Fuente: Viajes del Perú

I. Introducción

El 5 de octubre de 2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó, mediante la Circular N° G-234-2026, el capital social mínimo que deben acreditar las empresas que supervisa durante el trimestre octubre-diciembre. El ajuste alcanza a bancos, financieras, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras y empresas de servicios complementarios. En esa línea, se busca señalar los cambios dispuestos y su futura influencia en el ámbito societario.

II. Definición de capital social

En primer lugar, el capital social mínimo debe ser entendido, bajo la legislación financiera y bancaria, como el monto de capital que una entidad debe acreditar para operar bajo la regulación peruana (Congreso de la República 1996).

III. Modificaciones

Con relación a las modificaciones dispuestas por dicha circular, entre los principales ajustes, quienes más deben acreditar el mencionado capital son las empresas bancarias: S/ 33′743,000, frente a los S/ 32′965,300 del trimestre anterior, es decir, S/ 777,700 adicionales. Las empresas financieras y las cajas municipales de ahorro y crédito pasan de S/ 16′577,700 a S/ 16′968,800, y las cajas municipales de crédito popular deberán acreditar S/ 9′050,100. En el otro extremo, el piso de las empresas de créditos, las cooperativas que captan recursos del público y las cajas rurales suben de S/ 1′498,700 a S/ 1′534,000. En seguros, una empresa que opera en un solo ramo necesitará S/ 6′136,000, y una de seguros y reaseguros, S/ 21′473,400 (SBS 2026b, SBS 2026c).

Asimismo, el ajuste no es discrecional: la Ley General del Sistema Financiero faculta a la SBS a actualizar estos requisitos cada trimestre, y la variación responde al Índice de Precios al por Mayor, con factores distintos según el tipo de empresa y el período base. El efecto acumulado se nota: en el primer trimestre de 2026, el piso para un banco era de S/ 31′824,900 (SBS 2026a), de modo que hoy es cerca de 6% mayor.

IV. Influencia

Por otro lado, el principal efecto del ajuste es que el capital deja de ser una cifra fija y se convierte en una obligación que los propios socios deben vigilar. Con un alza cercana al 2.36% en un solo trimestre, una entidad que opera con poco margen sobre el mínimo, como puede ocurrir con las más pequeñas o recientes, puede verse obligada a recapitalizarse, ya sea con nuevos aportes o reteniendo utilidades en lugar de repartirlas. Esa decisión corresponde a los accionistas y se traduce en acuerdos societarios formales.

En ese sentido, el impacto no es parejo, ya que, si bien el porcentaje es el mismo para todos, el esfuerzo no. En los bancos, por ejemplo (y como se señaló antes), significa S/ 777,700 adicionales, mientras que en las cajas municipales de crédito popular son S/ 208,600. Para entidades pequeñas que cuentan con menos capacidad de captar capital fresco, ese monto podría pesar más sobre su estrategia de crecimiento que sobre la de una entidad grande.

Además, se genera a su vez un impacto sobre quien quiere entrar al mercado. Como la actualización se apoya en la variación del Índice de Precios al por Mayor (1), cuyo factor acumulado desde octubre de 1996 es de 2.26250036 (SBS 2026c), la cifra nominal exigida para constituir una empresa supervisada crece de forma constante. Esto eleva gradualmente la barrera de entrada.

No obstante, la regla tiene una ventaja: es previsible. Los socios pueden anticipar el ajuste, pero deben incorporarlo a su planificación financiera cada trimestre para evitar incumplimientos.

V. Reflexión

En conclusión, detrás de la tabla de cifras publicada por la SBS, la actualización trimestral del capital social mínimo es una variable de gobierno societario con efectos concretos en la planificación financiera de las entidades supervisadas.

Al vincularse con la variación del IPM, este mecanismo busca que el respaldo patrimonial preserve su valor real frente a la inflación. Aunque el reajuste del período fue moderado, su carácter trimestral genera un impacto acumulativo. Esto obliga a los órganos de gobierno, desde grandes bancos hasta pequeñas cajas y cooperativas, a revisar periódicamente su posición de capital y decidir entre inyectar nuevos aportes dinerarios o capitalizar utilidades no distribuidas.

Esta exigencia opera de manera asimétrica: si bien fortalece la protección de ahorristas y asegurados, impone un esfuerzo proporcionalmente mayor sobre las organizaciones de menor escala y requiere a los nuevos competidores acreditar una cifra nominal cada vez mayor. En consecuencia, el capital social mínimo trasciende el mero trámite formal: constituye una regla dinámica que exige seguimiento constante y una estrategia de mediano y largo plazo que no puede postergarse.

VI. Notas

(1) Entiéndase como el indicador económico que mide la evolución en el tiempo de los precios de bienes nacionales e importados comercializados a nivel mayorista, abarcando artículos de consumo final, intermedios y de capital de los sectores agropecuario, pesca y manufactura.

VII. Referencias

Congreso de la República del Perú. 1996. Ley N° 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lima, 9 de diciembre de 1996. https://n9.cl/a10i5

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026a. “Circular N° G-231-2026: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre enero – marzo de 2026”. Lima, 12 de enero de 2026. https://n9.cl/x9x0c

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026b. “Circular N° G-233-2026: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre julio – setiembre de 2026”. El Peruano, 9 de julio de 2026. https://n9.cl/0a9sq

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026c. “Circular N° G-234-2026: Actualizan el capital social mínimo de las empresas supervisadas correspondiente al trimestre octubre – diciembre 2026”. El Peruano, 7 de octubre de 2026. https://n9.cl/8xdel5

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

El debate sobre un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) tomó forma el pasado 3 de septiembre, cuando representantes de trabajadores y empleadores, reunidos en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), coincidieron en la necesidad de elevar el actual salario mínimo de S/1,130 a S/1,300. El consenso, sin embargo, no alcanzó a la fecha ni a la forma de aplicación. Días después, el 10 de septiembre, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que el incremento se realizaría de manera progresiva en dos tramos, con el primero previsto para este año. Según el esquema planteado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el primer aumento sería de S/100 y el segundo de S/70, hasta alcanzar los S/1,300.

Si bien la medida busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, se plantea en un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad y donde las MYPE representan la mayor parte del entramado empresarial. Este escenario lleva a analizar, además de sus beneficios, los posibles efectos del incremento sobre las empresas y el acceso al empleo formal, así como los criterios que deberían orientar futuras actualizaciones de la remuneración mínima.

II. Entre el poder adquisitivo y costos laborales

El incremento de la RMV a S/1,300 tiene como uno de sus objetivos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que alcanzar este monto permitiría recuperar aproximadamente la capacidad de consumo que tenía la remuneración mínima en 2020. De esta manera, el reajuste busca compensar la pérdida de valor real del salario frente al incremento del costo de vida.

Por supuesto, la medida también implica mayores costos laborales para las empresas, aspecto especialmente relevante en el caso de las micro y pequeñas empresas (MYPE). Según el Ministerio de la Producción (2026), estas representan el 99,2% de las empresas formales del país, generan alrededor de 10,3 millones de puestos de trabajo y aportan aproximadamente el 20,6% del PBI. Su importancia dentro de la actividad económica hace necesario considerar las condiciones en las que asumirán el nuevo piso salarial.

El incremento también puede repercutir en la estructura salarial de las empresas. Al elevarse el piso remunerativo, se reduce la diferencia entre quienes perciben la RMV y aquellos trabajadores que reciben montos ligeramente superiores, fenómeno conocido como compresión salarial. Esto lleva a las empresas a evaluar sus bandas salariales y determinar si las diferencias entre puestos continúan respondiendo a criterios como la responsabilidad, experiencia o especialización (El Peruano 2026).

Frente a ello, el Ejecutivo planteó que el incremento hasta S/1,300 se realice en dos tramos y anunció un bono compensatorio por única vez para las MYPE. La aplicación progresiva permitiría distribuir el ajuste de los costos laborales en el tiempo. Sin embargo, mientras el incremento de la RMV tendrá efectos permanentes sobre los costos laborales, el apoyo anunciado para las MYPE tiene carácter temporal, lo que deja abierta la discusión sobre su capacidad de adaptación en el mediano plazo.

III. El reto de una economía con alta informalidad

Uno de los principales desafíos del incremento de la RMV está en el elevado nivel de informalidad del mercado laboral. En el Perú, cerca del 70% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, por lo que, al estar fuera del marco regulatorio, estos trabajadores no están sujetos directamente a las normas del salario mínimo. En este escenario, el Instituto Peruano de Economía estima que el aumento de la RMV a S/1,300 beneficiaría directamente a menos del 2% de la fuerza laboral (IPE 2026).

A ello se suma el posible efecto sobre el acceso al empleo formal. Según el IPE (2026), elevar la RMV en aproximadamente 15% aumentaría las barreras para la contratación formal, principalmente para los jóvenes, quienes presentan una mayor probabilidad de encontrarse en la informalidad y percibir menores ingresos.

Este escenario evidencia que elevar el piso salarial no supone automáticamente una mejora de los ingresos o una reducción de la pobreza, debido a problemas estructurales como la baja productividad laboral y las dificultades para el crecimiento empresarial. Entre las medidas planteadas se encuentran la simplificación de los regímenes aplicables a las MYPE y de los trámites de formalización, junto con mejoras en la formación para el trabajo y el acceso al financiamiento (IPE 2026). Estas condiciones contribuirían a ampliar las oportunidades de empleo formal y, con ello, el número de trabajadores que pueden acceder a los beneficios derivados de la RMV.

IV. El pendiente que arrastra el Perú

El 3 de septiembre, el CNTPE encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) formular una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, tomando como base los acuerdos previamente alcanzados por este organismo.

Esta necesidad responde a un problema que viene siendo discutido desde años anteriores. Al respecto, Sánchez Chávez (2025) advierte que en el Perú no existe una regulación específica que determine cada cuánto tiempo debe revisarse la RMV, por lo que sus reajustes se han producido de manera esporádica e imprevisible.

En esa línea, se ha propuesto que la actualización de la RMV responda a una metodología objetiva basada en criterios técnicos, considerando variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. De esta manera, establecer previamente cuándo y bajo qué condiciones corresponde realizar los reajustes brindaría mayor predictibilidad al proceso y reduciría el margen para que el alza de la RMV sea utilizada como una herramienta política por el gobierno de turno.

V. Comentario

El debate sobre el aumento de la RMV, hoy en día, ya no se centra en determinar si S/1,300 constituye un monto adecuado, pues ello supondría una visión muy exigua frente a la realidad económica y social peruana. En ese sentido, la medida tendrá un mayor alcance si está acompañada de las condiciones necesarias para que cada vez más trabajadores puedan acceder efectivamente a este piso salarial, así como de políticas orientadas a mejorar la productividad y favorecer el crecimiento de las empresas. Después de todo, elevar el salario mínimo adquiere mayor sentido cuando sus beneficios pueden alcanzar progresivamente a una mayor parte de los trabajadores sin que ello implique dejar de lado las condiciones que las empresas necesitan para crecer y generar empleo formal.

VI. Referencias

El Peruano. 2026. “Aumento del sueldo mínimo: ¿qué pasará con quienes ya ganan más y cómo afectará a las estructuras salariales?”. El Peruano, 31 de agosto. https://acortar.link/dUPmgK

Instituto Peruano de Economía (IPE). 2026. “Alza del salario mínimo beneficiaría a menos del 2% de trabajadores.” Instituto Peruano de Economía, 2 de agosto. https://acortar.link/K6tTGG

Ministerio de la Producción. 2026. “Las MYPE contribuyen con el 20.6% al PBI y generan 10.3 millones de empleos en el Perú”. Gob.pe, 14 de mayo de 2026. https://acortar.link/6M1wQ1

Redacción Gestión. 2026. “Sheput anuncia que el aumento de la RMV a S/1,300 será en dos tramos, el primero este año.” Gestión, 10 de septiembre. https://acortar.link/jlceo7

Sánchez Chávez, Martí Paul. 2025. “Falta de regulación periódica de la remuneración mínima vital en el Perú”. Tesis de maestría, Universidad José Carlos Mariátegui. https://hdl.handle.net/20.500.12819/3681

Fuente: El Comercio

I. Introducción

El día en que el nuevo gabinete ministerial juramentó, circuló de manera no oficial un proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo pretendía impulsar. Entre las materias que contemplaba el documento estaba la de reducir el número de feriados con la finalidad de fomentar la productividad. La filtración generó un rechazo inmediato en la opinión pública. Ante ello, el ministro de trabajo, Juan Sheput, en una entrevista concedida a RPP el 29 de julio de 2026, señaló que el documento se trataba de un borrador y descartó una reducción de feriados. El 8 de agosto, en una conferencia de prensa, el ministro de economía y finanzas, Elmer Cuba, planteó trasladar algunos feriados a los viernes, aunque días después la propuesta cambió a los lunes.

Las decisiones sobre la jornada laboral conllevan efectos inmediatos sobre millones de personas, lo que exige comprender los límites y alcances de una eventual reforma. En este artículo se revisa la legislación referida a los días no laborables en el Perú, para examinar el argumento según el cual el país cuenta con un número excesivo de días de descanso remunerado y que ello explicaría, su baja productividad.

II. Antecedentes

Hasta el año 2021, el Perú contaba con doce feriados nacionales establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N°713. Entre 2021 y 2023 se sumaron cuatro fechas: 9 de diciembre (Ley N°31381), 6 de agosto (Ley N°31530), 7 de junio (Ley N°31788) y 23 de julio (Ley N°31822), con lo cual el número de feriados llegó a dieciséis.

III. El Perú en cifras, ¿tenemos realmente un exceso de días feriados?

En un estudio elaborado por Castellares, Ledesma y Mendiburu (2025), suman a los dieciséis feriados los treinta días de vacaciones que la ley reconoce a todo trabajador, llegando a una cifra de cuarenta y seis días libres remunerados al año. Esto sitúa al Perú como el país con más días libres remunerados en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Alianza del Pacífico. El mismo estudio advierte que Perú registra la menor productividad laboral promedio de ese grupo de países.

Sin embargo, esta asociación no permite establecer una relación de causalidad: la baja productividad peruana responde a múltiples factores estructurales, el nivel educativo de la fuerza laboral, la composición sectorial de la economía y la informalidad, de modo que el número de días libres es, en el mejor de los casos, uno más entre varios determinantes posibles.

IV. La estructura del mercado laboral, informalidad y subempleo

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (INEI, 2026), el 91,1% de la población ocupada en el sector primario de la economía, agricultura, pesca y minería, tiene empleo informal, seguido de construcción con 76,6%, comercio con 71,3%, manufactura con 63,2% y servicios con 57,2%. Si se observa el fenómeno desde el tamaño de la empresa, la brecha es todavía más marcada: el 88,3% de la población ocupada en empresas de uno a diez trabajadores tenía empleo informal, mientras que el empleo formal predominaba en las grandes unidades económicas de 51 trabajadores a más, con un 84,7% de formalidad (INEI, 2026). Asimismo, la tasa de subempleo nacional se situó en 41,4% durante el periodo abril 2025-marzo 2026. Es decir, una parte relevante de esa población sufre subempleo visible, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales pese a desear trabajar más.

Según Castellares et al. (2025), cada feriado adicional reduce el crecimiento anual del PBI en alrededor de 0,04 puntos porcentuales, un impacto concentrado en los sectores comercio y servicios. El mismo estudio identifica, sin embargo, sectores donde el efecto es distinto: las actividades de alojamiento y restaurantes no muestran una caída significativa e incluso se ven favorecidas, en la medida en que los feriados incrementan el consumo y el turismo interno; mientras que la minería y la agricultura, al depender menos del calendario laboral diario, cuentan con mecanismos operativos que amortiguan la pérdida de días hábiles.

A partir de estos datos, el problema estructural del mercado laboral peruano no parece ser, en primer término, la falta de horas disponibles para trabajar, sino la subutilización de la fuerza laboral por ausencia de empleo adecuado. En consecuencia, la política de reducir los feriados solo resulta válida para el segmento formal de la economía, concentrado en los sectores secundario y terciario. Para el resto de la masa trabajadora nacional, mayoritariamente informal, la medida resulta, en la práctica, irrelevante.

V. Comentario

Existe, en efecto, evidencia de que los feriados adicionales tienen un efecto recesivo en la producción de determinados sectores económicos no primarios. Sin embargo, como se ha señalado, persiste un problema estructural de baja productividad en el país, sin que ello suponga que la medida carezca por completo de justificación técnica. En esa línea, cabe destacar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto Supremo N°345-2018-EF, actualizado por el Decreto Supremo N°203-2024-EF) que ya contempla medidas orientadas al fortalecimiento del capital humano, la modernización del sistema de inspección del trabajo y la formación técnica las cuales constituyen las verdaderas palancas de productividad de mediano y largo plazo (Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, 2024).

VI. Referencias

Castellares, Renzo, Alan Ledesma y Carlos Mendiburu. 2025. «Los feriados y la actividad económica en el Perú». Revista Moneda 202: 45-51. Acceso el 11 de agosto de 2026. https://acortar.link/ZIEccK

Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. 2024. Plan Nacional de Competitividad y Productividad (actualizado mediante D.S. N.º 203-2024-EF). Acceso el 11 de agosto de 2026 de https://acortar.link/wJp0U3

El Comercio. 2026. «¿Desde cuándo cambiarán los feriados en Perú? MEF anuncia que algunos descansos pasarán a los lunes”, 11 de agosto de 2026. https://acortar.link/88Jcs7

Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2026. “Perú: comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y 27 ciudades Primer Trimestre 2026”, Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://acortar.link/ui89ZV

RPP Noticias. 2026. “Juan Sheput, ministro de trabajo: No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto”, 30 de julio de 2026. https://acortar.link/X10JNh

Fuente: Diario Correo

I. Introducción

La sostenibilidad fiscal constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica de un país. A través de ella, el Estado procura mantener un equilibrio entre sus ingresos y gastos, evitando que el endeudamiento excesivo o una mala administración de los recursos comprometa el bienestar de las generaciones futuras o incluso el de las que hoy, con gran esfuerzo, sostienen la economía. En el caso de nuestro país, durante las últimas décadas se consolidó un marco de “responsabilidad fiscal” (1) que permitió al Perú ser visto como un lugar confiable para invertir, mantener niveles moderados de deuda pública y enfrentar con relativa solvencia diversos shocks económicos, esto debido en gran parte al crecimiento económico sostenido que hemos mantenido a lo largo de las últimas décadas por diversos factores —algunos fortuitos— y no necesariamente a un eficiente manejo fiscal.

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un progresivo y descarado deterioro de la disciplina fiscal. Como si la aparatología cuidadosamente diseñada y destinada a protegerla se quedará ahora solo en el plano abstracto. El Consejo Fiscal a través de la Nota de Prensa N°01-(2026) ha advertido que:

Enfrentamos crecientes riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas debido a la proliferación de normas que incrementan el gasto permanente sin contar con fuentes de financiamiento sostenibles en el tiempo.

Sin perjuicio de los gastos que son circunstanciales, pero necesarios y de gran impacto para el balance fiscal. Esta situación resulta en demasía preocupante, considerando que el país acumula varios años —cuatro para ser exactos— consecutivos de incumplimiento de las reglas fiscales y que el Congreso de la República ha venido aprobando iniciativas con significativo impacto presupuestal, muchas de ellas sin el debido sustento técnico ni la competencia necesaria.

II. La erosión del marco de responsabilidad fiscal

El Perú observa inerte el debilitamiento progresivo de su marco de responsabilidad fiscal. Según el Consejo Fiscal, los incumplimientos sucesivos de las reglas fiscales durante los años 2023, 2024, 2025 y ahora 2026 han reducido significativamente la credibilidad de la política fiscal peruana; además de habernos orillado a una situación crítica, “se prevé que el déficit fiscal que acompañará al Perú durante los próximos años será alrededor del 2% del PBI” (BCRP,2026), pero, por otro lado, el Legislativo sigue proponiendo y ejecutando aumentos en el gasto público, algo que no solo resulta contraintuitivo, sino también incompatible con nuestra legislación en materia constitucional (2) y fiscal.

Las reglas fiscales fueron diseñadas precisamente con el afán de evitar que las desafortunadas decisiones o iniciativas políticas de corto plazo comprometan la estabilidad económica de largo o mediano plazo. Lamentablemente para los peruanos, la reiterada incapacidad del Estado para cumplirlas ha generado un escenario en el que los límites al gasto público parecen ser un ornamento, habiendo perdido eficacia como instrumento de control presupuestal.

La situación se agrava debido a que las proyecciones fiscales oficiales descansan sobre escenarios optimistas de crecimiento económico basado en factores circunstanciales, factores que podrían revertirse rápidamente debido a la alta volatilidad de los mercados internacionales. El propio Consejo Fiscal (2026) ha advertido que:

Utilizar ingresos extraordinarios producto de la bonanza circunstancial de algunos sectores para financiar enormes gastos permanentes constituye un riesgo crítico para las finanzas públicas.

III. El Congreso y la expansión inconstitucional del gasto público

La Constitución Política del Perú establece que “el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público, salvo en lo referido a su propio presupuesto” (CPP. 1993, art. 79). Esta limitación responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar que decisiones legislativas motivadas por intereses políticos o populares generen obligaciones financieras imposibles de sostener.

No obstante, durante los últimos años se ha observado una tendencia preocupante en sentido contrario. El Consejo Fiscal ha identificado que entre 2021 y 2026 se aprobaron 258 leyes que incrementan el gasto público, muchas de ellas promovidas por el Congreso de la República. Más grave aún, con únicamente 48 leyes aprobadas desde septiembre de 2025 se generaría un costo fiscal permanente estimado en S/ 23,3 mil millones anuales, equivalente al 1,9 % del PBI.

Desde una perspectiva constitucional, resulta legítimo cuestionarnos si estas iniciativas representan una invasión de competencias reservadas al Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. El Congreso parece haber asumido un rol que excede sus atribuciones, comprometiendo recursos públicos futuros.

IV. El peligro del crecimiento del gasto permanente

Cuando el Estado incrementa gastos permanentes sin respaldo presupuestario, aumenta el déficit fiscal, la deuda pública y el riesgo de recortes presupuestarios en servicios esenciales, pero más “manejables”, como hemos podido observar en el caso del sector educación y los programas de apoyo estudiantil (3). Por otro lado, pierde significativamente esa capacidad de adaptación frente a futuras crisis económicas o contingencias de otra naturaleza de la que hablábamos anteriormente.

Esta situación genera una contradicción preocupante, mientras las proyecciones estatales prevén una reducción gradual del déficit fiscal o la estiman necesaria, continúan acumulándose obligaciones permanentes que incrementan el gasto estructural del Estado. El resultado es una creciente brecha entre las metas fiscales y la realidad presupuestaria.

V. Consecuencias económicas y sociales de la irresponsabilidad fiscal

El deterioro fiscal no constituye únicamente un problema técnico. Sus efectos terminan afectando directamente la calidad de vida de la población. Cuando el gasto permanente crece por encima de los ingresos, el Estado se ve obligado a recurrir al endeudamiento o a reducir inversiones de gran importancia.

Asimismo, la reducción de los activos financieros del Estado limita su capacidad para responder ante futuras emergencias. El Perú corre el riesgo de llegar a una situación en la que, pese a haber disfrutado de un sostenido crecimiento económico durante décadas y haber sido espléndidamente dotado por la naturaleza, beneficiándose de los elevados ingresos provenientes de los altos precios de los minerales, no disponga de reservas suficientes para afrontar escenarios adversos.

VI. Conclusiones

Especial preocupación genera la actuación del Congreso de la República, que mediante la aprobación sistemática de normas con impacto fiscal ha asumido funciones que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo, comprometiendo recursos públicos futuros sin considerar adecuadamente sus consecuencias económicas.

La sostenibilidad fiscal es condición sine qua non para garantizar la continuidad de los servicios públicos, la inversión estatal y la capacidad de respuesta frente a futuras crisis. Por ello, resulta imprescindible recuperar la disciplina fiscal, fortalecer el respeto a las reglas macrofiscales (4) y exigir que toda iniciativa que implique mayores gastos cuente con sustento técnico y financiamiento permanente. De lo contrario, las consecuencias no tardarán en materializarse haciéndose sentir para todos los peruanos.

VII. Notas

(1) Para profundizar sobre los parámetros de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, así como la función técnica del Consejo Fiscal, véase el Decreto Legislativo N°1276.

(2) La Constitución peruana prohíbe al Congreso crear o aumentar el gasto público, salvo respecto de su propio presupuesto, reservando dicha competencia al Poder Ejecutivo para proteger el equilibrio fiscal.

(3) Los recortes presupuestarios ya realizados en programas de becas y educación han reducido recursos destinados al acceso, permanencia y apoyo estudiantil.

(4) Lo macrofiscal se refiere al análisis y la gestión conjunta de la política macroeconómica y las finanzas públicas

VIII. Referencias

Consejo Fiscal del Perú. 2026. Informe N°02-2026-CF: Opinión del Consejo Fiscal sobre la situación actual de las finanzas públicas y las perspectivas macro fiscales de corto y mediano plazo. Lima: CF.

Consejo Fiscal del Perú. 2026. Nota de Prensa N°01-2026-CF: El Consejo Fiscal advierte mayores riesgos para la sostenibilidad fiscal ante crédito suplementario y gastos sin financiamiento permanente. Lima: CF

Perú. 1993. Constitución Política del Perú. Promulgada el 29 de diciembre de 1993.

Perú, Ministerio de Economía y Finanzas. 2016. Decreto Legislativo N.º 1276 que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. Diario Oficial El Peruano, 23 de diciembre.

Fuente: Composición La República

I. Introducción

La creciente popularidad de la inteligencia artificial (en adelante, IA) ha propiciado la aparición de nuevas modalidades delictivas mediante la utilización de herramientas digitales. En el Perú, recientes estudios evidencian el aumento de denuncias por delitos informáticos y el uso malicioso de los deepfakes para su consumación, lo cual afecta gravemente la intimidad y seguridad de los ciudadanos.

Precisamente, en junio de este año, el Ministerio Público marcó un hito en torno a la administración de justicia digital en el Perú, al lograr una sentencia condenatoria contra un hombre que utilizó IA para generar contenido pornográfico falso de sus compañeras universitarias. Aunque este caso representa un avance significativo en materia jurisprudencial, la velocidad y facilidad con la que se expanden estas herramientas digitales exigen que como sociedad nos preguntemos si realmente son suficientes las leyes actuales o la justicia peruana va a seguir en las sombras frente al desarrollo tecnológico.

II. El panorama de los delitos informáticos en el Perú

Con el devenir de los años, se ha evidenciado el acelerado crecimiento del uso de herramientas tecnológicas sin ninguna regulación, ocasionando que usuarios en todo el mundo la empleen de manera maliciosa e, incluso, ilícita. De este modo, su finalidad dirigida a generar beneficios en la sociedad fue invertida, debido a que su uso se redireccionó a ser el medio, por excelencia, de delitos informáticos. Según Villavicencio (2014), estos delitos corresponden a la comisión de infracciones legales a través del uso del Internet, aparatos tecnológicos como computadoras, y otros instrumentos de la misma índole.

Bajo la misma línea, el Perú no ha quedado exento de las consecuencias negativas del uso de estas herramientas, debido a que el auge de la era digital ha ocasionado un quiebre en la seguridad ciudadana. En tal sentido, un estudio reciente ha evidenciado el aumento de denuncias por delitos informáticos en el periodo de 2018 a 2024, con una acumulación total de 130,104 denuncias. Asimismo, en el año 2025 se han presentado 35,820 denuncias hasta el mes de noviembre, lo que resulta preocupante; puesto que, hace unos años, en el 2018, sólo se habían registrado 4,304 denuncias (Observatorio Nacional de Prospectiva, 2025).

III. El riesgo de las deepfakes y la IA

En principio, el deepfake es una técnica de la IA, que implica el uso de algoritmos de aprendizaje, con el objetivo de generar contenido engañoso de carácter visual y/o auditivo. No obstante, se emplea el término deepfakes para referirse al resultado, así, el principal problema es que las creaciones resultan muy difíciles de reconocer como falsas. Por esta razón, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2025) ha catalogado al incremento del uso malicioso de deepfakes como uno de los riesgos globales y nacionales de la siguiente década.

Actualmente, la tecnología deepfake ha sido empleada para actividades ilegales tales como la manipulación de pruebas digitales, extorsión, creación de contenido explícito e, incluso, difamación (Ramos-Zaga, 2024). Por ende, la IA constituye un dilema ético con consecuencias jurídicas, ya que ha desestabilizado el tradicional sistema penal, al constituir un medio no previsto para el perfeccionamiento de tipos penales.

IV. Un hito en la justicia digital peruana

En función de lo expuesto, el ordenamiento jurídico peruano regula estos delitos a través de la Ley N°30096, Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, la Ley N°32314 la ha modificado junto al Código Penal, con el objetivo de incluir el uso de la IA como elemento agravante de algunos tipos penales como la difamación, pornografía infantil y otros.

A nivel jurisprudencial, el 04 de junio del presente año se emitió una sentencia condenatoria de 6 años y 7 meses de pena privativa de la libertad por el delito de suplantación de identidad. Lo trascendental de este caso recae en que el acusado utilizó IA para generar material audiovisual de índole pornográfico de cuatro de sus compañeras universitarias, difundiendo dicho contenido en redes sociales y páginas web con el nombre de las agraviadas. En base a ello, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa consiguió una pena mayor a la establecida para el delito señalado, debido a la pluralidad de víctimas y el uso de herramientas tecnológicas (Ministerio Público, 2026). En consecuencia, esta sentencia marca un precedente en el marco de los delitos informáticos, puesto que evidencia un avance en la administración de justicia en el entorno digital, especialmente con el uso de IA.

V. Comentario

El panorama actual evidencia avances significativos en la persecución de delitos informáticos como la reciente sentencia condenatoria lograda por el Ministerio Público. Sin embargo, ante el crecimiento exponencial de herramientas basadas en IA, surge una interrogante inevitable: ¿son suficientes estos logros frente a la magnitud del problema?

Considero que no, puesto que el verdadero problema radica en si el Estado, el aparato jurisdiccional y el derecho podrán evolucionar con la rapidez necesaria para contener esta amenaza constante y masiva. Este escenario nos obliga a plantearnos si las normas vigentes realmente pueden ofrecer una protección eficaz o si, por el contrario, la justicia digital seguirá en las sombras del avance tecnológico.

Por esta razón, es importante garantizar la adecuada formación de profesionales en el uso de herramientas digitales dirigidas a detectar deepfakes, ya que conlleva a la mejora de la identificación de material modificado. Del mismo modo, contar con un enfoque eficaz de cooperación internacional que permita el intercambio de ideas, mecanismos preventivos y estrategias de contención es trascendental, más aún si consideramos el carácter global de estos delitos.

VI. Referencias

Ceplan – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 2025. Riesgos y Oportunidades Globales y Nacionales para el Perú 2026-2036. Lima: Ceplan.

Ministerio Público. 2026. «Fiscalía logra condena para sujeto que suplantó identidad con IA y generó videos pornográficos con los rostros de sus víctimas». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://acortar.link/Wx8OAH.

Observatorio Nacional de Prospectiva. 2025. «Incremento del ciberdelito». Última modificación en diciembre del 2025. https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t85.

Perú. Ley N°32314. El Peruano, 2025.

Ramos-Zaga, Fernando. 2024. «Deepfake: Análisis de sus implicancias tecnológicas y jurídicas en la era de la Inteligencia Artificial». Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia 9 (27): 359-87. https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i27.754.

Villavicencio Terreros, Felipe. 2014. «Delitos Informáticos». Ius et Veritas 24(49): 284-304. https://acortar.link/H6HA6A

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

En mayo, no solo entró en vigencia la Resolución Ministerial N°152-2026-PCM, sino que también se consolidó un avance significativo en la incorporación de la inteligencia artificial (en adelante, IA) en nuestra era. En una sociedad plagada de burocratización, lentitud e ineficiencia en los procesos de gestión pública, es válido preguntarse: ¿Es viable la implementación de la IA para optimizar procedimientos operativos y gestión de las políticas públicas? ¿Se corre el riesgo de un uso indiscriminado, informal y éticamente cuestionable?.

En el presente trabajo, se analizará la evolución histórica de la digitalización en el Perú, para arribar al desarrollo de la citada resolución ministerial. Posteriormente, se examinarán los posibles riesgos asociados a la aplicación de esta figura y, para finalizar, se propondrán recomendaciones para una adecuada incorporación.

II. Análisis histórico

El proceso de digitalización nacional dio su primer paso a inicios de 2018 mediante el Decreto Legislativo N°1412, el cual promueve la implementación tecnológica para funciones administrativas y de políticas públicas. La Presidencia del Consejo de Ministros designa a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), la cual emerge con el fin de implementar y supervisar políticas públicas en materia digital.

En el 2020, se promulga el Decreto de Urgencia N°006-2020, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, entendido como un conjunto de disposiciones de entidades públicas y privadas orientadas a mejorar la implementación de la digitalización en el Perú.

El Decreto de Urgencia N°007-2020, en el mismo año, introdujo los conceptos de confianza digital, identidad digital, seguridad y servicios digitales, promocionando el uso ético de la tecnología emergente. Y en el 2023, se promulga la Ley N°31814 que promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social del país.

Todo ello desemboca en la aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, que constituye la consolidación del modelo. Integrando las normativas precedentes y estableciendo lineamientos que se desarrollarán a continuación.

III. Desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)

IV. Ejes principales:

La ENIA se estructura en cuatro ejes estratégicos, que orientan a la implementación efectiva de la IA en el Perú.

V. Crítica y propuestas

En la actualidad la necesidad de implementar un procedimiento más rápido y eficiente en los órganos estatales es más que evidente, por ello, el uso de la herramienta tecnológica más importante en la actualidad (IA), promete ser la solución.

Sin embargo, se trata de una herramienta que, como cualquier otra, puede ser utilizada de forma adecuada como de forma arbitraria. Es un sistema que reproduce los patrones de datos con la que es entrenada. Ello, sin embargo, resulta contraproducente: entrenar a la IA con prácticas caracterizadas con excesiva formalidad, burocracia, arbitrariedades y sesgos institucionales, provocará la consolidación de dichas deficiencias. ¿Qué mecanismos de control tendría una herramienta que sigue al pie de la letra los mismos defectos que su creador?.

Para ello, será indispensable, “contar (…) con equipos interdisciplinarios que cuenten con las habilidades necesarias para llevar adelante el diagnóstico, la reingeniería de procesos, el diseño y el desarrollo del sistema y, sobre todo, la garantía de los derechos de los ciudadanos por parte del sistema” (Sánchez, 2022).

La llegada del “gobierno inteligente” es inminente, la pregunta que habrá que formularse es: ¿El Perú está listo para afrontarlo?

VI. Referencias

Perú. Decreto Legislativo N°1412. El Peruano, 2018.

Perú. Decreto de Urgencia N°006-2020. El Peruano, 2020.

Perú. Decreto de Urgencia N°007-2020. El Peruano, 2020.

Perú. Resolución Ministerial N°152-2026-PCM. El Peruano, 2026.

Sánchez Acevedo, Marco Emilio. 2022. “La inteligencia artificial en el sector público y su límite respecto de los derechos fundamentales / Artificial Intelligence in the Public Sector and its Limit Regarding Fundamental Rights.” Estudios Constitucionales 20, n°. 2. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002022000200257

Fuente: El Peruano

I. Introducción y contexto macroeconómico

A pesar de la constante incertidumbre generada por el complejo panorama político nacional y los inminentes riesgos climáticos como las anomalías asociadas al fenómeno El Niño costero, el mercado de franquicias en el Perú ha demostrado una capacidad de adaptación excepcional. Actualmente, este sector se encuentra en un sólido, sostenido y resiliente proceso de recuperación económica. Según las recientes declaraciones de Juan Lazarte, presidente del sector franquicias de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las proyecciones más conservadoras estiman que durante el ejercicio comercial del 2026 la facturación total de este modelo de negocio alcanzará la notable cifra de 1,600 millones de dólares.

Este importante monto no es una cifra menor para la economía peruana, ya que representa un crecimiento neto del 8% en comparación directa con los resultados del año anterior. Más allá del porcentaje, este hito financiero marca oficialmente la recuperación de los niveles de inversión y facturación modelo de franquicias es uno de los vehículos de inversión más seguros en tiempo de volatilidad. La capacidad de mitigar riesgos a través de marcas ya probadas en el mercado es el principal atractivo para los nuevos emprendedores que buscan salvaguardar su capital.

II. Factores de crecimiento y preferencias del mercado

El rotundo éxito y la demostrada resistencia del modelo de franquicias frente a las múltiples adversidades macroeconómicas se sustentan de manera fundamental en dos grandes ventajas competitivas: la estandarización rigurosa de sus procesos operativos y la capacidad de generar economías de escala a corto plazo.

Asimismo, el dinamismo proyectado por la CCL responde a tres factores estratégicos clave: la agresiva expansión comercial hacia las diversas regiones del interior del país, la consolidación de nuevos y ágiles formatos de negocio, y la cada vez mayor internacionalización de las marcas nacionales que buscan diversificar sus ingresos fuera del territorio peruano.

Al analizar minuciosamente las preferencias actuales de los consumidores y de los inversores en el mercado peruano, se observa que el sector se encuentra dividido y liderado principalmente por los siguientes rubros comerciales:

a) Gastronomía (68%): Se mantiene indiscutiblemente como el motor principal del sector. Este liderazgo absoluto está fuertemente impulsado por las tradicionales pollerías, las cadenas de comida rápida, las sangucherías y las modernas cafeterías de especialidad, capitalizando el arraigo cultural de la gastronomía en el consumidor peruano.

b) Salud y belleza (12%): Este rubro ha experimentado un fuerte crecimiento post pandemia. Destacan las inversiones en sofisticados centros de estética, spas, barberías modernas, clínicas odontológicas y laboratorios clínicos de atención rápida, respondiendo a una sociedad cada vez más preocupada por el bienestar integral.

c) Moda y otros (12%): En esta categoría sobresale de manera particular el auge de las tiendas de conveniencia, que han transformado el comercio minorista tradicional, así como la aparición de innovadores servicios de micrologística y mensajería urbana de última milla.

d) Educación (8%): Enfocado primordialmente en responder a las demandas del mercado laboral actual. Destacan los centros de capacitación técnica especializada, institutos de idiomas y academias de habilidades digitales, que operan bajo modelos altamente estandarizados.

III. Formatos de inversión y expansión territorial

En el análisis de la presente “noticia del mes” resulta fundamental destacar la rápida evolución de los formatos de inversión que liderarán las tendencias empresariales durante el 2026. En un contexto donde la optimización de recursos es vital, destacan de manera muy atractiva las denominadas microfranquicias o modelos low cost. Estos formatos, que requieren inversiones iniciales por debajo de los US$ 30,000, democratizan el acceso a la propiedad empresarial. De igual manera, se consolida el modelo de las dark Kitchens (cocinas ocultas dedicadas exclusivamente al servicio de delivery), las cuales reducen drásticamente los costos fijos de alquiler y personal de salón, así como los modelos diseñados específicamente para fomentar el autoempleo familiar.

Respecto a la expansión interna, el centralismo limeño comienza a ceder terreno. Plazas comerciales como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco continúan siendo los destinos más atractivos para las franquicias debido a la creciente penetración y modernización de los centros comerciales en dichas regiones, sumado a una clase media emergente con mayor poder adquisitivo.

A nivel internacional, el mercado experimenta un fenómeno bidireccional sumamente enriquecedor. Por un lado, las marcas locales están madurando y evolucionando hacia el rol de franquiciadores regionales, abriendo fronteras y exportando el know-how peruano hacia Chile, Ecuador, Bolivia, e incluso ingresando a nichos estratégicos en Estados Unidos, especialmente enfocados en el mercado hispano. Por otro lado, la CCL proyecta que entre 15 y 21 nuevas marcas extranjeras —provenientes principalmente de Colombia, México y Ecuador— ingresarán al mercado peruano a lo largo del año, atraídas por la estabilidad jurídica para la inversión privada.

IV. Adaptación tecnológica, sostenibilidad y formalización

El panorama a futuro para el sector de las franquicias en el Perú no solo se rige por la expansión física de locales. El impulso definitivo del e-commerce, la integración de la inteligencia artificial para la gestión de inventarios y la adopción de modelos operativos alineados con los exigentes criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) se han vuelto determinantes para atraer la atención de fondos de inversión. Estas prácticas corporativas modernas están profesionalizando rápidamente la industria.

Actualmente, operan de manera formal en el país alrededor de 500 franquicias activas. De este universo, el 60% (unas 300 marcas) provienen del exterior, principalmente de potencias comerciales como Estados Unidos, Colombia, España y Brasil. Todo este ecosistema suma un total que supera los 2,800 locales comerciales operando a nivel nacional. Con estos sólidos números, el sistema de franquicias se reafirma como un motor indispensable para la innovación comercial.

V. Comentarios

La proyección de crecimiento del sector franquicias a US$ 1,600 millones para el cierre del 2026 es una señal sumamente alentadora y optimista para todo el ecosistema empresarial peruano. En un entorno que históricamente ha estado marcado de manera negativa por la alta tasa de informalidad laboral y comercial —que supera el 70% a nivel nacional— sumado a la volatilidad política y los embates climáticos, la franquicia se erige no solo como un mecanismo eficiente y probado de expansión corporativa, sino como una herramienta vital y estratégica para la ansiada formalización económica del país.

Al trasladar el know-how, implementar manuales de procesos estrictamente estandarizados y exigir el cumplimiento de normativas corporativas, las marcas franquiciantes obligan naturalmente a sus nuevos operadores a integrarse plenamente a la economía formal. Deben emitir comprobantes de pago, registrar a sus trabajadores en planillas y cumplir con las normativas sanitarias y municipales. Asimismo, la proliferación de las microfranquicias democratiza el acceso al empresariado estructurado. Esto representa una oportunidad invaluable para los emprendedores locales, quienes pueden minimizar drásticamente el riesgo de quiebra —un fenómeno lamentablemente típico en los primeros tres años de vida de cualquier negocio independiente— cobijándose bajo el paraguas de una marca que ya sido validada y aceptada por el mercado.

Para los grandes y medianos inversionistas, el mensaje que deja este repunte económico es sumamente claro: la estandarización operativa y la rápida adaptabilidad a las nuevas tendencias tecnológicas constituyen el mejor “escudo” frente a la incertidumbre nacional. El gran reto que queda pendiente ahora recae en las manos del Estado peruano y las entidades del sistema financiero tradicional, quienes deberán diseñar instrumentos y facilitar el acceso a créditos con tasas preferenciales. De esta manera, más ciudadanos peruanos podrán adquirir estas franquicias, acelerando así la recuperación del empleo formal, incrementando la recaudación tributaria y descentralizando el desarrollo económico desde el interior del país hacia la capital.

Fuente: Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

I. Introducción

Luego de un “re-nuevo” cambio de gobierno, se cumplió uno de los trabajos en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dejando atrás los conflictos políticos el jefe de gobierno José María Balcázar y el presidente del Congreso realizarán un acto que plantea beneficiar a la población: la inclusión de las CTS y gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios).

La medida adoptada tuvo discrepancias técnicas por el gasto público, catalogándolo como populista; por tanto, determinaron que debió ser observado a fin de no generar un impacto fiscal. No obstante, ante unas elecciones aproximándose la decisión tal vez sería una manera de conseguir votos.

II. Breve descripción del régimen CAS

El régimen CAS en el Perú fue aprobado por el Decreto Legislativo N°1057, publicado el 28 de junio de 2008. Tuvo su origen en la «Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del personal de la Administración Pública Central» la cual planteaba la creación de una figura perteneciente del Derecho Administrativo, diferente al régimen de la actividad privada como el del público (Balbín Torres 2009, 123); no obstante, lo que se pensó como solución era más un “parche” al agregar otro régimen dentro del trabajo del sector público.

Desde su creación hasta ahora el régimen tuvo varias modificaciones, de entre ellas las producidas por la Ley N°31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes labores del sector público; como consecuencia, una de las sentencias del Tribunal Constitucional describió la situación del trabajo público y dio parámetros que debería de tomarse en cuenta sobre el régimen CAS. No es por nada que ante el uso de recursos públicos se tengan que analizar cómo estos cambios afectan al gasto público (1). Esta modificación, tal como lo señala el presidente de la república, busca beneficiar a beneficiar a más de 350,000 trabajadores del régimen al implementar figuras como la gratificación y las CTS al régimen CAS. La noticia señala más que nada una preocupación en la afectación del presupuesto público, situación la sentencia pasada también describía en cómo se estaría llevando los recursos del Estado.

Hasta antes de su publicación, la legisladora Lady Camones señaló que: “El Congreso se ha hecho presente, escuchando sus reclamos, que vienen desde hace 18 años (…). Hemos cumplido con los trabajadores y seguiremos trabajando para que el Ejecutivo no observe esta ley y pueda hacerse efectiva lo más pronto posible” (Centro de Noticias del Congreso 2026). Es así que el 23 de marzo de 2026 se publicó la Ley N°32563, “Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057”, la cual modifica los artículos 3, 5 y 6. De todos ellos el que más ha resaltado en los críticos, por su gasto público, es el artículo 6 que agrega gratificaciones y CTS para los trabajadores públicos bajo este régimen (2).

III. El impacto al presupuesto público

Al igual que todas las medidas relacionadas con el uso de los recursos públicos, las observaciones a su aumento provienen principalmente de entidades como el MEF o el BCRP; de igual modo de aquellas entidades relacionadas con la política fiscal, el presupuesto público y la tributación del Estado.

Así, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló antes de su publicación, que la medida tendría que ser evaluada técnicamente para su implementación, ya que la ley tendría un impacto en las arcas fiscales al no implementarse debidamente (Nolasco 2026). Opinión de la cual discrepó el presidente de la república en un conocido programa radial (3). Por otro lado, la situación de las personas bajo este régimen no es nueva ya en su momento Javier Nevez Mujica cuando se promulgó la modificatoria señaló que:

La única regulación posible dentro del marco constitucional es el otorgamiento pleno de derechos laborales a quienes tienen un contrato administrativo de servicios, en lo inmediato. Y en lo mediato, la unificación de los diversos regímenes laborales al interior del Estado (2009, p. 93).

Si bien es cierto que hay trabajadores que se les afectaba sus derechos bajo este régimen, pero la situación de los trabajadores públicos se sigue manteniendo de la misma forma, la intensión política no es la unificación a un solo régimen laboral.

IV. Conclusiones

4.1. La Ley beneficia a un sector de los trabajadores públicos y en un momento donde se celebrarán las elecciones para senadores/diputados y Presidente de la República, no es novedad la desnaturalización de normas sin un fundamento sino el mero populismo. Y que a pesar de ser una medida que sí beneficiaría a un sector, está lejos de un sistema de trabajo público unificado.

4.2. Por el otro lado, no es la primera vez que se traslada dinero de una entidad a otro para beneficiar a un sector; este Congreso por ejemplo tuvo su incremento para su proyecto de bicameralidad. Entonces de qué sirve criticar esto cuando ni a lo otro se pidió el mismo rigor frente al gasto público.

4.3. ¿Es siempre “el fin justifica los medios”? La promulgación de la Ley N°32563 y la declaración del presidente de la república señalan siempre la misma dualidad que hay entre la practicidad de la situación del país y lo académico. Este sector beneficiado no va a pensar en temas técnicos o debates académicos, entonces esto al final solo quedaría como un análisis para los próximos estudios.

V. Notas

(1) Sentencia del Tribunal Constitución, Expediente N°00013-2021-PI/TC, publicado el 14 de diciembre de 2021, https://acortar.link/26wCTT

(2) Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, publicado el 23 de marzo de 2026 en el diario El Peruano, https://acortar.link/9Kgppf

(3) Exitosa, “Balcázar cuestiona opiniones de Velarde sobre ley para trabajadores CAS”. YouTube, 24 de marzo de 2026. https://acortar.link/fUZ9gy

VI. Referencias

Balbín Torres, Edgardo. “Segunda ponencia: Análisis del Contrato Administrativo de Servicios”, Laborem. Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajado y de la Seguridad Social, N°9 (2009), Lima: 121-128.

Centro de Noticias del Congreso. comunicaciones-Congreso. 19 de marzo de 2026. https://acortar.link/q7jcqN

Mujica, Javier Neves. “Principales Objeciones al Contrato Administrativo de Servicios”, Laborem. Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, N°9 (2009), Lima: 79-93.

Nolasco, Edwin Montesinos. “Julio Velarde considera ideal observar Leyes de CAS con ‘grati’ y CTS, y pensión de S/3.500 para docentes”. Infobae. 20 de marzo de 2026. https://acortar.link/ERgeMk

Fuente: Fotocomposición con imágenes de Andina

I. Introducción

Los Contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) son un mecanismo de contratación, fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a través del cual el gobierno de un país contrata bienes, servicios u obras los cuales, serán prestados por otro gobierno bajo las condiciones previamente pactadas

A inicios de febrero de 2026 Provías Nacional (entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC) decidió resolver el contrato de asistencia técnica suscrito con la Oficina de Gestión de Proyectos PMO Vías, encargada de brindar soporte técnico en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial estratégicos en el país, como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa. Esta decisión fue adoptada tras conocerse antecedentes de corrupción relacionados con EGIS, empresa integrante del grupo empresarial vinculado a PMO Vías; lo que motivó a la aplicación de cláusulas contractuales vinculadas a estándares de integridad y lucha contra la corrupción.

Esta medida ha generado diversas reacciones institucionales y plantea interrogantes sobre sus efectos en la continuidad de los proyectos, la activación de mecanismos de solución de controversias y el impacto en las futuras contrataciones del gobierno.

II. Sobre la resolución del contrato

La resolución contractual de pleno derecho fue formalizada por Provías Nacional mediante carta notarial del 04 de febrero del presente año, a través de la cual se señaló la toma de la decisión por haberse configurado un supuesto de causa de resolución imputable a EGIS; ya que se habría verificado que Egis Avia S.A.S. (integrante del grupo económico EGIS) reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero, conducta materialmente equivalente a delitos de corrupción tipificados por nuestro Código Penal. En atención a las cláusulas 18.2. y 18.3. del contrato suscrito y en atención a la Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01, en la que se advirtió la vinculación económica directa entre ambas empresas.

Asimismo, previo a la decisión, mediante Informe N° 001-2026-MTC/20.15.3.MCLR, el MTC comunicó la determinación objetiva y debidamente sustentada de la configuración de los supuestos de resolución por causa imputable a EGIS, conductas que, por su naturaleza y reiteración, ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones con respecto a las normas anticorrupción y principios éticos contractuales.

III. La respuesta de PMO Vías

El 06 de febrero, PMO VÍAS emitió un comunicado por el cual señala que la resolución unilateral carecería de sustento técnico y jurídico, siendo que las circunstancias invocadas por la entidad estatal no justificarían la terminación del contrato en los términos establecidos, al no existir vinculación alguna, por corresponder a hechos ocurridos antes de la celebración del contrato G2G, de los cuales no existe decisión judicial ni arbitral. Asimismo, la empresa manifestó su intención de ejercer los mecanismos legales disponibles para defender sus derechos, lo que podría incluir el inicio de un proceso arbitral conforme a lo previsto en el contrato.

IV. Las posibles consecuencias

4.1. Retraso en la continuidad de los proyectos

Una de las consecuencias inmediatas de la resolución contractual es el posible retraso en la ejecución de los proyectos que se encontraban bajo la supervisión de la PMO Vías. De hecho, no faltaron las opiniones de los especialistas, que indican que las dos megaobras estarán paralizadas hasta que se encargue a otra empresa para que realice la asistencia técnica, además de que, si PMO Vías decide iniciar acciones legales e interpone un arbitraje contra el Perú, los proyectos se van a retrasar por lo menos entre un año o un año y medio (Cristian Castillo, entrevista por El Comercio, 09 de febrero del 2026).

4.2. Exposición a un arbitraje desfavorable

El Perú no es reconocido internacionalmente por haber salido victorioso en pugnas arbitrales; de hecho, en octubre de 2025 el laudo arbitral desfavorable para nuestro país, por el Caso Lukapa Gold, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adquirió la calidad de “cosa juzgada” al sobrepasar el plazo de 120 días para que se solicite la anulación del laudo.

En ese contexto, entra en incertidumbre un posible arbitraje desfavorable al que se arriesga nuestro país; siendo que si el Estado tenía conocimiento de estos actos de corrupción de una filial de EGIS hace uno o dos años y aun así continuó ejecutando el contrato, entra en juego la doctrina de los actos propios y tolerancia al incumplimiento. En un arbitraje internacional, eso pesa mucho. Así también, se evaluaría el contexto completo de la controversia, incluso la declaración de la ―entonces― ministra de economía (Denisse Miralles), quien manifestó que no había recursos para estos proyectos (Edgar Zuñiga, entrevista por La República, 09 de febrero del 2026).

4.3. Impacto en futuras contrataciones del gobierno

Esta decisión podría tener implicancias en la percepción de los inversionistas y empresas internacionales respecto a la estabilidad y previsibilidad del marco contractual peruano. Al respecto, la exministra de transportes, Paola Lazarte, dice que la señal que se envía al mercado internacional es que «el Perú no cumple sus contratos y que, en nuestro país, la estabilidad jurídica es periódico de ayer».

V. Comentario

Ciertamente, la decisión de resolución contractual, en el marco de la ejecución de estas dos mega obras, genera gran incertidumbre, más aún si lo sumamos a la actualidad política. No debe pasar desapercibido el comunicado del MTC, el pasado 06 de febrero del 2026, aclarando que la resolución del contrato no afecta en absoluto la continuidad de los proyectos y que el acuerdo de gobierno a gobierno con la República francesa sigue vigente.

Entonces, si evaluamos todo el conjunto de la situación, cabe advertir que los especialistas pasaron por alto la revisión del Informe N° 001-2026-MTC/20.15.3.MCLR y que, conforme lo comunicó el MTC, se viene coordinando con la embajada francesa la designación de una nueva empresa con los estándares técnicos y éticos requeridos para la asistencia que demanda la ejecución de proyectos de gran envergadura.

No obstante, es cierto que la otra parte se ha reservado totalmente las acciones legales ―conforme se expresó en el comunicado― que podría interponer contra el Estado peruano. De efectuarlas, se deberá asumir una defensa jurídica sólida, orientada a demostrar que la resolución contractual se sustentó en el cumplimiento de cláusulas válidamente pactadas y con la debida emisión de un informe que la motivó, en la necesidad de preservar los principios de integridad y transparencia en la contratación pública. En ese sentido, este escenario no solo pondrá a prueba la legalidad de la decisión adoptada, sino también la capacidad institucional del Estado peruano para sostener sus decisiones frente a mecanismos internacionales de solución de controversias, en un contexto en el que la confianza en el respeto de los estándares éticos y contractuales resulta fundamental para la ejecución de proyectos de infraestructura estratégica.

VI. Referencias

Cayetano Chávez, José. “¿Cómo afectará el conflicto entre Provías y PMO Vías a la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa?”. El Comercio. Acceso el 09 de febrero del 2026. https://acortar.link/hp93Hf

Candela Jara, César. “Contratos de Gobierno a Gobierno ¿alternativa para la ejecución de obras en el país?”. Agnitio. Acceso el 21 de marzo de 2021. https://acortar.link/i48SC5

Ramos Medina, Aaron. “Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia”. La República. Acceso el 09 de febrero de 2026. https://acortar.link/7Y9Xjb

Miñán Cabeza, Whitney. “¿Adiós al ‘asesor’ de la Carretera Central? Perú resolvió contrato con PMO francés”. Gestión. Acceso el 08 de febrero de 2026. https://acortar.link/YeipR6

Fuente: https://rpp.pe

I. Introducción

La actividad turística desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento y dinamización en la economía de los países. Perú es uno de los destinos turísticos favoritos, siendo Machu Picchu, el santuario histórico de los incas y una de las maravillas del mundo, que recibe anualmente a más de un millón de visitantes.

El transporte ferroviario corresponde a empresas concesionarias que brindan un servicio privado, pero con un interés público. No obstante, la ocurrencia de accidentes o siniestros ferroviarios pone en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios o consumidores frente a incumplimientos del deber de seguridad, calidad e idoneidad de un servicio. Es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores.

II. Antecedentes

El choque de dos trenes que circulaban la única vía a la ciudad inca, accidente ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, dejó la muerte de un maquinista y más de 40 personas heridas que con un primer reporte del Ministerio de Salud, la mayoría resultaron con traumatismos y contusiones.

La causa del siniestro se desconoce, pero existe una mayor correspondencia a la falta de comunicación de las empresas ferroviarias Perú Rail e Inca Rail. El impacto de tal noticia permitió que colectivos y ciudadanos protesten no solo por las vidas que se pudieron comprometer; sino, los abusos, precios onerosos, inseguridad, daño al turismo, daño a la economía y, en primer orden, la mala imagen internacional de Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO.

III. El deber de seguridad y derechos del consumidor

El deber de seguridad recae en los proveedores de bienes o servicios, que consiste en garantizar la no ocurrencia de riesgos no justificados que comprometan la vida, integridad y salud de los consumidores (en el caso: los pasajeros de las empresas ferroviarias).

Cabe destacar, que dentro del deber primordial de traslado (o mejor llamado: obligación), existen otros como el mantenimiento del tren, cumplimiento de normas básicas de tránsito y seguridad, la integridad y conservación de lo que se va a trasladar (que, al ser personas en el caso, se traduce a la vida y la salud) entre otros. En otras palabras, son obligaciones accesorias que garantizan y complementan a la obligación principal en un contrato de consumo. En el caso, es la idoneidad de la prestación lo que elementalmente se pone a tela de juicio, así el destacado autor peruano Bullard González refiere que “la idoneidad no se limita al cumplimiento literal del contrato, sino que incorpora las expectativas legítimas del consumidor” (2015, 112).

Sobre el derecho de los consumidores, se encuentra contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como el artículo 65 de la Constitución Política del Perú.

IV. La intervención de Indecopi

El Indecopi inició una investigación de oficio para saber si las empresas que prestaron el servicio de transporte brindaron una atención oportuna a los pasajeros que fueron heridos además si hay concurrencia de un seguro. Además, exige la devolución de pasajes y reprogramación sin costo debido ya que no existió cumplimiento de la prestación por causa imputable a las empresas. Se exige, adicionalmente, la atención médica oportuna.

V. Alguna reflexión sobre el riesgo de transporte

El mundo se encuentra rodeado de riesgos, quizás los medios de transportes son aquellos que en correspondida medida ocasionan accidentes de tránsito. El transporte por estos medios es uno de los “riesgos favorables” que la humanidad ha tolerado desde la invención de la rueda en Mesopotamia hasta la idea del Hyperloop o el tren de levitación magnética (Maglev). Tales pueden declinar en un siniestro que puede comprometer la vida y la salud, pero a pesar de eso, seguirán siendo favorables por el resto de la vida. Es así que muchos desean conocer lugares (en específico, Machu Picchu) que para realizarlo se debe asumir los riesgos.

VI. Apreciación final

Un accidente similar no existía al menos los últimos cinco años en tal vía ferroviaria, sin embargo, eso no puede dejar de lado que tal tiempo no estaba desapercibido el riesgo de que en algún momento (tarde o temprano) ocurriera el siniestro. Pero, cabe hacer unas preguntas: ¿Quiénes asumen los riesgos? ¿Quiénes asumen la responsabilidad? ¿Qué causó que un riesgo decline en un siniestro? Dentro del caso, existe un servicio de transporte, la asunción y distribución de riesgos en cualquier contrato, son de las partes, pero es cuestión una distinta la responsabilidad que, por ser un problema de comunicación, es atribuible solo a una de las partes: las empresas prestadoras de servicio de transporte ferroviario. Queda claro que la causa dentro de todo es el hecho de no comunicar el desplazamiento, demora u otro acontecimiento que de alguna impida que en una sola vía se encuentren dos vehículos.

VII. Conclusión

Desde mi punto de vista, no solo se debe entender como una actividad económica orientada al lucro, sino también como una relación jurídica de consumo que contiene una variedad de obligaciones tales como la idoneidad del servicio, que al no cumplir las condiciones mínimas de seguridad no corresponde con lo que un turista esperaba: llegar a su destino y no ser una persona lesionada por el accidente. Considero también que Indecopi no solo debe buscar la imposición de sanciones administrativas; sino, promover una reparación integral y la mejora del servicio ya que al ser el consumidor una situación jurídica en posición de vulnerabilidad durante el trayecto. Finalmente, estimo que este tipo de acontecimientos son un llamado de atención para reforzar la cultura de prevención de riesgos y responsabilidad. Así como Machu Picchu, ha perdurado en el tiempo gracias al equilibrio y su provisión, el transporte que conduce hacia ella debe sostenerse por lo mismo: seguridad.

VIII. Referencias

Bullard González, Alfredo. 2015. Derecho del consumidor. Lima: Palestra Editores.