¿Qué es el “laudo muerto” y cuáles son sus efectos en el Derecho Internacional?[1]

Escribe: Jorge Giampieer ALARCON PAUCAR

Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Practicante legal en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES 

[1] Comentario del autor con base en su publicación “Quizás sí, Quizás no: Perspectivas sobre el reconocimiento de laudos anulados a nivel local – Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THĒMIS”: https://acortar.link/VEYbtn

El autor absuelve una gran interrogante a partir de la discusión existente sobre los laudos arbitrales anulados y su eficacia extraterritorial, dependiendo de la causal invocada o del sistema jurídico donde se pretenda homologar y ejecutar el laudo.

La regla es que en todo arbitraje se resuelva la controversia y culmine en un laudo con efecto de res judicata, es decir, que la materia no podrá ser ventilada en otro proceso arbitral o judicial; sin embargo, en la realidad, esto no es así y está lejos de serlo. En este contexto, el recurso de anulación surge como una “solución” para aquellas partes que resultan vencidas, y dependiendo del resultado final del proceso de anulación, podría considerarse “revivido” el conflicto privado, puesto que se regresa hasta el momento en el que se quiso iniciar un arbitraje.

Esta situación especial, lleva a determinar la figura del “laudo muerto”, aquella resolución final de un arbitraje que sufre los embistes de una anulación en sede judicial que afecta la validez de esta resolución para efectos de su reconocimiento y ejecución en sede nacional o extranjera.

En relación a los efectos de los “laudos muertos” hay dos posiciones: una a favor y otra en contra del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

a) A favor. Se considera al arbitraje como una “jurisdicción deslocalizada”, que no rinde cuentas a un solo orden de Derecho, sino que sus efectos son internacionales y no pueden limitarse al Estado que declara la anulación del laudo, ya que considerar esto sería restarle eficacia a esta vía de solución de controversias.

Parte de la doctrina que apoya esta concepción disminuye en gran medida la relación entre el laudo y la sede del arbitraje, definiendo a esta última como una “mera localización con la logística y las comodidades necesarias para llevar a cabo un proceso arbitral de manera eficiente” (Mongrell 2014)

b) En contra. Se rechaza toda posibilidad de reconocer un laudo arbitral en un Estado diferente del que declaró tal calidad. Esta posición se sustenta en la ligazón que mantiene el arbitraje con la sede donde se desarrolló. Si bien la naturaleza contractual del arbitraje se ve reflejada en la facultad de las partes para elegir una ley arbitral aplicable a su procedimiento, este poder no puede ser ilimitado, sino que debe enmarcarse en un determinado ordenamiento jurídico que sustente el ejercicio válido de sus derechos, por ejemplo, el de recurrir a un juzgado interno para lograr anular el laudo dictado, previa sustentación de las causales que impulsan su solicitud.

Considerando lo anterior, nos acoplamos a la posición de reconocer la validez y eficacia extraterritorial del laudo arbitral, a pesar que hayan sido anulados por una corte nacional de un país. Por supuesto, no se debe entender que un laudo anulado que intente ser ejecutado en otro país (distinto al país de donde se anuló) no deba ser objeto de análisis; por el contrario dicho laudo debe ser valorado por el juez de exequatur para determinar si la causal de anulación del laudo surte eficacia, incluso, en el país donde se pretende reconocer. 

Referencia

Mongrell González. Diego. (2014). “La ejecución de laudos anulados en el arbitraje comercial internacional”, en Lecciones y Ensayos, N° 93, pp. 149-180.

¿Cuándo surte efecto la notificación electrónica?

Escribe: Kharla Nashyra MENDIVIL PEREZ

Estudiante de séptimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.

Fuente: www. emede-etlglobal.com

Un tema muy controvertido, a partir de la necesaria notificación electrónica, ha sido la determinación del plazo a partir del cual la notificación surte efecto. La autora explica cuál es la solución de parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, decisiones con las cuales señala que se encuentra conforme, puesto que se salvaguarda el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva..

Mientras que en el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece en el artículo 155-c que “La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica…”, en el artículo 147 del Código Procesal Civil se señala, entre otros, que el plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija. A pesar que se procuró armonizar ambos textos, se generó una confusión, especialmente en el caso de las notificaciones electrónicas. Así, había que determinar ¿cuál es la interpretación correcta?

La controversia entre ambos artículos fue solucionada dado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el análisis del Recurso de Queja Nº 1230-2021/Cajamarca, 6 de septiembre del 2022, en relación al artículo 155-c, señaló que “lo recomendable” es optar por la interpretación más favorable en alusión al principio pro actione, exigible para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional, así como en el artículo 139, numeral 11, de la Constitución Política del Perú. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional también emitió pronunciamiento sobre el cómputo del plazo en la notificación electrónica en el Expediente 3180-2021-PA/TC 3 de agosto de 2022, señalando que .5“cualquier plazo referido al proceso debe computarse desde el día hábil siguiente en que la resolución surtió efecto, es decir, si la notificación electrónica surte efecto a los dos días hábiles siguientes al ingreso de su notificación a la casilla electrónica, entonces, el plazo debe computarse desde el día hábil siguiente de haberse cumplido esos dos primeros días hábiles”. Como puede verse, las opiniones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema son coincidentes.

En resumen, se resolvió la incertidumbre, estableciéndose que notificación electrónica surte efecto, preferentemente, al tercer día después de recibida la notificación en la casilla electrónica, excepto los supuestos mencionados en el artículo 155-E y artículo 155-G del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Si se tiene en cuenta el contenido del artículo VII, tercer párrafo, de la Ley Nº 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que: “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”, esta es una correcta interpretación para proteger y respetar los derechos fundamentales de los justiciables. 

¿Se vulnera el principio de inmediación en las audiencias virtuales?

Escribe: Alejandra Deyna VALLE SECCE

Estudiante del 4to año de Derecho de la Universidad de Lima.

Fuente: http://www.larepublica.pe / http://www.caretas.pe

Según la autora, los efectos por la pandemia por el COVID-19, desde el año 2020, fueron neutralizados con la implementación de las audiencias virtuales, y uno de los aspectos que motivó un debate, y que sigue vigente, es si con estas audiencias se afecta el principio procesal de inmediación. La autora opina que no hay vulneración.

Según Teófilo Idrogo Delgado (1), el principio de inmediación tiene por finalidad procurar que el juez, que va a resolver un conflicto, se encuentre en mayor contacto con las partes y con los medios probatorios que conforman el proceso, y el profesor Monroy Gálvez (2) señala que: la idea es que tal cercanía le pueda proporcionar mayores o mejores elementos de convicción para expedir un fallo que se adecúe a lo que realmente ocurrió u ocurre, es decir, a la obtención de un fallo justo. Con base a estas referencias se identifican los componentes que han sido resaltados, los que serán evaluados en las audiencias virtuales de la siguiente manera:

1.- El contacto y comunicación entre el juez y las partes es en tiempo real, facilitando el desarrollo de los actos procesales.

2.- Con las herramientas de las plataformas (Zoom, Google Meet, entre otros), a través de las cuales se desarrollan las audiencias, se puede escuchar y ver lo que relata cada parte percibiendo la conducta de estas a través del audio y video, así como sus formas de expresión.

3.- Nada impide que el juez pueda intervenir, conocer sus conductas, ni que las partes puedan ejercer el derecho de defensa, además de ofrecer los medios probatorios, así como se haría en una audiencia con presencia física.

4.- La cercanía no debe entenderse restrictivamente. Las audiencias son sincrónicas, por lo que no existe mayor especulación o duda de lo que ocurre en el desarrollo de estas. Además, pueden ser grabadas en caso existan incertidumbres sobre los sucesos.

Debe agregarse que, con las audiencias virtuales, también se puede desarrollar la oralidad, como lo señala Giuseppe Chiovenda (3): las partes, reunidas en la audiencia frente al juez, deben servirse de ese medio de expresión que solo puede usarse razonablemente entre los presentes, es decir, de la viva voz.

En conclusión, con las audiencias virtuales se ha ampliado el concepto de presencia, sin limitarla a la física y se destaca que con estas se puede agilizar los procesos y evitar inconvenientes como el tiempo de traslado para reunirse físicamente.

Notas

(1) Idrogo Delgado, Teófilo. 1994. “Principios Fundamentales del Derecho Procesal Civil”. Marsol. Lima.

(2) Monroy Gálvez, J. 1993. “Los Principios Procesales en el Código Procesal Civil de 1992”. Themis Revista de Derecho, n° 25: 35 – 48

(3) Chiovenda, Giuseppe. 1923. “Principii di Diritto Processuale Civile”. Jovene. Napoli 

La caducidad en el arbitraje de contrataciones del Estado

Escribe: Isabeau Carolina BARREDA ESPINOZA

Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

Fuente: http://www.mundojuridico.info

La autora describe la caducidad y sus efectos e identifica su transversalidad, para explicarla en el proceso de arbitraje, especialmente en el de contrataciones con el Estado. Concluye que la caducidad es una, aunque de acuerdo con las diferentes materias se puedan establecer plazos distintos a los previstos en el Código Civil.

El arbitraje es un MARC reconocido como jurisdicción especial en la Constitución Política y se rige por lo establecido en el D. Leg. N° 1071, sin embargo, existen algunas figuras como la caducidad que tienen que ser examinadas según las disposiciones del Código Civil y supletoriamente por el Código Procesal Civil.  Por la caducidad, se extingue la acción y el derecho, debido a la falta de ejercicio en la oportunidad establecida por ley. Para Vargas-Machuca  “la caducidad se rige por normas imperativas, opera ipso iure, no encontrándose en poder de nadie el disponer de ella bajo alguna forma o modalidad”[1]. De ahí se establece la distinción con la prescripción, puesto que la caducidad no puede ser interrumpida, ni necesita ser invocada por la parte.  

Los efectos de la caducidad son los mismos en el proceso judicial y en el arbitraje, por tanto, tal como ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia[1] (en un recurso de anulación de laudo), al constituirse la caducidad en  una institución de orden público, el juez y el árbitro tienen el deber de declararla de oficio, no se requiere que sea invocada por la parte.

Analicemos el arbitraje en contrataciones con el Estado. Si bien se establecen plazos de caducidad distintos a los dispuestos en el Código Civil, no se trata de figuras diferentes.  Al respecto, Puglianini y Eyzaguirre sostienen que “con la caducidad no solo se extinguiría el derecho sustantivo, materia de reclamación, sino también se extinguiría la acción en sede arbitral y sede judicial, no teniendo la posibilidad de exigir algún derecho derivado del contrato”[1], opinión que hacemos nuestra para develar la trascendencia y universalidad de la caducidad.

A manera de referencia, se tiene la Resolución N° 8 en el Ex. 00406-2020-0-1817-SP-CO-01 de fecha 25 de octubre de 2020[2], sobre anulación de laudo arbitral en contrataciones del Estado, en la cual se señala que el principio de irrevisabilidad de laudo solo comprende aspectos de fondo, mas no de forma. En ese sentido, cualquier aspecto que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales —como la caducidad—, puede ser materia de un análisis ulterior por parte del órgano de control judicial.

A manera de conclusión sostenemos que la caducidad es una sola, a pesar de que los plazos puedan diferir, según la materia, a los contenidos en el Código Civil, sus efectos son los mismos por ser una figura de orden público. En tal sentido, en materia arbitral, su correcta aplicación se encuentra sujeta a revisión judicial. 


[1] Jiménez Vargas-Machuca, Roxana. 2019. Apuntes sobre la caducidad y la seguridad jurídica. Forseti. Revista de Derecho. Volumen 7, N° 10, Lima. https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1098/1263, p. 45.

[1] Puglianini Guerra, Luis y Eyzaguirre Cahuana, Eloy. 2020. La caducidad en el arbitraje en contrataciones con el Estado: Reflexiones sobre la publicación del Decreto de Urgencia N° 20-2020. Foro jurídico, N° 180, Lima, p.12.

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/23397/22417/

[2] https://www.arbitrajeccl.com.pe/AAO/Content/DownloadFile.ashx?value=3778&tipo=99

Garantías en la actividad probatoria para los trabajadores en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Escribe: Milagros Elizabeth ALVA LÓPEZ

Estudiante del 5to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: http://www.grupoverona.pe

La autora destaca la eficacia en la realización de los derechos de los trabajadores con las diferentes garantías en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, y con ello, el rol protector del ordenamiento laboral ante las desigualdades inherentes a la condición del trabajador durante un proceso judicial.  


La carga de la prueba consiste en la obligación de probar los hechos que se alegan según el artículo 196 del Código Procesal Civil; y la inversión de la carga de la prueba constituye una excepción, pues traslada la carga de la prueba a la contraparte para que demuestre lo contrario a lo alegado. 

A diferencia de la regulación de la carga de la prueba en la derogada Ley N° 26636, en la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante, NLPT) puede reconocerse un “engranaje” para la eficacia de los derechos sustantivos de los trabajadores, a través de garantías en la actividad probatoria.

La actividad probatoria está relacionada al principio del onus probandi, esto es, si alguien afirma algo, deberá probarlo. Al respecto, Luis Vinatea (2016) manifiesta que “el principio del onus probandi no desaparece ante la inversión de la carga de la prueba, pues un efecto de la misma son las presunciones legales relativas” (p. 455). Así, quien se encuentra obligado de cumplir una norma deberá demostrar que no la incumplió.

Cabe destacar que, en el artículo 23 de la NLPT se regula el principio de facilitación probatoria, que no elimina -de primer plano- la carga probatoria del trabajador, sino que busca es aliviarla. Esto se consigue mediante las presunciones legales relativas, ejemplo de ello es la presunción de una relación laboral cuando se prueba la prestación de servicios, regulado en el artículo 23.2 de la NLPT, salvo se demuestre lo contrario. Dicha salvedad se convierte en una tarea no compleja del empleador al encontrarse en una posición privilegiada. 

A su vez, en el artículo 23.4 se establece la inversión de la carga de la prueba, pues es el empleador quien se encuentra en la posición de probar el estado de la relación de trabajo cuando se presente la extinción o quiebre del vínculo laboral. Dado que, en la práctica a un trabajador le será complicado demostrar el despido negado por su empleador, las consecuencias se manifiestan en la imposibilidad de solicitar indemnización, reparación por actos discriminatorios u hostiles e incluso la reposición del puesto de trabajo. De todo ello, se desprende que la NLPT ha otorgado a los trabajadores instrumentos que les permitan discernir el conflicto en el marco de una igualdad de posibilidades con el fin de conceder una tutela judicial efectiva.

En resumen, el principio protector que rige en el Derecho de Trabajo coadyuva a equiparar la histórica relación de desigualdad en la que se encuentran el trabajador y empleador. Con la regulación de la carga de la prueba en la NLPT se establecen garantías dirigidas a equilibrar las diferencias en el proceso laboral, con lo cual se facilita la posición del trabajador y las verificaciones de posibles transgresiones al ordenamiento jurídico.

Referencia:

Chumberiza Tupac Yupanqui, Mayté y Lucía Guzmán. 2016. Algunos aspectos relevantes de la Nueva Ley Procesal Laboral y temas de actualidad. Entrevista al Dr. Luis Manuel Vinatea Recoba. Derecho y Sociedad 46: 453 – 459. Acceso el 26 de agosto de 2022. https://cutt.ly/HX32l6Q

Fuente de imagen: Pinterest https://cutt.ly/XX3LVeQ

Labor del juez en los sistemas probatorios

Escribe: Piero A. SÁEZ ALFARO

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES 

Fuente: http://www.theeconomyjournal.com

El autor comenta acerca de los sistemas de valoración probatoria, desarrollando sus características e implicancias, analizando cual es la ventaja de la libre convicción de cara a la resolución de controversias.

Dentro del devenir histórico de la valoración de la prueba destacan dos sistemas: el de prueba tasada y el de libre convicción o sana crítica. El primero de ellos versa en instaurar reglas rígidas, a través de estas normas se pretende controlar la valoración debido a que la ley fija los presupuestos que debe tener la prueba, entonces la valoración del juez se constriñe a la normativa, respecto a la labor del juez, se señala que “las pruebas tienen un valor inmodificable e independiente del criterio del juez” (Nieva Fenoll, 263).

Por otro lado en el sistema de la libre convicción, concibe que la labor del magistrado debe tener en cuenta la razón, lógica y máximas de la experiencia, en este sistema la ley no prevé valor alguno para las pruebas, sino es el juez quien deberá valorarlas usando los medios que considere más idóneos, conforme a ello nuestro Código Procesal Penal (CPP) regula la valoración de la prueba en su artículo 158, inciso 158.1, y señala que el juez deberá usar la lógica y máximas de la experiencia.

Acerca de la lógica, sabemos que comúnmente se la asocia con la correlación entre proposiciones, pero el razonamiento de un juez no es tan mecánico, puesto que en él interfieren valores como el de la justicia o integridad que aplicarán de forma específica en cada caso en concreto a fin de encaminar el proceso hacia la verdad procesal, por otro lado en el sistema de la prueba tasada se restringe esta función del juez porque el valor de las pruebas está preestablecida, considero que en la prueba tasada la labor del juez es pasiva.

Así mismo las máximas de experiencia son generalizaciones fruto de la experiencia, las cuales deberán ser corroboradas en el caso concreto, diferente a los hechos notorios los cuales no necesitan prueba, además la doctrina los define como “toda noción de sentido común, incorporada en la cultura media, derivada de la experiencia de lo que suele ocurrir” (Chiovenda, 1027).

Las máximas de experiencia parten de la interiorización de patrones de conducta y reglas de convivencia en la psiquis del juez, este carácter le brinda discrecionalidad a la valoración probatoria, sin embargo, podría generarse arbitrariedades, es por ello que el magistrado debe aplicarlas en virtud de la razón y no sólo con la base empírica. 

En el Perú es imperante el sistema de libre convicción que a diferencia del sistema de prueba tasada le da al juez una función más activa, además de otorgarle un abanico de instrumentos no sólo intelectuales sino morales, en vista a ello el juez podrá aplicar el derecho a cada caso de forma diferente.

Referencias

Nieva Fenoll, Jordi. 2010. La valoración racional la prueba. Madrid: Marcial Pons.

Muffato, Nicola. 2021. Michelle Taruffo sobre las máximas de experiencia. Trieste: Derecho & Sociedad.

Arbitraje de inversiones: “Periodo de enfriamiento” en las disputas Estado – Inversor  

Escribe: Giampieer ALARCON PAUCAR

Estudiante de 6to año de Derecho de la UNMSM. Miembro del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: https://acortar.link/MbDPU6

Fuente: http://www.laley.pe

El autor desarrolla aspectos relevantes del periodo estático pre arbitral en las disputas sobre inversiones, y explica de manera concisa su naturaleza y su carácter obligatorio al considerarse como un paso previo del arbitraje. 

I. Nociones básicas sobre el “periodo de enfriamiento” en las disputas de inversión 

Un arbitraje de inversiones puede afectar el patrimonio del Estado y de un inversor para ejercer su defensa, siendo esta una consecuencia directa inmediata que pueden valorar las partes antes de iniciar un arbitraje. En este contexto, es necesario conocer la figura del “periodo de enfriamiento” (“periodo de reflexión” o “periodo de congelamiento”) que es el plazo que existe para que las partes de una controversia relativa a las inversiones (o por cláusulas de arbitrajes comerciales), negocien para lograr una resolución pacífica.

Este pause period es una característica común en los acuerdos de inversiones de los Estados como un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) o un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) o un acuerdo multilateral para que entre Estados o entre estos e inversores reflexionen respecto a las ventajas y desventajas que representaría arribar a una solución amistosa tras conversaciones revestidas de buena fe y verdaderas intenciones arbitrar una disputa ante un centro de arbitraje especializado en inversiones.

Este pause period es una característica común en los acuerdos de inversiones de los Estados como un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) o un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) o un acuerdo multilateral para que entre Estados o entre estos e inversores reflexionen respecto a las ventajas y desventajas que representaría arribar a una solución amistosa tras conversaciones revestidas de buena fe y verdaderas intenciones arbitrar una disputa ante un centro de arbitraje especializado en inversiones.

II. Del plazo y vigencia 

La duración del plazo de reflexión no es uniforme, puede tratarse de cláusulas que estipulan un congelamiento de la controversia de 3 meses, 6 meses o incluso 18 meses. Respecto a la manera de computar la vigencia de este enfriamiento, la parte interesada en llegar a un acuerdo pacífico debe, necesariamente, remitir una comunicación, conocida como “carta de activación”, que contenga los detalles pertinentes de aquellas materias controvertidas que pretende resolver para así brindarle a la contraparte un contexto idóneo de la relación entre ambas, que le permita emprender una dirección correcta para llevar a cabo estas negociaciones. 

3. De la aplicación del “periodo de enfriamiento”

Si se estima lo expuesto por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia arbitral, se puede encontrar que hay quienes consideran que la inobservancia de esta cuestión previa no tendría por qué afectar al arbitraje iniciado por la parte afectada, mientras que otros son férreos en su postura y defienden la posición que indica que el incumplimiento de esta cláusula atenta contra la jurisdicción arbitral y el consentimiento de las partes.

En opinión del profesor Gary Born (1), la que se comparto, si el objeto de un mecanismo de resolución de disputas que antecede al arbitraje es colaborar con la solución eficiente de un conflicto, evitando la perdida de dinero, tiempo y, porque no, el rompimiento de lazos entre Estados e inversores, entonces este no puede ser solamente considerado como un aspecto sustancial sin importancia dentro de un tratado, sino que el mismo persigue un fin que debe ser comprendido por las participantes.

Es pertinente que tanto el Estado como el inversor consideren la instrumentalización de este mecanismo y hagan uso de este con el objeto de aliviar su diferencia, respetando la investidura del tratado que otorga este derecho y del cual también nace la facultad de arbitrar.

(1) G. Born & M. Syekiy. 2015. “Requisitos procesales previos al arbitraje: Un pantano lúgubre”. En E. Triantafilou y A. Cohen, Practicing Virtue: Inside International Arbitration, 227-262.

La «necesariedad» de la teoría del delito en el proceso penal

Escribe: Edgar David AUCCATINGO GONZALES

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Taller de Ciencias Penales.

El autor, dentro de una visión holística del derecho penal, destaca la medular importancia de la teoría del delito en todas las etapas del proceso penal, así también en materia probatoria y en la teoría del caso. 

Quien ha observado la obra «El ajusticiado» advertirá la exposición goyesca de un hombre en un patíbulo público, sentado, con grilletes en pies y manos. Los grilletes en visión de Carnelutti (1959, 39), “son un emblema del derecho” y la muchedumbre apabullante detrás de él, denota una aplicación arbitraria del poder punitivo, cosa que con la teoría del delito se impediría a razón de su carácter racional y su doble función mediadora.

Así pues, un tópico de interés en el no tan nuevo proceso penal es la aplicación de la teoría del delito; por la cual, solo puede ser aplicado a través del proceso penal y del derecho que lo regula. Ergo, lograr la función garantista y su constitución como una barrera frente al poder punitivo. 

En esta misma línea, podemos advertir que la teoría del delito cobra especial relevancia en distintos aspectos del proceso penal, verbigracia, la formalización de la investigación preliminar, la estrecha vinculación en materia probatoria y su aplicación en la teoría del caso; así pues, cuando la Fiscalía decide, al finalizar la investigación preliminar, archivar o formalizar la investigación. Asimismo, conociendo estos aspectos, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento en virtud al art. 344.2 del Código Procesal Penal (CPP). Lo mismo sucede con la emisión de una sentencia como bien señala el art. 394 del CPP.

Con respecto a la teoría de la prueba; podemos señalar; que mientras que en el derecho penal material la “teoría del delito” es piedra angular; en el derecho procesal penal la “teoría de la prueba” encuentra su fundamento; ya que el juzgador obtiene certeza para expedir motivadamente la sentencia. Entonces, la teoría del delito sirve para depurar hechos carentes de significado jurídico penal.

En cuanto a la teoría del caso o estrategia de defensa, en la cual se encuentran las hipótesis jurídicas elaboradas por las partes; estas buscan ser corroboradas probatoriamente en el juicio oral. Dicha estrategia de imputación se compone por un contenido fáctico y uno jurídico. En lo último, se contempla un análisis de los tipos penales, el uso de la teoría del delito y la subsunción de la historia en derecho.

Finalmente, la importancia de la teoría del delito radica en su función garantista, que se constituye como una barrera frente al ius puniendi. También es una propuesta metodológica que ofrece a los operadores jurídicos un modelo de análisis entre el hecho y responsabilidad penal, todo ello con un fin práctico. Por lo tanto, su aplicación no solo repercute en el dictado de la sentencia, sino también en todas las etapas del proceso.

Referencias 

Carnelutti, Francesco. 1959. Las miserias del proceso penal. Buenos Aires: E.J.E.A

Martín Castro, Cesar. 2020. Derecho Procesal Penal Lecciones. Lima: CENALES.

Gonzales Campos, Robinson. 2022. La teoría del delito en el nuevo proceso penal. Lima: Ministerio Público – Distrito Fiscal de Ancash.

El garantismo procesal en el Perú

Escribe: Elias FLORES RAMOS

Estudiante de 2º año de Derecho de la UNMSM

Fuente: http://www.crushpixel.com

El autor describe dos corrientes procesales: el Garantismo y el Publicismo y destaca las principales diferencias, a partir del particular enfoque de cada una, respecto a la forma como debería desarrollarse los procesos judiciales y cuáles serían las atribuciones del juez.

El Publicismo es el fenómeno que permite a las partes poder disponer del bien objeto del proceso, pero su desarrollo es intangible para estas, es decir, la responsabilidad recae sobre el juez; por ello, se refuerza y se protege al juez debido a que es el individuo a cargo de la tutela jurisdiccional de los intereses y derechos discutidos, en otras palabras, es la autoridad máxima dentro del proceso. Mientras tanto, en el garantismo las partes tienden a ser protagonistas “absolutos” del impulso procesal e inclusive dar por concluido el proceso en el momento que lo crean conveniente. Entonces se plantea que las partes desempeñan la iniciativa procesal tanto en la igualdad de instancias como de derechos.

Como se puede deducir, ambas corrientes se sustentan en principios funcionalmente contrarios, pues mientras en el Publicismo prima el activismo del juez, otorgándole facultades que subordinan a las partes al control del órgano de justicia y buscando el mero cumplimiento del derecho objetivo, en tanto, en el  garantismo hay primacía del principio dispositivista y privatístico donde son las partes quienes al tener preocupación por la “cosa” del litigio u objeto de la utilidad y la resolución de su conflicto intersubjetivo, se superponen ante el juez que solo actúa para dirimir el conflicto vía proceso. 

En nuestro país, el proceso civil está conformado por una serie de principios procesales —con una orientación publicista—. Esto ha generado que los jueces, quienes tienen una mayor participación en el proceso realicen un abuso de este, debido que al realizar la actividad de alguna de las partes la favorezca y se generen casos relacionados a la corrupción de funcionarios. Todo esto genera una mayor desconfianza de la sociedad ante el poder jurisdiccional del Estado. Por ende, el garantismo es una medida para evitar este abuso y sea la propia necesidad de las partes, en su finalidad de buscar la justicia, quienes tengan un mayor y mejor desenvolvimiento en el proceso.

No olvidemos que los jueces siempre deben actuar como terceros, además de carecer de todo interés subjetivo relacionado con el conflicto –imparcialidad–, también no deben realizar actividades que son propias de las partes interesadas (imparcialidad) y finalmente no deben encontrarse relacionados con ninguna de ellas (independencia). Si bien el Publicismo es una manera de socialización del proceso, este presenta diferentes falencias a lo largo de su desarrollo, entre ellas está la inefectividad del proceso debido a que no permite el avance y progreso procesal ocasionando así la demora de la resolución de los conflictos y siempre recordemos que justicia que tarda no es justicia.

Por ende, considero que el Garantismo es una corriente más idónea para la solución de conflictos vía proceso, debido a que esta desarrolla y logra la efectividad procesal a la hora de su aplicación.

Referencia

ALVARADO, Adolfo. 2012.  “La garantía constitucional del proceso. ¿Qué es el garantismo procesal?”. Rosario: El Jurista.

La “prueba diabólica” en el arbitraje

Escribe: Gianella LEZAMA COAGUILA

Estudiante de 6to año de Derecho de la UNMSM. Directora general del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: http://www.dreamstime.com

La llamada prueba diabólica es una situación que también se presenta en el arbitraje y muchas veces, los árbitros temen aplicar la solución a esta situación, la carga dinámica de la prueba, por temor a la imparcialidad que puede aparentarse al romper con la máxima de “quien alega los hechos es quien debe probarlos”. 

La prueba es el elemento esencial de todo proceso, ya sea judicial o arbitral, pues toma un papel sumamente relevante al momento de elaborar el laudo o la sentencia, y es el de crear convicción razonable en el juzgador.

La carga de la prueba constituye una regla de juzgamiento en sede arbitral y judicial y se encuentra recogida en el artículo 196 del Código Procesal Civil. Como sabemos, la carga de la prueba implica que quien afirme los hechos debe probarlos; sin embargo, ¿qué sucede cuando la parte que afirma el hecho no se encuentra en la posición de probarlo?, ¿es razonable exigirle que acredite un hecho del cual solo su contraparte tiene constancia? 

Es muy interesante conocer alegaciones en sede arbitral en las que la “prueba diabólica” es la protagonista, pero ¿Qué es?  Se entiende como tal a la situación que se produce cuando quien alega un derecho o una situación se encuentra imposibilitado de poder probarlo, ya que está en la mano de la otra parte acreditar lo señalado por la contraria. 

Por ejemplo, considero que el hecho de solicitar el contradocumento a la parte que alega simulación es claramente un caso de prueba diabólica; sin embargo, y como siempre, no debemos quedarnos en el problema, sino que la idea debe ser buscar alternativas de solución para no colocar en una situación de desventaja a ninguna de las partes. 

La situación en la que nos coloca la prueba diabólica abre paso a un concepto más interesante aun y es el de la carga dinámica de la prueba, la cual constituye una regla de juicio probatoria vigente en nuestro ordenamiento jurídico que consiste en asignar la carga de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo.

Entonces, si bien parece haber un remedio, no son pocos los juzgadores que se muestran temerosos de invertir la carga probatoria, y más aún en sede arbitral, en donde sabemos que siempre se encuentra latente la amenaza del recurso de anulación que es por demás aprovechado por la parte vencida. 

El inciso b) del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto legislativo que norma el arbitraje, regula el “estirado” argumento del derecho de defensa como causal de anulación de laudo y, a decir verdades, el “temor” de cualquier árbitro es que un laudo suyo sea anulado, por ello no es de extrañar que tomen con pinzas cada actuación del procedimiento; sin embargo, actuar con cuidado puede significar no actuar con justicia, me explico: Evitar promover la carga dinámica de la prueba puede significar que aun cuando exista un derecho merecedor de tutela, justamente, por la falta de esa prueba que el árbitro se niega a solicitar a la otra parte, este deje de ser tutelado. 

Para concluir, existe un problema y una solución para el mismo. Ser imparciales puede no garantizar ser justos y ser justos, lamentablemente, puede dar la apariencia de que no somos imparciales. 

Referencia

RIVAS, Gino. 2017. La motivación de las decisiones arbitrales.  Lima: Estudio Mario Castillo Freyre. Pp. 310-311.