El rebelde involuntario en el proceso civil

Escribe: Khiara Echeverria Chuquiruna

Estudiante de 6to ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima

Fuente: Gemini IA

I. Resumen

La declaración de rebeldía genera una presunción de veracidad de los hechos expuestos por el demandante. El Código Procesal Civil (CPC) no contempla adecuadamente los casos donde el demandado es declarado rebelde por causas ajenas a su voluntad. A partir de la Casación N° 2144-2016-Junín y de los aportes de Chumbes Flores y Gamonal de la Torre, se recoge la crítica a los proyectos de reforma del 2018 y 2021. Se proponen unos ajustes al régimen de revisión de los proyectos de reforma: reconocer las causales de rebeldía involuntaria, ampliar la revisión de todos los supuestos no imputables al demandado y computar el plazo desde que el rebelde toma conocimiento de la resolución.

II. Introducción

La rebeldía consiste en la falta de contestación de una demanda dentro del plazo legal. Según el artículo 458 del CPC, la rebeldía se declara formalmente mediante resolución judicial una vez vencido el plazo tras una notificación válida. Su efecto principal, regulado en el artículo 461, es generar una presunción relativa de veracidad sobre los hechos que el demandante expuso, procediendo así a la sentencia. De ahí que surge la incertidumbre respecto a la declaración de rebeldía en un supuesto en el que, por ejemplo, el emplazado no ha podido contestar la demanda por fuerza mayor o caso fortuito o porque se realizó un cómputo erróneo del plazo para contestar la demanda, entre otros.

Por ejemplo, en la Casación N° 2144-2016-Junín, el juzgado notificó primero la resolución que corregía el plazo para contestar de diez a cinco días y, un día después, la resolución que admitía la demanda con sus anexos. Se contó el plazo desde la primera notificación realizada y se consideró extemporánea la contestación presentada a tiempo y declaró rebeldes a los demandados. La Corte Suprema señaló que el cómputo erróneo vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, pues el plazo corría desde que se notificó la demanda. Anuló todo lo actuado hasta la declaración de rebeldía y ordenó que el juez de primera instancia emita un nuevo pronunciamiento.

Gamonal de la Torre (2025, 3) sostiene que el CPC “ignora que existen diversos supuestos en los que el demandado es declarado rebelde por causas ajenas a su voluntad” y denomina a estos casos como rebeldía involuntaria.

III. El rebelde involuntario

La doctrina del rebelde involuntario nace a partir de la necesidad de ejercer el derecho a defensa cuando un demandado es declarado rebelde por causas ajenas a su voluntad, y deseando obtener respuestas frente a los vacíos en el CPC el cual no contempla supuestos para estos casos.

El concepto de rebelde involuntario permite distinguir entre quien no contesta la demanda por desinterés o negligencia y quien no lo hace por causas que no le son imputables. Esta distinción sería relevante si estuviera incluida en el CPC, porque ya no se le aplicaría la presunción relativa de veracidad a ambos supuestos. Al no diferenciarlos, el sistema procesal sanciona con igual severidad a quien pudo defenderse y no lo hizo, y a quien no tuvo la oportunidad de hacerlo. De este modo, la figura del rebelde involuntario pone en evidencia que mientras los juzgados buscan la rapidez del trámite, esta puede chocar con la protección plena del derecho de defensa.

IV. La insuficiencia de las propuestas de reforma

Los proyectos de reforma del CPC de 2018 y 2021 identificaron este problema. Ambos incorporaron como causal de revisión civil el supuesto de que “siguió el proceso en rebeldía por emplazamiento inexistente o defectuoso” (Gamonal de la Torre 2025, 62).

La propuesta es insuficiente. Solo llega a cubrir el emplazamiento defectuoso. Quedan fuera causales igual de graves: fuerza mayor, el error del juzgado y la omisión de emplazar al procurador público. En estos casos, el demandado tampoco supo del proceso y también fue declarado rebelde sin poder defenderse.

Hay un segundo problema. Estos proyectos de reforma proponen un año para pedir la revisión contando desde que la sentencia queda firme. Pero si el rebelde nunca supo del proceso, ¿cómo va a saber cuándo quedó firme la sentencia? El plazo puede vencerse antes de que se entere de que fue demandado. Esta revisión no llega a servir en la práctica.

Las notificaciones electrónicas no resuelven el problema por sí solas: muchas personas no actualizan su domicilio en el DNI, y si se les notifica donde ya no viven, nunca se enteran del proceso. Por ello, debería ajustarse el régimen de revisión previsto en los proyectos (arts. 563 y 567) en tres puntos: incluir expresamente las causales de la rebeldía involuntaria, extender la revisión a todo supuesto no imputable al demandado y computar el plazo desde que el rebelde conoce la resolución firme, no desde que esta quedó firme. Mientras no se realicen estas incorporaciones, quien no pudo defenderse seguirá recibiendo el mismo trato que quien lo quiso hacerlo.

V. Referencias

Chumbes Flores, Kenny Víctor. 2018. La rebeldía en el Código Procesal Civil peruano. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad San Pedro.

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Casación N° 2144-2016, Junín. Sala Civil Permanente, 23 de marzo de 2017. https://acortar.link/GGM04H

Gamonal de la Torre, Sherly del Pilar. 2025. La tutela del rebelde involuntario. Una crítica a los proyectos de reforma del Código Procesal Civil peruano. Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2018. Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil. Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS, 5 de marzo de 2018. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2021. Proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Konrad-Adenauer-Stiftung.

Arbitraje marítimo, una excepción convertida en práctica habitual

Escribe: Rodrigo Rene Tenorio Guevara

Estudiante de 4.° año de Derecho de la UNMSM

Practicante preprofesional en Bueno Lercari Consultores

Fuente: Ciacblp

En el Perú el arbitraje depende de que las partes lo pacten, pero en el sector marítimo la práctica parece ir en sentido contrario. Este comentario examina esa brecha y plantea cuál debería ser la regla.

Hoy la regla es que, sin un convenio arbitral escrito, la controversia termina en el Poder Judicial. Sin embargo, en el sector marítimo ocurre casi lo contrario, las partes ya arbitran por costumbre, y acudir a los jueces se ha vuelto un mecanismo residual (Hesse 2026) para quienes no pactaron nada.

Esa preferencia tiene explicaciones concretas. Primero, la especialidad, en el Perú no hay juzgados ni tribunales especializados en derecho marítimo, de modo que hasta los jueces comerciales tienen dificultades para dominar una materia tan compleja (Pejovés Macedo 2021, 109). Segundo, el tiempo, pues un retraso, una inmovilización o un daño a la carga generan pérdidas inmediatas, y el arbitraje permite procedimientos más ágiles que el proceso judicial (Hesse 2026). Tercero, la seguridad jurídica, con árbitros especialistas el mercado sabe mejor a qué atenerse y se reducen los costos de los juicios largos y de resultado incierto (MundoMaritimo 2025).

La comparación con otros ordenamientos es ilustrativa. En Chile, el Código de Comercio somete a arbitraje las controversias del comercio marítimo y la navegación, salvo pacto escrito en contrario y otras excepciones, como la responsabilidad penal o las causas de baja cuantía en que el demandante opte por la justicia ordinaria (Hesse 2026). En el Perú la idea tampoco es nueva, pues el anteproyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1999 ya proponía una fórmula parecida en su artículo 447 (Pejovés 2021, 111-112).

El contexto actual añade un elemento más, con el crecimiento de proyectos como el Puerto de Chancay, es previsible que aumenten las controversias vinculadas a la actividad marítima y portuaria. Hoy buena parte del comercio marítimo vinculado al Perú ya arbitra, pero fija como sede ciudades extranjeras y delega su administración a instituciones de esas plazas, lo que encarece disputas que, por su cuantía o complejidad, podrían resolverse en Lima o el Callao (Hesse 2026).

También existen advertencias que conviene tener presentes. En los conocimientos de embarque, que son contratos de adhesión, el cargador casi nunca negocia el convenio arbitral, y una sede lejana puede resultar costosa (Pejovés 2021, 111). A ello se suman las dudas sobre cómo reaccionaría el Poder Judicial ante prácticas como los arbitrajes sin audiencias, y el riesgo de arbitrajes fraudulentos o deficientemente institucionalizados (Hesse 2026).

Frente a este panorama, me adhiero a la propuesta de superar el paradigma actual y establecer el arbitraje como mecanismo supletorio de solución de controversias marítimas, salvo pacto en contrario, pues si el sector ya arbitra con regularidad, el ordenamiento debería acompañar esa realidad, más aún en un contexto en el que el Perú busca posicionarse como centro logístico de la región, donde seguir resolviendo nuestras disputas en Londres o Nueva York resulta poco coherente y costoso.

Referencias

Hesse Martinez, Rodrigo. 2026. “Invirtiendo los roles: ¿arbitraje marítimo como justicia ordinaria?”. Agnitio. https://l1nq.com/kyahduc

MundoMaritimo. 2025. “El arbitraje marítimo como regla y no como excepción en la resolución de conflictos jurídicos del sector”. https://sl1nk.com/pn28dp3

Pejovés Macedo, José Antonio. 2021. “Antecedentes, desarrollo y situación actual del arbitraje marítimo en el Perú”. Revista Peruana de Derecho de la Empresa 75: 98-114. https://sl1nk.com/1fxh6ok

Coyote vs. el derecho peruano

Escribe: Clever Daniel Santillan Linares

Bachiller en Derecho por la UNMSM
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: americancinematheque.com

I. Introducción

La serie El Coyote y el Correcaminos es un clásico animado de Warner Bros. que casi no necesita presentación. Su premisa es simple: un coyote ingenioso, pero imprudente, se obsesiona con atrapar a un astuto y escurridizo correcaminos, sin conseguirlo pese a los cohetes, trampas y explosivos de la marca Acme que utiliza. Sin embargo, la película Coyote vs. Acme plantea una pregunta capaz de cambiar nuestra interpretación de la serie: ¿y si Acme fuera legalmente responsable de los desaciertos de nuestro torpe protagonista?

La película, que combina animación con acción real, sigue a Coyote, quien, tras años de utilizar productos Acme sin éxito, demanda a la empresa con el patrocinio de Kevin Avery, un abogado humano en decadencia especializado en litigios civiles por daños. Para quienes estamos familiarizados con el ámbito jurídico, Coyote aparece entonces como alguien que busca acceder a la justicia.

A partir de esta premisa, el presente artículo analiza la eventual responsabilidad administrativa y civil de Acme por los daños sufridos por Coyote desde el ordenamiento jurídico peruano. Para ello, se relacionarán conceptos del derecho de protección al consumidor y de responsabilidad civil.

II. Coyotus Consumator

2.1. La relación de consumo como prerrequisito

El primer paso para analizar jurídicamente la relación entre Coyote y la Corporación Acme consiste en determinar si existe una relación de consumo. Bajo el supuesto de que Coyote adquiere los productos para su uso personal, este sería el consumidor y Acme, el proveedor.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor parte de una idea sencilla: el consumidor debe poder acceder a productos idóneos y contar con información suficiente para tomar decisiones adecuadas. Una de sus finalidades es, precisamente, reducir la asimetría informativa entre quien ofrece un producto y quien lo adquiere.

2.2. Los deberes del proveedor

Todo consumidor necesita información veraz, suficiente, oportuna y accesible antes de adquirir un producto, tanto para decidir si lo compra como para conocer su uso adecuado. Por su parte, la idoneidad supone recibir aquello que razonablemente puede esperarse en función de lo ofrecido. Como señala Porras Medina (2025) “Su correcta observancia no solo garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los consumidores, sino que también constituye un estándar mínimo de conducta para los proveedores de bienes y servicios.”

Ambos deberes, sin embargo, son distintos: el de información se refiere a aquello que el proveedor debía comunicar, mientras que el de idoneidad exige evaluar si lo recibido corresponde a las expectativas razonables del consumidor, atendiendo a las circunstancias del caso.

Por ejemplo, imaginemos unos lentes inteligentes que funcionan exactamente como fueron ofrecidos, pero cuyo fabricante no informa que el dispositivo registra periódicamente fotografías para utilizarlas en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Podría existir un problema de información, aunque el producto funcione técnicamente como fue anunciado. Distinto sería que las gafas tomaran fotografías automáticas cuando el consumidor razonablemente espera que solo lo hagan al activar dicha función. En este último supuesto, la omisión podría afectar tanto la información proporcionada como la idoneidad del producto.

Los episodios clásicos nos permiten distinguir tres supuestos:

a) El producto se utiliza imprudentemente para una finalidad distinta de aquella para la que fue diseñado, como cuando se emplean un yunque y una banda elástica para construir una trampa.

b) El producto funciona conforme a su diseño, como ocurre con unas botas saltarinas que efectivamente saltan.

c) El producto falla espontáneamente, como una máquina que se activa por sí sola.

En los supuestos a) y b), si los productos funcionan conforme a lo ofrecido y se han informado adecuadamente sus riesgos, no habría necesariamente un incumplimiento del deber de idoneidad, aun cuando Coyote sufra un accidente. En cambio, en el caso c) podría configurarse una falta de idoneidad, pues no resulta razonable esperar que una máquina se active sola y cause daños.

En cualquier caso, el Código también protege frente a riesgos injustificados o no advertidos. Su artículo 25 establece que los productos no deben generar, en condiciones de uso normal o previsible, un riesgo injustificado o no advertido para la salud, seguridad o bienes del consumidor. A su vez, el artículo 26 exige adoptar medidas y advertir adecuadamente sobre los riesgos previsibles y la forma correcta de utilización.

En consecuencia, no todos los accidentes de Coyote pueden atribuirse automáticamente a Acme, pero tampoco cabe explicarlos sin más por la imprudencia del consumidor.

III. El proyecto Sísifo

En la película, el Proyecto Sísifo es una iniciativa secreta de Acme que consiste en utilizar a los personajes de dibujos animados como sujetos de prueba de sus productos antes de venderlos a los humanos. Esta revelación modifica la lectura que teníamos de la serie clásica.

Hasta entonces, la discusión podía concentrarse en las decisiones de Coyote. Sin embargo, el proyecto revela que Acme posee información sobre los riesgos de sus productos que el consumidor desconoce. Esto no elimina la relevancia jurídica de la imprudencia de Coyote, pero obliga a examinar qué sabía Acme y qué debía comunicarle para que pudiera decidir si adquiría o no esos productos.

En este punto, el concepto de idoneidad vuelve a cobrar importancia. El artículo 18 del Código no la define únicamente a partir del funcionamiento mecánico del producto, sino de la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, considerando, entre otros elementos, la publicidad, la información, las condiciones de la transacción y la naturaleza del producto.

Por eso, el Proyecto Sísifo puede modificar la evaluación jurídica de los productos de Acme. La película plantea que existen dos líneas: una destinada a seres humanos y otra exclusivamente a personajes de dibujos animados. Los productos para humanos son muy seguros, mientras que los destinados a personajes como Coyote resultan deliberadamente más peligrosos porque forman parte de los experimentos de la empresa.

Así, si Coyote adquiere un producto presentado como apto para su uso, pero Acme sabe que pertenece a una línea experimental diseñada para fallar y recopilar datos y no se lo informa, ya no bastaría con afirmar que «el producto funcionaba así». También corresponde preguntarse qué información recibió y qué podía esperar razonablemente del producto.

Un ejemplo es lo que ocurre con Kevin Avery: el abogado utiliza unos patines cohete diseñados para personajes de dibujos animados durante una persecución y termina lesionado. La escena muestra que la diferencia entre ambas líneas no es simplemente estética, sino que tiene consecuencias para la seguridad. Si Acme conoce esa diferencia, ¿puede guardar silencio? El deber de información no se limita a comunicar las características atractivas del producto, sino que también comprende los aspectos relevantes para decidir su adquisición y utilizarlo adecuadamente.

Algo similar ocurre con el deber de seguridad. Un producto no es necesariamente defectuoso por ser peligroso, pues algunos implican riesgos por su propia naturaleza. Lo relevante es si ofrecen la seguridad exigible teniendo en cuenta, entre otros factores, su diseño, la forma en que fueron puestos en el mercado, la publicidad, las instrucciones, las advertencias y el uso previsible.

Por ello, el Proyecto Sísifo no convierte automáticamente a todos los productos de Acme en defectuosos, pero revela que la empresa conoce sus riesgos y las posibles consecuencias de estos. Esta es, probablemente, la mayor ironía jurídica de la película: Coyote puede ser el consumidor más imprudente del mundo y, al mismo tiempo, Acme puede ser el proveedor que mejor conoce las consecuencias de esa imprudencia.

IV. Coyotus responsabilis

Que exista un incumplimiento de los deberes del proveedor no significa automáticamente que todo daño sufrido por Coyote deba ser indemnizado. La responsabilidad civil exige analizar el daño, la causalidad, el factor de atribución y, cuando corresponda, la conducta de la víctima.

Como señala Murillo (2021, 09:38), “el ordenamiento jurídico peruano armoniza muy bien el proceso de responsabilidad civil con el procedimiento administrativo sancionador”. Aunque ambos regímenes pueden complementarse, sus consecuencias deben distinguirse. En relación con el daño, Fernández (2019, p. 15) ilustra que este puede producirse tanto por el incumplimiento de un encargo profesional como a raíz de un accidente de tránsito.

En ese sentido, el artículo 100 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que correspondan. Esto permite distinguir dos preguntas: ¿Acme incumplió un deber frente a Coyote como consumidor? Y, de ser así, ¿ese incumplimiento produjo un daño que jurídicamente deba ser reparado por Acme? Las respuestas no necesariamente coinciden.

El artículo 1969 del Código Civil establece la regla general de responsabilidad por dolo o culpa: quien causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a indemnizarlo. Por su parte, el artículo 1970 contempla la responsabilidad objetiva cuando el daño es causado mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor contiene, además, una regulación específica para los productos defectuosos. Su artículo 101 establece la responsabilidad objetiva del proveedor por los daños causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes debido a defectos de sus productos, en concordancia con el artículo 1970 del Código Civil. Asimismo, el artículo 103 contempla entre los daños indemnizables el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, según corresponda.

Estas disposiciones permiten retomar los escenarios descritos anteriormente:

a) y b) Coyote utiliza inadecuadamente el producto

Aquí se encuentran los casos en que Coyote emplea un yunque y una banda elástica para construir una trampa, fuera de cualquier uso razonablemente previsible, o maneja incorrectamente unas botas saltarinas que terminan provocándole un accidente. Si los productos funcionan conforme a su diseño y Acme proporcionó las advertencias correspondientes, la posición de Coyote se debilita considerablemente, pues su propia conducta puede ser determinante para explicar el daño.

c) Coyote utiliza correctamente el producto, pero este falla

En este supuesto, Coyote utiliza una máquina de acuerdo con las indicaciones de Acme, pero el mecanismo se activa inesperadamente y termina dañándolo. Si el daño deriva de un defecto del producto, el artículo 101 del Código de Protección y Defensa del Consumidor permite examinar la responsabilidad objetiva del proveedor. No bastaría, por tanto, con sostener que Coyote «debió tener más cuidado».

d) Acme conoce el riesgo y lo oculta

Este escenario surge a partir del Proyecto Sísifo. Acme sabe que determinados productos son peligrosos para los seres humanos, conoce cómo se producen los accidentes y utiliza a personajes como Coyote para estudiar esos fallos. Sin embargo, esa información no llega al consumidor final.

En este caso confluyen las dos dimensiones del problema. Desde el derecho de protección al consumidor, corresponde evaluar si Acme cumplió sus deberes de información, idoneidad y seguridad. Desde la responsabilidad civil, debe determinarse si existe un daño, si el producto presentaba un defecto o concurrió una conducta atribuible a Acme y si existe relación causal con el perjuicio sufrido.

La conducta de Coyote también es relevante. En materia de responsabilidad objetiva, el artículo 1972 del Código Civil contempla que la imprudencia de la víctima puede romper el nexo causal cuando el daño sea consecuencia de ella; a su vez, el artículo 1973 permite reducir judicialmente la indemnización cuando esa imprudencia únicamente concurre en la producción del daño.

Por ejemplo, si Coyote coloca deliberadamente un cohete detrás de sí, enciende la mecha y sale disparado contra una pared, sería difícil trasladar íntegramente el resultado a Acme solo porque el producto pertenece a la empresa. Distinto sería si Acme supiera que el cohete explota de manera inesperada, conociera que Coyote suele utilizarlo para desplazarse y, aun así, lo comercializara sin advertir ese riesgo.

En definitiva, el análisis exige determinar qué riesgos asumió el consumidor, cuáles conocía el proveedor, qué información fue transmitida y qué conducta produjo concretamente el daño.

V. Un plan fallido, dos dimensiones jurídicas

La mayor utilidad de analizar Coyote vs. Acme desde el derecho peruano consiste precisamente en mostrar que la protección al consumidor y la responsabilidad civil no responden exactamente a la misma pregunta.

La protección al consumidor mira principalmente la relación entre proveedor y consumidor y permite preguntarnos qué debía hacer Acme antes y durante la comercialización del producto: informar adecuadamente, ofrecer un producto idóneo y evitar riesgos injustificados o no advertidos.

La responsabilidad civil aparece cuando existe un daño concreto y exige analizar sus consecuencias jurídicas: daño, causalidad, atribución y, dependiendo del supuesto, culpa o riesgo. Por eso, no toda infracción a las normas de consumo genera automáticamente una indemnización, pero tampoco puede afirmarse que la imprudencia de Coyote elimina automáticamente cualquier responsabilidad de Acme.

El Proyecto Sísifo hace visible precisamente esa tensión. Antes de conocerlo, los accidentes de Coyote podían interpretarse principalmente como consecuencia de su comportamiento. Después de conocerlo, sabemos que Acme posee información privilegiada sobre el funcionamiento y los riesgos de sus productos. Y cuando el proveedor conoce algo relevante que el consumidor desconoce, el derecho tiene razones para preguntarse si esa información debía haber sido comunicada.

VI. Conclusiones

6.1. Coyote vs. Acme no elimina la lectura clásica de que Coyote es imprudente. Su interés jurídico radica en mostrar que Acme, como proveedor, conoce esa conducta y los riesgos asociados a sus productos, que utiliza con fines de estudio.

6.2. El Proyecto Sísifo permite replantear el problema central: no basta con preguntarse qué riesgos asumió voluntariamente Coyote, sino que también debe examinarse cuáles eran conocidos por Acme y permanecieron ocultos para el consumidor.

6.3. El incumplimiento de las obligaciones de Acme no determina, por sí solo, un deber indemnizatorio. A su vez, la imprudencia de Coyote tampoco excluye automáticamente la responsabilidad del proveedor, cuya determinación dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.

VII. Referencias

Fernández, Gastón. 2019. Introducción a la responsabilidad civil. Lecciones universitarias. Colección Lo esencial del derecho, n.º 46. Lima: PUCP.

Murillo, Javier. 2021. «Derecho de Consumo y Looney Tunes: ¿Es el coyote el mejor cliente en esta disciplina?». YouTube, publicado el 16 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=fd4d6K2y3W0

Porras Medina, Miguel Ángel. 2025. «El deber de idoneidad en el Código de Protección y Defensa del Consumidor». Ugaz Zegarra Abogados Asociados. https://estudiougaz.com/publicaciones/el-deber-de-idoneidad-en-el-codigo-de-proteccion-y-defensa-del-consumidor/

Capital social mínimo: qué dispuso la SBS este trimestre

Escribe: Wilber Alonso Ravelo Perez

Estudiante de 2° año de la FDCP de la UNMSM

Fuente: Viajes del Perú

I. Introducción

El 5 de octubre de 2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó, mediante la Circular N° G-234-2026, el capital social mínimo que deben acreditar las empresas que supervisa durante el trimestre octubre-diciembre. El ajuste alcanza a bancos, financieras, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras y empresas de servicios complementarios. En esa línea, se busca señalar los cambios dispuestos y su futura influencia en el ámbito societario.

II. Definición de capital social

En primer lugar, el capital social mínimo debe ser entendido, bajo la legislación financiera y bancaria, como el monto de capital que una entidad debe acreditar para operar bajo la regulación peruana (Congreso de la República 1996).

III. Modificaciones

Con relación a las modificaciones dispuestas por dicha circular, entre los principales ajustes, quienes más deben acreditar el mencionado capital son las empresas bancarias: S/ 33′743,000, frente a los S/ 32′965,300 del trimestre anterior, es decir, S/ 777,700 adicionales. Las empresas financieras y las cajas municipales de ahorro y crédito pasan de S/ 16′577,700 a S/ 16′968,800, y las cajas municipales de crédito popular deberán acreditar S/ 9′050,100. En el otro extremo, el piso de las empresas de créditos, las cooperativas que captan recursos del público y las cajas rurales suben de S/ 1′498,700 a S/ 1′534,000. En seguros, una empresa que opera en un solo ramo necesitará S/ 6′136,000, y una de seguros y reaseguros, S/ 21′473,400 (SBS 2026b, SBS 2026c).

Asimismo, el ajuste no es discrecional: la Ley General del Sistema Financiero faculta a la SBS a actualizar estos requisitos cada trimestre, y la variación responde al Índice de Precios al por Mayor, con factores distintos según el tipo de empresa y el período base. El efecto acumulado se nota: en el primer trimestre de 2026, el piso para un banco era de S/ 31′824,900 (SBS 2026a), de modo que hoy es cerca de 6% mayor.

IV. Influencia

Por otro lado, el principal efecto del ajuste es que el capital deja de ser una cifra fija y se convierte en una obligación que los propios socios deben vigilar. Con un alza cercana al 2.36% en un solo trimestre, una entidad que opera con poco margen sobre el mínimo, como puede ocurrir con las más pequeñas o recientes, puede verse obligada a recapitalizarse, ya sea con nuevos aportes o reteniendo utilidades en lugar de repartirlas. Esa decisión corresponde a los accionistas y se traduce en acuerdos societarios formales.

En ese sentido, el impacto no es parejo, ya que, si bien el porcentaje es el mismo para todos, el esfuerzo no. En los bancos, por ejemplo (y como se señaló antes), significa S/ 777,700 adicionales, mientras que en las cajas municipales de crédito popular son S/ 208,600. Para entidades pequeñas que cuentan con menos capacidad de captar capital fresco, ese monto podría pesar más sobre su estrategia de crecimiento que sobre la de una entidad grande.

Además, se genera a su vez un impacto sobre quien quiere entrar al mercado. Como la actualización se apoya en la variación del Índice de Precios al por Mayor (1), cuyo factor acumulado desde octubre de 1996 es de 2.26250036 (SBS 2026c), la cifra nominal exigida para constituir una empresa supervisada crece de forma constante. Esto eleva gradualmente la barrera de entrada.

No obstante, la regla tiene una ventaja: es previsible. Los socios pueden anticipar el ajuste, pero deben incorporarlo a su planificación financiera cada trimestre para evitar incumplimientos.

V. Reflexión

En conclusión, detrás de la tabla de cifras publicada por la SBS, la actualización trimestral del capital social mínimo es una variable de gobierno societario con efectos concretos en la planificación financiera de las entidades supervisadas.

Al vincularse con la variación del IPM, este mecanismo busca que el respaldo patrimonial preserve su valor real frente a la inflación. Aunque el reajuste del período fue moderado, su carácter trimestral genera un impacto acumulativo. Esto obliga a los órganos de gobierno, desde grandes bancos hasta pequeñas cajas y cooperativas, a revisar periódicamente su posición de capital y decidir entre inyectar nuevos aportes dinerarios o capitalizar utilidades no distribuidas.

Esta exigencia opera de manera asimétrica: si bien fortalece la protección de ahorristas y asegurados, impone un esfuerzo proporcionalmente mayor sobre las organizaciones de menor escala y requiere a los nuevos competidores acreditar una cifra nominal cada vez mayor. En consecuencia, el capital social mínimo trasciende el mero trámite formal: constituye una regla dinámica que exige seguimiento constante y una estrategia de mediano y largo plazo que no puede postergarse.

VI. Notas

(1) Entiéndase como el indicador económico que mide la evolución en el tiempo de los precios de bienes nacionales e importados comercializados a nivel mayorista, abarcando artículos de consumo final, intermedios y de capital de los sectores agropecuario, pesca y manufactura.

VII. Referencias

Congreso de la República del Perú. 1996. Ley N° 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lima, 9 de diciembre de 1996. https://n9.cl/a10i5

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026a. “Circular N° G-231-2026: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre enero – marzo de 2026”. Lima, 12 de enero de 2026. https://n9.cl/x9x0c

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026b. “Circular N° G-233-2026: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre julio – setiembre de 2026”. El Peruano, 9 de julio de 2026. https://n9.cl/0a9sq

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). 2026c. “Circular N° G-234-2026: Actualizan el capital social mínimo de las empresas supervisadas correspondiente al trimestre octubre – diciembre 2026”. El Peruano, 7 de octubre de 2026. https://n9.cl/8xdel5

¿Entre la eficiencia y la dependencia?: el papel de la inteligencia artificial en nuestra rutina académica

Escribe: Angela Gabriela Aquise Arpe

Estudiante de Derecho de 6° año de la UNMSM

Fuente: Creada con IA y tomado de MIT SMR México

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) se ha incorporado progresivamente en diversas actividades de nuestra vida cotidiana, extendiendo su presencia también al ámbito académico. Su presencia ha modificado algunas formas tradicionales de investigar, estudiar y organizar información, pues permite acceder a contenidos de mayor volumen, procesarlos y desarrollar determinadas tareas en menor tiempo. En este sentido, Crompton y Burke (2023), a partir de una revisión sistemática de investigaciones sobre inteligencia artificial en la educación superior, evidencian el creciente desarrollo y aplicación de estas tecnologías en el ámbito académico. Así, la IA se presenta como una herramienta capaz de complementar nuestras tareas académicas.

En esa línea, la IA puede emplearse para organizar ideas, identificar conceptos relevantes, explorar información, analizar contenidos y revisar textos de manera más rápida. Estas posibilidades se relacionan con los distintos usos que Morantes Carvajal (2023) identifica en el ámbito de la investigación, entre ellos la comunicación científica, la construcción de redes referenciales y el análisis de contenido. En conjunto, estas aplicaciones pueden contribuir a agilizar determinadas tareas del proceso académico y, al mismo tiempo, permitir que los estudiantes concentren sus esfuerzos en aquellas actividades que requieren mayor análisis, interpretación y criterio propio.

Sin embargo, esta eficiencia también plantea el riesgo de generar una dependencia excesiva de estas herramientas. En ese sentido, es pertinente precisar que el hecho de que una herramienta pueda generar información, resumir contenidos o proponer estructuras argumentativas de manera rápida no implica que los resultados obtenidos sean necesariamente correctos, completos o adecuados. Por ello, su uso debe estar acompañado de revisión, contraste de información y pensamiento crítico. El problema surge cuando la IA deja de ser un recurso de apoyo y comienza a sustituir capacidades que el estudiante debe desarrollar, como razonar, argumentar, interpretar y tomar decisiones.

En este contexto, resulta fundamental mantener el control sobre las distintas tareas académicas. Al respecto, Morantes Carvajal (2023) destaca la importancia de promover buenas prácticas y una reflexión crítica sobre el empleo de la IA en las actividades académicas. Esto supone no aceptar automáticamente sus respuestas, sino evaluar su contenido, verificar la información y determinar si resulta pertinente para el propósito académico.

Por tanto, el desafío no consiste en rechazar la IA, sino en utilizarla de manera responsable. Su incorporación a nuestra rutina académica puede representar una oportunidad para trabajar con mayor rapidez ciertas actividades, siempre que no genere una dependencia que limite nuestra autonomía intelectual. La IA puede contribuir al momento de ordenar y sintetizar contenidos; sin embargo, corresponde al estudiante cuestionar, verificar e interpretar la información obtenida, así como asumir la responsabilidad sobre las tareas y resultados derivados de su utilización.

Referencias

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, https://acortar.link/gvICkM

Morantes Carvajal, I. C. (2023). Inteligencia artificial (IA) en la investigación científica: Sistematización y reflexiones sobre experiencias educativas. Fuente: Revista de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Entrevista a la Dra. María Fernanda Cocco

En esta oportunidad, el Boletín Sociedades entrevistó a la abogada María Fernanda Cocco, quien es procuradora, notaria y docente universitaria en la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad nos compartió sus impresiones en torno al reporte de sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial.

Entrevistan:

– Acosta Delgado, Manuel de Jesús

– Alva Lopez, Milagros Elizabeth

– Yesenia Hermelinda Cisneros Palomino

– Josué Cuadros Quezada

– Romina Camila Diego Manzanilla

– Alisson Denisse Pino Cauper

– Marilú Danissa Ramos Caparachin

¿Cuál es el concepto, definición o alcance que podría señalar acerca de la responsabilidad social empresarial o de la empresa?

Definiciones de responsabilidad social empresarial hay muchas. En una concepción más clásica, podemos decir que es aquella que se preocupa o que trata de explicitar el impacto que va dejando la empresa en el medio ambiente. Esa es como la definición clásica, como empezó en su momento.

Posteriormente, en diversos sistemas normativos se fue avanzando en esa conceptualización. Así, se la vinculó con las normas del buen gobierno corporativo, porque se empezó entender que la empresa es una organización humana, y con la palabra “social”. Y se empezó a tener en cuenta que era lo que pasaba con las personas que integran esa empresa con las personas que se vinculan con esa empresa.

Otra vinculación que tuvo el concepto de la responsabilidad social empresaria, y que le dio también otra dimensión, es lo relacionado con la organización o la gobernanza de las empresas y, particularmente, con aquello a que se refiere la contabilidad y a la rendición de cuentas. Entonces allí nos empezaron a aparecer los conceptos vinculados con los portadores de interés, además de los fundadores o los administradores, y con la gestión del riesgo.

Pero no olvidemos que la noción de responsabilidad social empresaria estuvo en sus orígenes muy vinculada y fuertemente atada al impacto que produce la empresa en el ambiente, recordemos los diversos casos notorios de problemas serios producidos en el medio ambiente. En consecuencia, los autores, las personas que investigan sobre estos aspectos, le dan mucha preponderancia a la cuestión medioambiental porque tiene que ver con su origen y su evolución, digamos, histórica.

Cuando lo empezamos a vincular con la rendición de cuentas, la gestión de los administradores y cómo responden, así como la contabilidad que deben llevar las empresas; empieza aparecer fuertemente los portadores de interés. Pero también hay un concepto jurídico indeterminado que es esto de la rendición de cuentas y sobre el alcance que le damos. Recordemos que podemos pensar en sólo una rendición de cuentas contable.

Bueno, desde las ciencias económicas muy fuertemente se empezó a trabajar y empezaron a desarrollar y a tratar de ver cómo lo regulaban a través de normas técnicas, a lo que se conoce como balance social empresario.

Ese primer desarrollo del balance social empresario también estaba muy sesgado hacia lo que es la impronta que le daba la cuestión medioambiental donde encontró algún camino para abrir ese balance social empresarial en las empresas sin fines de lucro en todo lo que es el Derecho cooperativo. Todas las asociaciones civiles, las fundaciones, todas aquellas instituciones que no tienen el fin de lucro como su digamos, su principal objetivo o su característica definitoria. Y entonces, en esos casos se empezó a comprender que no se podían evaluar esos documentos contables con la misma mirada o con el mismo criterio con el que se evaluaba el balance tradicional contable porque algo que para la contabilidad, digamos, tradicional puede ser considerado un gasto en el balance social de empresario, cuando lo analizamos como un estado contable, empieza a ser una inversión. ¿Y por qué? Porque cambia la óptica con la que tenemos que analizar las decisiones políticas que se toman en la asignación de recursos de esa empresa teniendo en cuenta que su misión, sus valores, sus objetivos y la planificación estratégica que van desarrollando o han plasmado y los ajustes propios que se van teniendo a lo largo del tiempo.

Es un concepto que todavía no está completamente terminado, sino que se va construyendo en función de las tendencias…

Desde el punto de vista jurídico todas estas definiciones son conceptos jurídicos indeterminados. Nuestro esfuerzo tiene que estar apuntando a tratar de darle un contenido el cual no es sencillo. Tal vez doctrinariamente es sencillo de desarrollarlo, pero para que tenga una correlación práctica y que pueda ser adoptado por las empresas, nos encontramos con las distintas vías que ha tenido la evolución de la responsabilidad social empresaria.

Entonces ahí es donde está la cuestión que estamos trabajando sobre conceptos jurídicos indeterminados y eso nos va dejando estos estas problemáticas en la correlación práctica y su implementación.

¿Cuál es el aporte que nosotros podemos hacer si nos desempeñamos como asesores o tenemos la posibilidad de conformar un grupo de consulta del órgano directivo de estas empresas? Considero que es tratar de hacerles comprender que esto no es un óbice a que tengan su rentabilidad económica.

La responsabilidad social empresaria no es una herramienta únicamente para quedar bien con el afuera, con la externalidad de la empresa, sino que lo tenemos que utilizar como una herramienta de construcción de cultura organizacional que nos ayude a cumplir mejor nuestros objetivos como empresa.

¿Existe alguna regulación especial en Argentina acerca de la responsabilidad social empresarial?

Específicamente, no. Con el doctor Efraín Hugo Richard trabajamos mucho ese tema, aunque nunca estuvimos de acuerdo. Él lo vinculaba a una norma vigente en la legislación argentina: el artículo 100 de la Ley General de Sociedades.

Metodológicamente, este artículo se ubica dentro de la regulación de las causales de disolución y liquidación. Establece que algunas de estas causales pueden ser removidas por decisión voluntaria de los socios, siempre y cuando exista viabilidad económica y social de la empresa.

A partir de esa disposición legislativa concreta, empezamos a analizar a través de qué mecanismo se podía acreditar dicha viabilidad económica y social para tomar la decisión de remover la causal.

Tomemos una causal de disolución no tan dramática e interna de la sociedad, como la pérdida del capital social producto de una situación económica compleja. ¿Cuál sería el mecanismo para removerla? El reintegro del capital social. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es que el artículo 100 impone que esto es válido «siempre y cuando exista viabilidad económica y social». Por lo tanto, para tomar esa decisión válidamente, primero debemos determinar esa condición.

Allí surgían las diferencias con el doctor Richard: él consideraba que la viabilidad debía surgir de la memoria como estado contable. Yo, en lo particular, pensaba que la memoria no alcanzaba, y por eso empecé a investigar y desarrollar el informe de gestión.

Al no estar regulado en la Ley General de Sociedades, las empresas podían adoptar el informe de gestión como una metodología de trabajo para el seguimiento de su planificación estratégica. Para ello, primero se debía explicitar dicha planificación, permitiendo a los administradores efectuar informes de gestión periódicos o al finalizar su mandato.

¿En qué consistiría la relación entre responsabilidad social y la sostenibilidad social?

Toda esta corriente de la responsabilidad social empresarial va mutando porque va evolucionando. A partir de algunas reformas surgidas en la Comunidad Europea, se empieza a dejar de hablar de responsabilidad social empresarial para hablar de sostenibilidad empresarial.

Este esfuerzo busca evitar el sesgo hacia lo medioambiental que tiene la responsabilidad social empresarial y hacer más visibles todas estas otras cuestiones que configuran y de las que debe dar cuenta la gestión societaria o empresarial.

¿En qué sentido? En que esa sostenibilidad ya no solo se vincula con el medio ambiente, sino con determinar cómo vamos a gestionar los riesgos y cómo gobernamos; qué gobernanza tenemos dentro de nuestra empresa y cómo se vincula con la gestión del riesgo. Y no solamente regulando cómo resolver los conflictos de interés entre quienes integran el órgano de administración o de gobierno de una sociedad, sino cómo gestionamos los riesgos para todas las partes interesadas que tenga esa empresa.

Desde lo personal, celebro este cambio terminológico y doctrinario porque desde el lenguaje construimos sentidos y realidades. Hablar de sostenibilidad abarca lo medioambiental, las buenas prácticas de gobierno corporativo o gobernanza y la gestión del riesgo.

La gestión del riesgo suele tener un sesgo vinculado solo a la prevención del daño —lo cual no es menor—, pero también hay una gestión de riesgos más interna de la sociedad, vinculada con la gobernanza y entendiendo a la empresa como una organización humana con una faceta administrativa. Se trata de gestionar los riesgos no solo pensando en evitar producir un daño a un tercero o en el producto final que sacamos al mercado, sino en cómo mantenemos niveles de eficiencia y eficacia internas. Si la regulación de nuestros procesos no tiene establecidos controles previos, concomitantes y posteriores, probablemente estemos cometiendo errores a nivel administrativo más allá del producto final.

El cliente es un portador de interés, no solo vinculado al derecho de defensa del consumidor, sino también cuando se relaciona con la empresa a través de un mero reclamo que tal vez no llegue a la instancia de quedar amparado por las leyes del consumidor. Pensemos en los diversos objetos que pueden tener las empresas: no es lo mismo el reclamo que hace alguien respecto de una empresa de telefonía celular, que necesita un contacto permanente con la prestadora del servicio, que el de alguien que compra un producto defectuoso y tiene una vinculación absolutamente esporádica. No podemos gestionar nuestros procesos internos de la misma manera en un caso u otro.

Por lo tanto, la gestión del riesgo también tiene que estar pensada para proveer servicios con niveles de calidad y excelencia que nos permitan ser eficientes y eficaces al mismo tiempo.

¿Qué es el informe de gestión en las sociedades en Argentina? ¿Este documento incluye siempre el reporte de sostenibilidad? ¿Es obligatorio para todas las empresas argentinas? ¿Es como la memoria anual que regula la Ley General de Sociedades de Perú?

De lo que yo vengo estudiando, y justamente vamos a trabajar en una nueva publicación acerca de sostenibilidad, ¿cómo yo defino el informe de gestión? Para mí, es la rendición de cuentas que debe hacer el administrador de una sociedad respecto de la planificación estratégica o de la planificación que presentó al asumir su mandato.

¿Y qué es lo que debe contener, según mi criterio? Indicadores financieros, por supuesto, pero también indicadores no financieros. Lo detallo: la estructura de la sociedad y de su órgano de administración; cómo se regulan los conflictos de interés entre administradores, socios y sociedad; las prácticas de buen gobierno o de buena administración adoptadas; la política de transparencia y los intangibles.

Todo eso también impacta en que tenemos que redefinir nuestras partes interesadas, porque también las debemos tener identificadas. Debemos determinar de qué manera vamos a difundir nuestra información financiera, de qué manera vamos a difundir nuestros parámetros estratégicos y qué otra cosa vamos a determinar en este informe de gestión.

También debemos determinar el plan de inversiones, el plan de endeudamiento, el plan de aprovisionamiento, el plan de posicionamiento en el mercado y cómo ha ido evolucionando, el plan de los recursos humanos o de capital humano. Asimismo, todo lo relacionado con las políticas de empleabilidad que tiene la empresa, la gestión de riesgos y sus contingencias, el impacto medioambiental, la gestión de la calidad de los productos o servicios que ofrecemos, la evaluación de la satisfacción de los clientes, la investigación y/o desarrollo que estemos haciendo, la vinculación con la comunidad y, por supuesto, el control de gestión y el plan de difusión y transparencia que estemos dispuestos a asumir.

Porque, para mí, no es solamente dar cuentas internas, sino también brindar cuentas hacia afuera. Porque la empresa y la sociedad tienen ínsita en su definición esa externalidad, ese vínculo no solamente con los terceros indeterminados y con los clientes, sino también con la comunidad en la que se inserta.

Pensemos que, tal vez, cuando uno vive en una gran ciudad o en una capital, no lo dimensionamos tanto. Pero, en las pequeñas ciudades o en pequeñas localidades, normalmente del interior de los diversos países, provincias o jurisdicciones, según cómo tengan determinada su conformación política, muchas veces la empresa es la que sostiene a la comunidad. Lo que le pase a esa empresa o a esa sociedad arrastra lo que le va a pasar a esa comunidad, porque puede ser que la gran mayoría de las familias que allí habitan dependan económicamente de ella, porque el empleador principal es esa empresa o esa sociedad. Entonces, también eso tiene que quedar explícito.

Por eso digo que, en mi definición, el informe de gestión contempla absolutamente lo que hoy por hoy entiende la doctrina como los informes de sostenibilidad, porque es muchísimo más amplio. Las buenas prácticas de gobernanza, la gestión del riesgo y el impacto ambiental son parte de lo que actualmente se entiende, en cuanto a contenido, por los informes de sostenibilidad. Pero eso me está dejando afuera un montón de cosas; no me está contemplando todas las otras cuestiones.

Yo todavía aspiro, y espero y sigo escribiendo e investigando en ese sentido, pero también buscando darle un fundamento científico a lo que uno sostiene y a lo que uno trata de instalar: que tiene que ser mucho más amplio. No podemos reducir la empresa solamente a lo que produce. La empresa es una organización humana conformada por un montón de personas, y todas esas personas tienen su importancia. Si no entendemos eso, tenemos puntos de vista distintos; entonces, nuestro diálogo no es compatible.

¿Qué responsabilidades legales podría acarrear para los administradores y directores de las sociedades en Argentina el plasmar en el informe de gestión determinadas metas o compromisos de responsabilidad social que posteriormente la empresa no pueda ejecutar o que se incumplan en la práctica? ¿Estaríamos en un caso de greenwashing?

Como siempre digo, la gestión, en cualquier ámbito, en cualquier institución, sea pública o sea privada, es bastante ingrata. Es muy gratificante por un lado, es muy desafiante, pero es ingrata. ¿Por qué? Porque cuando uno asume esa gestión, llega con todo el ímpetu, llega con todas las ganas. Bueno, perfecto, entonces planificamos, nos planteamos estas metas, estos objetivos. ¿Qué es lo más difícil de ese momento? Ser absolutamente realistas.

Y se aprende mucho con el tiempo, porque uno siempre termina fracasando más, o equivocándose más, que acertando o siendo exitoso. Entonces ese es el punto: la planificación, así sea el desarrollo de un documento, que seguramente a ustedes les pasa en su planificación, tanto sea profesional o, aquellos que están estudiando, en el objetivo que se plantean de decir: “bueno, voy a rendir tantas o cuántas materias, así voy avanzando, voy a cursar”. Bueno, la planificación es eso: es una orientación hacia dónde debemos ir.

Si nosotros pensáramos exigirle una responsabilidad, traducida en una obligación de resarcir daños, por no haber cumplido todos los objetivos o todas las metas que se planteó al administrador, bueno, nadie querría ser administrador de ninguna empresa o institución. Y ese plan inicial que nosotros hacemos, por eso yo digo esto de que tiene que ser periódico, que cada tanto tenemos que estar revisando qué es lo que va pasando. Puede haber objetivos que hemos planteado que se volvieron imposibles. Las circunstancias a las que está sometida una empresa, el entorno que afecta a la empresa, es muy variable: puede salir una disposición legal que cambia la regulación de alguna actividad, y entonces la planificación que tiene esta sociedad para una determinada línea de productos, por esa regulación estatal que surgió, hay que readecuarla. Por supuesto que no le podemos endilgar responsabilidad al administrador.

Ahora, ¿dónde este informe de gestión, vinculado con la planificación, permite empezar a visualizar que estaríamos ante una posible causal de responsabilidad del administrador? Bueno, si planteó hacer tres metas, tres objetivos en esa planificación, y resulta que solo avanzó en uno, y no hay una explicación racional y razonable de por qué no avanzó en los otros dos, ¿por qué? Porque ahí, evidentemente, algo pasó.

Entonces, no es que… estas son, para mí, herramientas que permiten mejorar y que permiten advertir muy tempranamente situaciones que pueden ser complicadas para las empresas y para la gobernanza de esas empresas. No es una herramienta para, digamos, caer con todo el peso de la ley, de la responsabilidad, sobre los administradores.

Acá hay que tener también algunos cuidados, porque está toda esta evolución doctrinaria sobre la business judgment rule, que tiene que ver con que, bueno, si el administrador cumplió con los parámetros y el proceso, no va a ser responsable por las cuestiones o los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado con razón de una determinada decisión empresarial. Ojo ahí también, porque hay que analizar el caso concreto, porque uno puede haber cumplido con todos los mecanismos internos, con todos los reglamentos internos de la empresa, pero tal vez debió hacer alguna otra cosa.

Recordemos que la mayoría de las legislaciones imponen la responsabilidad de los administradores tanto por acción como por omisión. Y el problema de la omisión tiene que ver con la profesionalidad de la función o el rol de administrador de las empresas. No cualquiera puede administrar; tiene que conocerlo. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos decir: “ah, bueno, como yo más o menos me manejo bien en el manejo de mis finanzas familiares, puedo postularme para ser administrador de una empresa que se dedica, no sé, a producir vehículos”. Bueno, lo más probable, en mi caso particular, es que fracase rotundamente, porque no tengo ni remota aproximación a todo lo que requiere administrar esa empresa. O sea, hay parámetros, y cuidado que hay que tener, a la hora de determinar estas cuestiones.

Qué es lo que sí permite tener estos informes de gestión o informes de sostenibilidad periódicos, respecto de la responsabilidad de los administradores: bueno, que tal vez los socios puedan tomar decisiones antes, es decir, que tengan más explicitado si el administrador está respondiendo o no, si está desempeñándose adecuadamente o no.

Al elaborar un reporte de sostenibilidad, ¿qué elementos se debería considerar en ese reporte y cuáles son las ventajas para una empresa el contar con un reporte de sostenibilidad bien elaborado?

Todas las pautas de buen gobierno corporativo, más allá de los diversos modelos que se pueden adoptar de gobernanza, ¿qué beneficio trae? Si tenemos decidido nuestro modelo de gobernanza, es decir, sobre las reglas en que la empresa se va a someter, entonces se van a tener las políticas de la empresa y a tener definido el tema de cómo se gestiona los conflictos de intereses, ¿en qué casos el administrador puede o no contratar con la sociedad? ¿qué requerimientos extra tienen esas contrataciones? Lo mismo para con los socios.

En el reporte de sostenibilidad se debe dar cuenta de la gobernanza de la empresa. Qué implica ello. Nosotros podemos establecer en un modelo bastante sencillo de gobernanza. Si pensamos en el modelo político o en el modelo financiero, tenemos ahí como alguna posibilidad de que sea bastante claro. La doctrina está bastante contenta en el contenido que tienen cada uno de estos modelos.

¿Qué ventaja trae? Bueno, que nos permite ir controlando si los mantenemos a lo largo del tiempo, si ese modelo es viable o no para que sea sostenible, es decir, para que lo podamos mantener o mejorar a lo largo del tiempo.

Si el método o el sistema que implementamos para la gestión del riesgo, por ejemplo, es suficiente o no, si debemos mejorarlo. Pensemos en un sistema de gestión de riesgos bastante simple, es decir, que una vez producido algo, hagamos un contravalor posterior. Bueno, si vemos que eso es insuficiente porque no nos permite ser sostenibles ―nuestros productos siguen saliendo defectuosos― por qué les hacemos el control posterior… tenemos que empezar a pensar en que tal vez sea necesario un control previo o concomitante dependiendo cuál sea la instancia del proceso en la que estemos interviniendo o que debamos intervenir.

En la cuestión del medio ambiente, claramente va a estar bastante atado a la diversa legislación que esté vigente en cada jurisdicción estatal, provincial o municipal al respecto, porque muchas veces esa regulación estatal es la que determina qué parámetros de políticas o de controles establecemos para las cuestiones de impacto medioambiental.

Pero claramente, el reporte de sostenibilidad, lo mismo que todas estas herramientas que hemos estado hablando sirven en la medida en que todos quienes integran la empresa comprendan su importancia y su valor, pues es lo que nos permite aprender organizacionalmente para mejorar y para evitar cometer los errores.

¿Qué papel cumple el Estado argentino en la promoción de la responsabilidad social empresarial? ¿Existen incentivos fiscales u otros mecanismos públicos que fomenten que las empresas privadas contribuyan al cumplimiento de objetivos sociales o ambientales?

Hubo un proyecto legislativo que quedó trunco, en el que se estuvo tratando de regular las empresas BIC. Actualmente, no existe, al menos en términos generales, una regulación de los incentivos fiscales para la responsabilidad social. Ese es justamente el mayor óbice de las corrientes o doctrinas para su adopción uniforme y sostenible en el tiempo. Realmente, quienes deben entender que se trata de algo positivo y que les reditúa valor son los propios fundadores de las empresas y sus integrantes. Son ellos quienes tienen que apropiarse de las ventajas que les genera adoptar estos mecanismos, que no tienen nada que ver con una ecuación de rentabilidad económica.

¿Existe algún tipo de estándar nacional o internacional que las empresas deben seguir a efectos de elaborar su reporte de sostenibilidad?

Mira, como estándares, no digamos así, regulados estatalmente, están más vinculados con la regulación del compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde hallé algunos indicios de que debería contemplarse. Pero si… quedan también en esta cuestión de indefinición.

Cuando uno busca ver cómo se haría un proceso de una empresa que sea o que adopte el reporte de sostenibilidad, si ustedes empiezan a investigar a través de Internet, les van a aparecer un montón de empresas que acompañan a poder elaborar y a poder adoptar estas herramientas, de la misma manera que pasa con quienes desean certificar normas ISO o cosas por el estilo. Hay empresas que acompañan a quien lo quiere hacer, ayudándole a generar todo lo que debería tener, como mínimo: terminan siendo como validaciones privadas.

Boletín Sociedades es un medio de difusión de artículos y entrevistas que se difunde de forma gratuita en formato digital, de gran alcance en las redes sociales y en la comunidad académica. Nuestros lectores son abogados, ciudadanos de a pie y especialmente estudiantes, ¿qué mensaje podría dejar a los abogados y a los estudiantes?

Felicito a los miembros del Boletín Sociedades y les agradezco por la entrevista.

Como mensaje final sobre el tema tratado, los reportes de sostenibilidad o los informes de gestión, le digo que no desistamos en su estudio y en la investigación porque tenemos que apostar a que exista una cultura empresarial que no solamente esté atada a la rentabilidad económica. Yo no la desmerezco para nada, pero que no solo esté vinculado el éxito de la empresa o de la sociedad. El ser humano es el centro de todos nuestros esfuerzos.

Considero, y creo fervientemente que las empresas no son las enemigas de los trabajadores, sino todo lo contrario. Tenemos que lograr una comunidad humana sostenible en tiempo que sea virtuosa y que sea equilibrada entre todos los intereses del juego, pero siempre teniendo el eje principal en que el destinatario de todos nuestros esfuerzos tiene que ser la persona humana, y siendo respetuosos con el lugar, el ambiente en el que debemos desarrollarnos como tales.

Ese ambiente no es solo el mundo, sino también las interrelaciones personales que construimos dentro de la propia organización. Por eso siempre les digo: no se olviden que las empresas son organizaciones humanas. Y esa definición es clave, porque también nos tenemos que preocupar del ambiente que impera en nuestra empresa.

Así que felicitaciones a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Lo pasé genial. Sigan adelante.

Muchas gracias por la entrevista.

Aumento de la RMV a S/ 1,300: ¿Qué implica para el mercado laboral?

Escribe: Lhunna Zariel Cajusol Cabrera

Estudiante de 3° año de Derecho de la UNMSM

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

El debate sobre un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) tomó forma el pasado 3 de septiembre, cuando representantes de trabajadores y empleadores, reunidos en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), coincidieron en la necesidad de elevar el actual salario mínimo de S/1,130 a S/1,300. El consenso, sin embargo, no alcanzó a la fecha ni a la forma de aplicación. Días después, el 10 de septiembre, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que el incremento se realizaría de manera progresiva en dos tramos, con el primero previsto para este año. Según el esquema planteado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el primer aumento sería de S/100 y el segundo de S/70, hasta alcanzar los S/1,300.

Si bien la medida busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, se plantea en un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad y donde las MYPE representan la mayor parte del entramado empresarial. Este escenario lleva a analizar, además de sus beneficios, los posibles efectos del incremento sobre las empresas y el acceso al empleo formal, así como los criterios que deberían orientar futuras actualizaciones de la remuneración mínima.

II. Entre el poder adquisitivo y costos laborales

El incremento de la RMV a S/1,300 tiene como uno de sus objetivos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que alcanzar este monto permitiría recuperar aproximadamente la capacidad de consumo que tenía la remuneración mínima en 2020. De esta manera, el reajuste busca compensar la pérdida de valor real del salario frente al incremento del costo de vida.

Por supuesto, la medida también implica mayores costos laborales para las empresas, aspecto especialmente relevante en el caso de las micro y pequeñas empresas (MYPE). Según el Ministerio de la Producción (2026), estas representan el 99,2% de las empresas formales del país, generan alrededor de 10,3 millones de puestos de trabajo y aportan aproximadamente el 20,6% del PBI. Su importancia dentro de la actividad económica hace necesario considerar las condiciones en las que asumirán el nuevo piso salarial.

El incremento también puede repercutir en la estructura salarial de las empresas. Al elevarse el piso remunerativo, se reduce la diferencia entre quienes perciben la RMV y aquellos trabajadores que reciben montos ligeramente superiores, fenómeno conocido como compresión salarial. Esto lleva a las empresas a evaluar sus bandas salariales y determinar si las diferencias entre puestos continúan respondiendo a criterios como la responsabilidad, experiencia o especialización (El Peruano 2026).

Frente a ello, el Ejecutivo planteó que el incremento hasta S/1,300 se realice en dos tramos y anunció un bono compensatorio por única vez para las MYPE. La aplicación progresiva permitiría distribuir el ajuste de los costos laborales en el tiempo. Sin embargo, mientras el incremento de la RMV tendrá efectos permanentes sobre los costos laborales, el apoyo anunciado para las MYPE tiene carácter temporal, lo que deja abierta la discusión sobre su capacidad de adaptación en el mediano plazo.

III. El reto de una economía con alta informalidad

Uno de los principales desafíos del incremento de la RMV está en el elevado nivel de informalidad del mercado laboral. En el Perú, cerca del 70% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, por lo que, al estar fuera del marco regulatorio, estos trabajadores no están sujetos directamente a las normas del salario mínimo. En este escenario, el Instituto Peruano de Economía estima que el aumento de la RMV a S/1,300 beneficiaría directamente a menos del 2% de la fuerza laboral (IPE 2026).

A ello se suma el posible efecto sobre el acceso al empleo formal. Según el IPE (2026), elevar la RMV en aproximadamente 15% aumentaría las barreras para la contratación formal, principalmente para los jóvenes, quienes presentan una mayor probabilidad de encontrarse en la informalidad y percibir menores ingresos.

Este escenario evidencia que elevar el piso salarial no supone automáticamente una mejora de los ingresos o una reducción de la pobreza, debido a problemas estructurales como la baja productividad laboral y las dificultades para el crecimiento empresarial. Entre las medidas planteadas se encuentran la simplificación de los regímenes aplicables a las MYPE y de los trámites de formalización, junto con mejoras en la formación para el trabajo y el acceso al financiamiento (IPE 2026). Estas condiciones contribuirían a ampliar las oportunidades de empleo formal y, con ello, el número de trabajadores que pueden acceder a los beneficios derivados de la RMV.

IV. El pendiente que arrastra el Perú

El 3 de septiembre, el CNTPE encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) formular una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, tomando como base los acuerdos previamente alcanzados por este organismo.

Esta necesidad responde a un problema que viene siendo discutido desde años anteriores. Al respecto, Sánchez Chávez (2025) advierte que en el Perú no existe una regulación específica que determine cada cuánto tiempo debe revisarse la RMV, por lo que sus reajustes se han producido de manera esporádica e imprevisible.

En esa línea, se ha propuesto que la actualización de la RMV responda a una metodología objetiva basada en criterios técnicos, considerando variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. De esta manera, establecer previamente cuándo y bajo qué condiciones corresponde realizar los reajustes brindaría mayor predictibilidad al proceso y reduciría el margen para que el alza de la RMV sea utilizada como una herramienta política por el gobierno de turno.

V. Comentario

El debate sobre el aumento de la RMV, hoy en día, ya no se centra en determinar si S/1,300 constituye un monto adecuado, pues ello supondría una visión muy exigua frente a la realidad económica y social peruana. En ese sentido, la medida tendrá un mayor alcance si está acompañada de las condiciones necesarias para que cada vez más trabajadores puedan acceder efectivamente a este piso salarial, así como de políticas orientadas a mejorar la productividad y favorecer el crecimiento de las empresas. Después de todo, elevar el salario mínimo adquiere mayor sentido cuando sus beneficios pueden alcanzar progresivamente a una mayor parte de los trabajadores sin que ello implique dejar de lado las condiciones que las empresas necesitan para crecer y generar empleo formal.

VI. Referencias

El Peruano. 2026. “Aumento del sueldo mínimo: ¿qué pasará con quienes ya ganan más y cómo afectará a las estructuras salariales?”. El Peruano, 31 de agosto. https://acortar.link/dUPmgK

Instituto Peruano de Economía (IPE). 2026. “Alza del salario mínimo beneficiaría a menos del 2% de trabajadores.” Instituto Peruano de Economía, 2 de agosto. https://acortar.link/K6tTGG

Ministerio de la Producción. 2026. “Las MYPE contribuyen con el 20.6% al PBI y generan 10.3 millones de empleos en el Perú”. Gob.pe, 14 de mayo de 2026. https://acortar.link/6M1wQ1

Redacción Gestión. 2026. “Sheput anuncia que el aumento de la RMV a S/1,300 será en dos tramos, el primero este año.” Gestión, 10 de septiembre. https://acortar.link/jlceo7

Sánchez Chávez, Martí Paul. 2025. “Falta de regulación periódica de la remuneración mínima vital en el Perú”. Tesis de maestría, Universidad José Carlos Mariátegui. https://hdl.handle.net/20.500.12819/3681

La tutela provisional en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil: entre aseguramiento y anticipación

Escribe: Erika Luciana Muñante Auris

Estudiante de octavo ciclo de Derecho de la Universidad de Lima

Fuente: López de Castro Abogados

I. Una gran interrogante

¿De qué le sirve a una persona ganar un proceso si, cuando finalmente llega la sentencia, ya no queda nada que ejecutar ni reparar? Esta pregunta revela uno de los principales problemas del proceso civil: el tiempo no puede convertirse en una carga, que perjudique a quien tiene la razón. Frente a ese riesgo, la tutela provisional busca impedir que la duración del proceso vuelva ineficaz la protección jurisdiccional.

II. Una medida cautelar por excelencia: el embargo

Históricamente, el embargo ha sido la figura cautelar más representativa. Al respecto, Alvarado Velloso señala que, es la medida cautelar más antigua y una de las más desarrolladas legislativamente, al punto de que su regulación terminó sirviendo de referencia para otras formas de protección (Alvarado Velloso A., 2010, 17). Cabe precisar que, en el Código Procesal Civil peruano, las medidas para futura ejecución forzada tienen precisamente una finalidad asegurativa (propiamente cautelar): conservar bienes o situaciones para que una eventual resolución final favorable pueda ejecutarse de manera efectiva.

Esta función se relaciona directamente con la tutela jurisdiccional efectiva. Una resolución favorable firme carecería de utilidad si, durante el proceso, el demandado/ejecutado pudiera disponer de sus bienes o si la situación controvertida se alterara de manera irreversible. Por ello, la tutela cautelar procura neutralizar el periculum in mora, es decir, el peligro derivado de la demora procesal. Su propósito no es satisfacer anticipadamente la pretensión, sino preservar las condiciones necesarias para que la decisión final pueda cumplirse.

El embargo preventivo ilustra con claridad esta lógica. Al afectar provisionalmente un bien del demandado, no entrega al demandante aquello que reclama; únicamente asegura que, si obtiene una sentencia favorable y el obligado no cumple voluntariamente, exista un bien sobre el cual pueda desarrollarse la ejecución. Lo mismo ocurre, con sus particularidades, con otras medidas destinadas a conservar la eficacia práctica de la futura decisión.

III. ¿Todas las medidas provisionales son cautelares?

Es necesario tener presente que el Código Procesal Civil también regula medidas que cumplen una función diferente a la asegurativa o cautelar. Existen situaciones en las que no basta con asegurar el resultado futuro, porque la espera misma puede ocasionar un perjuicio irreparable. Allí aparece la tutela anticipada, que permite adelantar provisionalmente, de manera total o parcial, los efectos de la tutela solicitada. A diferencia de la tutela cautelar, esta modalidad sí incide temporalmente sobre el contenido de la pretensión, aunque permanece condicionada a lo que se resuelva definitivamente.

Un ejemplo es la asignación anticipada de alimentos. La persona beneficiaria recibe una pensión antes de la sentencia definitiva porque sus necesidades de alimentación, salud, educación y subsistencia no pueden esperar hasta el final del proceso. En este supuesto, la medida no se limita a conservar un patrimonio para una ejecución posterior, sino que satisface provisionalmente una necesidad urgente, sin convertirse por ello en una decisión definitiva sobre el fondo.

IV. Corrección en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil

La diferenciación, antes señalada, permite comprender una de las propuestas más relevantes del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil. Mientras el código vigente reúne estas figuras bajo el “proceso cautelar”, el referido proyecto plantea la categoría más amplia de tutela provisional, dentro de la cual pueden distinguirse dos especies: la tutela cautelar, orientada a conservar o asegurar la eficacia de una futura sentencia estimatoria; y la tutela anticipada, dirigida a adelantar los efectos de la protección solicitada cuando la demora pueda perjudicar gravemente al titular de la pretensión. El artículo 576 del proyecto refleja ambas finalidades al permitir medidas destinadas tanto a garantizar la eficacia de la futura sentencia como a anticipar los efectos de la tutela solicitada.

La propuesta resulta especialmente útil para superar imprecisiones del régimen vigente. El artículo 619 del Código Procesal Civil, denominado “Eficacia de la medida cautelar”, vincula la ejecución con el bien previamente afectado por la medida. Esa formulación parece responder principalmente a la lógica del embargo y de la futura ejecución forzada, pero no describe adecuadamente aquellas medidas cuya finalidad consiste en anticipar provisionalmente la satisfacción de la pretensión. Por ello, utilizar una categoría general sin distinguir funciones puede generar confusión conceptual.

V. A manera de conclusión

Considero acertada la propuesta de adoptar la tutela provisional como categoría general, pues permite ofrecer una visión más integral y coherente de la protección frente a los efectos perjudiciales del tiempo procesal. La tutela cautelar y la tutela anticipada comparten la necesidad de evitar que la duración del proceso frustre la tutela jurisdiccional efectiva, pero responden a riesgos distintos y actúan de manera diferente: una asegura la eficacia futura de la sentencia y la otra atiende una necesidad que no puede esperar. Reconocer expresamente esta diferencia contribuiría a una regulación más precisa y facilitaría que jueces, abogados y justiciables comprendan qué tipo de protección corresponde en cada caso. La reforma, por tanto, no debería limitarse a cambiar una denominación, sino consolidar criterios claros sobre los presupuestos, alcances y efectos de cada modalidad, de modo que la tutela provisional cumpla su verdadera finalidad: impedir que el tiempo convierta la justicia en una respuesta tardía o inútil.

VI. Referencia

Alvarado Velloso, A. (2010). Las cautelas procesales. Críticas a las medidas precautorias. Editorial Universidad del Rosario.