research Insights. (2024). Tamaño del mercado de productos para mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo, por aplicación, y perspectivas y pronósticos regionales hasta 2032. Acceso el 27 de diciembre de 2024. https://acortar.link/fzgTtg Coello, Z. (17 de julio de 2024). Historia, origen y evolución del perro. Experto Animal. Chávez, Lucero. (29 de abril de 2024). El mercado de mascotas en Perú facturaría US$680 millones hacia el 2028: estas son las razones de su avance. Acceso el 27 de diciembre de 2024. https://acortar.link/cDEERi
Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM, Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES
Fuente:www.tomenota.pe
I. Introducción
En el Perú el phishing o suplantación de identidad se ha consolidado en los últimos años como la modalidad preferida por los cibercriminales; estos delincuentes aprovechan la creciente necesidad de la población de realizar operaciones y transacciones bancarias digitales. Uno de los factores clave que incrementa esta vulnerabilidad es la falta de correctas medidas de seguridad tomadas por los bancos en transacciones no reconocidas por grandes sumas de dinero, que facilitan este tipo de estafas exponiendo a los usuarios a un riesgo constante.
Las medidas implementadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicada el 28 de junio de 2024 bajo la resolución SBS N° 02286-2024, ¿son suficientes para garantizar el principio de idoneidad en la protección del consumidor?
Esta normativa modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos, con el fin de mejorar la protección ante riesgos de ciberseguridad; bajo esta premisa en el presente artículo analizaremos las medidas propuestas por la reciente resolución, así como sus alcances para combatir el phishing. II. Phishing: Conceptos clave y su impacto en la sociedad peruana
2.1. Definición de phishing
El phishing es una técnica de fraude en línea en la que los ciberdelincuentes intentan engañar a las personas para que revelen información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, información bancaria u otros datos personales. En estos ataques los delincuentes suplantan la identidad de una organización de confianza y envían mensajes que parecen auténticos, solicitando a las víctimas que hagan clic en un enlace o proporcionen sus datos personales entrando a sitios fraudulentos que imitan el diseño y la apariencia de las páginas oficiales para engañar al usuario, con la finalidad de robar números de tarjetas decrédito, números de cuentas bancarias, credenciales de inicio de sesión u otros datos personales o información sensible. (Kosinski, 2024)
2.2. Consecuencias y efectos en la confianza del consumidor
El phishing tiene un impacto profundo y duradero en la seguridad del consumidor, especialmente en el ámbito financiero y de comercio, como la pérdida de su confianza en las instituciones bancarias y financieras, al sentirse vulnerables y desprotegidos, ese sentimiento de inseguridad lleva a una menor adopción de servicios bancarios y comerciales en línea. Los consumidores que han sido víctimas de phishing tienden a reducir su uso de herramientas tecnológicas por temor a ser nuevamente estafados (Defensoría del Pueblo, 2023). Esta reticencia puede frenar el crecimiento de la economía digital, limitando las oportunidades de expansión para las empresas y el acceso a servicios eficientes para los usuarios.
III. Normativa aplicable y las modificaciones de la Resolución SBS N° 02286- 2024
3.1. Objetivos de la Resolución SBS N° 02286-2024
La modificación al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, al Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y al Reglamento de Reclamos y Requerimientos, surge como una necesidad frente a la evolución en el funcionamiento de los productos y servicios ofrecidos por las empresas del sistema financiero a los usuarios, la creciente complejidad de estos servicios, unida al impacto de las nuevas tecnologías. Se vuelve indispensable precisar la responsabilidad de las empresas en los procedimientos de validación de identidad de los usuarios y la obtención de su consentimiento al momento de realizar operaciones, en casos de estas no fueran reconocidas y en aquellas que fueron procesadas sin autenticación reforzada; junto a las obligaciones de las empresas para el cumplimiento de disposiciones de carácter imperativo.
En línea con estas consideraciones, resulta fundamental que los mecanismos de validación de identidad y obtención del consentimiento del usuario se implementen desde el momento de la contratación de productos y servicios, y continúen siendo aplicados a lo largo de su ejecución; lo anterior no solo contribuiría a la seguridad de las transacciones, sino también permitirá a las empresas contar con información precisa y actualizada sobre nuevos usuarios.
3.2. La regulación en el sistema financiero peruano
Ante casos de phishing en el Perú no hay una regulación específica para el término “phishing”, sino solo como parte de los delitos informáticos (artículos 8 y 9 de la Ley N.° 30096). Muchos ataques de phishing se procesan bajo esta normativa, al tratarse de actos de fraude que involucran el acceso indebido a sistemas o la manipulación de datos para obtener beneficios ilegítimos, siendo un contraste frente a otras legislaciones como el de la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ya que es una normativa que impone a empresas y organizaciones la obligación de salvaguardar la información y privacidad de sus ciudadanos en las transacciones realizadas dentro de los países miembros, además de establecer regulaciones sobre la transferencia de datos personales fuera de su territorio, siendo considerado un estándar de protección de datos más sólido a nivel global, ya que amplía los derechos de acceso de las personas a su información y establece restricciones para el manejo de datos personales por parte de las empresas.
Para las transacciones no reconocidas de manera general, la empresa responde administrativamente; según el artículo 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos asegurándose de tomar las medidas de seguridad necesarias; sin embargo; según el artículo 23 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, ante el rechazo por parte del titular sobre operaciones no reconocidas o inusuales, la entidad bancaria es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (Resolución S.B.S. N° 5570-2019). Se desprende que el usuario no es responsable de pérdida alguna cuando comunicó previamente sobre el extravío de la tarjeta o suplantación de identidad. El problema venía cuando los canales de atención no funcionaban correctamente y los usuarios afectados no podían comunicar sobre la sustracción de la tarjeta o información, ya que, no había una regulación clara para la aplicación de medidas de seguridad ante operaciones inusuales, así como en micro pagos que no requieren la clave secreta o una segunda verificación del usuario.
Ahora bien, una vez que ocurre una operación no reconocida, corresponde a las entidades financieras demostrar la validez de estas. Dicha demostración se realizará en atención a las medidas de seguridad para operaciones con tarjeta no presente (CNP) que explicaremos a detalle más adelante, siendo crédito o débito, credenciales de pago del titular de la tarjeta, los números de la tarjeta, el código CVC/CVV y la fecha de caducidad de la tarjeta. Eso quiere decir que, siempre que el banco demuestre el cumplimiento de los requisitos de validez de las operaciones, lo toma como responsabilidad del usuario, es decir, se liberará de toda acusación en su contra.
Es necesario precisar la diferencia entre operaciones no reconocidas y operaciones inusuales, siendo las no reconocidas aquellas realizadas con tarjeta de crédito o débito y/o con su información que los usuarios declaran no haber realizado y/o aprobado (Ley N.º 26702). Las operaciones inusuales son aquellas que se escapan del parámetro de la habitualidad del usuario. La determinación de este se basa en el comportamiento del usuario, que al verificarse que cumple cierto patrón, se determina que es un comportamiento normal. (Julia Silvestre, 2021). Bajo esta premisa, las operaciones inusuales se refieren a aquellas que no coinciden con el comportamiento habitual del consumidor ni con su historial de transacciones. Por ello, cuando se detectan este tipo de operaciones, la entidad bancaria debe implementar las acciones necesarias para proteger los intereses del consumidor.
Cabe indicar que, el Reglamento establece circunstancias expresas en las que el usuario se libera de responsabilidad, contrario a lo que se podría pensar sobre la normativa, esta considera siempre al usuario responsable de las operaciones no reconocidas, salvo prueba de lo contrario. Dicho de otro modo, podría afirmarse que se asume que el consumidor que presenta un reclamo por fraude bancario está actuando de mala fe, incluso si afirma que no la autorizó. 3.3. Principales disposiciones de la Resolución
Acorde a lo dispuesto en la Resolución SBS N° 02286-2024, la modificación del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. “Incorpora los numerales 23, 24 y 25 en el artículo 2, el numeral 7 en el artículo 16, un último párrafo en el artículo 18 y el numeral 10 en el segundo párrafo del artículo 23 (…)”.
Dicho lo anterior, la referida resolución actualiza e incorpora nuevas definiciones clave, se destacan dos categorías esenciales de operaciones: las operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente.
Las operaciones con tarjeta presente hacen referencia a aquellas en las que el instrumento de pago (tarjeta) interactúa físicamente con el dispositivo de captura de información. Este tipo de transacción es característico de las compras presenciales, donde la tarjeta es utilizada en el proceso de pago.
Operaciones con tarjeta no presente, en contraste, son operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa directamente con el dispositivo de captura de información; sino se validan los datos de la tarjeta de manera remota. Este tipo de transacciones son compras en línea, pago de servicios.
En el caso de las medidas de seguridad respecto a los usuarios incorpora el inciso 7 al artículo 16 que las entidades financieras deben adoptar, estableciendo nuevos requisitos mínimos para las operaciones con tarjeta presente, no presente y billeteras digitales, siendo obligatorio el cumplimiento de la autenticación reforzada. Estas deben estar conforme al artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, además de las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate. Para mayor claridad sobre los términos que toma en cuenta el presente reglamento hablaremos sobre el artículo 2 inciso j) sobre los factores de autenticación del usuario que son aquellos empleados para verificar la identidad del usuario.
Estas categorías pueden ser; algo que solo conozca el usuario, algo que solo el usuario posee y algo que solo el usuario es, que incluye las características biométricas.
El artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad previa a esta resolución regulaba casos excepcionales donde exige la autenticación reforzada en las operaciones por canales digitales que impliquen pagos o transferencia de ahorros a terceros, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, siendo estos requisitos de autenticación:
La utilización y/o combinación de factores de autenticación, que correspondan a dos categorías distintas, respecto al artículo 2, y que sean independientes uno del otro.
Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.
El nuevo inciso 7 del artículo 16, precisa las medidas de seguridad para las operaciones con tarjeta presente, operaciones con tarjeta no presente, billeteras virtuales.
En las operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.
Las operaciones con tarjeta no presente requieren la utilización de dos factores de autenticación, el primer factor corresponde a los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico asociado a la tarjeta u otro elemento verificable en línea, que debe ser proporcionado por el usuario, conforme al estándar EMV 3DS (1), salvo en aquellos casos de exención establecidos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.
Siendo operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de dicho servicio, conforme al numeral 7.2, así como las operaciones subsecuentes, deberán ser autenticadas mediante el proceso de tokenización de la tarjeta, complementado con un segundo factor de autenticación de naturaleza distinta.
El control establecido en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, frente a los ataques de hombre en el medio, se cumple mediante la implementación de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, aplicados a los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda. (2).
En el numeral 5 del inciso 7 se dispone que, en los casos en que no se pueda validar el segundo factor por limitaciones fuera del control del banco, se deberán establecer reglas de aceptación o rechazo en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17 del mismo cuerpo normativo.
El artículo 17, precisa sobre la implementación de los procesos de autenticación, conforme a la definición establecida, que debe implementar la empresa para controlar el acceso al servicio que provee a sus usuarios por canales digitales, Previo a ello, debe llevar a cabo una evaluación formal y adoptar las medidas correspondientes (SBS N. º 504-2021):
a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
Agrega el inciso 10 al artículo 23 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, en el caso de las operaciones no reconocidas la empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los casos de que no se emplee un segundo factor de autenticación.
Modifica el inciso 1 del artículo 15 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, sobre las medidas de seguridad incorporadas en las tarjetas de crédito, las normas de seguridad incorporadas en el chip de las tarjetas físicas deben emplearse para comprobar la autenticidad de la tarjeta y verificar la identidad del usuario, cumpliendo con los estándares mínimos establecidos en el artículo 16° del presente Reglamento.
IV. Notas
(1) EMV 3DS es un protocolo de seguridad destinado a proteger las transacciones en línea realizadas con tarjetas de crédito y débito, su objetivo principal es añadir una capa adicional de protección mediante la autenticación del titular de la tarjeta durante el proceso de pago.
(2) Se refiere al inciso b) del artículo 19 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad, señara que, al generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, solo debe utilizarse por única vez.
V. Conclusiones
5.1. El phishing y otras formas de fraude son desafíos que impactan tanto a los usuarios como a las empresas, generando un clima de inseguridad y desconfianza en el sistema. Además de las medidas establecidas por la resolución, es fundamental que las empresas se enfoquen en educar y sensibilizar a sus usuarios sobre las diversas modalidades de estafa más frecuentes, ayudándoles a identificar y prevenir estos riesgos.
5.2. La Resolución SBS Nº 02286-2024 reafirma a través de estas modificaciones que han adaptado las normas pertinentes conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, no solo se refuerza la seguridad en las transacciones, sino que también se asegura que las entidades financieras asuman un compromiso claro con la protección de sus clientes ante los riesgos digitales, actualizando sus mecanismos de seguridad utilizados para los canales digitales.
5.3. Las modificaciones buscan reforzar la seguridad en el sistema financiero peruano mediante medidas más estrictas de confirmación de identidad y autenticación, especialmente en transacciones digitales, estableciendo requisitos mínimos de validación para mejorar la protección del consumidor ante posibles fraudes promueven un entorno financiero más seguro y confiable adaptado la seguridad en la era digital.
5.4. Asimismo, las medidas planteadas por la reciente resolución si son efectivas para combatir el phishing y las diversas modalidades de fraude cibernético, no de manera directa como tal, si bien refuerzan la seguridad en las transacciones mediante la autenticación reforzada y un monitoreo basado en riesgos, estas disposiciones son reactivas y mitigan el impacto del ataque hacia la patrimonialidad del usuario, como las compras no reconocidas y fraudes financieros.
Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM, Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES
Fuente:www.andina.pe
I. Introducción
“El Perú padecerá la mayor caída económica en los últimos cien años” (1), fue uno de los titulares más recurrentes en la región durante la pandemia por COVID-19. Esta crisis global trajo consigo una crisis económica sin precedentes, impactando profundamente al tejido empresarial peruano. En respuesta, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo N° 1511, que dio origen al Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC). Este mecanismo se presentó como una solución innovadora, diseñada para ser rápida y accesible, con el objetivo de evitar la insolvencia masiva de empresas y así preservar la estabilidad del mercado.
A simple vista, el PARC parecía tener todos los elementos necesarios para convertirse en una herramienta eficaz: virtualidad, celeridad y un enfoque preventivo. Sin embargo, su implementación dejó preguntas en el aire. ¿Fue realmente una solución a la crisis originada? ¿Logró cumplir su propósito de evitar la insolvencia y mantener operativas las unidades productivas? Estas interrogantes cobran especial relevancia en un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan un alto porcentaje.
Por lo que a través del presente artículo se busca explorar los objetivos, características y obstáculos que marcaron el desarrollo del PARC. Al examinar su impacto y los factores que limitaron su alcance, se invita a la reflexión sobre el rol de las políticas públicas en tiempos de crisis.
II. Antecedentes
2.1. El Derecho Concursal peruano y sus principios
El Derecho Concursal es la rama jurídica que se ocupa de regular la concurrencia de una pluralidad de acreedores frente a un deudor en estado de insolvencia; es decir, cuando este se encuentra imposibilitado de cumplir con sus obligaciones exigibles debido al deterioro de su patrimonio. En este escenario, el Derecho Concursal trata de evitar el desorden que podría generarse si cada acreedor intentara satisfacer sus derechos de crédito de forma individual, promoviendo un procedimiento ordenado y eficiente para abordar la crisis. Al respecto, Rojas (2003, 175) señala que: El sistema concursal es la respuesta del legislador al mundo real de la escasez en los negocios. Es la respuesta al «efecto buffet», es la intervención del Estado para regular el conflicto social y poner a disposición de los involucrados los medios necesarios para que esa crisis sea enfrentada de la mejor manera.
Así, el sistema concursal no solo busca proteger los intereses de los acreedores, sino también garantizar una gestión adecuada de las empresas en dificultades, equilibrando los derechos individuales con el interés colectivo.
Dentro de este marco, el derecho concursal tiene como principal objetivo la recuperación del crédito, un objetivo que se encuentra expresamente establecido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal (LGSC). Para alcanzar este objetivo, el Sistema Concursal Peruano se estructura sobre la base de tres principios fundamentales: la universalidad, la colectividad y la proporcionalidad.
Por un lado, el principio de universalidad implica que “el deudor deberá responder frente a sus acreedores con todos sus bienes, con excepción de aquellos excluidos por la Ley” (Castellanos 2009, 219). Así pues, este principio asegura que el íntegro de la masa patrimonial del deudor sirva como recurso para lograr el pago a los acreedores en concurso.
Por su parte, el principio de colectividad, consagrado en el artículo V de la LGSC, garantiza que el procedimiento se lleve a cabo en beneficio de la totalidad de los acreedores y no de un grupo en particular. Del Águila (2003, 69) lo describe de manera clara al señalar que mediante este principio “se busca obtener una asignación óptima de recursos escasos frente a la amplia gama de necesidades existentes”. Este principio se refleja en el funcionamiento de la Junta de Acreedores, órgano mediante el cual se decide el destino del deudor, ya sea mediante la reestructuración de la empresa o su liquidación ordenada.
Finalmente, el principio de proporcionalidad, basado en la “par conditio creditorum”, asegura que los acreedores participen de manera equitativa en las pérdidas y ganancias del deudor. En esta línea, Castellanos (p. 221) sostiene que, “los acreedores asumen la imposibilidad de recuperar el íntegro de sus créditos, por lo que redistribuyen las pérdidas de la manera más eficiente”. Esto sin dejar de lado el orden de prelación dispuesto por la Ley.
En suma, estos principios no solo constituyen la base normativa del derecho concursal, sino que reflejan su dimensión económica y social. El Sistema Concursal se presenta, así como un mecanismo que trasciende los intereses individuales para salvaguardar el equilibrio y la funcionalidad del mercado, promoviendo soluciones eficientes a las crisis empresariales.
2.2. La crisis económica originada por la pandemia y las medidas gubernamentales para mitigarla
La pandemia por COVID-19 anunciada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, desencadenó además de una crisis sanitaria, una crisis económica a nivel global. En el Perú, las medidas adoptadas para mitigar la propagación del virus, como la cuarentena estricta, la restricción de movilidad y la implementación del trabajo remoto, impactaron profundamente en la actividad empresarial. Tan es así que según lo evidenciado por Meza et al. (2020, 129) la pandemia “provocó una pérdida económica de 15,6% en referencia al PBI” (2).
En este contexto, el sector empresarial enfrentó una crisis económica generalizada, ya que las restricciones de operación y la disminución de la demanda limitaron severamente la capacidad de generación de ingresos. Esta situación afectó particularmente a las micro y pequeñas empresas, las cuales, según el Informe anual de diagnóstico y evaluación acerca de la actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas en el Perú realizado por COMEX PERÚ, al término del 2020 las MYPES activas se redujeron hasta en un 48.8% menos de lo registrado en el 2019, evidenciando así la gravedad de la crisis.
Ante esta situación, el gobierno peruano adoptó medidas excepcionales orientadas a proporcionar soporte crediticio y reestructurar las obligaciones económicas de las empresas. Por un lado, entre las que brindaban soporte crediticio y financiero destacan programas como Reactiva Perú y FAE-Mype, diseñados para garantizar la liquidez de las empresas mediante créditos con aval estatal, así como prórrogas tributarias. Paralelamente, de forma complementaria, el Gobierno Peruano promulgó el Decreto Legislativo N° 1511, que introdujo el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC). Este procedimiento tenía como finalidad la reestructuración de las obligaciones económicas de las empresas para prevenir que alcanzaran un estado de insolvencia irreversible.
III. El PARC como medida del gobierno peruano para mitigar la crisis empresarial
3.1. Objetivos de la creación del PARC
Como se ha podido advertir previamente, la promulgación del PARC, en mayo de 2020 respondió a la necesidad urgente de mitigar los efectos económicos negativos generados por la pandemia de COVID-19. Su finalidad principal era asegurar la continuidad de la cadena de pagos y evitar el colapso masivo de unidades productivas, preservando con ello el tejido empresarial y el empleo.
En este sentido, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N.º 1511 detalla que el PARC fue diseñado como un procedimiento “fast track”; es decir, como un procedimiento destinado a reducir significativamente los tiempos y costos asociados a los procedimientos concursales ya existentes (ordinario y preventivo). Así pues, como lo señala la misma exposición de motivos: El PARC tiene por finalidad brindar a las empresas un mecanismo de fácil acceso para lograr la protección temporal de su patrimonio y la refinanciación de sus obligaciones, según lo decidan sus acreedores como principales afectados con el posible quiebre de la cadena de pagos.
A partir de ello, se puede colegir que los principales objetivos del PARC eran la protección del patrimonio del deudor y el recupero del crédito a través de la refinanciación y reestructuración, objetivos que se condicen con lo establecido en el título preliminar de la LGSC.
3.2. Características diferenciadoras del PARC frente al Procedimiento Concursal General
Como se ha advertido previamente, el PARC fue diseñado como una medida extraordinaria para mitigar los efectos de la crisis económica debido a la pandemia. Este procedimiento presenta características que lo distinguen significativamente de los previstos en la LGSC: el Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) y el Procedimiento Concursal Preventivo (PCP).
Una de las diferencias más relevantes del PARC es su carácter temporal y transitorio. De acuerdo con el artículo 4° del Decreto Legislativo N.º 1511, su vigencia estuvo limitada al 31 de diciembre de 2020, lo que lo vinculó de manera directa a la coyuntura económica ocasionada por la pandemia. En contraste, tanto el PCO como el PCP son mecanismos permanentes del sistema concursal peruano, diseñados para abordar situaciones de insolvencia de manera continua y sin restricciones temporales.
El ámbito de aplicación del PARC también lo diferencia notablemente. Según el artículo 3° de su norma reguladora, este procedimiento excluyó a sujetos como personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, independientemente de si realizan actividad empresarial. En cambio, los procedimientos tradicionales de la LGSC permiten la participación de estos sujetos dentro del sistema concursal general. Asimismo, mientras el PCO y el PCP abordan una amplia gama de escenarios de insolvencia, el PARC estuvo dirigido exclusivamente a empresas cuya crisis económica pudiera ser atribuida directamente al impacto del COVID-19.
Una innovación fundamental del PARC fue su naturaleza completamente virtual, la cual permitió que las empresas afectadas accedieran al procedimiento sin necesidad de desplazamientos físicos. Esto incluyó la presentación electrónica de solicitudes, el reconocimiento de créditos y la realización de Juntas de Acreedores de forma remota. Si bien los procedimientos ordinarios y preventivos adoptaron temporalmente herramientas virtuales debido a la pandemia, esta no es una característica estructural en dichos mecanismos. En cambio, la virtualidad en el PARC se implementó en aras a la optimización del tiempo y la reducción de costos administrativos.
En términos de celeridad, el PARC sobresale con un tiempo estimado de 65 días hábiles para completar el procedimiento, un plazo significativamente menor que los tiempos promedio del procedimiento concursal general, si bien Aragón et al. (2020, 297) señalan que, “en la práctica el plazo es un aproximado de once meses”, este tiempo sigue siendo menor en comparación a los plazos de los procedimientos del sistema concursal general.
A pesar de que, al igual que el PCP, el PARC solo podía ser iniciado por el deudor, este último introdujo un enfoque más dinámico en la negociación con los acreedores. Además, el PARC excluyó a los créditos laborales y de consumos del reconocimiento formal inicial; pero sin dejarlos de lado, pues según el artículo 10° del PARC, estas obligaciones deben estar contempladas dentro del Plan de Refinanciación Empresarial (PRE), asignándoles el 40% de los recursos si se trataban de créditos laborales y 10% si se trataban de créditos de consumo; algo no previsto en los procedimientos del sistema concursal general. Finalmente, una característica clave del PARC fue su enfoque en la continuidad operativa de las unidades productivas viables. A diferencia de otros procedimientos concursales que pueden culminar en la liquidación, el PARC priorizó la reestructuración y preservación de empresas como una estrategia para mantener el empleo y contribuir a la estabilidad económica.
En conjunto, estas características diferenciadoras subrayan el carácter excepcional y transitorio del PARC como respuesta a la emergencia sanitaria. Esto lo posiciona como un mecanismo singular dentro del Sistema Concursal Peruano, marcando una clara distinción respecto al procedimiento concursal general.
IV. La eficacia del PARC en la preservación de las empresas
4.1. Estadísticas sobre el uso del PARC
Habiendo recogido las principales características del PARC corresponde analizar si verdaderamente estas implementaciones y particularidades de este procedimiento coadyuvaron a la preservación de las empresas que fueron fuertemente golpeadas por la pandemia. En este sentido, corresponde revisar un dato objetivo: ¿Cuántas empresas lograron acogerse a este procedimiento?
De acuerdo con la información pública de la página web de INDECOPI-IFCO, en el año 2020, se presentaron 15 solicitudes de inicio de concurso bajo la modalidad del PARC ante la Sede Central de INDECOPI. De estas, 6 solicitudes fueron aceptadas, 3 declaradas improcedentes y 6 inadmisibles. (Ver Cuadro N° 1).
4.2. Principales obstáculos para acceder al PARC
En línea con los datos observados previamente, se hacen evidentes tres situaciones clave que reflejan los principales obstáculos enfrentados por quienes deseaban y necesitaban acogerse al Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC).
En primer lugar, la escasa cantidad de solicitudes presentadas pone en evidencia la baja acogida del PARC entre aquellos que realizaban actividad empresarial y fueron afectados por la crisis económica. Este hecho resulta especialmente relevante si se considera la magnitud de la afectación económica causada por la pandemia y el número total de potenciales elegibles. Uno de los factores que explican esta baja acogida radica en las restricciones del ámbito de aplicación del PARC. Como se describió previamente, este procedimiento fue aplicable exclusivamente a personas jurídicas, excluyendo a personas naturales que realizaban actividad económica en el país. Según los datos del INEI (2020), en el Perú existían aproximadamente 2 millones 60 mil 429 unidades económicas, de las cuales el 99,2 % correspondían a microempresas, el 0,7 % a pequeñas empresas y solo el 0,1 % a medianas y grandes empresas (3). La exclusión de este amplio sector empresarial informal o de menor escala limitó significativamente el impacto potencial del PARC.
En segundo lugar, el alto porcentaje de solicitudes inadmisibles e improcedentes (60 % del total) pone de manifiesto barreras prácticas para acceder al procedimiento. Estas barreras incluyeron la falta de documentación adecuada y deficiencias en la difusión y comprensión del mecanismo entre los empresarios. Muchas empresas intentaron acogerse al procedimiento cuando ya se encontraban en un estado de insolvencia, sin entender que el PARC estaba diseñado como un mecanismo preventivo para evitar precisamente ese estado. Esto generó confusión entre los solicitantes, quienes desconocían que el PARC, aunque tenía características únicas, seguía siendo esencialmente un procedimiento concursal preventivo. Al respecto Varillas (2020) concluyó: La legislación concursal no cuenta con un mecanismo que les permita a las empresas afectadas por la crisis, que ya estén en un estado de insolvencia irreversible, una salida rápida y ordenada del mercado.
Finalmente, el tercer gran obstáculo para acceder al PARC fue su corta duración y demora en la implementación práctica. Aunque el Decreto Legislativo N.º 1511 fue promulgado el 11 de mayo de 2020, su reglamento no fue aprobado hasta el 7 de junio de 2020, retrasando su efectividad práctica. Esto significó que la primera solicitud válida de inicio de concurso bajo el PARC no se presentara sino hasta el 14 de agosto de 2020, cuando la empresa Corporación Logística Maquinarias del Perú S.A.C. ingresó su solicitud, la cual fue admitida el 21 de agosto y publicada en el boletín concursal el 28 de ese mismo mes.
Este retraso tuvo un impacto directo en el número de solicitudes admitidas, ya que el resto de las empresas que lograron acogerse al PARC presentaron sus solicitudes en los últimos meses de su vigencia, es decir, noviembre y diciembre de 2020. Dado que el PARC solo estuvo operativo hasta el 31 de diciembre de 2020, el corto plazo para acogerse al procedimiento redujo significativamente su alcance.
V. Conclusiones
5.1. El Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC) fue parte de una política pública orientada a mitigar los efectos económicos de la pandemia, priorizando la reestructuración empresarial. 5.2. A pesar de su diseño innovador y características diferenciadoras, como la virtualidad y celeridad, el PARC tuvo una acogida limitada debido a restricciones en su ámbito de aplicación y falta de difusión adecuada; lo cual se vio evidenciado en los altos porcentajes de solicitudes rechazadas. 5.3. La exclusión del ámbito de aplicación del PARC a las personas naturales que realizaban actividad empresarial redujo significativamente su impacto, afectando su efectividad. 5.4. La implementación tardía del reglamento y la transitoria duración del PARC limitaron su capacidad para atender las necesidades urgentes de las empresas que necesitaban prevenir caer en insolvencia debido a la crisis originada por la pandemia.
VI. Notas
(1) Titular de una noticia publicada por el periódico virtual France 24, noticia escrita por Francisco Zacarías el 26 de junio de 2020. (2) Tras el análisis de los resultados económicos publicados por el Reporte de Inflación del BCRP (2020), los autores concluyeron que antes de la pandemia estaba previsto que el Perú crecería 3,8%; no obstante, la crisis sanitaria provocó una pérdida económica de hasta 34.5% en el segundo trimestre del 2020. (3) Estos datos fueron proporcionados mediante gráfico del INEI contenidos en su libro: «Perú: Estructura Empresarial, 2020».
VII. Referencias
Aragón Samanez, Sol, Nicole Sierra Roque, y Milagros Condezo Trinidad. 2020. «El Procedimiento Acelerado De Refinanciación Concursal (PARC): Análisis Preliminar En Torno a Una Posible Prórroga». Revista. IUS ET VERITAS 66:286-304. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202002.017
Comex Perú (2020). «Las micro y pequeñas empresas en el Perú Resultado en 2020». Informe anual de diagnóstico y evaluación acerca de la actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas en el Perú, y los determinantes de su capacidad forma.
Meza Riquelme, Mauricio, Abigail Condori Pereyra, y Daniela Encalada Carbajal. 2020. «Análisis De políticas Públicas En El Perú Ante La Crisis Derivada De La Covid-19». Semestre Económico 23 (55): 113-38. https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a5
Varillas Castillo, Cristina. 2020. «El PARC, ¿Cómo funciona? Su impacto en materia concursal peruana». Boletín Sociedades Ius et Iustitia. https://cutt.ly/leLnYHHy
I. Introducción En un contexto de revolución digital en expansión, el término fintech procedente de las palabras en inglés Finance and Technology, se utiliza para describir a todas las actividades con innovación tecnológica en la planificación, promoción y prestación de productos y servicios financieros. Esta interconexión digitalizada generó desafíos técnico-operativos para los organismos reguladores en el Perú. Ello conllevó a una serie de procedimientos de cooperación que desalentaron la institucionalización de las fintech, dado que existía una desaceleración organizacional por las trabas burocráticas y un alto costo operativo de regulación.
Pese a las dificultades, la regulación técnico-normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), permitió que la digitalización formalizada en el sector financiero sea una realidad, y es por ello que la fintech uruguaya Prex obtuvo la autorización para operar como empresa de crédito, generando beneficios directos como indirectos sobre los usuarios y estandarizando los lineamientos para permitir la apertura progresiva y supervisada de nuevas entidades digitales.
II. El giro tecnológico-financiero y la flexibilización operativa
Desde un inicio, las fintech que ingresaban al mercado pretendían realizar sus operaciones sin monitoreo y regulación de forma directa, es decir ejecutaban sus operaciones como proveedores o subcontratados con terceros; sin embargo, el costo de oportunidad desencadenaba la limitación de sus operaciones financieras.
Pese a las limitaciones, los problemas se contrarrestaron con un enfoque global y dinámico del sector financiero, lo que produjo que a través del Decreto Legislativo Nº 1531, se facilite la disponibilidad de entidades u oficinas 100% digitales en la red financiera. Asimismo, mediante la Resolución Nº 01158-2022, la SBS reemplazó la denominación de Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) a Empresa de Créditos. De esta manera, ambas regulaciones mencionadas demarcaron la flexibilización de los procesos de autorización, vigilancia y salida de los organismos financieros aludidos.
Considerando lo mencionado anteriormente, la fintech uruguaya Prex es una empresa que ha estado operando durante muchos años en el Perú como una entidad de préstamos no regulada, inscrita en el Registro de casas de cambio, préstamos y/o empeños de la SBS. A medida que iba consolidando sus gestiones operativas, Prex apostó por la oferta de sus productos y servicios, la mejora de su competitividad, y la confianza de los usuarios como de la SBS, a través del licenciamiento regulatorio. De este modo, la fintech obtuvo la autorización y se convirtió en la primera entidad 100% digital regulada por la SBS, dando paso a un lineamiento estandarizado para permitir que otras empresas digitales puedan operar sin limitaciones.
III. Beneficios de la regulación institucionalizada
Al margen de las políticas tradicionales de la banca, las innovaciones tecnológicas generan una nueva alternativa para los usuarios según las necesidades del mercado financiero, lo cual inciden en beneficios directos como indirectos.
Por un lado, respecto a los beneficios directos, la fintech Prex podrá realizar actividades sin la obligación de optar por la presencialidad, por ende, sus costos de operación se reducen significativamente. Ello tendría un efecto inmediato sobre las tasas de interés ofrecidas a los usuarios, mayor acceso al capital a las pequeñas empresas y opciones de diversificación de inversiones a menor riesgo.
Por otro lado, respecto a los beneficios indirectos, Prex podrá realizar sus operaciones según su plan de negocios enfocado en mercados abiertos, pudiendo gestionar negocios de minorías alejadas que no contaban con acceso a las instituciones financieras, y validar que el aportante y el inversionista se relacionen en función de la contribución.
IV. Comentario
En el marco de la economía globalizada y los avances tecnológicos, las entidades financieras digitales como las fintech deben adecuarse a las necesidades de los usuarios; por ello, es crucial facilitar su formalización y control operativo para la diversificación de sus actividades. Ante ello, las medidas técnico-operativas formuladas por la SBS representan un gran paso para expandir las alternativas de financiamiento en mejores condiciones. Más allá de los cambios normativos, nuestro país se encuentra en un proceso de descentralización, por ello para llegar a los lugares más alejados del país, se deberá apostar por la digitalización de los procesos financieros, sin ánimos de desplazar completamente la banca con políticas tradicionales de funcionamiento.
V. Referencias
Villafuerte Mendoza, José. 2021. “¿Podemos regular a las Fintech? Desafíos y propuestas”. THEMIS Revista de Derecho, Nº 79 (noviembre), 235-49. https://goo.su/mfkgzE
Bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres
Fuente:www.encrypted-tbn0.gstatic.com
Próximo a su apertura, el Megapuerto de Chancay es noticia no solo en Perú, sino también a nivel mundial. Y no es para menos, ya que, con una inversión aproximada de 4,000 millones de dólares y una extensión de 1,000 hectáreas, el puerto de Chancay promete cambiar el paradigma del comercio internacional en Sudamérica y del mundo. Pero ¿cómo beneficia esto al Perú?
El Megapuerto de Chancay posicionará al Perú como un gran hub logístico sudamericano; es decir, el puerto desde el cual se concentrarán las cargas provenientes de Asia y se distribuirán a países como Chile, Ecuador y Colombia. Además, facilitará la exportación de productos peruanos a mercados internacionales, recibiendo carga de las regiones del oriente y la sierra central, lo que aumentará la competitividad peruana.
Por otra parte, existirá una reducción de al menos 10 días en las rutas de transporte hacia Asia, reduciendo costos y sobrecostos en el transporte.
Asimismo, la capacidad del puerto para recibir megabuques, y su cercanía al corredor bioceánico nororiental que conecta Brasil con Perú, mejorará la conexión con la costa atlántica americana, ampliando la conectividad con el Mercosur. Esto posicionará a Perú como un socio comercial estratégico en la región.
También, la reputación de Perú como un destino atractivo para inversiones extranjeras se verá fortalecida, especialmente en términos de competitividad comercial y su integración en las cadenas de suministro globales. En este sentido, se espera que el Megapuerto sea un catalizador para el desarrollo de megaproyectos en Perú, atrayendo más inversiones en sectores clave como la minería, la agricultura y la manufactura, entre otros.
Otro punto relevante es que el puerto de Chancay ayudará a descongestionar el puerto del Callao, el cual, pese a no contar con las vías adecuadas para el transporte de carga pesada, concentra el 86.4% de las actividades portuarias del país. Al contar con una amplia extensión de terreno y tecnología de última generación, el puerto de Chancay permitirá distribuir de manera más eficiente la carga portuaria.
Finalmente, la construcción del puerto ha generado 7,500 empleos directos e indirectos, y se estima que, cuando entre en operación, podría generar hasta 50,000 empleos. Además, existe el proyecto de mejora de capacidades del Hospital de Chancay, el proyecto de un Complejo Policial, etc. Por otra parte, a través de la modalidad OxI, se ha construido el Polideportivo de Chancay y el Mercado de Abastos.
En conclusión, es innegable que el Megapuerto de Chancay transformará al Perú. Esperemos que sea una obra que no solo atraiga crecimiento económico, sino que beneficie integralmente a todos los peruanos. Después de todo, ya es tiempo que dejemos de ser mendigos sentados en una banca de oro.
Referencias
Eduardo Villagra, Manolo. “Megapuerto de Chancay: Repercusiones en el comercio sudamericano e impacto geoestratégico”. Revista Seguridad y Poder Terrestre 2, no. 2 (2023): 75-86
MTC. «Puerto Multipropósito de Chancay impulsará la economía y su construcción generará 7,500 empleos directos e indirectos.» Gob.pe. Última modificación 10 de noviembre de 2023. Enlace: https://acortar.link/duIXVp
Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM, Ayudante de cátedra de Derecho Comercial I en la UNMSM
Fuente:www.mherconsulting.com
En esencia, las cláusulas escalonadas o multi-tier clauses, representan un pacto en el que las partes acuerdan agotar una serie de pasos secuenciales antes de someterse al arbitraje. No obstante, su incumplimiento plantea interrogantes sobre si ello afecta la competencia de los árbitros o si se limita a ser un obstáculo temporal para la admisibilidad de la acción arbitral.
El debate sobre el impacto del incumplimiento de las cláusulas escalonadas ha generado dos posturas principales en la doctrina y la jurisprudencia. La primera considera que este incumplimiento afecta la competencia de los árbitros, argumentando que las etapas previas pactadas son una condición para el consentimiento válido al arbitraje, por lo que, el incumplimiento implicaría la falta de jurisdicción del tribunal arbitral, lo que requeriría reiniciar el proceso y designar un nuevo tribunal arbitral.
Por otro lado, la postura más pragmática, establece que el incumplimiento afecta solo la admisibilidad de la acción arbitral. Esta visión sostiene que el defecto es subsanable dentro del arbitraje ya iniciado, sin necesidad de deslegitimar el convenio arbitral ni la competencia del tribunal. Este enfoque prioriza el principio pro arbitri, que busca facilitar la resolución de conflictos mediante el arbitraje y proteger la autonomía de la voluntad de las partes.
Al respecto, el Expediente N.º 00240-2022-0-1817-SP-CO-02 resulta relevante para abordar esta discusión. Dado que, en este caso, se alegó que el incumplimiento de la etapa pre arbitral invalidaba el laudo arbitral, al considerar que afectaba la competencia de los árbitros. Sin embargo, la Corte concluyó que estas cláusulas son acuerdos contractuales que regulan la conducta previa de las partes, pero no condiciones que determinen la jurisdicción del tribunal arbitral. Así, se ratificó que el arbitraje puede subsistir, siempre y cuando las partes hayan manifestado claramente su intención de resolver sus controversias en esta instancia.
En ese sentido, esta interpretación evita que las cláusulas escalonadas, concebidas para promover la eficiencia, se conviertan en un obstáculo técnico que complique innecesariamente el arbitraje. Pues, si bien se reconoce la importancia de respetar los pasos previos pactados, relegar su incumplimiento al ámbito de la admisibilidad permite que el tribunal arbitral, en ejercicio de su competencia, evalúe las razones detrás del defecto y adopte medidas para corregirlo, por ejemplo, la suspensión temporal del procedimiento para cumplir con la etapa omitida.
Resulta importante destacar también lo que señala Rodríguez Uriol (2023, 12): “El hecho de que las partes hayan pactado requisitos previos para acudir a la vía arbitral no deja sin efecto el convenio arbitral ni invalida la voluntad de las partes de que sean los árbitros los que resuelvan de forma definitiva sus controversias. Los árbitros siguen siendo competentes, pero el incumplimiento de la etapa pre arbitral ha generado que la acción arbitral sea temporalmente inadmisible”. De manera que, este enfoque también resguarda la voluntad común de las partes de resolver sus disputas mediante arbitraje, evitando así sanciones desproporcionadas como pretender la nulidad del laudo.
En suma, las cláusulas escalonadas son herramientas útiles para estructurar la solución de controversias, pero su incumplimiento no debería ser visto como una causa de incompetencia arbitral o incluso motivo de anulación de laudo. Por el contrario, considerar el incumplimiento de estas cláusulas como una cuestión de admisibilidad no solo protege la esencia del convenio arbitral, sino que también garantiza que el proceso mantenga su agilidad sin sacrificar la equidad. Bajo esta perspectiva, es imperativo que tanto árbitros como tribunales reconozcan el equilibrio entre el respeto a los pactos contractuales y la necesidad de evitar formalismos contraproducentes que obstaculicen el propósito central del arbitraje que es resolver conflictos de manera eficiente.
Referencias
Corte Superior de Justicia de Lima. 2023. Resolución Número Nueve del Expediente N° 00240-2022-0-1817-SP-CO-02 Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial, 12 de junio de 2023.
Rodríguez Uriol, Darío Andrés. 2023. Cláusulas escalonadas de solución de controversias: una aproximación a sus principales problemáticas”. Revista IUS ET VERITAS (66): 178-193.
En esta edición del Boletín Sociedades, tuvimos la extraordinaria oportunidad de entrevistar al Dr. Raúl Canelo Rabanal, abogado, investigador, docente y hoy Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Dr. Canelo nos interesaría conocer acerca de su vocación por el Derecho y su realización como abogado, investigador, docente y hoy Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL).
Mi vocación por el Derecho nace desde niño porque mi padre fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y, desde que yo recuerdo, tengo en mi mente la antigua casona. Recuerdo haber caminado por esas aulas de la mano de mi padre, quien todavía por esos tiempos estaba culminando su carrera. Para mí, el Derecho lo tenía prácticamente en los genes y justamente en honor a él decidí por el Derecho.
Por otro lado, me inspiró la necesidad de cambiar realidades y el Derecho es una de las herramientas más poderosas de cambio social y lucha por la justicia. En ese sentido, en mi vida profesional he tenido 2 tipos de casos: los que me han permitido vivir, en la medida de que me he dedicado a la actividad libre; y, los casos que me han brindado satisfacción, que son los casos de defensa social, como el caso de Pantanos de Villa y muchos casos donde he defendido a profesores y sindicatos, donde más de una vez lo he hecho ad honorem porque creía que ese era mi rol.
Por cierto, también he tenido actividades académicas importantísimas, empecé a los 25 años como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la UNMSM y dos años después, en la Universidad de Lima. A los 26 años, fui subsecretario general de la PUCP y a los 32 años fui secretario general por 12 años.
Entonces mi vida profesional la he desarrollado entre la academia, los pasillos judiciales y la vida académica internacional porque he colaborado con grandes institutos en materia procesal. Además, soy miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, donde actualmente soy presidente. Además, formo parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Entonces ha sido una vida fructífera, donde también me he dado tiempo para hacer unos cuantos títulos que se han publicado de mi especialidad y, sobre todo, la enseñanza.
¿Qué opinión le merecen algunos comentarios con relación a que es innecesaria la existencia de colegios profesionales?
Efectivamente, los colegios profesionales han venido desprestigiándose, han generado centros ―más bien― de politiquería, centros de comparsa, del abuso, de la prepotencia y de la mala política; pero ese no fue su origen y tampoco es su destino. El origen de un colegio como este es antiguo. Su origen viene del gremio, y estos no solo eran de abogados sino de artesanos, de arquitectos… es decir, de quienes ejercían un oficio, una ciencia o una profesión. Y el gremio estaba diseñado por dos razones: (i) porque en el gremio había jerarquías entre los más antiguos, los más jóvenes y los intermedios, donde los unos ayudaban a los otros en la enseñanza; y la otra finalidad (ii) era en el auxilio mutuo, porque muchos de los agremiados de pronto sufrían un accidente, de pronto se quedaban sin trabajo o fallecían, para eso el gremio acudía a las viudas, a los hijos, al mismo agremiado que estaba enfermo, etc. Ustedes pueden revisar esto, históricamente hay muchísimos ejemplos, pero hay una serie que pueden ver que se llama “La Catedral del Mar” que se ha dado últimamente en Netflix. En esta serie de televisión podrán ver cómo hay un gremio de constructores en Barcelona que construyó precisamente La Catedral del Mar, bellísima obra arquitectónica.
Entonces el gremio tiene ese sentido, siempre lo ha tenido y eso ha sido universal, que hoy algunos de los gremios hayan sido tomados por personajes funestos… bueno, los países mismos son tomados por personajes funestos. Hay países que están tomados por organizaciones criminales que, so pretexto de grupos políticos, se dedican justamente a una organización criminal, es más, vemos cómo captan el Congreso, el Ejecutivo, y hasta el Poder Judicial, cómo rompen la esencia del estado de derecho y un poder se impone frente al otro y manejan.
¿Cuál es su propósito o propósitos como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL)?
He visto decanos que eran jueces o fueron jueces, decanos que han sido notarios, decanos que han sido fiscales, y, no han sido el mejor ejemplo de decanaturas. En nuestro caso, creo que recibimos la idea de atender al abogado de a pie, porque finalmente yo también soy un abogado de a pie: un abogado que ejerce en los tribunales. Los abogados de a pie muchas veces somos los maltratados por el sistema. Un abogado que trabaja en un ministerio, en una entidad pública o privada, por lo menos tiene jubilación, un salario, un sueldo. En cambio, el abogado libre no, pues está sujeto a los vaivenes, a las contingencias de la vida política y económica de la nación, si hay o no clientes. De eso depende su comida, de eso depende su familia.
Entonces, la idea es dar cierta estabilidad hasta donde se pueda desde el CAL, es decir, capacitar a los egresados de las universidades no licenciadas y que han sido maltratados, discriminados. Nuestra idea es que, en vez de discriminarlos, hay que calificarlos, capacitarlos, mejorarlos, y eso estamos haciendo, vía convenios de universidades públicas, privadas y extranjeras. Y, desde el punto de vista de la mutualidad, también apoyar a los ancianos y jóvenes, asimismo, en el plano más abstracto, ser el referente de la vida jurídica nacional.
Lo estamos haciendo, claro está, nos estamos pronunciando sobre los grandes problemas nacionales, pero, desde una perspectiva técnica – jurídica, no politizada, es verdad, el hecho de pronunciarnos es un acto profundamente político, pero político gremial en función de la ley, la Constitución Política y el estado de derecho, solo eso es político.
Recordemos que decir la verdad ha sido siempre un acto subversivo, hay gente que ha muerto por decir la verdad: Sócrates murió por hablar de filosofía, por hablar de la verdad; Jesús fue crucificado por decir la palabra. Entonces, no es tarea fácil enrostrarle al poderoso que está haciendo mal, y esa es nuestra tarea, justamente, nos hemos constituido como un referente.
En este momento, si usted consulta con muchos colegas, probablemente les digan que el CAL ahora sí se está pronunciando, hecho que no ha sucedido durante muchas décadas. Yo les pregunto: ¿Su facultad de Derecho se está pronunciando? ¿Las universidades públicas y privadas se están pronunciando frente al atropello legal que se viene dando? ¿Sus autoridades que están de candidatos se están pronunciando? ¿Los que ahora postulan han dicho una sola palabra frente a los abusos? El CAL sí lo está siendo, esa es una finalidad que estamos logrando.
¿Qué rol tienen las comisiones consultivas en diferentes materias en el marco de la política y gestión del CAL?
Las comisiones consultivas están conformadas por especialistas en cada materia como derecho ambiental, municipal, tributario, etc. Sin embargo, lo que he observado es el deterioro de estás comisiones dentro del CAL, pues muchas veces estas comisiones no han sido integradas necesariamente por los más expertos en las diferentes materias. En tal sentido, esta directiva tiene el trabajo pendiente consistente en depurar esos grupos que se insertan en las comisiones y que no necesariamente son los más representativos. Probablemente para el próximo año tengamos una selección más eficiente. Hice el mejor esfuerzo en esta oportunidad ―porque las comisiones ya se encuentran predefinidas― de incorporar sobre todo a profesores, pues quienes están en la academia y, a su vez, ejercen la profesión, normalmente tienen mayor capacidad para resolver problemas y realizar diversos análisis.
¿Cómo se enfoca la relación entre el CAL y los estudiantes de Derecho, existe algún espacio de participación para los estudiantes de pregrado y bachilleres?
Sí, evidentemente la profesión se nutre de aquellos que vienen del pregrado y esta relación se viene dando a través de las prácticas tanto en entidades públicas como privadas y de los estudios de abogados. Estos últimos representan una fuente fundamental para el aprendizaje del derecho, al igual que otras instituciones como las empresas, los municipios y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Nosotros, aquí en el CAL hemos abierto oportunidades para que los estudiantes de pregrado puedan realizar prácticas. Por ejemplo, para el tema de la ética, yo mismo he tenido aquí una persona que estaba de practicante. Esta formación es esencial, ya que el abogado no se forma exclusivamente en el aula. En las aulas se puede lograr un porcentaje importante para el aprendizaje de la carrera, pero la experiencia es el complemento fundamental para ser un buen abogado.
Es más, esa experiencia no termina nunca, el estudio del Derecho es perpetuo. El abogado no es aquel que sale del aula y dice yo soy abogado y ya no estudio jamás. Al contrario, la abogacía es una carrera que nos obliga a seguir estudiando siempre, yo día a día tengo que capacitarme más aún en este cargo porque tengo que pronunciarme. El tiempo a veces no alcanza para entender siquiera la gran problemática que se presenta día a día en el país y tenemos que pronunciarnos. Realizo trabajo extra para poder entender mejor todos estos problemas legales que se están dando estos días, especialmente, en temas como la anticorrupción, el crimen organizado, y delitos de lesa humanidad, defendiendo a la niñez y adolescencia. Ustedes han visto cómo se quiere actuar punitivamente contra los adolescentes rebajando la edad para la imputabilidad. Podríamos hablar horas, días de todos los abusos que se están presentando, pero tenemos un respaldo moral importante.
Este Colegio ha recibido visitas de representantes de Naciones Unidas, agencias de derechos humanos y organismos como UNICEF. Mañana mismo tengo una reunión con una embajada para discutir temas de justicia y corrupción. Todo esto, logrado en solo seis meses, demuestra que el CAL ha captado la atención de actores nacionales e internacionales, entonces yo creo que sí se pueden cambiar las cosas con voluntad y buena gestión. Cuéntenle eso a sus queridos profesores, a que les haga un llamado, que no se queden callados, el abogado que calla ¿para qué estudió Derecho? El abogado tiene que decir esto está mal o esto está bien sin dudas, pero ante una circunstancia como la que vive el país, no puede mantenerse incólume, callado y con la cabeza gacha.
Boletín Sociedades es un medio de difusión de artículos y entrevistas que se difunde de forma gratuita en formato digital, de gran alcance en las redes sociales y en la comunidad académica. Nuestros lectores son abogados, ciudadanos de a pie y especialmente estudiantes, ¿qué mensaje podría dejar a los abogados y a los estudiantes?
Tienen el CAL con las puertas abiertas para la capacitación, para el aprendizaje para poder trabajar. Invoco a ustedes, que son los jóvenes, a seguir luchando por una verdadera justicia, en la defensa del estado de derecho, en la defensa de las libertades democráticas, la defensa de la división de poderes, pues con ello se logrará que este país sea grande.
Escribe: Edgard Santiago VERA RUIZ Estudiante de 2do año de Derecho en la UNMSM
Fuente:www.usat.edu.pe
I. Introducción
Este ensayo se encuentra motivado por la grave vulneración de derechos que enfrentan los consumidores en nuestro país, especialmente en el sector financiero. Imagina confiar en un banco para manejar tus ahorros, solo para descubrir de repente que tu dinero ha desaparecido sin aviso. Tras hacer un reclamo agotador, logras recuperar tu dinero, pero sin recibir una explicación convincente. Esta experiencia deja una sensación de desconfianza y preocupación, no solo por la seguridad de nuestro dinero, sino también por la protección de nuestra información personal. En un mercado financiero dominado por oligopolios que se aprovechan de las deficiencias del aparato estatal para enriquecerse, es fundamental que las entidades financieras respeten los derechos de sus usuarios para mantener una relación de confianza.
En este escenario, la protección de nuestra información personal en las entidades financieras se ha vuelto un tema crucial. Las frecuentes denuncias a estas entidades financieras por parte de los consumidores sobre el manejo inadecuado de sus datos personales evidencian la necesidad de un sistema de supervisión eficaz y una normativa sólida que garantice y proteja nuestros derechos. En este trabajo se abordará las denuncias de usuarios contra entidades bancarias, analizando los antecedentes del problema, el papel de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y examinando las denuncias. Finalmente, se presentarán conclusiones y recomendaciones para poder contribuir en la mejorar de la protección de los consumidores y fortalecer la confianza en el sistema financiero peruano.
II. Antecedentes del problema
2.1. Eventos previos que llevaron a la situación de denuncias
Varios factores son las causas de esta situación de denuncias. Uno de los principales motivos es la falta de emisión de constancias de no adeudo. Esta constancia, esencial para que los usuarios puedan demostrar ante las centrales de riesgo que no son deudores, debe ser entregada al finalizar el pago de un crédito. A pesar de la importancia, muchas entidades financieras no cumplen con este requisito, dejando a los usuarios en una situación desfavorable.
Además de este problema, se suman denuncias por manipulación de cuentas, aumento de comisiones sin previo aviso y consumos no reconocidos. Por otro lado. la proliferación de cláusulas abusivas en los contratos financieros es otra preocupación importante. Estas cláusulas, junto con la falta de una respuesta adecuada por parte de las entidades financieras, subrayan la urgencia de una revisión conjunta de estos contratos por parte de la SBS y el Indecopi. Por lo tanto, la implementación de medidas más estrictas es necesaria para proteger los derechos de los consumidores y garantizar un trato justo y transparente por parte de los bancos.
Así pues, ante tantos abusos por parte de las financieras, el incremento de denuncias contra estas ha sido constante en los últimos años, reflejando una problemática persistente en nuestro sector financiero, donde los consumidores sienten que sus derechos no son adecuadamente protegidos. Según Ferrándiz (2023), “en el contexto financiero del 2023, se registraron 563 denuncias a entidades bancarias que están actualmente en trámite y no tienen pronunciamiento final”.
Este dato pone de manifiesto la falta de una respuesta efectiva y oportuna por parte de las entidades bancarias, un problema que genera una profunda desconfianza en el sistema financiero. La lentitud y la falta de resolución en las denuncias afectan no solo la percepción del consumidor sobre la entidad en particular, sino también sobre el sistema bancario en su conjunto. Los consumidores se sienten desprotegidos y vulnerables, sabiendo que sus quejas pueden no ser atendidas de manera adecuada o en un plazo razonable. En consecuencia, se genera un ciclo vicioso: la percepción de impunidad y la falta de castigos para dichas entidades, fomenta más prácticas abusivas y negligentes. Esto se ve reflejado en la reincidencia de los mismos tipos de denuncias año tras año.
2.2. Papel de la SBS en la supervisión del sistema financiero
El Indecopi tiene como funciones: promover y proteger la libre competencia o de proteger al consumidor, aunque, no puede interferir directamente en el sistema financiero, Indecopi puede emitir sanciones y recomendaciones en casos específicos de infracción a la normativa de protección al consumidor o la libre competencia.
La institución encargada en la supervisión del sistema financiero y en la protección de los derechos de los consumidores es la SBS. Según Suárez (2021, 209), “aunque los proyectos piloto que introducen innovaciones o presentan desafíos en áreas no directamente relacionadas con la supervisión, como la protección de datos, la defensa de la competencia o la protección del consumidor, las autoridades peruanas deberán desarrollar mecanismos de coordinación”.
La cita destaca la importancia de fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para responder eficazmente a las quejas por parte de los consumidores y garantizar una supervisión adecuada. La SBS, como entidad reguladora, no solo debe velar por la estabilidad del sistema financiero, sino también asegurar que se respeten los derechos de los consumidores. Para lograr esto, es fundamental que la SBS disponga de los recursos, herramientas y personal necesarios para llevar a cabo una supervisión más rigurosa y activa.
III. Análisis de las denuncias
3.1. Descripción de las denuncias presentadas
Las denuncias presentadas por los consumidores abarcan una amplia variedad de infracciones, desde el incumplimiento de las obligaciones contractuales hasta el manejo indebido de la información personal. Rojas (2024) indica que, si el cliente considera que su banco ha incumplido alguna de sus obligaciones legales como empresa del sistema financiero, puede presentar una denuncia ante el Departamento de Servicios al Ciudadano. La presentación puede ser virtual o por “Mesa de Partes”. Esto muestra la disponibilidad de canales formales como Indecopi o la SBS para que los consumidores puedan expresar sus quejas y denuncias de manera estructurada y respaldada legalmente. Sin embargo, la efectividad de estos canales y la prontitud en las respuestas aún son motivo de preocupación. Aunque existen mecanismos para que los consumidores puedan oír su voz y buscar soluciones a sus problemas financieros, las largas esperas y fallos que no siempre satisfacen las demandas de los usuarios.
3.2. Tipos de infracciones reportadas
Entre las infracciones más comunes reportadas por los usuarios se encuentran la falta de transparencia en la información proporcionada y el incumplimiento de los términos acordados. Además de estos problemas, las denuncias también abarcan la manipulación de cuentas, el aumento de comisiones sin previo aviso, consumos no reconocidos y, sobre todo, el mal empleo de los datos personales. Aparte, el aumento de cláusulas abusivas en los contratos financieros agrava aún más la situación. Videla (2010, 124) destaca la importancia crucial de la información bancaria, mencionando que: “Desde la perspectiva del sector bancario, la información sirve para que el consumidor pueda conocer con todo detalle las características del producto o servicio ofrecido, de forma que su consentimiento o negativa se otorguen con un total conocimiento”.
Es evidente que en muchas denuncias no siempre se cumple esta transparencia, lo cual afecta en la confianza de los consumidores hacia las entidades financieras. Problemas como el manejo inadecuado de cuentas, el aumento repentino de comisiones sin previo aviso y cargos por consumos no reconocidos son situaciones que minan esa relación de confianza.
3.3. Impacto en los usuarios
El impacto en los usuarios es enorme y afecta tanto a su confianza en el sistema financiero como en su bienestar económico y emocional. Cuando los consumidores se enfrentan a prácticas opacas y abusivas, experimentan una sensación de vulnerabilidad y desamparo. En consecuencia, la falta de transparencia y el incumplimiento de los términos acordados no solo erosionan la confianza en las instituciones bancarias, sino que también generan estrés o ansiedad por la seguridad de sus fondos y la integridad de sus datos personales.
En este sentido, Pazos y Vega (2020, 183) mencionan que, “la autorregulación en materia de consumo se presenta también como complementaria al régimen jurídico general que sobre el asunto se encuentra vigente en nuestro país, que incluye la normativa de protección al consumidor y las competencias de la autoridad estatal”.
En este contexto, se observa que la combinación de autorregulación por parte de las entidades financieras y supervisión estatal podría ser un paso positivo hacia la mejora de la protección de los consumidores. Sin embargo, aún hay brechas significativas que deben abordarse para garantizar un sistema financiero más justo y equitativo.
IV. Conclusiones y recomendaciones
4.1. En la actualidad, la digitalización ha aumentado la vulnerabilidad de los datos, exponiendo a los usuarios a riesgos como el fraude y el robo de identidad. En este sentido, es esencial que las instituciones financieras adopten medidas de seguridad y privacidad sólidas. Las instituciones reguladoras como la SBS o Indecopi también deben actualizar las normas para garantizar la adecuada protección de los datos personales de los consumidores.
4.2. Para mejorar esta situación, se recomienda lo siguiente: Fortalecer la supervisión de la SBS implicando plataformas digitales accesibles para que los consumidores puedan presentar y dar seguimiento a sus reclamos de manera eficiente. Además, se requiere capacitar continuamente al personal para que maneje estos casos de manera profesional y transparente.
4.3. Mejorar la transparencia de las entidades bancarias implica garantizar que la información proporcionada a los consumidores sea clara, completa y accesible. Esto significa que se deben simplificar los contratos financieros y eliminar cláusulas ambiguas o abusivas que puedan confundir a los usuarios, de esta manera se buscaría fortalecer la relación de confianza entre banco y cliente.
4.4. Para poder garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores, es fundamental extender las facultades de Indecopi. De esta manera, se agilizarían los mecanismos de presentación de quejas y reclamaciones, es decir, la ampliación permitiría a Indecopi contar con los recursos y poder necesarios para desarrollar y supervisar canales de resolución más efectivos y eficientes. Fortalecer las facultades de Indecopi contribuirá a crear un entorno donde los consumidores se sientan respaldados y respetados, promoviendo una mayor equidad en su relación con las instituciones financieras y reforzando la confianza en el sistema de protección al consumidor en Perú.
V. Referencias
Ferrándiz, Sandra. 2023. Indecopi: sistema financiero enfrenta más de 3.300 denuncias. La República. Acceso el 23 de julio de 2024. https://acortar.link/hYE7gM
Gestión. 2024. Indecopi inicia investigación a Interbank por problemas en cuentas de usuarios. Acceso el 23 de julio de 2024. https://acortar.link/B6koOH
Pazos, Javier, y Vega, Andrea. 2020. Autorregulación y programas de cumplimiento empresarial en materia de publicidad comercial y protección al consumidor. Derecho PUCP, (85), 175-202. Acceso el 23 de julio de 2024. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22975
Rojas, Paolo. 2024. ¿SBS o Indecopi? la instancia a la cual acudir ante un “cobro prohibido” del banco. Gestión. Acceso el 23 de julio de 2024. https://acortar.link/36Opq8
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