Poder Ejecutivo propone modificación de la normativa que regula el arbitraje de contrataciones con el Estado (1)

Escribe: Marilú Danissa RAMOS CAPARACHIN

Estudiante de 5to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal y directora académica del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: http://www.cutt.lyZX3SCJm

(1) Noticia tomada de El Comercio.2022. “Ejecutivo propone la resolución expresa de contratos de obras públicas, ¿cómo afecta la medida?”. Acceso 25 de agosto de 2022. www.comercio.pe

I. Introducción

El 27 de julio de 2022 el Presidente de la República, Pedro Castillo, junto al Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, presentaron el Proyecto de Ley N° 2736/2022-PE (en adelante, Proyecto de Ley) cuyo contenido afecta directamente la normativa actual que regula el arbitraje de contrataciones con el Estado, específicamente: el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje ( en adelante, Ley de Arbitraje); la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE); la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; y la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros para Garantizar la adecuada Ejecución de las Obras Públicas. Esta es una noticia cuya atención es actual.

No obstante, el referido Proyecto de Ley lejos de reflejar cambios que favorezcan y agilicen el funcionamiento del arbitraje en las contrataciones con el Estado, pareciese que busca ralentizarlo y relegarlo como una segunda opción frente al Poder Judicial. Por lo cual, se hace propicio el análisis de algunas de los más significativas modificaciones e incorporaciones que se proponen.

II. Principales innovaciones que propone el Proyecto de Ley N° 2736/2022-PE

Mediante el artículo 2 del Proyecto de Ley se postula la modificación del artículo 7 de la Ley de Arbitraje, con lo cual se pretende que, en los arbitrajes con el Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, MINJUSDH) se encargue de la acreditación, registro, renovación y supervisión de las instituciones arbitrales. 

Por un lado, la propuesta no es del todo errónea, pues hace frente a la realidad de centros de arbitraje que funcionan con estándares de calidad mínimos y que en muchos casos contravienen los derechos de las partes que acuden a un arbitraje. Por otro lado, colisiona con la autonomía del arbitraje institucional, ya que el MINJUSDH podría llegar a interferir en las decisiones administrativas que adopten los centros de arbitraje, lo que no resulta aceptable.

Asimismo, en el artículo 3 del Proyecto de Ley que modificaría el artículo 45 de la LCE, se propone que, ante controversias que surjan entre las partes, estas se resolverán por conciliación, el Poder Judicial o mediante el arbitraje. Más adelante, se menciona que la entidad pública deberá sustentar, mediante un informe técnico, la vía para la resolución de controversias.

Al respecto, es importante señalar que, pese a que este artículo implica un cambio estructural al eliminar la obligatoriedad del arbitraje en contrataciones con el Estado, no se menciona el contenido del informe que sería el determinante para establecer la vía de resolución de la controversias, ni tampoco si se designará a un funcionario especializado para tal fin.

Empero, la redacción del artículo 3 continúa e indica que el proceso arbitral o judicial que se siga no suspende la ejecución de la obra. Por lo tanto, de una lectura integral del referido artículo se desprende que el costo-beneficio en términos de tiempo se eliminaría, por lo que no habría justificación para arribar a un proceso célere como el arbitraje, con lo que funcionario encargado de elaborar el informe se inclinaría por el proceso judicial, hecho que devendría en una crisis para el arbitraje.

A su vez, a través del artículo 3 del Proyecto de Ley se plantea incorporar una cláusula de resolución expresa en los contratos bajo la LCE. Incluso, se refiere que producida la resolución del contrato, la entidad afectada deberá, sin perjuicio de la liquidación de la obra, continuar o reanudar la ejecución de la misma. Sobre este punto, en palabras de Ames (2022), el artículo atentaría contra el correcto proceso de contratación, es decir, eliminaría el proceso de selección, ejecución y liquidación, además de la competencia sin expresar o dar un mayor fundamento de cómo el Estado sin perjuicio de la liquidación de la obra, pueda continuar o reanudar la ejecución de esta.

Por ende, ante la posibilidad de resolver el contrato sin motivo específico que lo justifique porque el Proyecto de Ley no lo detalla, no habría lugar para que las partes negocien la resolución de la controversia, de forma previa a la finalización de su vínculo contractual. Incluso, visto desde otra perspectiva, la falta de precisión en la cláusula de resolución conllevaría a la generación de mayor cantidad de controversias que terminarían en el Poder Judicial al eliminarse la obligatoriedad del arbitraje.

III. Apreciación final

Recientemente, el Boletín Estadístico Institucional del Poder Judicial ha informado que, respecto al periodo enero-marzo 2022, se observa el valor calculado de la tasa de congestión de 3.87, lo que indicaría que las dependencias jurisdiccionales se vienen congestionando, como se muestra en el cuadro presentado a continuación:

En consecuencia, sumada a la carga procesal que ostenta actualmente el Poder Judicial; la aprobación del Proyecto de Ley, que entre líneas elimina el arbitraje en las contrataciones con el Estado, ocasionaría que el sistema estatal colapse y que las controversias se resuelvan en periodos de tiempo más largos. Aunado ello, esta serie de iniciativas desincentivaría la inversión privada, pues las empresas que deseen contratar con el Estado consideraran estas nuevas variables y sus respectivos riesgos, lo que significaría mayores precios en las inversiones o que las mismas se dirijan hacia otros países con mayores flexibilidades y precisión en las normas de resolución de controversias.

IV. Referencias

Ames, Luis. 2022. “Crónica de un arbitricidio anunciado: comentarios al Proyecto de ley 2736/2022”. LP Derecho. Acceso 26 de agosto de 2022. https://cutt.ly/fX3S8nK

Poder Judicial del Perú. 2022. Boletín estadístico institucional N° 01. Acceso 26 de agosto de 2022. https://cutt.ly/0X3S02VProyecto de Ley N° 2736/2022-PE. Acceso 26 de agosto de 2022. https://cutt.ly/lX3SN5p

Consecuencias de la histórica paridad del euro y el dólar

Escribe: Janeth Valeria RIVERO LÓPEZ

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM

Fuente: http://www.ichef.bbci.co.uk

I. Introducción 

La moneda europea ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 20 años, específicamente desde el 2002, concretando de esta manera un equivalente histórico a la divisa norteamericana.  El pasado martes 12 de julio, las dos divisas marcaron el icónico 1-1 lo cual demuestra que el euro ha decaído en un 14% aproximadamente, en el último año. Todo ello acontece a medida que crece la incertidumbre del mercado sobre la inminente posibilidad de una gran recesión en Europa. A continuación, se describirá el crítico escenario del continente europeo y las causas de este. 

II. Causas del “hundimiento” del euro

La devaluación de la moneda europea se produce en el contexto de la crisis energética internacional provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. El hecho de que esta crisis provoque una gran recesión y que la inflación siga aumentando raudamente genera gran zozobra en la población europea. “La causa más importante de la caída del euro es la diferente velocidad en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo” (Martínez, 2022) (1). Los inversionistas optan por la divisa norteamericana antes que el euro, debido a que, el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense, son más elevados que los de la deuda de Europa lo cual convierte al dólar en un amparo en tiempos indeterminados. Desde esta perspectiva, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha caído en un gran dilema: tratar de frenar la inflación mientras se mitiga la ralentización de la economía.

III. Consecuencias 

La inflación en la eurozona está en máximos históricos (8,6%) y la depreciación del euro está elevando el coste de vida al encarecer las importaciones. La debilidad de la moneda, no es necesariamente una mala noticia. El Gobierno lo ha utilizado en otros momentos de la historia para impulsar el crecimiento económico cuando las exportaciones se vuelven más competitivas, pero en esta ocasión no funciona de esa manera. “La situación se vuelve alarmante para los países de la región, puesto que cerca del 50% de las importaciones de la eurozona están denominadas en dólares” (Barría, 2022). España, que depende mucho de las importaciones energéticas, sufre esta realidad, pero Alemania es la víctima más ruidosa de las últimas horas: las locomotoras europeas son el primer déficit comercial por la fuerte unificación de Maquinaria de Exportación que ha anunciado que no puede compensar el aumento de los precios de la energía. Cuatro meses y medio de guerra en Ucrania fueron suficientes para acabar con el superávit comercial de Alemania durante más de 30 años. La dependencia al gas ruso ha obligado a la nación alemana a repensar su modelo, hasta el punto de quemar carbón para asegurar el suministro. Respecto a ello se señala (Sánchez, 2022):

Es posible que esta debilidad del euro se traduzca en algún momento en algún tipo de intervención verbal en tanto en cuanto la depreciación de la divisa europea supone una presión adicional para la inflación, el gran problema actual de las economías y los bancos centrales. 

IV. Comentario final

Durante décadas, la Unión Europea ha sido un medio de paz y prosperidad en Europa, pero ahora, está en problemas. La respuesta a la crisis ha tenido un impacto económico y político negativo. La decisión de subsidiar la deuda a cambio de austeridad ha frenado el crecimiento en el sur de Europa. Si bien la élite europea apoya una mayor integración, la respuesta a la crisis ha reducido el apoyo general a esta alternativa. Profundizar la consolidación fiscal podría fortalecer a los tecnócratas, sin embargo, mientras se integren algunas reformas institucionales y se revitalice el crecimiento económico en el sur de Europa, el euro puede resistir. Cabe señalar también que, en la eurozona, el efecto de la devaluación varía según el país miembro, ya que cada país tiene una diferente estructura productiva, además, el comercio exterior de esta región no tiene la misma importancia en todos los países. Los tipos de cambio afectan la competitividad de los precios, pero las importaciones y exportaciones, dependen únicamente de estos últimos.

V. Nota

(1) Entrevista realizada a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University, por la BBC.

VI. Referencias

Barría, Cecilia.2022. “El euro llega a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar: qué consecuencias tiene la histórica paridad de las monedas”. BBC News Mundo, 12 de julio. Acceso el 13 de julio de 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-62129903

Sánchez, Álvaro.2022.” El euro cae a mínimos de 20 años frente al dólar y se acerca a la paridad”. El País, 05 de julio. Acceso el 12 de julio de 2022. https://elpais.com/economia/2022-07-05/el-euro-cae-a-minimos-de-20-anos-frente-al-dolar-y-se-acerca-a-la-paridad.html

Gobierno crea “Comisión de Alto Nivel” para atender crisis alimentaria y agricultura familiar (*)

(*) Fuente de la noticia:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 2022. «Gobierno crea Comisión de Alto Nivel para atender crisis alimentaria y agricultura familiar». Plataforma digital única del Estado peruano, 5 de junio. Acceso el 6 de junio de 2022. https://acortar.link/m4WvU5

Escribe: Lucía Natalia TIMANÁ QUISPE
Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: https://acortar.link/UNndxF  

I. Introducción

La guerra entre Rusia y Ucrania no solo implica su modificación geopolítica, sino también la alteración del flujo económico a nivel mundial. Si gracias a la pandemia del COVID-19 los precios de los alimentos que conforman la canasta básica se acrecentaron a precios exorbitantes, las consecuencias de la emigración ucraniana, la destrucción de sus campos de cultivos y el paquete de sanciones impuestas a Rusia han agravado una amenaza aun mayor: una crisis alimentaria y de agricultura. El Perú no es ajeno a tal peligro, por ello el Gobierno ha optado por crear una comisión multisectorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

II. Crisis alimentaria y de agricultura

La preocupación por la gravedad de los efectos de una crisis alimentaria se ha convertido en una alerta internacional; esto ocasiona que vigilemos cualquier perturbación en su epicentro. Ambos países en conflicto, Rusia y Ucrania, son productores de casi el 30% del trigo que se comercializa en el mundo entero, por lo que, la suspensión de su producción o el bloqueo de su venta causa inevitablemente la escasez de este, lo que a su vez trae como consecuencia el aumento de su precio. Sin embargo, el problema también incluye la exportación de fertilizantes de potasio y nitrógeno que son elementos esenciales para el desarrollo de todos los cultivos agrícolas (Bourne 2022).  

En este contexto, el Perú se ha visto afectado directamente, puesto que importaba de Rusia cerca del 80% de los fertilizantes utilizados por el 47% de los agricultores en la producción total nacional. Además, el 2021 cerró con la pérdida de 365 mil trabajadores agrícolas que se trasladaron del campo a la ciudad en busca de trabajo debido a la pandemia (IPE 2022). Como resultado, se reduciría casi la mitad de los cultivos agrícolas en los próximos meses, lo cual afectaría de forma negativa a la seguridad alimentaria de aproximadamente 15.5 millones de peruanos (Ciriaco 2022). 

III. Medida adoptada

A raíz de todo lo expuesto, el Gobierno decidió por medio de la Resolución Suprema N° 010-2022- MIDAGRI crear la “Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar” con el objetivo principal de velar por el mantenimiento de la producción agrícola y garantizar el abastecimiento de alimentos (artículo 2), y cuya vigencia se ha determinado por 45 días calendario desde el siguiente día de su instalación (artículo 9). 

Esta comisión está compuesta por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de la Producción, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Salud, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y el Ministro de Justicia y Derechos Humano (artículo 3). Además, se puede incluir la colaboración de entidades públicas, privadas, sociedades civiles, organismos de cooperación internacional y especialistas técnicos que contribuyan con el cumplimiento del objetivo (artículo 6). 

Por otra parte, se ha precisado las funciones a realizar como el diagnóstico del estado de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos, la identificación de los productos necesarios para la alimentación de la población y la elaboración las estrategias para mantener o incrementar su producción o importación. También, se busca proponer un mecanismo de compra de alimentos procedentes de la agricultura para derivarlos a ollas comunes, comedores populares y establecimientos de salud, y finalmente, plantear medidas para afrontar posibles actos de acaparamiento y especulación de alimentos y productos (artículo 4). 

IV. Comentario final 

A simple vista, parece contradictorio que el Perú, conocido mundialmente por su amplio desarrollo agrícola, sufra las repercusiones de esta crisis. Sin embargo, debemos considerar que la problemática no versa exactamente sobre nuestro potencial agro, sino sobre el rendimiento de los bienes alimentarios traducido luego en productividad y abastecimiento del mercado.

En definitiva, la crisis alimentaria y de agricultura en el marco internacional representa un riesgo que no podemos controlar o dirigir, pero que, dentro del contexto nacional, mediante la aplicación de determinadas estrategias sí es manejable. De esta manera, también se reduce la dependencia y la incertidumbre de lo que nos podría suceder ante cualquier modificación exterior, que, a su vez, podríamos proyectar a largo plazo. En ese sentido, es el derecho a la alimentación de la mitad de la población peruana lo que está en peligro, derecho que, si bien no se encuentra expresamente en nuestra Constitución, estamos sujetos a ella por tratados internacionales. 

La referida “Comisión de Alto Nivel” no es en sí la solución, sino el vehículo para llegar a ella. La efectividad de sus propuestas se podrá divisar a partir de mediados de julio, por tanto, es en dicho momento donde podremos certificar si su creación fue pertinente, o de lo contrario, si los despachos ya existentes del MIDAGRI debieron haber asumido la gestión de la materia.

V. Referencias 

Bourne, Joel. 2022. «La guerra en Ucrania podría provocar una escasez mundial de alimentos». National Geographic, 31 de marzo. Acceso el 10 de junio de 2022. https://acortar.link/Mf1N9p

Ciriaco, Mayté. 2022. «Crisis alimentaria: Perú disminuyó en más de 20 mil sus hectáreas sembradas». Diario El Comercio, 29 de mayo. Acceso el 15 de junio de 2022. https://acortar.link/bSIGbt  

Instituto Peruano de Economía. 2022. «IPE: Importación de urea cayó 84% en el primer trimestre del año impactando a la agricultura». Diario El Comercio, 9 de mayo. Acceso el 10 de junio de 2022. https://acortar.link/bDxxPb

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 Minjusdh aprueba guía de funcionamiento de los espacios de coordinación (*)

Escribe: Isabeau Carolina BARREDA ESPINOZA

Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Minjusdh

I. Introducción

Toda empresa debe ser consciente de que el desarrollo de su actividad empresarial impacta inevitablemente sobre la vida de las personas; estas repercusiones pueden ser positivas, como cuando ayudan al ejercicio de derechos básicos tales como el trabajo, pero, también pueden generar consecuencias negativas que atenten contra los derechos humanos como la conflictividad social o los derechos del consumidor, sobre todo cuando se desarrollan sin un marco de protección de derechos. Es ante este escenario que el Perú ha aprobado el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, el cual busca proteger a las personas y responder contra los posibles impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, así como fortalecer la política pública nacional sobre Conducta Empresarial Responsable. 

II. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

Mediante D.S. N° 009-2021-JUS se aprobó en el Perú el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), el cual fue previamente formulado en el Lineamiento estratégico N° 5 (1) del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. El PNA tiene como principal objetivo el «implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, en particular los Principios rectores de la ONU, a fin de contribuir a garantizar que las empresas públicas o privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción» (Minjusdh 2021, primer párrafo).

Respecto a su contenido, el plan cuenta con cinco lineamientos estratégicos, trece objetivos y noventa y siete acciones, aprobados por cinco sectores fundamentales: estado, empresas, sindicatos, sociedad civil y pueblos indígenas, los cuales lo formularon luego de dos años, mediante más de 130 instituciones representativas, en un proceso de diálogo multiactor basado en la igualdad, que busca lograr la promoción y difusión de una cultura de respeto de derechos humanos en el sector empresarial. El documento oficial fue traducido al quechua, aymara e inglés para poder facilitar su difusión de manera nacional e internacional.

III. Implicancias del PNA

La protección de los derechos humanos frente al impacto de la actividad empresarial se ha convertido en una tendencia global que cada vez se incorpora a más países del mundo. En el Perú, la creación del PNA se origina luego de una investigación de diagnóstico que determinó las principales problemáticas en materia de derechos humanos, las cuales se vieron agravadas con el contexto de la pandemia causada por la COVID-19. Nuestro país ha sido el 3° de la región en aprobar el PNA y el 25° a nivel mundial. 

Este marco obliga al propio estado a implementar acciones dirigidas a garantizar el adecuado desarrollo de la actividad empresarial, respetando los derechos humanos. Sin embargo, pese a que el PNA haya sido aprobado en nuestro país debemos tomar en consideración que «esto no implica que se cuente de manera instantánea con un verdadero impacto positivo, puesto que, para poder lograr la protección de los derechos humanos se debe articular adecuadamente mecanismos de implementación, supervisión y seguimiento que permitan su desenvolvimiento» (Idehpucp 2021, segundo párrafo). A su vez, su aprobación coadyuva a que el país cumpla con sus obligaciones internaciones, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

IV. Medidas adoptadas 

El Estado a través del Minjusdh, mediante la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), es el encargado de dirigir la organización y distribución de los diversos mecanismos que han de lograr que el PNA funcione a cabalidad. Desde junio del 2021, fecha donde fue aprobado el plan, se han realizado acciones o mecanismos para lograr consolidar una primera etapa: su implementación, las cuales han tomado fuerza y prioridad en la agenda en el año 2022. Acciones tales como la ratificación del compromiso ante la CIDH en marzo del 2022, la promoción del diálogo multiactor y la capacitación. 

En el mes de mayo, el Minjusdh ha realizado capacitaciones a funcionarios públicos y autoridades del sistema de justicia sobre los deberes del Estado en la materia de empresas y derechos humanos. Aunado a ello, el citado ministerio ha buscado regular el funcionamiento de los espacios de coordinación, esto mediante la Resolución Directoral N° 004-2022-JUS/DGDH la cual publicó la Guía de Funcionamiento de los Espacios de Coordinación Multiactor para la implementación, seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que será de observancia obligatoria por todos los representantes que participan en los espacios de coordinación(2), entendiéndose a estos como los espacios de diálogo presenciales o virtuales y en el cual los actores expresan sus diferentes posturas, y cuyo cumplimiento estará bajo la supervisión de la DGDH. 

Asimismo, el equipo de trabajo de la DGDH convocará a sesiones ordinarias y extraordinarias de los espacios de coordinación, donde tomará en cuenta las propuestas de los representantes de cada espacio, deberá promover el funcionamiento de los acuerdos e informará en cada sesión ordinaria sobre los avances de los acuerdos adoptados con anterioridad. 

Las participaciones en las diferentes sesiones se efectuarán de forma respetuosa de las diferentes posturas, a fin de lograr un diálogo abierto. La DGDH, frente a la aprobación de la guía, se encargará de hacerla cumplir a cabalidad, y contará con la facultad de excluir de las sesiones a quien las incumpla, notificando a su institución a fin de que se adopten medidas correctivas. 

V. Comentario final

La aprobación e implementación del PNA es la clara demostración de que nuestro país reconoce que para lograr un mundo sostenible se necesita de un trabajo conjunto, trabajo que incluye a las empresas como partes activas y que se involucran en buscar soluciones para las problemáticas sociales y ambientales que puedan surgir a su alrededor, esto buscando alinear nuestra normatividad al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global de la ONU. 

Este plan representa un avance para que el nuevo concepto de empresa (cuarto sector) sea difundido y pueda consolidarse en el país, así como en incorporar un sistema de protección de derechos humanos más fuerte y justo, pues el respeto de los derechos humanos es el pilar fundamental de la sociedad y de la creación de futuras estrategias empresariales de sostenibilidad. Finalmente, es necesario recalcar que la implementación adecuada y difusión del PNA exige también compromiso por parte de la sociedad civil mediante el seguimiento de los diversos mecanismos que se han implementado y se han de implementar en el proceso.

VI. Notas

(1) Lineamiento estratégico N°5: Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, que reconoce la problemática que presenta la relación entre empresa y derechos humanos en el Perú. 

(2)  Los espacios de coordinación son la Mesa Multiactor del PNA, el Comité Multiactor del PNA, el Grupo Técnico de Trabajo de Pueblos Indígenas para el PNA y el Grupo Técnico de Asuntos Laborales para el PNA.

VII. Referencias

Idehpucp. 2021. «Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos: acciones dirigidas a proteger los derechos de grupos socialmente vulnerables». Acceso el 20 de mayo de 2022. https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-acciones-dirigidas-a-proteger-los-derechos-de-grupos-socialmente-vulnerables/

Minjusdh. s/f. «Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos». Acceso el 21 de mayo de 2022. https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

Poder Ejecutivo: Proyecto de reforma constitucional del artículo 61 (*)

Escribe: Milagros Elizabeth ALVA LÓPEZ

Estudiante de 5to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente noticia: http://www.gestion.pe

Fuente Imagen: http://www.larepublica.pe

I. Introducción

El contexto político actual de nuestro país ha traído a flote diversas cuestiones debatibles en torno al régimen económico. Una de ellas es el proyecto de reforma constitucional del artículo 61 realizada por el Poder Ejecutivo con la finalidad de fortalecer el accionar del Estado para garantizar la libre competencia. Con ello han surgido pronunciamientos y debates, entre especialistas, acerca de la regulación vigente de los monopolios en nuestra carta magna.

II. Conceptos previos

2.1. Economía social de mercado

La economía social de mercado está referida a una intervención estatal mínima en el mercado que se encuentra guiada por valores democráticos y participativos con el fin de alcanzar el bienestar social. En tal sentido, para Müller-Armack consiste en “la combinación del principio de la libertad y el principio de compensación social” (Fernández Riquelme, 90).

2.2. Constitución económica

Se entiende por Constitución económica al conjunto de principios y normas orientadas a establecer las pautas básicas sobre las que debe fundarse el régimen económico de una sociedad (EXP° N° 0008-2003-AI-TC, f.j. 3). Asimismo, su importancia recae en el establecimiento del plano jurídico para el desenvolvimiento de la actividad económica del país.

2.3. Monopolios

Los monopolios “son estructuras de mercados donde existe un único oferente sea de un bien o servicio” (Roldán, primer párrafo). En otras palabras, se refiere a la existencia de una sola empresa que domina todo el mercado de la oferta de un bien o servicio determinado.

III. Análisis del artículo 61 de la Constitución económica

Es importante dar a conocer que el artículo 61 de la Constitución Política del Perú no prohíbe los monopolios, lo que realmente se encuentra prohibido es toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. De igual forma, no se puede autorizar ni establecer monopolios por ley. En efecto, los monopolios legales o los que resulten de concertación entre empresas no se encuentran permitidos en nuestro país. De manera que, la actual Constitución “ha comprendido adecuadamente el fenómeno del monopolio, por lo que mientras la posición de dominio sea adquirida por la vía de una legal y legítima competencia, será tutelado por el Estado” (Bullard Gonzales, 9).

Por su parte, la prohibición de las prácticas restrictivas o limitativas de la libre competencia tienen como fin evitar las concertaciones de precios y que, realmente, sea el mercado y consumidores quienes lo realicen.

IV. Acerca de la propuesta de reforma constitucional

El Proyecto de Ley N.°01705/2021-PE fue presentado al Congreso de la República el 8 de abril de este año de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú. La propuesta de reforma expone la difícil tarea de concebir la protección de bienes constitucionales basados en la dignidad humana y, al mismo tiempo, garantizar el ejercicio de las libertades económicas de los particulares. Así pues, se señala que el mercado no puede regularse a sí mismo ni evitar situaciones de injusticia.

El objeto de la propuesta normativa se centraría en extender las prohibiciones constitucionales a los oligopolios, acaparamiento, especulación de precios y la concertación de precios. Además, busca que expresamente la Constitución señale que se sancionará civil, administrativa y penalmente a las personas jurídicas o naturales que incurran en los actos mencionados en el menoscabo de la libre y real competencia en el mercado.

V. Reflexión final

Cabe precisar que, la Constitución no es indiferente a la capacidad que tiene una empresa con posición de dominio para causar daño a sus competidores y consumidores, es por ello que lo prohíbe expresamente. En esa línea, no se deben descartar los monopolios naturales que surgen por la misma naturaleza de las leyes del mercado, sino que se debe permanecer vigilante de las prácticas que realmente limiten la libre competencia.

Por otro lado, se advierte que la existencia de la ley de control previo de fusiones tiene como fin prohibir adquisiciones y fusiones empresariales que puedan devenir en perjudiciales para el bienestar del consumidor. En suma, en el marco de una economía social de mercado se debe garantizar y promover la iniciativa privada, por lo que no sería adecuado prohibir los monopolios que obedezcan a las reglas del mercado y respeten la libre competencia.

VI. Referencias

Bullard Gonzales, Alfredo. 1994. «Los monopolios en la Constitución. Entre el mito y la verdad». Derecho & Sociedad, n° 8-9: 8 -10.

Fernández Riquelme, Sergio. 2012. «La economía social de mercado, un referente para el debate contemporáneo entre desarrollo económico y justicia social». Administración & Desarrollo 40, n.°50: 85-94.

Roldán, Paula Nicole. 2017. «Monopolio». Economipedia. Acceso el 23 de abril. https://economipedia.com/definiciones/monopolio.html

¿Qué repercusiones ocasiona el conflicto Rusia-Ucrania en el Perú y a nivel internacional?

Escribe: Freddy Alexander CARHUALLA LÓPEZ
Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

I. Introducción

Al Este encontramos a Rusia, al Oeste encontramos a la Unión Europea y al centro a un país azotado por una guerra que ha dejado una gran cantidad de víctimas. Esa es la situación por la cual se encuentra hoy en día Ucrania. Sin embargo, esta vez daremos a conocer sus efectos económicos.

II. Contexto histórico

En el año 1991, un año después de la desintegración de la URSS, Ucrania adquiere su independencia; sin embargo, su población se encontraba dividida. Una parte era étnicamente rusa y la otra ucraniana. Ese es uno de los motivos por el cual surgen las futuras disputas de hoy en día entre los mismos ucranianos.

En el gobierno de Yanukóvich, la adhesión al tratado de la Unión Europea fue suspendida por la presión que ejercía Rusia al no querer que Ucrania se encuentre bajo la influencia de la Unión Europea.

Es por este conflicto interno que surgen sectores separatistas que buscan independizarse de Ucrania lo cual Rusia apoya y hoy en día es uno de sus motivos para su actuar mencionando que la independencia de Ucrania es un accidente histórico y su estado lógico es que forme parte de su territorio.

III. Repercusiones a nivel internacional

3.1. Bolsa de valores

Uno de los afectados fue la bolsa de valores a nivel internacional; sin embargo, su recuperación fue dándose a inicios del presente mes de marzo. En Nueva York, los índices Dow Jones y Standard & Poor’s 500 de Wall Street subieron debido al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el anuncio de nuevos diálogos entre Rusia y Ucrania señalando así Powell que propondrá un aumento de las tasas de referencia de un cuarto de punto porcentual. 

El conflicto afectó definitivamente al precio del barril de petróleo, del que Rusia es el segundo productor mundial. Es así que, a finales de febrero, el barril de Brent se encareció un 3,5% colocándose así por los 100 dólares. El West Texas Intermediate ha aumentado un 4,6% hasta algo más de 96 dólares, el mayor nivel desde agosto de 2014.

3.2. Materias primas

Con relación a las materias primas, estas continuaron con el alza en medio de una incertidumbre por el abastecimiento mundial, ello debido a que Rusia y Ucrania figuran entre los mayores productores mundiales de fertilizantes y metales como níquel, titanio y paladio. Tal es el caso del barril de petróleo como el Brent del mar del Norte quien dio un salto de 7,58% ascendiendo así a 112 dólares con 93 centavos, el barril de West Texas intermediate obtuvo una alza de 6,95% dando un valor de 110.6 dólares.

Por último se destaca que situaciones similares se observaron en los precios del gas natural, aluminio, níquel y metales en general que dependen en gran medida de las exportaciones rusas.

IV. Repercusiones a nivel nacional

El Perú no escapa de los efectos del conflicto Rusia-Ucrania. Es así que presenciamos la decaída en la bolsa de valores y en el aumento del precio de los minerales.

4.1. Bolsa de Valores de Lima

El lunes 7 de marzo la Bolsa de Valores de Lima (BVL) finalizó con todos sus índices en terreno negativo. Sin embargo, en el miércoles 16 de marzo, el índice SP/BVL Peru General terminó con  24,581.75 puntos lo cual significa un avance de 16.44 % en soles y una variación de 24.91% en dólares. En el caso del índice SP/BVL Peru Selectivo, concluyó el mismo día con 640.20 puntos que representa un avance de 13.60% en soles y una variación de 21.87% en dólares.

4.2. Materias primas

En cuanto al cobre, su precio se situó el 16 de marzo en 4.49 dólares la libra evidenciando así un avance de 3.11% en lo que va del año, el oro se cotizó en 1,929.30 dólares la onza (4.56%), la plata en 25.12 dólares la onza (7.92%), y el zinc en 3,781 dólares la tonelada métrica (6.04%) en los mercados internacionales.

4.3. A nivel empresarial

Fernando Portilla, gerente comercial de Manuchar Peru, nos menciona que, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas empresas se encontraron obligadas a replantear sus estrategias logísticas y comerciales, principalmente en la búsqueda del reemplazo del productos provenientes de Rusia.

En cuanto al último punto, los embarques que provenían de Rusia y Ucrania fueron postergados o cancelados, ello originó una gran incertidumbre en las salidas de los buques generando así un incremento del flete marítimo. Esto tuvo como consecuencia que las pequeñas y medianas empresas sean las más perjudicadas.

V Referencias

Barría, Cecilia. 2022. «Rusia y Ucrania: qué efectos puede tener la invasión rusa en las economías de América Latina». BBCNEWS, 15 de marzo. Acceso el 18 de marzo de 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-60741690

De la Vega, Miguel. 2022. «BVL avanza más de 16% en lo que va del año por mayores precios de metales». Andina, 16 de marzo. Acceso el 18 de marzo de 2022. https://andina.pe/agencia/noticia-bvl-avanza-mas-16-lo-va-del-ano-mayores-precios-metales-885068.aspx

Mizokami, Kyle. 2022. «¿Por qué Rusia ha declarado la guerra a Ucrania?». Gestión, 16 de marzo. Acceso el 18 de marzo del 2022. https://www.esquire.com/es/tecnologia/a38474372/por-que-rusia-invadir-ucrania-guerra/

Redacción Gestión. 2022. «Bolsas se recuperan y materias primas se disparan por la guerra en Ucrania». Gestión, 3 de marzo. Acceso el 15 de marzo de 2022. https://gestion.pe/videos/mundo/bolsas-se-recuperan-y-materias-primas-se-disparan-por-la-guerra-en-ucrania-nnav-video-agafp-noticia/?ref=gesr

Redacción Gestión. 2022. «¿Cómo la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a las empresas que operan en Perú?». Gestión, 19 de marzo. Acceso el 19 de marzo de 2022. https://gestion.pe/economia/como-la-guerra-entre-rusia-y-ucrania-afecta-a-las-empresas-que-operan-en-peru-noticia/?ref=gesr

Robichon, Franck. 2022. «El ataque de Rusia a Ucrania hunde las Bolsas asiáticas y dispara el precio del petróleo». El país, 24 de febrero. Acceso el 3 de marzo del 2022. https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-ataque-de-rusia-a-ucrania-hunde-las-bolsas-asiaticas-y-dispara-el-precio-del-petroleo.html%F0%9F%99%8C%F0%9F%92%9A

Sobre el desastre ambiental de la Refinería la Pampilla: medidas administrativas aplicables sobre la empresa frente a las necesidades económicas del país

EscribeFabio Leandro RIVERA GONZALES

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM, Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: http://www.elcomercio.pe/ Redacción El Comercio. 2022. “OEFA autoriza a Repsol a realizar actividades de carga y descarga de hidrocarburos por 10 días”. El Comercio, 01 de noviembre. Acceso el 07 de febrero de 2022. Fuente de foto: http://www.andina.pe

I. Introducción

El caso del derramamiento de la compañía Refinería La Pampilla S.A.A. (en adelante, La Pampilla o la Empresa) ocurrido el mes pasado, el mismo que anteriormente fue objeto de análisis por el Boletín Sociedades en la publicación titulada “Caso Repsol: responsabilidad de Repsol ante el derrame de petróleo”, sigue trayendo importantes dudas. Si bien, anteriormente se le dio especial atención a los hechos y se dio una aproximación a las sanciones administrativas y medidas tomadas, no mucho se habló sobre las posibles consecuencias para la economía nacional el considerable perjuicio que podría traer la aplicación de las medidas y sanciones aplicables. Buscaremos aproximarnos a una respuesta mediante la presente publicación. 

Establezcamos las siguientes premisas para desarrollar nuestra opinión:

1. La Pampilla y Repsol no son lo mismo, pero sí existe una relación entre ellos (1): La Pampilla es una subsidiaria de Repsol S.A. Esto quiere decir que Repsol S.A., indirectamente, posee control sobre La Pampilla (2). 

2. La pampilla produce aproximadamente la mitad de los combustibles que demanda el país.

3. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está facultado para establecer sobre La Pampilla medidas cautelares, correctivas, preventivas y de restauración, recuperación y compensación.

II. Sobre las medidas administrativas aplicables sobre la Empresa

Según la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (ley del Sinefa), el OEFA está facultado para establecer medidas administrativas sancionadoras, las mismas que, según su reglamento, están contenidas en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Esta ley establece sanciones tales como multas, la suspensión o cancelación de cualquier tipo de autorización o la paralización de las actividades que desembocaron en la infracción.

Además, conforme la misma ley del Sinefa, el OEFA viene aplicando medidas administrativas preventivas sobre La Pampilla, tal como lo es paralizar sus actividades. Dicha medida, según lo establecido en el artículo 22-A de la comentada ley, se aplica “únicamente cuando se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente”. La aplicación de esta medida consta en Resolución N° 00013-2022-OEFA/DSEM y en la sección de “medidas administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el OEFA a la Refinería La Pampilla S.A.A” del Reporte Ejecutivo N° 1- Plan de Acción al 31 de enero. 

Pero la actividad sancionadora no puede realizarse solamente observando las infracciones y la ley, especialmente sobre una empresa tan importante para la economía nacional.

III. El impacto sobre la economía nacional

Mediante el oficio N° 013-2022-MINEM/VMH, el OEFA autorizó las actividades de carga y descarga de la Empresa para evitar el desabastecimiento de petróleo crudo del país. Para entender la necesidad de esta medida, es necesario hacernos una idea de la importancia de esta empresa en el mercado de hidrocarburos nacional como para que “[represente] más del 40% del mercado peruano de combustibles (…) [y] el 70% del suministro de combustibles de la industria aerocomercial” (Osorio, 2020).

En caso de que la refinería La Pampilla sea encontrada administrativamente responsable y sancionada, sanciones que puedan afectar el desarrollo de actividades no solo afectaría a la empresa: afectaría a todo el país y el mercado nacional de hidrocarburos. Teniendo en cuenta que las sanciones se establecen en función de “la afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente” (3) y la extensión del daño producido sobre la costa peruana, incluyendo su flora y fauna marina, las sanciones tendrían que ser las máximas posibles.

IV. Crítica o idea

Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, consideramos que sería irresponsable imponer una sanción que pueda comprometer la existencia de la Empresa por limitarse a solo seguir lo establecido en las normas. Como habíamos visto antes, el OEFA se vio forzado a permitir ciertas actividades para evitar una situación de desabastecimiento. 

Esto demuestra la importancia e impacto que tendría en el mercado de hidrocarburos nacional cualquier decisión tomada sobre la Empresa. Si su capacidad productiva se ve afectada significativamente, se estaría afectando una parte importante del mercado de hidrocarburos, lo que generaría escasez y el encarecimiento de la mayoría de combustibles a nivel nacional. 

Son miles las empresas que constan en los registros de consumidores directos de combustibles y derivados del petróleo del Osinergmin que lo usan para generar energía y desarrollar sus actividades, por lo que el impacto en la economía nacional no sería únicamente en el mercado de hidrocarburos: sería extendido a la mayoría de los sectores económicos.

V. Notas

(1) La relación que existe entre Repsol y La Pampilla es de matriz-subsidiaria. Esto quiere decir que la primera ejerce control sobre la segunda por cuanto posee control del accionariado con derecho a voto de otra empresa que también tiene control sobre esta última.

(2) Según el capítulo 2, información de la empresa, la Memoria Anual 2020 Refinería La Pampilla, Repsol S.A., mediante la Repsol BV (besloten vennootschap, equivalente de la S.A. en Países Bajos), de la que posee el 100% de las acciones, poseía el 92.42% del accionariado de la pampilla el año 2020.

(3) Según el artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA-CD, el incumplir con los compromisos del IGA es una falta que “es sancionada con una multa de hasta quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias”.

VI. Referencias

Redacción El Comercio. 2022. “OEFA autoriza a Repsol a realizar actividades de carga y descarga de hidrocarburos por 10 días”. El Comercio, 05 de febrero de 2022. Acceso el 07 de febrero de 2022. https://elcomercio.pe/lima/sucesos/oefa-autoriza-a-repsol-a-realizar-actividades-de-carga-y-descarga-de-hidrocarburos-por-10-dias-derrame-de-petroleo-ventanilla-la-pampilla-rmmn-noticia/?ref=ecr

Refinería La Pampilla S.A.A. 2020. Memoria Anual 2020 Refinería La Pampilla. “Información de la empresa”, 08-11.https://www.repsol.pe/imagenes/repsolporpe/es/Memoria%20Anual%20de%20Refineri%CC%81a%20La%20Pampilla%202020_tcm76-212371.pdf

Sebastián Osorio Idárraga. 2022. “La Pampilla en Perú: ¿Por qué el sector aéreo teme desabastecimiento de combustible?”, Bloomberg Línea, 08 de febrero de 2022. Acceso el 19 de febrero de 2022. https://www.bloomberglinea.com/2022/02/08/la-pampilla-en-peru-por-que-el-sector-aereo-teme-desabastecimiento-de-combustible/

Caso Repsol: responsabilidad de Repsol ante el derrame de petróleo

Escribe: Lesly YPARRAGUIRRE RIVERA

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM

Fuente: www. Static.dw.com

I. Introducción.

«El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute (…) tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente», así lo señala el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 01272-2015-PA/TC. Y en este contexto, es oportuno comentar el caso de la empresa Repsol, la cual sería presuntamente responsable del derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en su cuenta de Twitter, calificó este hecho como «el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos» e indicó que la empresa ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores, por lo que debe resarcir ese daño de manera inmediata. 

II. Origen

El sábado 15 de enero del año en curso, el mar peruano fue contaminado con 6,000 barriles de petróleo durante las operaciones de descarga del Buque Tanque Mare Doricum, en las instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2, de la Refinería La Pampilla S.A.A., a cargo de Repsol, en Ventanilla. 

En un inicio, al reportarse los hechos, Repsol habría intentado minimizar la magnitud de los daños del derrame con información inexacta; sin embargo, el ministro del ambiente, Rubén Ramírez, desmintió a la empresa informando que el derrame fue de 6,000 barriles de crudo. A su vez, Repsol carecía de un plan de contingencia para este tipo de casos y no habría ejecutado acciones efectivas para contener y limpiar las zonas contaminadas. 

Asimismo, en atención a su inacción ante el presente desastre ecológico, cabe recordar las multas de la empresa producto de sus malas prácticas ambientales en los años 2013, 2016 y 2018, las cuales ya advertían su respuesta ante esta situación.

III. Sanciones y multas

Tal como precisa Rubén Ramírez, el ministro del ambiente, en un artículo de Gestión, el 26 de enero de 2022, la empresa podría recibir una multa que asciende hasta 30,000 UIT (equivalente a S/ 138 millones).

Asimismo, Miriam Alegría, presidenta de la OEFA, añadió que Repsol tenía como plazo máximo hasta el martes 25 de enero para identificar las zonas afectadas, sin embargo, la empresa no cumplió. En consecuencia, el miércoles 26 de enero, Miriam Alegría expresó que, vencido el plazo para el cumplimiento de la primera medida, la identificación de las zonas afectadas, se inició con el requerimiento para la imposición de la multa coercitiva.

IV. Póliza de seguros y reaseguros

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó a Repsol remitir la póliza de seguros y reaseguros que contrató a nivel global para remediar el daño causado por el derrame de unos 6,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla.

En ese sentido, Julián Palacín, presidente ejecutivo del Indecopi, indicó que la póliza debió activarse el domingo 16 de enero, nombrar a un ajustador internacional y utilizar los fondos que fueran necesarios para contratar a las empresas especializadas que se encarguen de la limpieza ecológica.

V. Comentario final

Es necesario persistir en la exigencia a la empresa Repsol respecto a la póliza de seguros y reaseguros, la misma que debe cubrir la responsabilidad civil por los daños causados al medio ambiente y a los ciudadanos. Asimismo, proceder a limpiar el mar peruano.

En la misma línea, se insta al Estado a investigar el caso desde todas las instancias correspondientes para determinar una sanción a los responsables, evitando así la impunidad y velar por el cumplimiento de las reparaciones adecuadas a las familias afectadas y, con ello, efectivizar su obligación de respeto y garantía del derecho a vivir en un ambiente limpio y saludable.

Referencias

Redacción EC. 2022. «Indecopi sobre derrame de petróleo: Se agrava responsabilidad de Repsol por no activar póliza de seguro a tiempo». El Comercio, 21 de enero. Acceso el 22 de enero de 2022. https://elcomercio.pe/economia/peru/indecopi-sobre-derrame-de-petroleo-se-agrava-responsabilidad-de-repsol-porque-no-activaron-poliza-de-seguro-a-tiempo-nndc-noticia/?ref=ecr

El Peruano. 2022. «Presidente del Indecopi considera que Repsol debe indemnizar al Estado peruano». El Peruano, 19 de enero. Acceso el 22 de enero de 2022. https://elperuano.pe/noticia/137708-presidente-del-indecopi-considera-que-repsol-debe-indemnizar-al-estado-peruano

El Peruano. 2022. «Perú Libre pide a Cancillería respaldar acción jurídica del Indecopi a favor del Perú ante derrame de petróleo». El Peruano, 23 de enero. Acceso el 23 de enero de 2022. https://elperuano.pe/noticia/137945-peru-libre-pide-a-cancilleria-respaldar-accion-juridica-del-indecopi-a-favor-del-peru-ante-derrame-de-petroleo

Torrico, Denisse. 2022. «Exigen que Repsol asuma responsabilidad por el desastre ecológico». La República. 21 de enero. Acceso el 22 de enero de 2022. https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/20/derrame-de-petroleo-exigen-que-repsol-asuma-responsabilidad-por-el-desastre-ecologico-refineria-la-pampilla/Redacción Gestión. 2022. «OEFA inicia imposición de multa a Repsol por derrame de petróleo». Gestión, 26 de enero.  Acceso el 27 de enero de 2022. https://gestion.pe/peru/oefa-inicia-imposicion-de-multa-a-repsol-por-derrame-de-petroleo-noticia/?ref=gesr&fbclid=IwAR2ygCQ26OqlVal1TH_jydwOKk5aydBY7FV2twfbRzPEAc2dOh3hDiwEXVM

El cese de actividades de Las Bambas es una realidad (*)

Escribe: Allinson Milagros NOLASCO VILLANUEVA

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM

Fuente: https://static.dw.com

(*) Infobae, 2021. «“Pasamos a ser desempleados”: Así fue el cierre de la minera Las Bambas contado por un trabajador». Infobae, 19 de diciembre. Acceso el 19 de diciembre de 2021.

I. Introducción

Las Bambas es una mina productora de cobre en el departamento de Apurímac (Perú) y sus operaciones iniciaron en el año 2015; sin embargo, su fin es un hecho en el presente año 2021. Esta ex empresa productora ha sido motivo de diversos confrontamientos entre el Estado peruano y la comunidad residente en Apurímac por la falta de responsabilidad social de la minera al causar perjuicios ambientales a los habitantes; por ende, la paralización de actividades de Las Bambas supone un alivio, pero a la vez, un problema en materia económica.

II.  El bloqueo como inicio del fin

El 21 de noviembre de 2021, los habitantes de Chumbivilcas decidieron realizar un bloqueo del “corredor minero” con motivo de elevar su voz de protesta, una vez más, contra la minera Las Bambas por los daños que causa la actividad diaria de esta, generando impactos ambientales, sociales y culturales negativos (1). Fue el 3 de diciembre de 2021, día en que la propietaria china de la mina comunicó al público en general lo siguiente: Como resultado de este bloqueo continuado, y las restricciones sobre la logística de ingreso y salida, Las Bambas ha sido forzada a disminuir progresivamente sus operaciones mineras y la producción cesará a mediados de diciembre debido a la falta de componentes claves (Minerals and Metals Group, 2021).

El bloqueo fue determinante para la paralización de actividades mineras de la empresa; y aunque se intentaron establecer mesas de diálogo —como la realizada el 30 de noviembre del presente año, según el comunicado— estas solo obtuvieron un resultado fallido por demandas comunitarias que la compañía está indispuesta de aceptar por considerarlas excesivas. Es así que, el 18 de diciembre del presente año, cesó la producción de cobre en Las Bambas, y con ello, también se detienen empleos que afectan principalmente a las mypes y pymes.

III. Responsabilidad social versus flujo económico normal

Las mypes y pymes de la localidad de Challhuahuacho (2) atraviesan una situación crítica, lo cual se vio reflejado en el comunicado emitido compartido por el diario Gestión (3) en el que se precisa que debe evitarse el cese de actividades de la minera pues perjudicaría a la economía local y nacional. El pronunciamiento de estas empresas es una muestra de un conflicto latente en el Perú que se agudiza mucho más en comunidades campesinas: responsabilidad social versus flujo económico normal.

El país se rige por un modelo de economía social de mercado (4) que se considera el modelo “estrella” por los exitosos resultados que provocó en Alemania (país de origen) y se define como el hecho de “combinar el principio de la libertad con el principio de la compensación social en el mercado” (Müller-Armack, 1963), pero en el ámbito nacional hay una incorrecta aplicación del modelo a tal punto que, algunos proceden a llamar a la economía peruana como “neoliberalista” lo cual es erróneo ya que no es ese el modelo abalado en la Constitución. ¿Cómo se muestra la indebida aplicación de una economía social de mercado? Con una carencia de responsabilidad social en gran parte de empresas, lo cual se ha relucido en pandemia con un incremento de conflictos sociales o medio-ambientales, despidos arbitrarios por parte de compañías beneficiarias de Reactiva Perú o simplemente con la gran afluencia de protestas por vulneración de derechos a trabajadores o agraviados.

Siempre hay una parte afectada —en contraste con el accionar empresarial—, y como en el caso de Las Bambas, se toman decisiones tajantes para el cese de daños; en consecuencia, el sustento económico propio del flujo por actividad empresarial se paraliza y se producen vivencias críticas por quienes optaban por tener una economía sustentable a costa de la vulneración de sus derechos.

Hoy son muchas las familias desempleadas tras la realidad en Las Bambas, por lo que las preguntas sobre qué medidas adoptará el Gobierno o sobre qué sucederá con la explotación del cobre en la localidad son vastas, en tanto se espera la mejoría o —en el peor de los casos— pérdidas para la comunidad.

IV. Comentario final

Sobre el resultado final del conflicto que inició con bloqueos desde el año 2016 hasta la paralización de producciones mineras, cabe cuestionarse: ¿Cuántas situaciones similares se aproximan en el país? De lo que se tiene conocimiento, es que los asuntos de conflictos contra empresas mineras son recurrentes, así como protestas para que se logre lo que se dispuso en Las Bambas: el cierre de esta. Cabe señalar que es bastante difícil, la situación de decidir seguir normalizando conductas contra el bienestar público por parte de empresas solo para que la economía siga su curso normal; por tanto, se debe enfatizar de manera estatal en la labor fiscalizadora ante irregularidades para que no se tomen decisiones perjudiciales para la mayoría de entes involucrados.

V. Notas

(1) Los impactos provocados por las Bambas resultan perjudiciales, principalmente, por el transporte del mineral en camiones pesados que altera a la salud de los habitantes; por lo que, se exige desde el 2016 que se elaboren proyectos para mitigar los efectos. Para mayor información puede revisar: https://cooperaccion.org.pe/cual-es-problema-y-las-rutas-de-solucion-en-el-conflicto-chumbivilcas-las-bambas/

(2) Las mypes y pymes de Challhuahuacho presentan como sustento económico la oferta de servicios a la minera Las Bambas como hospedajes, restaurantes, lavanderías, transportes y otras actividades que demandan los trabajadores de la minera.

(3) Información rescatada del diario Gestión, diario peruano perteneciente al Grupo El Comercio. Para mayor información puede revisar: https://gestion.pe/economia/mypes-y-pymes-de-challhuahuacho-piden-a-castillo-evitar-que-las-bambas-suspenda-operaciones-noticia/

(4) Regulado en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993 (vigente).

VI. Referencias

El Peruano. 2021. ‘‘Mina Las Bambas anuncia cese de producción a mediados de diciembre’’. El Peruano, 03 de diciembre. Acceso el 09 de diciembre de 2021. https://elperuano.pe/noticia/134673-mina-las-bambas-anuncia-cese-de-produccion-a-mediados-de-diciembre

Infobae, 2021. «“Pasamos a ser desempleados”: Así fue el cierre de la minera Las Bambas contado por un trabajador». Infobae, 19 de diciembre. Acceso el 19 de diciembre de 2021. https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/19/asi-fue-el-cierre-de-la-minera-las-bambas-contado-por-un-trabajador-pasamos-a-ser-desempleados/

Minerals and Metals Group. 2021. «Voluntary Announcement». Acceso el 12 de diciembre de 2021. https://www.mmg.com/exchange-announcements/announcements-and-notices-voluntary-announcement-las-bambas-update-10/

Müller-Armack, Alfred. 1963. Economía dirigida y economía de mercado. Sociedad de estudios y publicaciones.

Redacción Gestión. 2021. “Mypes y pymes de Challhuahuacho piden a Castillo evitar que Las Bambas suspenda operaciones”. Gestión, 08 de diciembre. Acceso el 08 de diciembre de 2021. https://gestion.pe/economia/mypes-y-pymes-de-challhuahuacho-piden-a-castillo-evitar-que-las-bambas-suspenda-operaciones-noticia/

Indecopi sanciona a eléctrica Seal por abuso de posición de dominio (*)

Escribe: Paul Anthony SILVA QUISPE

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM

Fuente: http://www.gestion.pe (*) Redacción Gestión. 2021. “Indecopi sanciona a eléctrica Seal con multa de S/ 4.4 millones por abuso de posición de dominio”. Gestión, 01 de noviembre. Acceso el 04 de noviembre de 2021. Fuente foto: http://www.diariocorreo.pe

I. Introducción

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene entre sus funciones defender la libre competencia, en el marco del modelo económico que rige el país, mediante facultades que le permiten sancionar las conductas anticompetitivas, como el abuso de la posición de dominio. En ese sentido, haciendo uso de dichas facultades, Indecopi sancionó a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), después de determinar que se produjo un abuso de posición de dominio por el trato discriminatorio que recibieron ciertos usuarios en Arequipa.

II. Abuso de posición de dominio por parte de Seal

El 22 de junio de 2018, Atria Energía S.A.C. presentó una denuncia contra Seal por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de aplicación injustificada de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en el mercado de suministro de energía eléctrica. Este trato discriminatorio perjudicaba a los usuarios libres (1) que optaban por migrar a empresas competidoras.

Para poder comprender por qué Indecopi determinó que estas prácticas merecían ser sancionadas, se debe entender que el abuso de posición de dominio constituye una conducta anticompetitiva en la que un agente económico se aprovecha de dicha posición para mermar o eliminar a sus competidores, transgrediendo el principio de la libre competencia.

De acuerdo a la Resolución 52-2021/CLC, Seal, además de ser suministradora de energía eléctrica, es la titular de la concesión de distribución de electricidad en ocho provincias de Arequipa, por lo que tanto los usuarios regulados como los usuarios libres de la zona deben estar conectados a su red de distribución. Entonces, la empresa adquirió una posición de dominio debido a que es la distribuidora exclusiva de la zona; es decir, si bien existen diversos suministradores de energía entre los cuales el usuario puede escoger, todos deben conectarse a su red de distribución para poder tener acceso a la electricidad. De esta manera, la empresa se aprovechó de su posición cuando algún usuario regulado de la zona decidía cambiar de condición a la de usuario libre. Seal ofrecía que estos usuarios sean exonerados del plazo legal de preaviso para cambiar a tal condición (2) y de la instalación de los equipos de medición, protección y limitación de potencia (3), con la finalidad de que continúen siendo clientes de la empresa.

No obstante, a los usuarios que, además de cambiar de condición, también decidían optar por otro suministrador, se les exigía cumplir tanto con el plazo legal de preaviso como con la instalación de los equipos. Con esta política comercial, Seal capturó una porción importante del mercado de suministro de usuarios libres dentro de su área, en lo que se refiere al porcentaje tanto de usuarios nuevos como el de potencia total contratada. Esto le permitió, entre el 2016 y el 2020, obtener beneficios significativos, al cobrar precios promedio superiores en 21.5% al precio ponderado establecido por los demás suministradores.

III. El rol de Indecopi

Como se ha mencionado, Indecopi se encarga del fomento de la leal y libre competencia, en el marco de la Economía Social de Mercado, modelo que rige la economía del país. Bajo esta premisa, cabe resaltar que la libre competencia permite garantizar el bienestar de los consumidores, a partir de la interacción de la oferta y demanda por parte de los agentes económicos en el mercado, quienes utilizan conductas competitivas. Sin embargo, existen agentes optan por desarrollar conductas anticompetitivas, entre las cuales destaca el abuso de la posición de dominio. Ante este último, el Indecopi ha realizado importantes aportes. Por un lado, ha identificado nuevos tipos de comportamientos de los agentes económicos dominantes, que podrían llegar a perjudicar el proceso competitivo. Por otra parte, ha dilucidado sobre la aplicación de la norma de libre competencia respecto de las acciones de abuso de posición de dominio y la forma en la cual esta vela por el bienestar del consumidor (Quintana 2013).

En este sentido, Indecopi, tras analizar la denuncia por más de tres años, determinó que Seal incurrió en abuso de posición de dominio en la modalidad de aplicación injustificada de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en el mercado de suministro de energía eléctrica e impuso una sanción de 1000 UIT (4.4 millones de soles), en primera instancia administrativa.

IV. Comentario final

De este caso de abuso de posición de dominio, se desprende la siguiente pregunta: ¿Cuántos se vieron perjudicados por esta conducta anticompetitiva? Además de las empresas que competían con Seal, otros afectados fueron los consumidores, quienes se encontraban condicionados a mantenerse con esta empresa, gracias a los perjuicios que conllevaba migrar a otro suministrador de electricidad. Asimismo, cabe señalar que este tipo de accionar no se limita al sector eléctrico, pues casos similares se pueden desarrollar en cualquier sector económico. Por ello, siempre se debe resaltar la labor que desempeña Indecopi en cuanto al fomento de la libre competencia, lo cual, finalmente, beneficia a los consumidores.

V. Notas

(1) Los usuarios libres son agentes del mercado eléctrico que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Asimismo, deben firmar un contrato con un generador o distribuidor donde fijan precio de energía, potencia mínima facturable, entre otros. Para mayor información puede revisar: https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/generacion/contratos-de-usuarios-libres

(2) Exigido en el artículo 4 inciso 1 del Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.

(3) Impuesto en el artículo 4 inciso 3 del Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.

VI. Referencias

Redacción Gestión. 2021. “Indecopi sanciona a eléctrica Seal con multa de S/ 4.4 millones por     abuso de posición de dominio”. Gestión, 01 de noviembre. Acceso el 04 de noviembre de 2021.    https://gestion.pe/economia/indecopi-sanciona-a-electrica-seal-con-multa-de-s-44-millones-por-abuso-de-posicion-de-dominio-nndc-noticia/?ref=gesr

Quintana, E. 2013. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos: Libre Competencia. Lima: Indecopi.  https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5564/libre_competencia.pdf?sequenc