La sexta regla del X Pleno Casatorio Civil y el efecto de la “sentencia sorpresa”

Escribe: Ariana MASÍAS LÓPEZ

Estudiante de 4to año de la facultad de Derecho en la Universidad de Lima

Fuente: https://laley.pe/

La autora enfatiza la importancia de gozar de una tutela jurisdiccional efectiva y en relación a este derecho, advierte una deficiencia en el contenido de la sexta regla del X Pleno Casatorio Civil que considera riesgosa para las partes. La autora afirma que, con esta regla, se vulneraria –principalmente– el derecho de defensa, el principio del contradictorio, el de preclusión, la igualdad entre las partes y el debido proceso.

La esencia de un pleno casatorio es uniformizar la aplicación de la norma existente, y, si en caso se presentará un vacío o laguna legal, este pueda complementarlo, de modo tal que la norma sea interpretada en el mismo sentido para la solución de futuras controversias garantizando la seguridad jurídica.  

En el X Pleno Casatorio, en el que se desarrolla la prueba de oficio, identifiqué que la regla sexta puede complejizar la interpretación normativa del artículo 194 del Código Procesal Civil y tergiversar su aplicación.

Fuente:https://www.redjurista.com/NewsPaper/36/laboral/1901/conozca-los-casos-en-los-que-procede-la-practica-de-pruebas-de-oficio-por-parte-del-tribunal-en-un-proceso-laboral

Partiendo de ese punto definamos a la prueba de oficio como técnica probatoria excepcional, con la cual el juez tiene la facultad –más no el deber– de introducir medios probatorios pertinentes para alcanzar mayor convicción y esclarecimiento de los hechos. Empero, la sexta regla indica que los medios de prueba extemporáneos o aquellos que no fueron examinados por causal de rebeldía, deben ser revisados con pertinencia y relevancia por el juez para su admisión oficiosa. En vista de ello, es evidente que no solo se vulneran los principios procesales, sino también el derecho constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva. De acuerdo al Tribunal Constitucional, el derecho mencionado debe “garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda materializarse con una mínima y sensata dosis de eficacia” (1).

Considerando que el litigio peruano no siempre es guiado por el principio de buena fe, opino que la sexta regla da pase libre a que las partes formulen una estrategia maliciosa y que el proceso finalice con una sentencia sorpresa o, como la doctrina italiana lo determina, sentenze terze via.Esta última es aquella sentencia emitida por el juez sin que las partes hayan tenido conocimiento de los sustentos o medios probatorios que lo llevaron a tomar la decisión final. Cabe señalar que la jurisprudencia de la Cassazione reconoce que el juez no puede basar su decisión en materia fáctica que no ha sido debatida entre las partes (2).

Según lo expuesto, afirmo enfáticamente que el X Pleno Casatorio Civil da lugar a un litigio abusivo y de mala fe, puesto que una de las partes podría presentar medios probatorios fuera de plazo, el juez estaría obligado a evaluarlas para su admisión oficiosa y emitir la resolución final. Por ello, considero que la jurisprudencia debe cumplir un rol activo para orientar la correcta aplicación de la presente regla.

Notas

(1) Considerando 6 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 763-2005-PA/TC, Lima, Inversiones La Carreta S.A. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html

(2) Cassazione 14581. Sezione terza civile (21 de marzo-22 de junio de 2007). 

Precisiones sobre la legitimidad para obrar activa: ¿Solo quién tiene un derecho material reconocido tiene legitimidad para demandar?

Escribe: Issair Daniel MALDONADO BARRIAL

Estudiante del 3er Año de Derecho de la UNMSM, estudiante del 3er Año de Derecho de la UNMSM.  

Fuente: http://www.elpulsolaboral.com

En la postulación de la demanda, el autor señala que suele confundirse la legitimidad para obrar activa y la titularidad del derecho material, por ello desarrolla la diferencia entre ambas a partir de la explicación de dos teorías: la concreta y la abstracta. 

Existe confusión al momento de determinar la legitimidad para obrar del demandante, conocida también como legitimidad para obrar activa, en tanto, existen corrientes que tienen postulados diferentes sobre la misma. Por un lado, se tiene la corriente concreta, la que plantea que la legitimidad para obrar le corresponde a quien tenga un derecho sustancial reconocido, por lo cual, no habrá derecho de acción si el derecho cuya tutela se pretende no existe. Por otro lado, está la corriente abstracta, la que, superando lo expuesto por la corriente concreta, propugna que la legitimidad para obrar activa puede tenerla quien afirma tener un derecho sustancial o un interés legítimo.

En ese marco, es conveniente precisar que, no puede confundirse “la legitimidad para obrar activa con la titularidad misma del derecho material de quien se presenta ante los estrados judiciales para reclamar la tutela de sus derechos” (Viale Salazar 1994, 32). En ese sentido, es evidente que las corrientes concretas confunden la legitimidad para obrar activa con tener un derecho sustancial per se, negando la posibilidad de que dicha legitimidad para plantear una demanda pueda tenerla quien afirme razonablemente tener un derecho o quien manifieste tener un interés en el objeto del proceso.

Por ello, considerando que el artículo 1 del Título Preliminar del Código Procesal Civil peruano establece que “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. Por ello, “la acción debe ser ejercitada por quien es parte o cree, razonablemente, ser parte en la relación jurídica material o por quien tenga interés en esa relación material, objeto del proceso” (Torres Vásquez 2016, 91). En consecuencia, es posible concluir que un mejor panorama sobre la legitimidad para obrar activa coherente con lo establecido en nuestra legislación procesal es la corriente abstracta.

Entonces, respondiendo a la cuestión planteada no es necesario poseer un derecho sustancial reconocido para tener legitimidad para obrar activa; sino que, resultaría suficiente que el demandante afirme tener un derecho o un legítimo interés en la relación material para que pueda estar legitimado a recibir la tutela jurisdiccional efectiva y, por ende, la legitimidad para obrar activa.

Finalmente, resulta necesario, abandonar las ideas de las denominadas corrientes concretas en tanto sus postulados producen confusiones que pueden conllevar a la violación de derechos fundamentales como lo es la tutela jurisdiccional efectiva.

Referencias

Torres Vásquez, Aníbal. 2016. Código Civil. T. I. Comentarios y Jurisprudencia, Concordancias, Antecedentes, Sumillas, Legislación Complementaria. Lima: Moreno SA Idemsa.

Viale Salazar, Fausto. 1994. Legitimidad para obrar. DERECHO, núm. 48: 29-49. Acceso el 19 de agosto de 2021. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6712/6826

El rechazo de la demanda o su improcedencia, ¿vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?

Escribe: Jimena ZAMBRANO LOPEZ

Estudiante de noveno ciclo de la Universidad de Lima

Fuente: http://www.elperuano.pe

La autora señala que la presentación de la demanda tiene una importancia trascendental en el proceso por ser el momento con el que se materializa el derecho de acción, y el acto inicial de la relación jurídica procesal, y se pregunta si los supuestos de rechazo de la demanda por falta de subsanación de la misma, o la declaración de improcedencia en la calificación de la demanda podrían ser considerados como vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva.

En la calificación de la demanda (art. 551 CPC) el juez debe determinar si se cumple o no con los requisitos establecidos en el CPC (arts. 424, 425 y 130), así como los presupuestos y supuestos previstos en el artículo 427, y con esta función debe garantizarse el derecho a tutela jurisdiccional efectiva.

Si tenemos en cuenta que la efectividad “consiste en que se ejecuten las acciones necesarias para una situación concreta y real: reconocimiento y respeto de los derechos, a lo que hay que agregar la eficacia” (Guerra Cerrón 2016), entonces en cualquier etapa del proceso debe buscarse la efectividad, incluso en la etapa preliminar de la postulación del proceso. Así, podría pensarse que con el rechazo de una demanda o con su declaración de improcedencia se está limitando la efectividad de la tutela jurisdiccional, ya que no se obtendrá una decisión del fondo de la controversia.

La respuesta a la pregunta formulada en el título es que no hay vulneración y a continuación se explican las razones. Si la demanda carece de un requisito de forma o este se cumple defectuosamente, el juez declara la inadmisibilidad y concede un plazo para la subsanación. En este supuesto no hay violación al derecho en cuestión, al contrario, se da la oportunidad de superar las omisiones para continuar con el proceso. Si no se llega a subsanar y el juez rechaza la demanda, tampoco hay vulneración porque el demandante carece de interés para obrar.

Por otro lado, si se omite algún presupuesto o condición y el juez declara la improcedencia de la demanda, no se viola el derecho, puesto que “el pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre la calificación inicial de la demanda se da sobre la pretensión” (Rioja 2009) porque, al ser la demanda un acto que da inicio irrevocablemente al proceso, no se podría decir que se califica un acto de iniciación procesal, sino, más bien, se revisa su objeto (la pretensión); por tanto, si lo rechazan, será por la infundabilidad de la pretensión que contiene la improcedencia de la demanda.

El rechazo de la demanda en los supuestos expuestos y en aplicación de las disposiciones procesales imperativas, no puede constituir vulneración a algún derecho, ya que son manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva y permiten desarrollar un proceso sin omisiones o vicios que finalmente afectarán la decisión final de fondo.

Referencias

Guerra Cerrón, Jesús María Elena. 2016. Sistema de Protección Cautelar. Lima: Instituto Pacífico.

Rioja Bermúdez, A. 2009. “Calificación demanda”. Acceso el 22 de mayo de 2021. http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2009/09/29/calificacion-demanda/

El nuevo Código Procesal Constitucional como herramienta para mejorar la accesibilidad a la justicia constitucional

Escribe: María Alexandra SANCHEZ-MANRIQUE ZEVALLOS

Estudiante de sexto ciclo de Derecho de la Universidad de Lima

Fuente: http://www.congreso.gob.pe

A pesar de algunas críticas a la reciente reforma del Código Procesal Constitucional, la autora considera que se trata de mejoras para promover la accesibilidad a la justicia constitucional en el país, y que los cambios formulados funcionarán como una herramienta útil, de ahí que se destaque las principales reformas.

El pasado 26 de mayo, el Congreso aprobó el proyecto de Ley N° 7271 – Ley de Reforma del Código Procesal Constitucional,después de 17 años sin ninguna modificación. Dentro de los cambios presentados se encuentran los relacionados con los procesos de Amicus Curiae, el control de convencionalidad, hábeas corpus, amparo, hábeas data; así como, los procesos ante jueces constitucionales, la interposición de la demanda en la lengua aborigen, el derecho a la defensa pública especializada en materia constitucional, entre otros (1).

Respecto al proceso de hábeas corpus, este es criticado debido al largo tiempo que demoran los jueces penales en dictar sentencia. Con la reforma se añadirá la unilateralidad como nueva facultad, la cual permitirá la resolución del proceso con solo la demanda, y si bien está permitido escuchar a las partes, se podrá resolver sin ellas.

Por otro lado, en el proceso de amparo se prohíbe el rechazo liminar de la demanda y se incorpora una etapa de audiencia única, con el fin de reducir las etapas procesales para hacer más céleres los procesos, es aquí que el juez valora las pruebas, escucha a las partes y si considera oportuno resuelve en el acto.

En cuanto a la interposición de la demanda en lengua aborigen, los procesos de tutelas de derecho pueden ser en quechua o aimara dependiendo de la lengua que predomine en el lugar donde se interponen.

Por último, en relación al derecho a la defensa pública especializada constitucional; un demandante que no cuenta con los recursos económicos puede recurrir a esta defensa ya sea en materia constitucional o procesal constitucional. Este es un derecho que estaba vigente en el Código Procesal Penal, con este cambio la accesibilidad a todos los procesos se encuentra en el mismo plano horizontal.

A pesar que los cambios son objeto de varias críticas por especialistas los cuales señalan que los autores no son expertos en materia procesal constitucional y por el corto tiempo que ha tenido el proceso de reforma, es pertinente afirmar que este cambio era necesario debido a que desde hace 17 años no se había realizado una revisión formal, aun cuando en el 2010 se presentó una iniciativa. La justicia constitucional debe acercarse al ciudadano y precisamente los cambios presentados van a facilitar que los procesos básicos de justicia no sean tediosos, y más bien logren un proceso sencillo, célere y de fácil acceso para todos.

Nota

(1) Para consultar los cambios puede revisarse el siguiente link: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Predictamen-reforma-del-Codigo-Procesal-Constitucional-LP.pdf

Referencias

Redacción la Ley. 2021. “Congreso aprobó reforma del Código Procesal Constitucional”. La Ley, 21 de mayo. Acceso el 19 junio de 2021. https://laley.pe/art/11265/congreso-aprobo-reforma-del-codigo-procesal-constitucional

Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. 2021. “Congreso aprueba nuevo Código Procesal Constitucional”. Acceso el 19 de junio de 2021.  https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congreso-aprueba-nuevo-codigo-procesal-constitucional/

Los costos y costas de los arbitrajes ad hoc

Escribe: Giampieer ALARCON PAUCAR

Estudiante de 5to año de Derecho de la UNMSM. Miembro del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

Fuente: http://www.gestión.pe

El autor nos explica acerca de la actualidad de los costos y costas en los arbitrajes ad hoc y sobre la decisión relativa a qué parte debe responsabilizarse de pagar todos aquellos conceptos que implican los costos y costas como honorarios y gastos del Tribunal Arbitral, del secretario arbitral, gastos de las partes para el sustento de su defensa y otros (1).

I. Problemática de los costos y costas en el arbitraje

La determinación sobre la asunción de los costos y costas en el arbitraje es seguramente el asunto que menor atención recibe por parte de la comunidad arbitral, pero no por eso resulta poco atractivo de analizar.

Nuestra ley de arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071) expone, como primer detalle, el libre albedrío que poseen las partes de un proceso arbitral para decidir la mejor opción de asumir totalmente o prorratear los costos y costas de un arbitraje, secundando este fallo en poder del Tribunal Arbitral (2).

Mientras tanto, el artículo 73 presenta un complemento que coadyuva a la decisión de los árbitros sobre la asunción de los costos y costas del arbitraje:

Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

La precitada norma presenta dos criterios a evaluar: (a) el resultado final del proceso arbitral y (b) la razonabilidad de prorratear los costos y costas en atención del desarrollo del arbitraje.

Sin lugar a dudas, el primer criterio es el que se sobrepone hoy en día, ya que existe la creencia de que aquella parte que perdió el arbitraje es merecedora de asumir los costos del mismo por una extensión de “justicia” hacia la posición de la parte que venció, financiando una defensa que buscaba la razón fáctica y jurídica.

Ahora bien, el prorrateo de los costos y costas del arbitraje se presenta en aquellos casos donde las partes han tenido un comportamiento procesal correcto que impide que una sola asuma la onerosidad del proceso arbitral, y también, cuando los participantes del arbitraje no han desarrollado un comportamiento adecuado, muchas veces manifestando en solicitudes para suspender las actuaciones, demoras en el cumplimiento de actuaciones que exige el tribunal, pretensiones poco y/o nada fundadas, etc.

A nuestro criterio, todo Tribunal Arbitral Ad Hoc –por supuesto también los arbitrajes administrados por una institución arbitral– debe analizar en primer lugar la conducta de las partes a lo largo del proceso, evitando basarse solamente en el resultado final del proceso, esto para lograr una resolución culminante que cumpla con todos aquellos estándares de razonabilidad y justicia. No obstante, dependiendo si del estudio del caso se desprende un correcto comportamiento de ambos participantes, los gastos del arbitraje deben ser asumidos en partes iguales, por lo tanto, el criterio para resolver la asunción de costos y costas del arbitraje en base a la decisión final del proceso debería ser un criterio complementario y no el fundamental.

Notas:

(1) Artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1071.

(2) Artículo 69 del Decreto Legislativo N° 1071.

Las medidas cautelares en el ámbito laboral

Escribe: Daniela TORRES BALMACEDA

Estudiante de 5to año de Derecho de la Universidad de Lima.

Fuente: http://www.derechoecuador.com

La autora destaca el sistema de protección cautelar y la supletoriedad de las normas del Código Procesal Civil y los relaciona con la tutela cautelar en el ámbito laboral, para lo cual presenta un breve análisis a partir del contenido de la Ley N° 294997, Nueva Ley Procesal del Trabajo.

El carácter más importante de las medidas cautelares es el instrumental, toda vez que, según el artículo 608 del Código Procesal Civil (CPC), la medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de decisión definitiva, esto es, que las medidas cautelares son la modalidad de la actividad judicial que tiene por finalidad el resguardo de los bienes o situaciones extraprocesales con trascendencia jurídica, que, por falta de custodia, podrían frustrar la eficacia de la sentencia a expediente (Casación N° 2479-2014-CALLAO).

Otro aspecto que debe destacarse es que se reconoce al conjunto de normas que regulan a las medidas cautelares en el CPC la calidad de sistema, porque, es la fuente en la que se establecen los presupuestos cautelares generales exigibles para el dictado de medidas cautelares, así como también presupuestos especiales para las formas temporal sobre el fondo, innovativa o de no innovar. Además, expresamente en el CPC se señala que disposiciones se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

Esta breve introducción nos permite afirmar que la utilidad de las medidas cautelares se manifiesta no sólo en el ámbito civil, sino también, en las distintas disciplinas relacionadas con la protección de derechos como es el caso del Derecho laboral, que se sustenta en la Constitución Política que protege al trabajador en el artículo 23: «(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador».

En los artículos 55 y 56 de la Ley N° 29497 se regulan las medidas cautelares de reposición provisional y de asignación provisional, y si bien son de aplicación supletoria las reglas del CPC, lo que debería servir para facilitar el dictado de las medidas, advertimos que, por la materia especial, debido a la gran variedad de regímenes laborales y la desnaturalización del contrato laboral, surgen un sinnúmero de problemas, que no permiten una efectividad de las medidas cautelares laborales ni las supletoriamente aplicadas. Si bien las medidas cautelares son importantes, solo pueden ser útiles cuando la relación laboral cumpla con los elementos constitutivos de esta, como se explica en el EXP. N° 00653-2019-0-1801-JR-LA-84, en el que se señala que existe obligatoriedad de los requisitos planteados en los contratos laborales para que la solicitud de medida cautelar puede proteger su derecho y por ende al no cumplir con estos, le negaron su derecho de reposición provisional al trabajador que lo requirió (EXP. N° 00653-2019-0-1801-JR-LA-84).

Finalmente, las medidas cautelares son instrumentos que se aplican de forma transversal en las distintas disciplinas del derecho. Es deber del legislador, actualizar las normas para que no supongan un problema al momento de la aplicación de instrumentos como la medida cautelar y sus normas supletorias.

Referencias

Callao, Corte Superior de Justicia del. 15 de febrero de 2015. https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/ANÁLISIS-DE-SENTENCIA-CASATORIA-N-2479-2014-CALLAO/5093185.html.

Perú, Poder Judicial. «Exp. N° 00653-2019-0-1801-Jr-La-84 (Expediente Electrónico).» 03 De Marzo De 2020. http://www.gacetajuridica.com.Pe/Boletin-Nvnet/Ar-Web/Sentencia%20de%20vista%20exp.N.º%20653-2019.Pdf.

Nuevas manifestaciones procesales en la tutela de urgencia

Escribe: Melanie Maryorit ISIDRO QUISPE

Estudiante de 5to año de Derecho de la Universidad de Lima.  

Fuente: www.actividadlaboral.com

La aparición de nuevas formas de tutela procesal se justifica en la necesidad y urgencia de satisfacer en un mayor grado -que las medidas cautelares- las pretensiones de los demandantes. Por tal motivo, se describirán algunas formas o “especies” que atrajeron nuestra atención y que somos conscientes que requieren de un amplio y profundo estudio para incorporarlos a nuestro Código Procesal Civil o para adecuarlos.                                                       

La tutela anticipatoria, por la cual se adelanta la realización del derecho de forma parcial o total, surge como una necesidad para atender los derechos que se puedan encontrar ante un daño irreparable. Además, la tutela otorgada posee inmutabilidad, dado que no se modifica durante el proceso, ni se reemplaza por una diferente a la requerida. A su vez, se destaca que no genera un proceso accesorio de la demanda, por lo que se realiza dentro del mismo.

Por su parte la tutela preventiva, también llamada tutela inhibitoria, consiste en salvaguardar los derechos que aún no se encuentran afectados, pero que existe la posibilidad de ser vulnerados. En otras palabras, para concederla, no se requiere verificar la intención de causar o provocar un daño, sólo determinar si de acuerdo con las circunstancias puede causarse y prevenir una indemnización. Esta es una de las formas más rápidas de obtener una tutela con respecto al derecho que se pretende.

En cuanto a la tutela autosatisfactiva se sustenta en el peligro de la demora y la urgencia de proteger el derecho. Esta medida exigirá una fuerte probabilidad de la pretensión a satisfacer para poder ser dictada. Al ser independiente, no se encuentra sujeta a un proceso principal por lo que resulta más efectivo. Asimismo, se asegura la eficacia inmediata, dado que es definitiva y se agota en sí misma.

De esta manera, se refleja que la tutela anticipatoria, preventiva y autosatisfactiva, puede resultar en algunas circunstancias más efectivas que la tutela cautelar por lo consideramos que su estudio y evaluación de viabilidad para su incorporación en nuestra legislación procesal es una tarea que no debe dejarse esperar por mucho tiempo.

Referencias

Guerra Cerrón, María. 2016. Sistema de protección cautelar. Lima: Pacifico Editores.

Rosario Domínguez, Juan Francisco. 2006. “Aproximaciones al estudio de la tutela anticipada: Doctrina, legislación comparada y su aplicación en el derecho procesal peruano”. Foro Jurídico, n.º 06 (mayo), 61-72. Acceso el 21 de marzo de 2021. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18430.

Vargas Pacheco, C. R. 2019. “Contra reloj: la medida autosatisfactiva y su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano”. LP Pasión por el derecho. Acceso el 25 de marzo de 2021. https://lpderecho.pe/contra-reloj-medida-autosatisfactiva-incorporacion-ordenamiento-juridico-peruano/.

Caducidad: ¿Suspensión de plazos durante las huelgas judiciales? (Segunda parte)

Escribe: Hunter J. TASAYCO KENGUA

Estudiante 4to año de Derecho de la ULIMA. Director del Círculo de Derecho Civil-Ulima.

Fuente: rpp.pe

En la primera parte de este comentario el autor destacó que para garantizar el acceso a la justicia y no perjudicar a las personas en situaciones, como una huelga judicial, el plazo de caducidad se suspende (artículo 1994, inc. 8, del Código Civil); sin embargo, discrepa de los efectos de la suspensión y señala cuál debería ser el plazo que se concede, tema materia de este segundo aporte académico

La respuesta a la interrogante ¿Cuál es el plazo de adición una vez desaparecida la causal de suspensión?, sin duda, está señalada en la ley; sin embargo, tal vez, por privilegiar el acceso a la justicia, no se han considerado dos aspectos jurídicos relevantes: a) La diferencia entre la caducidad y la prescripción, así como sus efectos,la primera extingue la acción y el derecho, y como es una institución de orden público, “asegura una situación jurídica, lo que se explica por su íntima vinculación con el interés colectivo y la seguridad jurídica” (1); mientras que con la segunda extingue el derecho, “se protege, sobre todo, un interés particular muy concreto” (Osterling y Castillo 2004), para aprovecharse de ella deberá alegarla y; b) El deber de diligencia y previsión del accionante, que lo hace notar el V Pleno Casatorio Civil, al sostener: “ciertamente como fundamento de la caducidad se encuentra descuido y negligencia en el ejercicio de los derechos del titular de los mismos” (2).

Si las huelgas judiciales no son extraordinarias en nuestro país, el accionante deberá tenerlas en cuenta y no esperar el último día para ejercer su derecho, como muestra de su interés para obrar “referido a la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional planteando un interés concreto, serio y actual, esto es una pretensión” (Morales 2003).

Consideramos, que no puede desnaturalizarse a la caducidad con la prescripción, “los plazos de caducidad son fulminantes” (3), los intereses protegidos exceden el interés personal, de ahí que opere de forma automática. Disentimos con el VI Pleno Jurisdiccional supremo en materia laboral que acordó por unanimidad que: “En el caso de la caducidad (…) se deberán descontar todos los días de paralización de labores por huelga judiciales”, fórmula aplicada a la prescripción en el artículo 1995 del Código Civil.

De nuestra perspectiva, debería concederse un plazo proporcional y razonable de tres días, que se otorgaría ante una inadmisibilidad de demanda sumarísima, con el sólo propósito de garantizarse la protección de los derechos e intereses del accionante, entiéndase como tutela jurisdiccional efectiva.

Notas

(1) CAS. N° 130-2008. La Libertad f. 7.

(2) V Pleno Casatorio Civil: Impugnación de acuerdos asociativos [Casación 3189-2012, Lima Norte].

(3) CAS. N° 4129-2015. Lima Sur. f. 11.

Referencias

Morales Godo. Juan. 2003. Reflexiones sobre el denominado interés para obrar. Ius Et Praxis.Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. 2004. Todo prescribe o caduca, a menos que la ley señale lo contrario. En: Derecho & Sociedad, n°. 23, Lima: PUCP, p. 268.

Caducidad: ¿Suspensión de plazos durante las huelgas judiciales?

Escribe: Hunter J. TASAYCO KENGUA

Estudiante 4to año de Derecho de la ULIMA. Director del Círculo de Derecho Civil-Ulima.

Fuente: Diario El Comercio

El autor reflexiona acerca del deber del Estado de garantizar a las personas el acceso a la justicia y el derecho de éstas a exigirlas, de ahí que identifica una situación problemática cuando no se puede acceder al órgano jurisdiccional, y la explica a partir de dos factores: uno interno y otro externo. La pregunta que el autor formula en este comentario es ¿qué plazo debería otorgarse al justiciable que, en medio de las huelgas judiciales, ve vencido el plazo de caducidad?

En un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, se exige que “todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (…) debe respetar, mínimamente, las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y (…) al libre acceso a la jurisdicción” (1); deber que recae fundamentalmente en el Poder Judicial por ejercer la administración de justicia. Sin embargo, este deber se limita  por “dos caras de una misma moneda” -desde el punto de vista del justiciable-; por un lado, el factor interno,  relacionado a su negligencia de acceder al órgano judicial esperando los últimos días del término del plazo y el desconocimiento de que su derecho y acción puedan caer en caducidad; mientras que el factor externo  implica las situaciones creadas por el propio órgano jurisdiccional, en las que destacan las paralizaciones de labores ante una huelga judicial, que son de nuestro especial interés y desarrollo, ya que durante las mismas se puede producir la caducidad.

El Código Civil (CC) establece un único supuesto para la suspensión de la caducidad en el artículo 2005 que prescribe: “La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inc. 8”; éste último indica: “Se suspende la prescripción (…) mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano”.

Así, para la reanudación del plazo se entiende que se aplica el artículo 1995 del CC y, por ejemplo, si el derecho de un vendedor de aumentar el precio, caduca a los 6 meses de la recepción del bien por el comprador (art. 1579 C.C.) y precisamente caducó a los 5 días de iniciada una huelga judicial de 2 meses; se deberá adicionar el mismo tiempo que no pudo recurrir al órgano jurisdiccional.

Como puede verse el propio Derecho brinda una salida para asegurar el acceso a la justicia que seguramente la considerarán apropiada; sin embargo, tenemos un enfoque distinto a partir de la distinción entre la prescripción y la caducidad, y el deber de diligencia y previsión que se considera exigible a todos los justiciables, materia que será desarrollada en la segunda parte de este comentario. En tanto les dejamos la interrogante ¿es razonable aplicar los artículos 1994 y 1995 del CC mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano?

Nota

  • Exp. 0004-2006-AI, 29/03/06, P, FJ. 8.

El estándar de “daño irreparable” en la tutela cautelar arbitral

http://www.enfoquederecho.com/

Gianella LEZAMA COAGUILA

Estudiante del 4to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

La autora comenta acerca del estándar del presupuesto “daño irreparable” en la tutela cautelar en sede arbitral, el que considera que genera más problemas y cuestionamientos para el dictado de medidas cautelares. Parte del análisis del artículo 17-A de la Ley Modelo de UNCITRAL, y concluye que no es apropiado que exista una regulación expresa con precisiones sobre el tema, sino que debe evaluarse el presupuesto “daño” en cada caso concreto.

Es indiscutible que la tutela cautelar se garantiza en la jurisdicción arbitral, por ello, las facultades de los árbitros están legalmente establecidas; sin embargo, las reglas generalmente no detallan criterios para la evaluación de los presupuestos que deben concurrir; y ello ocasiona incertidumbre y falta de guía uniforme para los árbitros, sobre todo a la hora de evaluar el presupuesto de “daño irreparable”.

En el artículo 17-A de la Ley Modelo de UNCITRAL se enumeran las condiciones generales para conceder medidas provisionales (1), y respecto al “daño” se señala lo siguiente:  

“1) El solicitante de alguna medida cautelar […] deberá convencer al tribunal arbitral de que: a) de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada…”.   

De lo antes expuesto puede señalarse que “daño irreparable” o “daño no reparable adecuadamente mediante la adjudicación indemnización” es el resultado de la determinación del grado de gravedad del daño y del “daño emergente”. Los árbitros han tomado a la Ley Modelo solamente como referente, puesto que, muchas veces no les es vinculante.

¿Con relación al tema, qué han establecido los tribunales arbitrales? Los tribunales de la CPI han interpretado recientemente que el riesgo de pérdida financiera se incluirá en la noción de “daño que no puede repararse adecuadamente mediante una indemnización por daños y perjuicios” (Schwartz, 45) y ciertos tribunales de arbitraje de inversión han adoptado un enfoque similar (2).

En ese sentido, opinamos que no es conveniente que se establezcan en la ley precisiones acerca del “grado de gravedad” y que este se debe analizar en cada caso. La práctica ha demostrado que el daño no debe ser necesariamente irreparable, será la parte solicitante la que debería demostrar que se trata de un daño sustancial o grave. Lo antes señalado se justifica ya que, siendo muy alto el estándar de daño “irreparable”, serían poquísimas las medidas que se dictarían bajo ese presupuesto.

Concluimos que, para el dictado de las medidas, el árbitro debe considerar estándares adecuados. Así, el daño debe ser necesariamente grave de lo contrario corremos el riesgo de que se desnaturalice la tutela cautelar y se incentiven malas prácticas en el arbitraje.

Notas

(1) El destacado árbitro Gary Born opina que su redacción carece de muchos aspectos importantes (urgencia, impone un estándar único para los diferentes tipos de medidas provisionales, enfoque indebido del daño “irreparable”, etc.).

(2) Véanse los casos Burlington Resources Inc. vs. Ecuador y PNG Programa de Desarrollo Sostenible Ltd. vs. Papúa Nueva Guinea.

Referencias

Schwartz, Eric. 1993.  The Practices and Experience of the American Arbitration Association, en ICC, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration. ICC Publishing.