Coyote vs. el derecho peruano

Escribe: Clever Daniel Santillan Linares

Bachiller en Derecho por la UNMSM
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: americancinematheque.com

I. Introducción

La serie El Coyote y el Correcaminos es un clásico animado de Warner Bros. que casi no necesita presentación. Su premisa es simple: un coyote ingenioso, pero imprudente, se obsesiona con atrapar a un astuto y escurridizo correcaminos, sin conseguirlo pese a los cohetes, trampas y explosivos de la marca Acme que utiliza. Sin embargo, la película Coyote vs. Acme plantea una pregunta capaz de cambiar nuestra interpretación de la serie: ¿y si Acme fuera legalmente responsable de los desaciertos de nuestro torpe protagonista?

La película, que combina animación con acción real, sigue a Coyote, quien, tras años de utilizar productos Acme sin éxito, demanda a la empresa con el patrocinio de Kevin Avery, un abogado humano en decadencia especializado en litigios civiles por daños. Para quienes estamos familiarizados con el ámbito jurídico, Coyote aparece entonces como alguien que busca acceder a la justicia.

A partir de esta premisa, el presente artículo analiza la eventual responsabilidad administrativa y civil de Acme por los daños sufridos por Coyote desde el ordenamiento jurídico peruano. Para ello, se relacionarán conceptos del derecho de protección al consumidor y de responsabilidad civil.

II. Coyotus Consumator

2.1. La relación de consumo como prerrequisito

El primer paso para analizar jurídicamente la relación entre Coyote y la Corporación Acme consiste en determinar si existe una relación de consumo. Bajo el supuesto de que Coyote adquiere los productos para su uso personal, este sería el consumidor y Acme, el proveedor.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor parte de una idea sencilla: el consumidor debe poder acceder a productos idóneos y contar con información suficiente para tomar decisiones adecuadas. Una de sus finalidades es, precisamente, reducir la asimetría informativa entre quien ofrece un producto y quien lo adquiere.

2.2. Los deberes del proveedor

Todo consumidor necesita información veraz, suficiente, oportuna y accesible antes de adquirir un producto, tanto para decidir si lo compra como para conocer su uso adecuado. Por su parte, la idoneidad supone recibir aquello que razonablemente puede esperarse en función de lo ofrecido. Como señala Porras Medina (2025) “Su correcta observancia no solo garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los consumidores, sino que también constituye un estándar mínimo de conducta para los proveedores de bienes y servicios.”

Ambos deberes, sin embargo, son distintos: el de información se refiere a aquello que el proveedor debía comunicar, mientras que el de idoneidad exige evaluar si lo recibido corresponde a las expectativas razonables del consumidor, atendiendo a las circunstancias del caso.

Por ejemplo, imaginemos unos lentes inteligentes que funcionan exactamente como fueron ofrecidos, pero cuyo fabricante no informa que el dispositivo registra periódicamente fotografías para utilizarlas en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Podría existir un problema de información, aunque el producto funcione técnicamente como fue anunciado. Distinto sería que las gafas tomaran fotografías automáticas cuando el consumidor razonablemente espera que solo lo hagan al activar dicha función. En este último supuesto, la omisión podría afectar tanto la información proporcionada como la idoneidad del producto.

Los episodios clásicos nos permiten distinguir tres supuestos:

a) El producto se utiliza imprudentemente para una finalidad distinta de aquella para la que fue diseñado, como cuando se emplean un yunque y una banda elástica para construir una trampa.

b) El producto funciona conforme a su diseño, como ocurre con unas botas saltarinas que efectivamente saltan.

c) El producto falla espontáneamente, como una máquina que se activa por sí sola.

En los supuestos a) y b), si los productos funcionan conforme a lo ofrecido y se han informado adecuadamente sus riesgos, no habría necesariamente un incumplimiento del deber de idoneidad, aun cuando Coyote sufra un accidente. En cambio, en el caso c) podría configurarse una falta de idoneidad, pues no resulta razonable esperar que una máquina se active sola y cause daños.

En cualquier caso, el Código también protege frente a riesgos injustificados o no advertidos. Su artículo 25 establece que los productos no deben generar, en condiciones de uso normal o previsible, un riesgo injustificado o no advertido para la salud, seguridad o bienes del consumidor. A su vez, el artículo 26 exige adoptar medidas y advertir adecuadamente sobre los riesgos previsibles y la forma correcta de utilización.

En consecuencia, no todos los accidentes de Coyote pueden atribuirse automáticamente a Acme, pero tampoco cabe explicarlos sin más por la imprudencia del consumidor.

III. El proyecto Sísifo

En la película, el Proyecto Sísifo es una iniciativa secreta de Acme que consiste en utilizar a los personajes de dibujos animados como sujetos de prueba de sus productos antes de venderlos a los humanos. Esta revelación modifica la lectura que teníamos de la serie clásica.

Hasta entonces, la discusión podía concentrarse en las decisiones de Coyote. Sin embargo, el proyecto revela que Acme posee información sobre los riesgos de sus productos que el consumidor desconoce. Esto no elimina la relevancia jurídica de la imprudencia de Coyote, pero obliga a examinar qué sabía Acme y qué debía comunicarle para que pudiera decidir si adquiría o no esos productos.

En este punto, el concepto de idoneidad vuelve a cobrar importancia. El artículo 18 del Código no la define únicamente a partir del funcionamiento mecánico del producto, sino de la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, considerando, entre otros elementos, la publicidad, la información, las condiciones de la transacción y la naturaleza del producto.

Por eso, el Proyecto Sísifo puede modificar la evaluación jurídica de los productos de Acme. La película plantea que existen dos líneas: una destinada a seres humanos y otra exclusivamente a personajes de dibujos animados. Los productos para humanos son muy seguros, mientras que los destinados a personajes como Coyote resultan deliberadamente más peligrosos porque forman parte de los experimentos de la empresa.

Así, si Coyote adquiere un producto presentado como apto para su uso, pero Acme sabe que pertenece a una línea experimental diseñada para fallar y recopilar datos y no se lo informa, ya no bastaría con afirmar que «el producto funcionaba así». También corresponde preguntarse qué información recibió y qué podía esperar razonablemente del producto.

Un ejemplo es lo que ocurre con Kevin Avery: el abogado utiliza unos patines cohete diseñados para personajes de dibujos animados durante una persecución y termina lesionado. La escena muestra que la diferencia entre ambas líneas no es simplemente estética, sino que tiene consecuencias para la seguridad. Si Acme conoce esa diferencia, ¿puede guardar silencio? El deber de información no se limita a comunicar las características atractivas del producto, sino que también comprende los aspectos relevantes para decidir su adquisición y utilizarlo adecuadamente.

Algo similar ocurre con el deber de seguridad. Un producto no es necesariamente defectuoso por ser peligroso, pues algunos implican riesgos por su propia naturaleza. Lo relevante es si ofrecen la seguridad exigible teniendo en cuenta, entre otros factores, su diseño, la forma en que fueron puestos en el mercado, la publicidad, las instrucciones, las advertencias y el uso previsible.

Por ello, el Proyecto Sísifo no convierte automáticamente a todos los productos de Acme en defectuosos, pero revela que la empresa conoce sus riesgos y las posibles consecuencias de estos. Esta es, probablemente, la mayor ironía jurídica de la película: Coyote puede ser el consumidor más imprudente del mundo y, al mismo tiempo, Acme puede ser el proveedor que mejor conoce las consecuencias de esa imprudencia.

IV. Coyotus responsabilis

Que exista un incumplimiento de los deberes del proveedor no significa automáticamente que todo daño sufrido por Coyote deba ser indemnizado. La responsabilidad civil exige analizar el daño, la causalidad, el factor de atribución y, cuando corresponda, la conducta de la víctima.

Como señala Murillo (2021, 09:38), “el ordenamiento jurídico peruano armoniza muy bien el proceso de responsabilidad civil con el procedimiento administrativo sancionador”. Aunque ambos regímenes pueden complementarse, sus consecuencias deben distinguirse. En relación con el daño, Fernández (2019, p. 15) ilustra que este puede producirse tanto por el incumplimiento de un encargo profesional como a raíz de un accidente de tránsito.

En ese sentido, el artículo 100 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que correspondan. Esto permite distinguir dos preguntas: ¿Acme incumplió un deber frente a Coyote como consumidor? Y, de ser así, ¿ese incumplimiento produjo un daño que jurídicamente deba ser reparado por Acme? Las respuestas no necesariamente coinciden.

El artículo 1969 del Código Civil establece la regla general de responsabilidad por dolo o culpa: quien causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a indemnizarlo. Por su parte, el artículo 1970 contempla la responsabilidad objetiva cuando el daño es causado mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor contiene, además, una regulación específica para los productos defectuosos. Su artículo 101 establece la responsabilidad objetiva del proveedor por los daños causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes debido a defectos de sus productos, en concordancia con el artículo 1970 del Código Civil. Asimismo, el artículo 103 contempla entre los daños indemnizables el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, según corresponda.

Estas disposiciones permiten retomar los escenarios descritos anteriormente:

a) y b) Coyote utiliza inadecuadamente el producto

Aquí se encuentran los casos en que Coyote emplea un yunque y una banda elástica para construir una trampa, fuera de cualquier uso razonablemente previsible, o maneja incorrectamente unas botas saltarinas que terminan provocándole un accidente. Si los productos funcionan conforme a su diseño y Acme proporcionó las advertencias correspondientes, la posición de Coyote se debilita considerablemente, pues su propia conducta puede ser determinante para explicar el daño.

c) Coyote utiliza correctamente el producto, pero este falla

En este supuesto, Coyote utiliza una máquina de acuerdo con las indicaciones de Acme, pero el mecanismo se activa inesperadamente y termina dañándolo. Si el daño deriva de un defecto del producto, el artículo 101 del Código de Protección y Defensa del Consumidor permite examinar la responsabilidad objetiva del proveedor. No bastaría, por tanto, con sostener que Coyote «debió tener más cuidado».

d) Acme conoce el riesgo y lo oculta

Este escenario surge a partir del Proyecto Sísifo. Acme sabe que determinados productos son peligrosos para los seres humanos, conoce cómo se producen los accidentes y utiliza a personajes como Coyote para estudiar esos fallos. Sin embargo, esa información no llega al consumidor final.

En este caso confluyen las dos dimensiones del problema. Desde el derecho de protección al consumidor, corresponde evaluar si Acme cumplió sus deberes de información, idoneidad y seguridad. Desde la responsabilidad civil, debe determinarse si existe un daño, si el producto presentaba un defecto o concurrió una conducta atribuible a Acme y si existe relación causal con el perjuicio sufrido.

La conducta de Coyote también es relevante. En materia de responsabilidad objetiva, el artículo 1972 del Código Civil contempla que la imprudencia de la víctima puede romper el nexo causal cuando el daño sea consecuencia de ella; a su vez, el artículo 1973 permite reducir judicialmente la indemnización cuando esa imprudencia únicamente concurre en la producción del daño.

Por ejemplo, si Coyote coloca deliberadamente un cohete detrás de sí, enciende la mecha y sale disparado contra una pared, sería difícil trasladar íntegramente el resultado a Acme solo porque el producto pertenece a la empresa. Distinto sería si Acme supiera que el cohete explota de manera inesperada, conociera que Coyote suele utilizarlo para desplazarse y, aun así, lo comercializara sin advertir ese riesgo.

En definitiva, el análisis exige determinar qué riesgos asumió el consumidor, cuáles conocía el proveedor, qué información fue transmitida y qué conducta produjo concretamente el daño.

V. Un plan fallido, dos dimensiones jurídicas

La mayor utilidad de analizar Coyote vs. Acme desde el derecho peruano consiste precisamente en mostrar que la protección al consumidor y la responsabilidad civil no responden exactamente a la misma pregunta.

La protección al consumidor mira principalmente la relación entre proveedor y consumidor y permite preguntarnos qué debía hacer Acme antes y durante la comercialización del producto: informar adecuadamente, ofrecer un producto idóneo y evitar riesgos injustificados o no advertidos.

La responsabilidad civil aparece cuando existe un daño concreto y exige analizar sus consecuencias jurídicas: daño, causalidad, atribución y, dependiendo del supuesto, culpa o riesgo. Por eso, no toda infracción a las normas de consumo genera automáticamente una indemnización, pero tampoco puede afirmarse que la imprudencia de Coyote elimina automáticamente cualquier responsabilidad de Acme.

El Proyecto Sísifo hace visible precisamente esa tensión. Antes de conocerlo, los accidentes de Coyote podían interpretarse principalmente como consecuencia de su comportamiento. Después de conocerlo, sabemos que Acme posee información privilegiada sobre el funcionamiento y los riesgos de sus productos. Y cuando el proveedor conoce algo relevante que el consumidor desconoce, el derecho tiene razones para preguntarse si esa información debía haber sido comunicada.

VI. Conclusiones

6.1. Coyote vs. Acme no elimina la lectura clásica de que Coyote es imprudente. Su interés jurídico radica en mostrar que Acme, como proveedor, conoce esa conducta y los riesgos asociados a sus productos, que utiliza con fines de estudio.

6.2. El Proyecto Sísifo permite replantear el problema central: no basta con preguntarse qué riesgos asumió voluntariamente Coyote, sino que también debe examinarse cuáles eran conocidos por Acme y permanecieron ocultos para el consumidor.

6.3. El incumplimiento de las obligaciones de Acme no determina, por sí solo, un deber indemnizatorio. A su vez, la imprudencia de Coyote tampoco excluye automáticamente la responsabilidad del proveedor, cuya determinación dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.

VII. Referencias

Fernández, Gastón. 2019. Introducción a la responsabilidad civil. Lecciones universitarias. Colección Lo esencial del derecho, n.º 46. Lima: PUCP.

Murillo, Javier. 2021. «Derecho de Consumo y Looney Tunes: ¿Es el coyote el mejor cliente en esta disciplina?». YouTube, publicado el 16 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=fd4d6K2y3W0

Porras Medina, Miguel Ángel. 2025. «El deber de idoneidad en el Código de Protección y Defensa del Consumidor». Ugaz Zegarra Abogados Asociados. https://estudiougaz.com/publicaciones/el-deber-de-idoneidad-en-el-codigo-de-proteccion-y-defensa-del-consumidor/

Juntas no presenciales: aspectos problemáticos y aportes comparados

Escribe: Jahir Diony Cueva Caro

Estudiante de 4.° año de Derecho de la UNMSM
Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

La incorporación de las tecnologías de la información al funcionamiento de los órganos societarios constituye una de las transformaciones más relevantes del derecho societario contemporáneo. En el Perú, dicha transformación se materializó, debido a la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19, la cual evidenció una serie de limitaciones de un régimen societario pensado, bajo el paradigma de la presencialidad. Es cierto, que la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”) ya contemplaba ciertos supuestos de sesiones no presenciales, la insuficiencia de dicha regulación obligó al legislador a introducir sucesivas modificaciones, culminando con la reforma integral del art. 21-A mediante la Ley N° 31194 (1).

Sin embargo, producto de la necesidad de la situación, la incorporación normativa de las sesiones no presenciales no estuvo exenta de vacíos e imprecisiones. Frente a ello, se recurre al derecho comparado como metodología para intentar solventar la situación, particularmente se dará una mirada al ordenamiento jurídico español, que a partir de la Ley 5/2021 desarrolló un régimen detallado sobre las denominadas “juntas telemáticas” (2).

En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento normativo de las juntas no presenciales en la LGS, en contraste con otros ordenamientos jurídicos, particularmente el español. Se parte de la hipótesis de que dicho tratamiento, si bien reconoce la incorporación de la figura el régimen societario, presenta un desarrollo limitado frente a otras experiencias normativas. Para tal efecto, el trabajo se estructura en tres apartados: i) se expone el tratamiento normativo vigente en el Perú, ii) se identifica sus principales aspectos problemáticos, y iii) se examinan los aportes que el ordenamiento español puede ofrecer para fortalecer la regulación nacional, antes de exponer las conclusiones correspondientes.

II. Tratamiento normativo de las juntas no presenciales en el Perú

El tratamiento normativo de las juntas no presenciales en el Perú se configuro desde la promulgación de la LGS, la cual trajo consigo dos novedosos avances. El primero, resalta la posibilidad de que el directorio de una sociedad anónima (en adelante “SA”) se reúna de manera no presencial (art. 169 de la LGS). El segundo, la posibilidad de que la junta de accionistas de una SAC pueda reunirse de manera no presencial (art. 246 de la LGS). De lo mencionado, se recordará que el Perú declaró estado de emergencia mediante el Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM, limitando derechos como la libertad de reunión y, por ende, afectando a las reuniones de las SA.

En primer lugar, dicha afectación se dio, porque el art. 169 de la LGS expresa “la necesidad de que el estatuto de la sociedad contemple de manera expresa la posibilidad de que el directorio sesione de manera no presencial” (Alva y Alvino 2021, 221). Es decir, aquellas sociedades anónimas que no contemplen dicha posibilidad para su directorio solo podían recurrir a la presencialidad. En segundo lugar, se menciona que “la posibilidad de realizar las referidas juntas no presenciales se limita a la sociedad anónima cerrada (en adelante, “SAC”)” (Elías Laroza 2023, 99). Ello significó, que las otras formas societarias reguladas por LGS no tenían la posibilidad de realizar juntas no presenciales.

El Poder Ejecutivo al percatarse del problema promulgo dos soluciones provisionales: Decreto de Urgencia N° 056-2020 y Decreto de Urgencia N° 100-2020. El primero, permitió que se celebre juntas de accionistas de manera no presencial en la SA abierta de manera excepcional. Debido a que, se hizo alusión a aquellas entidades que se encuentren bajo la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) beneficiándose (art. 5 numeral 5.1 del Decreto N° 056-2020). El segundo, permitió que se celebre juntas de accionistas no presenciales en las sociedades anónimas excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 2 numeral 2.1 del Decreto N° 100-2020). Al respecto de lo anterior, Alva y Alvino (2021) expresan que:

“Ambos decretos resultaron insuficientes al no haber solucionado las limitaciones que enfrentaban los directores de las sociedades anónimas de sesionar de manera no presencial. Sin embargo, se precisa que ambos fueron un gran avance para la regulación de sesiones no presenciales” (223).

La solución definitiva llego con la Ley N° 31194 publicada el 14 de mayo de 2021, la cual modifico de manera íntegra el art. 21-A de la LGS. El derogado art. 21-A de la LGS presentaba “la adecuación de los votos a distancia para la adopción de acuerdos de manera electrónica y la necesidad de garantizar el respeto al derecho de intervención” (Navarrete 2020). En ese sentido, el articulo derogado partía del presupuesto de la existencia de una sesión, sea presencial o no presencial, ante lo cual, solo regulaba la forma de voto. Es así como, el nuevo art. 21-A añadió lineamientos más completos para que sea posible que se lleve a cabo sesiones no presenciales y los derechos de participación para los votos no presenciales.

III. Aspectos problemáticos de su regulación

La Ley N° 31194, que modifica el art. 21-A de la LGS, otorgo una serie de cambios que beneficiaron a la SA y significaron un gran avance para el ámbito societario. Sin embargo, dicha ley no estuvo exenta de problemas, los cuales son necesarios dilucidar, para que no signifiquen una limitación en las actividades de los socios, accionistas o directores.

En primer lugar, la convocatoria a una sesión no presencial. Si bien el art. 21-A de la LGS señala que la convocatoria a una sesión no presencial se puede realizar de manera electrónica. Al respecto, se menciona “la existencia de la dicotomía entre la presencialidad y no presencialidad de las juntas” (Navarrete, 2021). Se toma como una separación, por lo que la flexibilización no aplica para el caso de las convocatorias a sesiones presenciales. En ese sentido, Alva y Alvino comparten dicha opinión, señalando que “si la sesión es presencial deben de seguirse las reglas aplicables para ello, mientras que si la sesión es no presencial deben seguirse las reglas de lo otro” (Alva y Alvino 2021, 227). Sin embargo, con este criterio se quitaría la posibilidad de celebrar juntas mixtas, lo cual se pasará a explicar en la siguiente sección.

En segundo lugar, problema interpretativo entre el art. 21-A y el art. 246 de la LGS. Al respecto, una opinión expresa que “el art. 246 mantiene plena vigencia y no debe interpretarse que ha sido derogado por el art. 21-A de la LGS, en virtud del principio de especialidad” (Leturia López 2024, 239). En ese sentido, aquel artículo se ciñe a la SAC y el 21-A se expresaría en la generalidad de sociedades. En opinión diferente, se hace alusión a que:

“Si la SAC incluye en su estatuto la previsión estatutaria, en los términos del art. 21-A de la LGS, no existirá derecho alguno de los socios para exigir que una sesión convocada en forma no presencial deba serlo de manera presencial” (Gonzales Loli 2021, 114).

Entonces, solo en las SAC que no hubiesen adecuado sus estatutos al vigente art. 21-A podrían hacer uso del derecho de la minoría a exigir una junta presencial. Por lo tanto, se puede denotar un importante aspecto que no ha sido bien definido por la legislación actual.

En tercer lugar, la inscripción de las actas en sesiones no presenciales. El art. 21-A establece que las actas pueden ser firmadas por escrito o digitalmente. Respecto de esta última, se entiende que debe guardar concordancia con las normas que regulan la utilización de la firma digital. Al respecto, se precisa que dicha firma “tiene la misma eficacia que una firma manuscrita, pero no se encuentra prevista como una forma válida para la emisión de copias certificadas notariales de actas” (Gonzales Loli 2021, 115). En ese sentido, se expresa lo siguiente:

La certificación de las actas por el gerente general y posteriormente por el notario, continúa siendo un reto para la completa digitalización de las firmas y para facilitar la ejecución de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas que requieren de esta formalidad, en tanto el art. 24 del Decreto Legislativo N° 1049 (Ley del Notariado) aún no se ha adaptado a esta nueva realidad al requerir que los instrumentos públicos notariales recaigan sobre “hechos y circunstancias que el notario presencie” (Mariano Peró 2021, 13).

Entonces, se hace necesario que se actualice y adecue la legislación notarial, para que se permita el acceso a la inscripción registral de los acuerdos societarios así formalizados.

Por último, se hace necesario precisar que todos los aspectos problemáticos expresados hasta ahora no son los únicos, ya que existen otros tópicos como “los medios virtuales que realmente cumplen los requisitos y garantías que exige la norma, la forma de ejercerse el voto secreto en las sesiones no presenciales, etc.” (Gonzales Loli 2021, 115). Dichos temas por razones de extensión no serán explicados, pero pueden servir de invitación para poner en debate la redacción y técnica legislativa utilizada, siempre buscando la mejora de esta para dar mayores precisiones y garantías en la celebración de juntas no presenciales, cosa que, si ha ocurrido en legislaciones extranjeras, lo cual se pasara a explicar.

IV. Aportes del ordenamiento jurídico español

El derecho comparado, como un método de análisis jurídico, permite confrontar las instituciones reguladas en distintos ordenamientos jurídicos con la finalidad de identificar soluciones normativas adaptables a la realidad nacional. En ese sentido, el estudio del régimen jurídico español resulta relevante para el análisis de las juntas no presenciales en el Perú, debido a que España ha desarrollado una regulación más compleja sobre las “juntas telemáticas”. Dicho desarrollo se consolida a partir de la reforma introducida por la Ley 5/2021 en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), siendo más precisos en su art. 182 y 182 bis (3), el cual ofrece importantes criterios que pueden contribuir al perfeccionamiento del régimen previsto en la LGS.

El primer aporte es la posibilidad de celebrar juntas mixtas. En el ordenamiento jurídico español existen dos tipos de juntas telemáticas: i) la junta mixta, entendida como “aquella en que una parte de los socios asisten de forma presencial y otra parte lo hacen de forma virtual” (Viguera Revuelta 2024, 43) y ii) la junta exclusivamente telemática, comprendida como “aquella en la que todos los socios asisten a través de medios telemáticos” (Viguera Revuelta 2024, 43).

Si bien la LGS no deniega expresamente la posibilidad de celebrar juntas mixtas, existe una limitante práctica: la dicotomía enter convocatorias presenciales y no presenciales, la cual fue explicada en el apartado anterior, esta impide el convocar simultáneamente ambas modalidades. Por ello, se sugiere que una reforma del art. 21-A de la LGS incorpore expresamente la figura de la junta mixta, flexibilizando el régimen de convocatorias para habilitar su celebración.

El segundo aporte consiste en concebir la no presencialidad como una forma de participación, y no como una nueva clase de junta. Al respecto, se precisa que “no se está ante una nueva modalidad o clase de junta, sino que solo cambia la forma de participación de los socios en dicha reunión a través de medios telemáticos” (Viguera Revuelta 2024, 48). Este criterio guarda concordancia con el art. 163 de la LSC, ya que establece una clasificación entre juntas ordinarias y extraordinarias, por lo que, solo cambia la forma de participación de los socios. Dicho criterio resulta interesante para ser trasladado al ordenamiento peruano. Desde esta perspectiva, la incorporación de tecnologías de comunicación únicamente adapta los mecanismos de participación a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades empresariales.

El tercer aporte se relaciona con el desarrollo de mecanismos destinados a garantizar la autenticidad de la participación de los socios. La legislación española exige que los medios tecnológicos utilizados permitan verificar adecuadamente la identidad de quienes intervienen en la reunión, garantizando simultáneamente la comunicación permanente, la interacción en tiempo real y el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Al respecto, se precisa lo siguiente:

“La celebración de la junta exclusivamente telemática estará supeditada a que la identidad y legitimación de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta”. (Molina Hernández 2025, 310)

En el ordenamiento peruano, la regulación vigente del art. 21-A de la LGS establece de manera genérica el deber de garantizar la comunicación simultanea y sucesiva entre los participantes. Si bien es cierto que ambas normas no logran desarrollar criterios específicos, respecto de los mecanismos tecnológicos que permitan acreditar la identidad de los asistentes, prevenir suplantaciones o asegurar la integridad del procedimiento de votación. Se es de la noción de que la redacción de la LSC es más completa que la de la LGS, ya que esta otorga una amplitud sin recaer en las condiciones mínimas que se deben proteger, respecto de los socios o accionistas.

El cuarto aporte concierne al contenido mínimo de la convocatoria. Los arts. 182 y 182 bis de la LSC disponen que la convocatoria debe informar con suficiente detalle los medios tecnológicos que serán utilizados, los procedimientos de identificación, las formas de participación, las reglas para ejercer un derecho de voto, así como las condiciones para formular intervenciones y solicitudes de información durante la reunión. En concordancia con lo explicado, se expresa lo siguiente:

“La convocatoria de la junta deberá incluir los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, para el ejercicio por los socios de sus derechos y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la junta” (Molina Hernández 2025, 310).

De este modo, el acto de citación se convierte en un instrumento de garantía destinado a asegurar que todos los socios puedan participar en igualdad de condiciones. En contraste, la legislación peruana no contiene disposiciones específicas acerca del contenido que debe incluir la convocatoria cuando se desarrolla una junta no presencial. En ese sentido, se propone incorporar en el art. 21-A de la LGS un contenido mínimo obligatorio de la convocatoria, semejante al previsto en la LSC, a fin de fortalecer la seguridad jurídica de los socios y accionistas.

En síntesis, el tratamiento normativo español pone de manifiesto que la regulación de las juntas telemáticas represento una consolidación de la tendencia orientada a incorporar permanentemente las tecnologías de la información dentro del funcionamiento ordinario de las sociedades de capital. En consecuencia, el ordenamiento peruano podría aprovechar dichos avances para desarrollar una regulación más completa y reducir los aspectos problemáticos de su regulación.

V. Conclusiones

5.1. Se ha verificado que el tratamiento normativo de las juntas no presenciales en la LGS reconoce su incorporación al régimen societario con efecto a todas las formas societarias. Dicho reconocimiento se consolidó de forma progresiva desde los arts. 169 y 246 de la LGS, pasando por los decretos de urgencia dictados durante la emergencia sanitaria, hasta la reforma integral del art. 21-A mediante la Ley N° 31194.

5.2. Se confirma que la regulación peruana presenta limitaciones al incorporar la no presencialidad sin armonizarla plenamente con otras disposiciones del ordenamiento nacional. Lo anterior, se evidencia en al menos tres aspectos: la ambigüedad respecto de si la convocatoria electrónica habilita la celebración de sesiones presenciales; la tensión interpretativa entre el art. 21-A y el art. 246 de la LGS respecto de la SAC; y la falta de adecuación de la legislación notarial, que aún no reconoce plenamente la firma digital para efectos de la certificación de actas.

5.3. Se corrobora que el ordenamiento jurídico español ofrece aportes útiles para fortalecer la regulación peruana. De la LSC se pueden extraer al menos cuatro criterios aprovechables: i) La posibilidad de celebrar juntas mixtas, ii) la comprensión de la no presencialidad como una forma de participación, dejando de lado su noción como una nueva clase de junta, iii) el establecimiento de garantías mínimas para verificar la identidad de los participantes y iv) la exigencia de un contenido mínimo e informativo en la convocatoria.

5.4. Por último, se recomienda que en una futura reforma del art. 21-A de la LGS se incorpore, de manera expresa, los criterios señalados, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la celebración de juntas no presenciales en el Perú. Asimismo, se sugiere que investigaciones posteriores profundicen aspectos más profundos y específicos, como los mecanismos de acreditación tecnológica y el ejercicio del voto secreto, entre muchos otros tópicos que pueden llegar a ser abordados.

VI. Notas

(1) Ley que modifica el artículo 21-A de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales en las sociedades y dicta otras disposiciones.

(2) En el ordenamiento jurídico español se le denomina “junta telemática”, el cual hace alusión a la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática.

(3) El término “bis” indica una adición a una norma existente o segunda versión de esta. Se busca poder identificar una nueva disposición que se añade a un cuerpo normativo sin alterar la numeración original de los artículos ya existentes.

VII. Referencias

Alva Lirio, Carlos Alberto, y Alvino Tomas, Milen Naomy. 2021. “La junta de accionistas no presencial en la sociedad anónima: el impacto de la Ley N° 31194.” Actualidad Civil, n.° 87: 219–228.

Elías Laroza, Enrique. 2023. Derecho societario peruano. Comentarios a la Ley General de Sociedades del Perú. Lima: Gaceta Jurídica.

Gonzales Loli, Jorge Luis. 2021. “Las juntas de socios en las sociedades comerciales y su evolución hacia las sesiones no presenciales. Superando las disposiciones de la LGS” Revista Peruana de Derecho de la Empresa, n.° 77: 102–118. https://cutt.ly/Pt3q0K3h

Molina Hernández, Cecilio. 2025. “Retos y desafíos de la experiencia española derivados de las nuevas tecnologías en las sociedades de capital”. Revista e-mercatoria, n.° 2: 295–321. https://cutt.ly/vt5d5Iyf

Navarrete, Joe. 2020. «Alcances del artículo 21-A de la Ley General de Sociedades”. Acceso el 12 de junio. https://cutt.ly/kt3qVpnm

Navarrete, Joe. 2021. “Modificaciones al artículo 21-A de la Ley General de Sociedades”. Acceso el 12 de junio. https://cutt.ly/Nt3TLYHD

Peró Mayandía, Mariano. 2021. «Alcances de modificaciones en la Ley General de Sociedades: Sesiones no presenciales para órganos societarios» Capitales, n.° 157: 12-15. https://cutt.ly/Qt3ThjE1

Viguera Revuelta, Rodrigo. 2024. “Celebración de juntas generales telemáticas. Aspectos controvertidos”. Revista Lex Mercatoria, n.° 28: 39–65. https://cutt.ly/Pt5d58Uh

«Super niño costero»: analizando su impacto económico-social en el Perú

Escribe: Michell Fabrizio Blas Diaz

Bachiller de Derecho de la UNMSM
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: ANDINA/Difusión

I. Introducción

El impacto de las últimas anomalías climáticas continúa siendo un desafío determinante para la estabilidad económica del Perú. A pesar del dinamismo sostenido durante los primeros meses de 2026, la persistencia del Fenómeno El Niño genera un impacto inmediato en la economía peruana: el agua tibia ahuyenta especies clave como la anchoveta, paralizando la pesca, mientras que las lluvias extremas en el norte y las sequías en el sur destruyen cultivos, recortan la producción agrícola y afectan las carreteras. Esto interrumpe el transporte de alimentos, presiona los precios al alza y termina frenando el crecimiento del PBI nacional. Esta situación ha generado una preocupante desaceleración al cierre del primer semestre, golpeando directamente a sectores primarios que son fundamentales para el desarrollo nacional. A continuación, se analizan las cifras recientes publicadas por el INEI, las cuales evidencian cómo este choque climático ha comenzado a pasarle factura al crecimiento del país.

II. El golpe directo a nuestros sectores primarios

Cuando hablamos del Fenómeno El Niño, los primeros en sentir el impacto son los sectores que dependen directamente de las condiciones naturales. En junio, la pesca y el sector agropecuario se llevaron la peor parte, pues el calentamiento anómalo del mar ahuyentó a especies clave como la anchoveta, paralizando gran parte de la actividad pesquera en nuestra costa. Al mismo tiempo, en el campo, los cambios bruscos de temperatura y las lluvias inusuales alteraron los ciclos de siembra y cosecha. No se trata solo de números; estamos hablando de miles de agricultores y pescadores que vieron mermados sus ingresos de un mes para otro, lo que explica parte del freno económico nacional.

III. El efecto dominó: la manufactura también se resiente

En la economía, todo está conectado. La caída de los sectores primarios generó un inevitable «efecto dominó» que golpeó fuertemente a la manufactura, especialmente a la industria de procesamiento primario. Si no hay anchoveta, las fábricas de harina y aceite de pescado se detienen; si el agro produce menos, la agroindustria tiene menos materia prima para envasar y exportar. Esta parálisis en las fábricas no solo reduce la producción nacional, sino que también afecta la generación de empleo formal temporal, un pilar fundamental para el consumo de miles de familias peruanas.

IV. Las cifras del INEI: una clara tendencia a la desaceleración

Si hacemos una mirada al presente año, el dato de junio es una señal de alerta que no podemos ignorar. Según el informe del INEI, ese 1,75% de crecimiento no solo es la cifra más baja del año, sino que confirma una tendencia a la baja. Empezamos el año con un optimista 3,76% en enero y nos mantuvimos por encima del 3% hasta abril. Sin embargo, en mayo ya se había dado un aviso al bajar a 2,18%. Esta curva descendente refleja cómo el dinamismo económico del primer trimestre se ha ido encontrando con la realidad climática, frenando el ritmo de expansión que el país necesita para recuperarse plenamente (Prialé, 2026).

V. Perspectivas: ¿Qué nos espera el resto del año?

El gran reto ahora es cómo afrontamos los próximos meses que restan del año. El impacto de El Niño desde junio nos dejó una lección clara: nuestra economía sigue siendo altamente vulnerable a los choques climáticos. Para que el PBI vuelva a tomar impulso y no caigamos en un estancamiento prolongado, será crucial la respuesta del Estado a través de planes de contingencia, inversión pública en prevención y apoyo financiero a los sectores afectados. El segundo semestre de 2026 depende, en gran medida, de si logramos mitigar los daños climáticos y reactivar otros motores económicos, como la minería o el consumo interno, para compensar las pérdidas del agro y la pesca. Frente a ello, el incremento en la probabilidad de un Fenómeno El Niño extraordinario, de un 9% a más del 40%, proyecta un escenario complicado para la economía peruana y amenaza con reducir la expectativa de crecimiento por debajo del 3,3% previsto inicialmente para este año. De acuerdo con María Alejandra Ormeño (2026), quien actualmente es jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), los golpes más duros recaerán sobre la pesca, la agroexportación, la agricultura familiar y la infraestructura pública.

En este contexto histórico, un Fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria, como los ocurridos en 1983 o 1998, ha llegado a restar entre 3 y 5 puntos al PBI, mientras que episodios fuertes como los de 2017 y 2023 restaron entre 1 y 1,5 puntos (INEI, 2026). En la actualidad, tanto el sector agrícola como el pesquero ya registran caídas cercanas al 5%. Si bien la agroexportación suele moderar su avance al 4% durante estos eventos, el agro enfocado en el consumo interno sufre el golpe más directo, habiendo caído un 7% en la campaña 2022-2023 (Ormeño, 2026).

Las implicancias de este choque climático van más allá de los indicadores macroeconómicos y amenazan directamente el bienestar social en los siguientes aspectos:

a) Efecto en el bolsillo: La menor oferta de alimentos presiona los precios al alza, avivando la inflación y recortando el poder adquisitivo de los hogares.

b) Riesgo laboral: Un escenario similar al de 2023 pondría en peligro más de 100,000 empleos formales en total, de los cuales unos 98,000 corresponden exclusivamente al sector agrícola, lo que reduciría los ingresos familiares y elevaría el riesgo de pobreza.

c) Infraestructura en alerta: Con más del 60% de las viviendas, colegios y centros de salud bajo condición de informalidad, la vulnerabilidad física es alta. Cerca de 27,000 colegios públicos presentan serias deficiencias estructurales, comprometiendo la seguridad de más de un millón de estudiantes y docentes ante eventuales inundaciones por falta de obras de prevención.

VI. ¿Qué acciones realizó el Estado frente a este fenómeno?

La fragilidad del Perú frente al Fenómeno El Niño no es un accidente, sino que también está relacionada con un Estado que actúa para apagar incendios y no siempre logra prevenirlos. La especialista enfatiza que el país podría sobrellevar estas crisis climáticas con mayor capacidad de respuesta si existiera una verdadera cultura de prevención, en lugar del enfoque reactivo que ha predominado.

Esta falta de previsión se evidencia tanto en las cifras como en la gestión de los recursos públicos:

a) Recorte en prevención: El presupuesto destinado a la gestión de desastres sufrió una drástica caída del 30% en los últimos años. Las autoridades recién reaccionaron cuando la emergencia estuvo encima en 2023, pero incluso en ese momento la gestión fue deficiente: de cada 10 soles presupuestados para hacer frente a la coyuntura de 2023-2024, 3 soles se quedaron sin ejecutar.

b) Obras estancadas: El mayor cuello de botella radica en la incapacidad de transformar el dinero en soluciones concretas. Actualmente, el 58% de las obras destinas a la gestión de riesgos y emergencias está paralizado o abandonado. Se trata de más de 2,300 proyectos frenados por burocracia, expedientes técnicos mal elaborados o falta de prioridad.

VII. Impacto económico

El Fenómeno El Niño 2026-2027 impacta fuertemente en la economía peruana debido a las debilidades en la infraestructura preventiva y a los retrasos en la ejecución de obras públicas regionales.

7.1. Impacto general en el PBI

a) Respecto a la contracción económica: Las proyecciones (BCRP, IDIS y Macroconsult) estiman que el evento restará entre 1,0 y 2,0 puntos porcentuales al PBI entre 2026 y 2027, reduciendo el ritmo de crecimiento a niveles por debajo del 2,6%-3,0%.

b) Respecto a las pérdidas totales: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima pérdidas de hasta S/ 42,000 millones en infraestructura, logística y sectores productivos.

7.2. Sectores más afectados

Es el sector primario más golpeado es la pesca, con retrocesos proyectados de entre -22% y -28,3%, debido al calentamiento del agua que dispersa o ahuyenta especies clave como la anchoveta y la pota.

En el sector agropecuario se estiman pérdidas de entre -3,5% y -6,1% en la producción agrícola por exceso de lluvias e inundaciones en el norte y sequías o déficit hídrico en la sierra sur.

En cuanto al sector construcción e infraestructura, el retraso en obras de prevención, con avances presupuestales de solo 2,6% en Tumbes y 28,3% en Piura a mitad de año, agrava el colapso vial y la logística comercial.

Las pérdidas proyectadas a causa del Fenómeno El Niño podrían bordear los S/ 16 mil millones y recortar entre 0,5% y 0,7% del crecimiento del PBI en 2026. Al respecto, el Mag. Roberto Calero (doctorando en Economía de la PUCP) explica que el país enfrenta un choque de oferta negativo, es decir, una contracción directa de la capacidad productiva nacional que no solo desacelera el PBI, sino que impulsa la inflación y deteriora el presupuesto fiscal, obligando al Estado a redirigir capital hacia la gestión de la emergencia.

A nivel de la biomasa marina, el cambio de temperatura altera las condiciones del ecosistema costero. Una investigación liderada por Rubén Manrique-Muñante, junto a Alejandro Deville, Ramzy Kahhat e Ian Vázquez-Rowe (profesor de Ingeniería PUCP e investigador de Pelcan), evaluó diez stocks pesqueros mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), determinando que existe una correlación —aunque suavizada— entre las variaciones climáticas de El Niño y el impacto ambiental de la pesca.

El recurso más vulnerable ante esta dinámica es la anchoveta, por los siguientes factores:

a) Mecanismo de desplazamiento: Las masas de agua cálida desplazan a las corrientes frías habituales. La anchoveta no se extingue, sino que desciende a mayores profundidades o migra hacia el sur en busca de bajas temperaturas, dificultando su extracción.

b) Caída en el volumen de captura: En periodos neutros o normales, el Perú extrae entre 5 y 6 millones de toneladas de anchoveta para la industria de harina y aceite de pescado. Ante eventos intensos de El Niño, este volumen puede desplomarse drásticamente a solo 1 o 2 millones de toneladas.

c) Comportamiento diferenciado por especie: Mientras recursos como la anchoveta sufren un duro revés, especies de aguas más cálidas como el atún pueden experimentar condiciones favorables y aumentar su presencia.

Como precisa el Dr. Ian Vázquez (2026), resulta indispensable analizar estos indicadores bajo un enfoque de variabilidad climática para anticipar los cambios del océano, protegiendo tanto la biodiversidad marina como el sustento de la industria pesquera nacional.

7.3. Sectores afectados

El impacto del Fenómeno El Niño se siente con especial intensidad en la pesca, la agricultura y el turismo, tres actividades fuertemente condicionadas por la estabilidad del clima y responsables de mover gran parte de la actividad económica del país. En el sector pesquero, el sobrecalentamiento de las aguas costeras desplaza a la anchoveta hacia mayores profundidades o hacia el sur, lo que provocaría un severo recorte estimado del 45% en su captura. Esta situación no se queda en el mar, sino que frena las plantas procesadoras e impacta directamente en la exportación de harina y aceite de pescado, dos de los productos primarios más importantes para el ingreso de divisas al país.

Por su parte, el sector agrícola enfrenta un panorama crítico, con pérdidas estimadas que superan los USD3,576 millones, el compromiso directo de 1,7 millones de hectáreas y la posible destrucción de más de 432 mil puestos de trabajo formales y permanentes. Este golpe se distribuye de manera desigual a lo largo del territorio: la costa concentra el 56% de las pérdidas financieras y sufriría un recorte del 35% en la producción agrícola norteña por las variaciones térmicas y lluvias extremas que alteran la floración de cultivos de agroexportación como el mango, el limón, la uva, la palta y los arándanos. Mientras tanto, la sierra absorbe el 44% del impacto económico restante, con más de 800 mil hectáreas en riesgo, amenazando cosechas de consumo interno esenciales como la papa, el maíz, la quinua y la cebada, además de poner en jaque la actividad pecuaria y el suministro de agua.

Asimismo, como medida principal de mitigación, el Gobierno autorizó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a intervenir de forma inmediata en 70 puntos vulnerables de ríos y quebradas, mediante un presupuesto de S/ 129,4 millones, ejecutando trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento con maquinaria propia en distritos declarados en emergencia en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Esta acción de prevención encuentra sustento directo en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, el cual faculta al Estado, bajo el régimen de Economía Social de Mercado, a actuar prioritariamente en la protección de la infraestructura y los servicios públicos para salvaguardar a la población y la economía nacional.

Finalmente, las consecuencias trascienden el campo y el mar para golpear también a la industria del turismo y a la conectividad nacional. Las precipitaciones intensas, el desborde de ríos y los constantes huaicos destruyen puentes y carreteras clave, aislando a diversas regiones del norte del país, especialmente durante la temporada alta de verano. Esta interrupción vial no solo reduce el flujo de visitantes nacionales e internacionales que dinamizan hoteles, restaurantes y comercios locales, sino que también entorpece el tránsito de mercancías a nivel nacional. En última instancia, esta parálisis productiva actúa como un choque de oferta negativo que reduce la capacidad de crecimiento del PBI, impulsa la inflación de los alimentos en los mercados y tensiona las finanzas públicas del Estado.

VIII. Regulación

En la Constitución Política del Perú se señala lo siguiente:

“Artículo 58: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.”

De lo antes citado, si bien el Estado tiene un rol garantista, también debe procurar que diversos sectores no sufran daños graves, tanto en la infraestructura, como en la salud y los servicios públicos. Este artículo le otorga el mandato constitucional y la cobertura legal para redirigir partidas presupuestales de urgencia, como en los siguientes ejemplos:

  • Financiar la limpieza de cauces de ríos, defensas ribereñas y muros de contención.
  • Reconstruir carreteras, puentes y colegios dañados por lluvias y desbordes.
  • Garantizar la atención sanitaria de emergencia ante brotes infecciosos (como el dengue) posteriores a las inundaciones.

Nuestra Carta Magna también dispone lo siguiente:

“Artículo 59: El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.”

En ese sentido, el Estado puede estimular la creación de riqueza y promover a las pequeñas empresas, dado que El Niño destruye miles de puestos de trabajo e interrumpe la actividad comercial. En consecuencia, se podrían implementar medidas de alivio económico, tales como:

a) Creación de programas de crédito preferencial o fondos de garantía (similares a Impulso MYPERÚ o FAE-Mype) para evitar la quiebra de pequeños agricultores, comerciantes y pescadores.

b) Lanzamiento de incentivos tributarios temporales o facilidades de financiamiento para reactivar la agricultura familiar y la agroexportación en zonas declaradas en emergencia.

De igual modo, la Constitución Política señala lo siguiente:

“Artículo 60: El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.”

En ese sentido, el principio de pluralismo económico y el rol subsidiario del Estado permiten articular el esfuerzo del sector privado con la capacidad de acción pública durante el desastre. Por ejemplo, se puede promover el abastecimiento en zonas aisladas: si el mercado privado no puede llegar a comunidades incomunicadas por huaicos, el Estado está constitucionalmente legitimado para intervenir directamente, por ejemplo, mediante puentes aéreos o abastecimiento de alimentos de alta prioridad.

IX. Conclusiones

9.1. El Fenómeno El Niño impacta fuertemente a la economía peruana, actuando como un choque de oferta negativo. La contracción del PBI al 1,75% en junio refleja cómo el sobrecalentamiento del mar y la alteración del clima golpean de manera inmediata a sectores primarios como la pesca y el agro, generando pérdidas multimillonarias, desempleo y presiones inflacionarias que deterioran el bienestar de los hogares.

9.2. La fragilidad del Perú frente a los eventos climáticos no responde solo a factores naturales, sino también a un enfoque estatal reactivo y a dificultades en la gestión de recursos. La caída del presupuesto de gestión de riesgos, el bajo nivel de ejecución de los fondos asignados y la paralización de más del 58% de las obras públicas destinadas a emergencias evidencian que la brecha en infraestructura y la burocracia incrementan el costo de los desastres.

9.3. Los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Política (Economía Social de Mercado) brindan el marco legal para afrontar la crisis. Este régimen establece la acción prioritaria del Estado en infraestructura y servicios públicos, respalda la implementación de fondos de apoyo para MYPEs y pequeños agricultores, y habilita la intervención subsidiaria y la alianza con el sector privado para acelerar la reconstrucción y la conectividad del país.

X. Referencias

RPP Noticias. (2026). “Fenómeno El Niño desaceleró la economía peruana en junio: creció a su nivel más bajo del 2026”. Acceso el 20 de agosto de 2026. https://acortar.link/iwhKOI

RCD Noticias. (2026). “Impacto de un fenómeno de el niño extraordinario reduciría expectativa de crecimiento del Perú a menos de 3.3% para este año”. Acceso el 20 de agosto de 2026. https://acortar.link/W8aiNK

PUCP. (2026). “¿Qué tan preparados estamos para el fenómeno de El Niño? Riesgos, desafíos y lecciones según especialistas PUCP”. Acceso el 21 de agosto de 2026. https://acortar.link/uzrt6t

Objeto social indeterminado: hacia una SACS realmente flexible

Escribe: Romina Camila Diego Manzanilla

Estudiante de 3.° año de Derecho de la UNMSM

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

Fuente: PUCP

I. Introducción

La regulación del objeto social ha generado un importante debate en el derecho societario contemporáneo. Aunque tradicionalmente se ha considerado que su determinación protege a los socios, terceros y al tráfico jurídico, la evolución de los mercados ha impulsado la búsqueda de modelos societarios más flexibles que permitan a las empresas adaptarse a nuevos escenarios.

En el Perú, la exigencia de un objeto social determinado se mantiene como regla general y también se aplica a la sociedad por acciones cerrada simplificada (SACS), creada mediante el Decreto Legislativo N°1409 para promover la formalización empresarial. Sin embargo, ello plantea la necesidad de evaluar si esta exigencia resulta compatible con una figura orientada a simplificar y flexibilizar el desarrollo empresarial.

Por ello, el presente artículo analiza la regulación del objeto social en la SACS y sostiene que permitir la elección entre un objeto social determinado o indeterminado fortalecería la flexibilidad del régimen y favorecería su finalidad de formalización empresarial.

II. La rigidez del objeto social en el derecho societario peruano

2.1. Concepto y regulación del objeto social

El objeto social puede definirse como la descripción de las actividades económicas que una sociedad se encuentra autorizada a desarrollar y que deben constar en su estatuto (Montoya Stahl y Loayza Jordán, 2015, 158). Su importancia radica en que permite identificar la actividad económica para la cual la sociedad ha sido constituida (Ferrero Diez Canseco 1996, 163).

En el ordenamiento peruano, el objeto social se encuentra regulado principalmente en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, el cual dispone que la sociedad circunscribe sus actividades a los negocios u operaciones lícitas que integran su objeto social. Asimismo, el artículo 26 del Reglamento del Registro de Sociedades exige que dichas actividades sean descritas de manera suficientemente clara para permitir su identificación, de lo contrario, no se inscribirá el pacto social.

A partir de estas disposiciones se desprende que el objeto social debe reunir determinadas características. En esa línea, Hernández Gazzo (2007, 230) señala que estas son tres: ser determinado, múltiple y lícito. Precisamente, la exigencia de determinación constituye uno de los aspectos más debatidos del derecho societario contemporáneo.

2.2. La exigencia de determinación del objeto social

La doctrina tradicional ha justificado la exigencia de un objeto social determinado principalmente por razones vinculadas a la protección de los accionistas, la seguridad de los terceros y el interés público. En el ámbito peruano, esta posición es asumida por Elías Laroza (2015, 95), quien sostiene que la determinación precisa del objeto social constituye uno de los requerimientos más importantes de la organización societaria.

En primer lugar, se sostiene que la determinación del objeto social protege a los accionistas, pues les permite conocer el destino económico de su inversión y delimita las facultades de los órganos sociales, evitando que los recursos de la sociedad sean empleados en negocios ajenos a los consentidos por los socios (Broseta Pont 1971, 48). Esta lógica explica que el cambio del objeto social constituya una causal de ejercicio del derecho de separación prevista en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades, permitiendo que el accionista se retire cuando la actividad empresarial se modifica de manera sustancial.

En segundo lugar, la determinación del objeto social cumple una función de seguridad jurídica frente a los terceros que contratan con la sociedad, al permitir identificar el ámbito de actuación de esta y las facultades de sus representantes. Asimismo, adquiere especial relevancia en actividades sujetas a autorización o supervisión estatal, pues facilita la verificación de que la sociedad desarrolla únicamente aquellas actividades comprendidas dentro del marco permitido por la regulación aplicable (Ferrero Diez Canseco 1996, 166).

Sin embargo, aunque estas razones han servido tradicionalmente para justificar la determinación del objeto social, corresponde analizar si continúan siendo suficientes para sustentar una regulación rígida en un contexto empresarial caracterizado por la constante diversificación de actividades y la necesidad de adaptación al mercado.

2.3. Cuestionamientos a la rigidez del objeto social

En los últimos años, diversos autores han cuestionado la conveniencia de mantener la determinación del objeto social como una exigencia obligatoria para todas las sociedades. Ello se debe a la necesidad de adaptación de las empresas frente a mercados cambiantes, lo que dificulta su permanencia vinculada a actividades rígidamente delimitadas desde su constitución. Sin embargo, esta postura no propone sustituir la determinación por una indeterminación obligatoria, sino permitir que los socios elijan el modelo que mejor se adecue a sus necesidades, otorgando mayor flexibilidad en un tráfico comercial dinámico (Del Carpio Sánchez 2023, 12).

Asimismo, varias justificaciones tradicionales han perdido fuerza. Por ejemplo, la protección de terceros ya no depende necesariamente de una delimitación estricta del objeto social, pues el artículo 12 de la Ley General de Sociedades reconoce la validez de los actos celebrados por representantes debidamente facultados, aun cuando excedan el objeto social. A ello se suma que la amplia aceptación de objetos sociales múltiples ha reducido en la práctica la función delimitadora de esta institución, permitiendo incluso la incorporación de numerosas actividades dentro del estatuto.

En esa línea, un objeto más flexible facilita la incorporación de nuevas actividades sin necesidad de modificar constantemente el estatuto social. Por ello, Cabanellas (1993, 263) sostiene que el derecho societario contemporáneo no ofrece razones suficientes para imponer una delimitación estricta del objeto social. Esta discusión cobró especial relevancia durante la pandemia de la COVID-19, cuando muchas empresas tuvieron que diversificar rápidamente sus actividades para mantener su viabilidad (Del Carpio Sánchez 2023, 13). En consecuencia, parte de la doctrina considera que la exigencia de determinación responde a una concepción tradicional del derecho societario que no se ajusta a las necesidades actuales de organización empresarial.

III. La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) como instrumento de formalización empresarial

3.1. Origen y finalidad de la SACS

La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) fue incorporada al ordenamiento peruano en 2018 mediante el Decreto Legislativo N°1409 con la finalidad de promover la formalización empresarial y facilitar la constitución de empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Su creación respondió a un contexto caracterizado por elevados niveles de informalidad y por la existencia de procedimientos societarios percibidos como complejos y costosos para los emprendedores.

En este escenario, el legislador optó por incorporar un régimen societario alternativo influenciado por las experiencias comparadas de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), modelo societario desarrollado en diversos países latinoamericanos con el propósito de flexibilizar la creación y funcionamiento de las empresas. Como señala Del Carpio Sánchez (2023, 24), la SACS buscó diferenciarse de las tradicionales sociedades mercantiles peruanas mediante mecanismos destinados a facilitar el acceso a la formalidad empresarial.

Así, la finalidad principal de la SACS consiste en reducir las barreras de acceso al mercado formal mediante procedimientos simplificados. Entre sus principales innovaciones destaca la posibilidad de constituirse mediante documento privado y a través de la plataforma SID-SUNARP, sin necesidad de escritura pública, reduciendo los costos y tiempos de tramitación.

3.2. La regulación del objeto social en la SACS

La SACS exige que el objeto social se encuentre expresamente determinado en el acto constitutivo, siguiendo la lógica de la Ley General de Sociedades para los tipos societarios tradicionales. En consecuencia, pese a estar orientada a simplificar la constitución de empresas y facilitar la formalización empresarial, el legislador peruano mantuvo la exigencia de delimitar previamente las actividades que desarrollará la sociedad.

Esta regulación resulta relevante porque evidencia una tensión entre la finalidad flexible de la SACS y la conservación de una regla tradicional del derecho societario. Si bien la determinación del objeto social otorga certeza sobre las actividades sociales, también puede limitar la capacidad de adaptación empresarial al exigir modificaciones estatutarias frente a nuevos ámbitos de actividad.

Esta diferencia se aprecia con mayor claridad al comparar la SACS con la SAS colombiana, principal referente regional en materia de flexibilización societaria. Mientras este modelo permite establecer un objeto social indeterminado, posibilitando que la sociedad desarrolle cualquier actividad lícita sin modificar constantemente su estatuto, la regulación peruana mantiene la exigencia de un objeto social previamente delimitado.

Al respecto, Reyes Villamizar (2009, 87) sostiene que la SAS implica una transformación de las estructuras tradicionales para adecuarlas a las necesidades empresariales contemporáneas, mientras que Gurrea-Martínez (2018, 30) destaca su tránsito hacia un modelo más funcional y pragmático. En ese sentido, aunque la SACS incorporó mecanismos de simplificación inspirados en las SAS, no adoptó completamente este modelo, manteniendo una regulación tradicional del objeto social.

IV. El objeto social determinado como límite a la SACS

4.1. La incompatibilidad entre el objeto social determinado y la finalidad de la SACS

Como se ha señalado, la flexibilidad constituye uno de los rasgos esenciales de las sociedades por acciones simplificadas. En esa línea, Del Carpio Sánchez (2023, 41) sostiene que uno de los objetivos de la SACS es ofrecer un régimen suficientemente flexible para resultar atractivo a los nuevos emprendedores y, de ese modo, incentivar la formalización empresarial. No obstante, la exigencia de un objeto social determinado contradice esa finalidad, pues obliga a delimitar de manera anticipada las actividades que la sociedad puede desarrollar, restringiendo su capacidad para adaptarse a las variaciones y oportunidades del mercado.

Esta limitación se hace evidente cuando las empresas necesitan incorporar nuevas actividades como respuesta a cambios en el entorno económico, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19. En tales supuestos, la necesidad de modificar el objeto social evidencia la falta de agilidad que un régimen simplificado debería ofrecer. En consecuencia, la regulación peruana conserva una exigencia propia del modelo societario tradicional que resulta incompatible con la finalidad de simplificación que inspira la SACS.

4.2. Repercusiones de la exigencia del objeto social determinado en la SACS

Esta incompatibilidad repercute directamente en la eficacia de la SACS como instrumento de formalización. Como advierte Villón Farach, mientras los emprendedores informales pueden adaptarse libremente a las oportunidades del mercado, quienes optan por formalizarse quedan sujetos a las restricciones derivadas de la delimitación de su objeto social (Villón Farach 2022, 88). Así, la formalización puede percibirse como una limitación antes que como un incentivo para el crecimiento empresarial.

La falta de flexibilidad explica, además, por qué la SACS no ha alcanzado en el Perú los resultados obtenidos por la SAS en otros países de la región. Como señala Del Carpio Sánchez, el éxito de este modelo en Colombia, Chile y Ecuador respondió a su flexibilidad, elemento que la regulación peruana no incorporó plenamente, impidiendo así que la SACS cumpla su objetivo de promover el emprendimiento y la formalización (Del Carpio Sánchez 2023, 42).

Esta conclusión coincide con la de Noel Graus y Salazar Chonate, quienes afirman que, aunque la SACS simplifica la constitución de sociedades, persisten barreras estructurales que limitan su impacto en la formalización empresarial (Noel Graus y Salazar Chonate 2024, 105). Es decir, la SACS, en su configuración actual, carece de la flexibilidad necesaria para convertirse en una herramienta eficaz contra la informalidad. De este modo, la exigencia de un objeto social determinado no solo contradice la lógica de flexibilidad de la SACS, sino que también reduce sus incentivos para la formalización y explica, en parte, por qué este régimen no ha alcanzado el éxito esperado.

V. La admisión del objeto social indeterminado como propuesta de reforma de la SACS

5.1. Propuesta de reforma del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409

La necesidad de esta reforma se hace evidente frente a la dinámica del mercado actual, que exige a las empresas una mayor capacidad de adaptación. En ese sentido, Del Carpio sostiene que la pandemia de la COVID-19 evidenció que «el objeto social indeterminado se ha vuelto necesario e importante dentro de las sociedades» (Del Carpio Sánchez 2023, 53), pues permite responder con mayor agilidad a nuevas circunstancias económicas. En este contexto, se propone modificar el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409, incorporando expresamente la posibilidad de que los constituyentes opten por un objeto social determinado o indeterminado.

Esta propuesta no implica eliminar el régimen actualmente vigente, sino ampliar las alternativas reconocidas por la ley y permitir que sean los propios socios quienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decidan el nivel de flexibilidad más conveniente para su actividad empresarial.

La incorporación del objeto social indeterminado permitiría que la SACS adopte una de las principales características de las sociedades por acciones simplificadas desarrolladas en el derecho comparado y, con ello, se diferencie de las formas societarias tradicionales. Como señala Villón Farach, «la SACS es solo una SAC ‘maquillada’ con el rótulo de ‘simplificada’, simplificación que se limita al momento de creación y no durante toda la vida societaria» (Villón Farach 2022, 90). En ese sentido, admitir el objeto social indeterminado contribuiría a dotar de contenido real al propósito simplificador que inspiró la creación de este tipo societario.

Dicha propuesta encuentra además respaldo en el Anteproyecto de la Nueva Ley General de Sociedades, el cual admite la posibilidad de pactar un objeto social indeterminado, evidenciando una tendencia legislativa orientada hacia una mayor flexibilidad del régimen societario y una progresiva superación de la rigidez tradicional en esta materia.

5.2. Impacto de la reforma en la formalización empresarial

La modificación propuesta resulta compatible con la finalidad de la SACS como instrumento de formalización empresarial. La posibilidad de optar por un objeto social indeterminado reduciría la necesidad de modificar continuamente el estatuto social cuando la empresa decida diversificar o ampliar sus actividades económicas, disminuyendo costos y cargas administrativas para los emprendedores.

Asimismo, esta mayor flexibilidad permitiría que la simplificación no se limite únicamente al procedimiento de constitución de la sociedad, sino que se proyecte durante toda su existencia, favoreciendo la adaptación de las empresas a las cambiantes condiciones del mercado. En consecuencia, la modificación del numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409 constituye una reforma coherente con la naturaleza y finalidad de la SACS, al fortalecer su capacidad para promover la formalización empresarial mediante un régimen societario verdaderamente flexible.

VI. Conclusiones

6.1. La exigencia de un objeto social determinado responde a una concepción tradicional del derecho societario orientada a proteger a los socios, terceros y garantizar el control de determinadas actividades económicas. Sin embargo, la evolución del tráfico mercantil y la necesidad de adaptación empresarial han evidenciado los límites de este modelo, especialmente cuando la delimitación previa de actividades puede dificultar la respuesta de las sociedades frente a nuevos escenarios.

6.2. Si bien la SACS fue incorporada al ordenamiento peruano como un mecanismo destinado a simplificar la constitución de empresas y promover la formalización empresarial, la obligación de mantener un objeto social determinado conserva una rigidez propia de los modelos tradicionales. Esta regulación se diferencia de la experiencia comparada de las Sociedades por Acciones Simplificadas, particularmente de la SAS colombiana, que admite un objeto social indeterminado para otorgar mayor flexibilidad y autonomía empresarial.

6.3. En consecuencia, resulta conveniente modificar el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1409, permitiendo que los constituyentes puedan optar entre un objeto social determinado o indeterminado. Esta reforma ampliaría las alternativas disponibles y permitiría adecuar la estructura societaria a las necesidades de cada emprendimiento, fortaleciendo la flexibilidad de la SACS y su capacidad para promover la formalización empresarial.

VII. Referencias

Broseta Pont, Manuel. 1971. “Cambio de objeto y ampliación de operaciones sociales en la Ley española de sociedades anónimas”. En Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garigues, tomo I, 45-72. Madrid: Tecnos.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 1993. Derecho societario: El contrato de sociedad. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Del Carpio Sánchez, Julio César. 2023. “El objeto social indeterminado y la unipersonalidad societaria en la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada como medidas innovadoras para promover la formalidad y el emprendimiento en tiempos de pandemia”. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Elías Laroza, Enrique. 2015. Derecho societario peruano: La Ley General de Sociedades el Perú. Tomo I. 2.ª ed. Lima: Gaceta Jurídica.

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¿Debe saber la parte que el árbitro utilizó inteligencia artificial? Una nueva mirada al deber de revelación

Escribe: Julio César Huamán Huacho

Estudiante de 4.° año Derecho de la Universidad Privada del Norte

Fuente: El Peruano

I. Introducción


Hace algunos años, hablar de inteligencia artificial dentro de la práctica jurídica podía parecer una cuestión propia del futuro. Hoy, sin embargo, esa realidad ha cambiado. Es cada vez más frecuente que abogados, jueces y árbitros recurran a herramientas capaces de buscar información, ordenar grandes cantidades de documentos, elaborar borradores o incluso proponer argumentos jurídicos. Lo que antes parecía reservado exclusivamente al trabajo intelectual de una persona comienza, poco a poco, a ser compartido con sistemas capaces de procesar información a una velocidad difícil de igualar.

Este cambio, sin embargo, no debería llevarnos únicamente a preguntarnos qué tan útil puede ser la inteligencia artificial para el Derecho. También resulta necesario preguntarnos qué ocurre cuando estas herramientas comienzan a intervenir en funciones cuya legitimidad depende, precisamente, de la confianza depositada en quien las ejerce. Como advierte Claramunt (2023, 264), “no hay que perder de vista que la IA representa un desafío importante para nuestras sociedades tanto en el presente como en el futuro”.

El arbitraje constituye, probablemente, uno de los espacios donde esta discusión adquiere especial importancia. Su funcionamiento se encuentra estrechamente vinculado con la confianza de las partes en una persona determinada. Cuando estas deciden someter una controversia a arbitraje, no eligen simplemente un mecanismo más rápido para resolver un conflicto. Eligen a un tercero al que consideran independiente, imparcial y suficientemente preparado para escuchar sus posiciones, valorar sus argumentos y adoptar una decisión.

Por ello, no resulta extraño que la inteligencia artificial haya comenzado a incorporarse en distintas etapas del procedimiento arbitral. Puede utilizarse para revisar contratos, organizar documentos, localizar precedentes, comparar argumentos o facilitar determinadas labores de investigación. En ese sentido, su incorporación puede ofrecer ventajas evidentes en términos de tiempo y eficiencia. Carranza (2025, 126) precisamente, destaca que su utilización permite hacer más eficientes y predecibles determinados procesos, reduciendo tanto costos económicos como recursos humanos empleados.

Pero allí comienza, y no termina, el verdadero problema. La eficiencia de una herramienta tecnológica no responde por sí sola a la pregunta de si su utilización resulta jurídicamente admisible. En el arbitraje existe algo que no puede medirse únicamente en términos de rapidez o productividad: la confianza. Las partes no entregan su controversia a un algoritmo. La entregan a una persona. Y lo hacen porque confían en su experiencia, independencia, criterio y capacidad para deliberar sobre el conflicto que tienen delante.

En ese escenario surge una pregunta que, aunque parece sencilla, encierra consecuencias importantes: ¿debe el árbitro revelar a las partes que ha utilizado inteligencia artificial cuando esta ha intervenido de manera relevante en la elaboración de su decisión?

Responderla no supone estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. Supone preguntarnos qué entendemos actualmente por transparencia, independencia y responsabilidad dentro del arbitraje. Y, sobre todo, obliga a revisar si los deberes tradicionales del árbitro son suficientes para una realidad en la que una parte del proceso intelectual que conduce al laudo puede estar siendo asistida por una máquina.

II. Del arbitraje tradicional al arbitraje asistido por inteligencia artificial

La incorporación de la inteligencia artificial al arbitraje constituye una de las transformaciones más significativas que ha experimentado este mecanismo de resolución de controversias durante los últimos años.

De ahí que Andrés (2018, 1) ha resaltado que los sistemas de inteligencia artificial son la próxima tecnología transformadora de nuestro tiempo.

Y si, en efecto, su presencia ya no se limita a herramientas destinadas a facilitar tareas administrativas, sino que comienza a proyectarse sobre actividades que, hasta hace poco, eran consideradas propias del razonamiento jurídico del árbitro. Hoy es posible utilizar sistemas capaces de revisar miles de documentos en pocos segundos, identificar precedentes relevantes, organizar medios probatorios e incluso elaborar borradores de decisiones con una rapidez difícilmente alcanzable por el trabajo humano.

Desde esa perspectiva, sería equivocado asumir que la inteligencia artificial representa una amenaza que deba ser excluida del arbitraje. Por el contrario, su utilización puede contribuir significativamente a optimizar el procedimiento, reducir costos y mejorar el tratamiento de controversias cada vez más complejas. No obstante, como suele ocurrir con toda innovación tecnológica, el verdadero desafío no radica en las posibilidades que ofrece, sino en los límites que deben orientar su utilización.

Lo cierto es que el arbitraje no encuentra su legitimidad únicamente en la eficiencia del procedimiento, sino, sobre todo, en la confianza que las partes depositan en el criterio del árbitro. De ahí que resulte necesario distinguir entre asistir al razonamiento jurídico y reemplazarlo. Mientras la primera alternativa resulta compatible con la función arbitral, la segunda plantea serios cuestionamientos respecto de la naturaleza intuitu personae del arbitraje, pues la decisión deja de ser el resultado exclusivo del juicio humano para incorporar procesos cuyo funcionamiento, en muchos casos, ni siquiera resulta plenamente explicable.

III. La función intuitu personae del árbitro frente a la inteligencia artificial

La llegada de la inteligencia artificial al arbitraje plantea una cuestión que hace algunos años habría resultado difícil de imaginar: ¿hasta dónde puede una herramienta tecnológica intervenir en el razonamiento de un árbitro sin alterar la naturaleza de la función que este debe cumplir? La pregunta cobra especial importancia cuando se recuerda que, en el arbitraje, las partes no eligen únicamente un procedimiento para resolver su controversia. En muchos casos, eligen también a la persona en quien depositarán la responsabilidad de hacerlo.

Esta particularidad explica el carácter intuitu personae de la función arbitral. Las partes pueden considerar la experiencia profesional del árbitro, su conocimiento de una determinada materia, su trayectoria o incluso la confianza que les genera su independencia. Todos estos elementos forman parte de las razones por las cuales aceptan que sea precisamente esa persona, y no otra, quien conozca y resuelva su controversia.

Como puede observarse, la designación del árbitro constituye una manifestación directa de esa autonomía privada. No se elige únicamente a quien ejercerá una función, sino a quien reúne determinadas cualidades que justifican la confianza depositada por las partes. En esa línea, Vidal Ramos (2021, 69) sostiene que la designación del árbitro se sustenta en su experiencia, autonomía e imparcialidad, atributos esenciales e inherentes al ejercicio de la función arbitral, la cual posee un carácter eminentemente intuitu personae.

Esta característica merece una precisión. Las obligaciones intuitu personae son aquellas que se contraen en consideración a las cualidades particulares de uno de los sujetos de la relación jurídica, de modo que su ejecución no puede ser indistintamente asumida por un tercero. Así lo explican Osterling y Castillo (2008, 195), al señalar que estas obligaciones descansan en las características personales del deudor o del acreedor, precisamente porque dichas cualidades constituyen el motivo determinante de la contratación. Trasladada esta idea al arbitraje, resulta evidente que las partes no confían la solución de la controversia a un cargo abstracto, sino al juicio intelectual de la persona que libremente eligieron para ejercer la función arbitral.

Desde esta perspectiva, la función intuitu personae se proyecta sobre el modo en que este desarrolla su actividad decisoria, ya que no basta con que el laudo lleve su firma; es indispensable que el razonamiento contenido en él constituya una expresión auténtica de su deliberación, como el proceso intelectual que lo llevo a ella.

Es precisamente en este punto donde la inteligencia artificial plantea uno de sus mayores desafíos. El problema no radica en que el árbitro utilice herramientas tecnológicas para organizar información, revisar documentos o facilitar tareas de investigación jurídica. Tales actividades, en principio, constituyen funciones auxiliares compatibles con el ejercicio de la función arbitral. La preocupación surge cuando esas herramientas comienzan a intervenir en la construcción del razonamiento decisorio o en la motivación del laudo, desplazando, aunque sea parcialmente el juicio crítico que las partes esperaban encontrar en la persona del árbitro.

No resulta casual, por ello, que la jurisprudencia peruana haya reconocido el carácter estrictamente personal de la función arbitral. En efecto, Vidal Ramos (2021, 70), al comentar el caso Sistema Metropolitano de la Solidaridad vs. Reprogenetics S.A.C., destaca que la Segunda Sala Comercial de Lima sostuvo que la función arbitral posee naturaleza intuitu personae y, por consiguiente, no admite delegación alguna. Aunque dicho precedente fue emitido en un contexto previo al auge de la inteligencia artificial generativa, su fundamento conserva plena vigencia frente a los desafíos actuales: si la confianza de las partes se deposita en el criterio del árbitro, difícilmente puede considerarse compatible con esa naturaleza la delegación del razonamiento decisorio a un sistema algorítmico.

IV. ¿Debe el árbitro revelar el uso de inteligencia artificial?

La respuesta, a nuestro entender, no puede ser simplemente afirmativa o negativa. El árbitro no debería estar obligado a revelar cada uso que haga de una herramienta de inteligencia artificial, pero sí debería hacerlo cuando su intervención haya adquirido una relevancia suficiente dentro del proceso de elaboración de la decisión arbitral. Y es precisamente en esta distinción donde, a nuestro juicio, se encuentra el verdadero problema.

El deber de revelación ocupa un lugar importante dentro de las garantías que buscan preservar la confianza en el arbitraje. Su finalidad es bastante clara: permitir que las partes conozcan aquellas circunstancias que puedan generar una duda razonable sobre la independencia o imparcialidad de quien ha sido designado como árbitro.

En esa línea, Freyre & Minaya (2015, 250) señalan que el deber de declaración, también llamado deber de revelación, es el deber ético de informar, de revelar o declarar cualquier hecho o circunstancia que pueda provocar duda justificada sobre la independencia e imparcialidad del árbitro con relación a las partes; es decir, dudas fundadas sobre la idoneidad del árbitro para el cargo.

Esto resulta interesante cuando se la contrasta con la aparición de la inteligencia artificial en la práctica arbitral. Sin embargo, resulta de suma importancia hacer una primera distinción. No todo empleo de inteligencia artificial debería ser objeto de revelación, ya que, no es razonable sostener que el árbitro deba revelar cada vez que utiliza una herramienta tecnológica. Si la emplea para ordenar documentos, traducir información o realizar una búsqueda, difícilmente podría afirmarse que ello afecta la confianza depositada en su función.

La situación cambia cuando la inteligencia artificial deja de ser una herramienta meramente auxiliar y comienza a intervenir de manera relevante en la construcción del razonamiento o en la motivación del laudo. En ese escenario, ya no estamos hablando de eficiencia o de tecnología, sino de la forma en que el árbitro ejerce una función que las partes decidieron confiarle personalmente.

Por ello, quizá el punto no sea preguntarnos simplemente si el árbitro utilizó inteligencia artificial, sino qué papel tuvo está en la decisión. Cuanto mayor sea su intervención en el razonamiento arbitral, mayor parece ser también la necesidad de que las partes conozcan dicha circunstancia.

Después de todo, las partes eligieron a un árbitro para que decidiera su controversia. No eligieron a una máquina. Y es precisamente allí donde el deber de revelación adquiere una nueva importancia frente a la inteligencia artificial.

V. Conclusión

La inteligencia artificial constituye una herramienta llamada a transformar el arbitraje, pero su incorporación no puede hacerse a costa de los principios que justifican su existencia. La eficiencia, por valiosa que sea, jamás podrá sustituir el juicio crítico, la independencia y la responsabilidad intelectual que las partes esperan de quien eligieron para resolver su controversia. Precisamente por ello, la transparencia en el uso de estas tecnologías debe entenderse como una nueva exigencia del debido proceso arbitral y no como una carga meramente formal. Después de todo, los laudos arbitrales no legitiman su autoridad porque hayan sido elaborados con mayor rapidez, sino porque expresan el razonamiento de una persona en quien las partes decidieron confiar. Esa confianza, más que cualquier algoritmo, continúa siendo el verdadero fundamento del arbitraje.

VI. Referencias

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Carranza, Andrés. 2025. Inteligencia artificial y derecho procesal. Buenos Aires: Editorial Jusbaires.

Claramunt, Jorge. 2023. Sobre los desafíos constitucionales ante el avance de la inteligencia artificial. Una perspectiva nacional y comparada. Revista de Derecho Político, 261-287.

Franco, Pedro. 2023. Beneficios y problemas de la IA en el Derecho. Pensamiento Penal, 460.

Guerrero, Roger. 2013. Los desafíos del arbitraje en el Perú. Ius et Praxis (44), 253-276.

Nieto, Enrique. 2022. La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. Anales de la Cátedra Francisco Suárez 57, 63-89.

Nieto, Enrique. 2023. La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. Anales de la Cátedra Francisco Suárez (57), 63–89. doi: https://doi.org/10.30827/acfs.v57i.26281

Osorio, Ingrid. (18 de julio de 2023). La inteligencia artificial y el derecho. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/gfRiEk

Osorio, Ingrid. (23 de julio de 2023). La inteligencia artificial y el derecho. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/gfRiEk

Osterling, Felipe. y Castillo, Mario. 2008. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra Editores.

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Rouhiainen, Lasse. 2018. La inteligencia artificial 101 cosas que debes saber hoy sobe nuestro futuro. Barcelona: Editorial Planeta.

Sheehan, Martín. 2026. Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec, 2026 QCCS 1360. Cour supérieure du Québec. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/K1l3O1

Álbum del Mundial de la FIFA: ¿para cuándo tarjeta roja a la piratería?

Escribe: Anwar Aram David Pinguz Gonzales

Bachiller en Derecho por la UNMSM
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

Mientras se escriben estas líneas, se está disputando el torneo del deporte más popular del planeta. La afición es tan grande, que seguramente, pese a que Perú no clasificó, se desea coleccionar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este espíritu de coleccionismo no es exclusivo de niños; sin embargo, no está al alcance de todos los bolsillos. ¿O quizás sí? La respuesta depende de qué versión que se emplee.

En nuestro país se encuentra disponible en los puestos de venta autorizados el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fabricado por la Editorial Panini, empresa italiana que ha adquirido las licencias y los derechos respectivos por al menos 56 años. De otra parte, también se encuentra al alcance del público peruano la versión “no oficial” o “alternativa” de la marca Tres Reyes. La diferencia en los precios entre ambos es, ciertamente, abismal. La colección completa del álbum oficial podría llegar a costar entre S/ 1,500.00 a S/ 2,000.00 de inversión; en tanto que, la versión “alternativa” entre S/ 300.00 a S/ 400.00.

Es innegable que la ilusión de obtener este añorado álbum puede llevar a adquirir, quizá por falta de recursos, la versión “no oficial”. No obstante, deberíamos cuestionarnos su existencia tan normalizada en el Perú, pese a su origen ilícito. En ese sentido, se pretende reflexionar sobre las medidas a tomar para combatir la piratería de este producto tan demandado por los fans del deporte rey.

II. Desarrollo

2.1 Bienes jurídicos protegidos en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA

2.1.1 Derecho de autor

El álbum de figuritas en sí mismo constituye una obra artística. Esto se debe a que, en este convergen diversos elementos que le otorgan la calidad de creación intelectual original. Tales elementos, a saber, son los siguientes (Albagli Zaliasnik Abogados 2026):

Su diseño gráfico, la disposición de los elementos en cada página, la selección y organización de los contenidos, las ilustraciones decorativas, la tipografía y la paleta de colores (…).

Actualmente, la Editorial Panini es la empresa italiana que posee los derechos patrimoniales sobre el diseño del álbum oficial del último torneo organizado por la FIFA, lo que implica que ninguna persona natural o jurídica puede reproducirlo o adaptarlo sin su autorización.

2.1.2 Derecho de imagen

Quizá el más complejo de los derechos involucrados. Por una parte, se tiene la imagen del jugador captada por un fotógrafo en particular quien ostenta el derecho de autor sobre dicha imagen y; por consiguiente, el derecho patrimonial de autorizar su reproducción y uso comercial; de otra, el derecho de imagen y nombre que requieren la autorización expresa de su titular para su uso comercial. Al respecto, en el caso de las fotografías en sí mismas se tienen dos posibles escenarios (Albagli Zaliasnik Abogados 2026):

i) Acuerdos con agencias fotográficas especializadas en deportes (…) que administran los derechos de grandes catálogos de fotografías deportivas y licencian su uso para productos específicos.

ii) Sesiones fotográficas organizadas y pagadas por (…) Panini o (…) la FIFA, en las que los fotógrafos ceden contractualmente los derechos de uso comercial de las imágenes resultantes.

Se advierte que la primera opción sería la más viable, dada la cantidad de jugadores involucrados y que, en la práctica, la lista oficial de convocados por las selecciones suele sufrir cambios, sea por lesiones u otros eventuales motivos.

En cuanto a los futbolistas, quienes ostentan el derecho de su imagen y nombre para uso comercial, se negocia el consentimiento para su aparición en el álbum de manera colectiva a través de asociaciones y sindicatos de jugadores (Albagli Zaliasnik Abogados 2026).

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) que agrupa a sindicatos de futbolistas de diversas partes del mundo es la entidad llamada a negociar de forma colectiva el uso comercial de la imagen de los jugadores. De esta manera, los futbolistas que forman parte de las asociaciones afiliadas a la FIFPro consienten “que su imagen pueda ser utilizada en productos oficialmente licenciados por la FIFA (…) a cambio de una remuneración (…)” (Albagli Zaliasnik Abogados 2026).

2.1.3 Marcas comerciales

La autorización de uso de las denominaciones y marcas oficiales del torneo “FIFA World Cup 2026”, el logo oficial de esta edición de la Copa Mundial; así como de los nombres oficiales de los equipos participantes, las federaciones de fútbol clasificadas, sus escudos, entre otros, son producto de un contrato de licencia celebrado con la FIFA, a quien la Editorial Panini retribuye con un pago que “en los ciclos de los últimos Mundiales, se estima en cifras que superan ampliamente los cien millones de dólares” (Albagli Zaliasnik Abogados 2026).

En este tipo de contratos es usual la inclusión de una cláusula de exclusividad; por lo que, ninguna otra persona natural o jurídica puede utilizar los derechos ya adquiridos. Asimismo, se observa lo siguiente (Albagli Zaliasnik Abogados 2026):

No es simplemente una autorización de uso de marca: es también el acuerdo que define qué puede y qué no puede aparecer en el álbum, en qué formato, con qué calidad de imagen y bajo qué estándares de producción.

2.2 Marco jurídico

Si bien el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA contiene los bienes jurídicos protegidos anteriormente detallados, para efectos del presente apartado, este artículo se enfocará la regulación sobre derecho de autor, sus derechos conexos y competencia desleal; puesto que, es la que con frecuencia se invoca en casos de piratería.

2.2.1 Lineamientos internacionales

El derecho de autor y conexos en nuestro país se rige, en principio, por el Convenio de Berna, cuya firma se realizó en 1886 y al cual nuestro país se adhirió en 1988 y que entró en vigencia en 1989. Dicho tratado nos obliga a cumplir, principalmente, con los siguientes principios (Quiroz 2001, 65):

i) Trato Nacional para los autores, quienes tienen protección en todos los Estados de la Unión; ii) La protección es automática sin necesidad de cumplir formalidades, basta con ser parte del Estado que integra la Convención; iii) Al ser la protección automática, no se tiene que probar que la ley lo defiende y ampara, basta que ella exista iv) La protección mínima, reconoce (…) los derechos económicos y morales, protección que permite obtener medidas cautelares en caso de su infracción.

Asimismo, dentro de la legislación vinculante tenemos el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), mismo al que se adhirió nuestro país en 2001. Dicho documento regula la protección de las obras y los derechos de sus autores en entornos digitales. Cabe indicar que, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la encargada de asegurar su correcta implementación en el ordenamiento jurídico de los países firmantes brindando la asistencia técnica necesaria.

En adición, conviene traer a colación la Decisión Andina 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Esta norma firmada en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, regula en detalle desde 1993, todo lo relativo a derechos de autor y derechos conexos.

Respecto de la competencia desleal, entre la legislación internacional vinculante encontramos el Convenio de París, cuya firma se realizó en 1883 y al cual nuestro país se adhirió en 1995. Dicho tratado, nos compromete a fiscalizar las siguientes prohibiciones dispuestas en su artículo 10bis:

i) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
ii) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
iii) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Así también, se tiene a la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, cuyo texto recoge las prohibiciones establecidas en el Convenio de París.

2.2.2 Legislación nacional

Dentro de la legislación nacional se encuentra el Decreto Legislativo N°822, Ley sobre el Derecho de Autor, que regula el derecho de autor en sentido estricto e incluye los derechos conexos. Posteriormente, fue modificado por el Decreto Legislativo N°1076 que aprueba disposiciones con la finalidad de adaptar la normativa peruana sobre propiedad intelectual a los estándares exigidos por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

En el caso de la competencia desleal encontramos su regulación en el Decreto Legislativo N°1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Hemos de manifestar que dicho cuerpo normativo (Coca 2024):

Tendría como finalidad inmediata la protección del proceso competitivo y como finalidad mediata la protección de los competidores/proveedores/vendedores, de los consumidores y del orden público económico, valiéndose de los actos o conductas de competencia desleal (típicos y atípicos) como instrumentos o medios para alcanzar tales fines.

2.3 El rol de Indecopi en el combate contra la piratería

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad administrativa encargada de velar por los derechos de autor y conexos, tal como lo establece el Decreto Legislativo N°822. Así las cosas, al detectarse una infracción, la primera instancia administrativa es la Comisión de Derecho de Autor de la Dirección de Derecho de Autor (artículo 168) y la segunda, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (artículo 205).

Asimismo, la mencionada entidad también tiene a su cargo la fiscalización de la competencia desleal, tal como dispone el artículo 24 del Decreto Legislativo N°1044, siendo la primera instancia administrativa la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal o, de forma desconcentrada, la Comisión de las Oficinas Regionales, según competencia territorial y; en segunda instancia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

En ambos casos, Indecopi se encuentra facultada para imponer diversas clases de sanción: multa, cierre temporal o definitivo del establecimiento, incautación o comiso definitivo, publicación de la resolución condenatoria, entre otras.

Asimismo, es pertinente señalar que, se puede demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios contra los responsables identificados por Indecopi, sin perjuicio de la persecución que pueda realizar el Ministerio Público por aquellos delitos tipificados en el Título VII del catálogo penal que atentan contra los derechos de autor y conexos, así como contra la propiedad industrial, de ser el caso.

2.3.1 Antecedentes y situación actual

En el tema analizado, Indecopi se ha pronunciado con anterioridad sobre piratería detectada en relación al álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Mediante Resolución N°1055-2019/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N°609-2018/CDA-INDECOPI que sancionó a la empresa Capri Internacional S.A. que operaría con el nombre comercial Tres Reyes.

Dicha decisión tuvo su origen en una denuncia de oficio por infracción a los derechos patrimoniales de distribución y reproducción, respecto de obras fotográficas incluidas en el álbum “World Cup Rusia 2018” así como de reproducción y comunicación pública, respecto de grabaciones de imágenes en movimiento no consideradas obras, correspondientes a partidos de fútbol, a través de una aplicación móvil de realidad aumentada. Resulta pertinente resaltar que, al final de su decisión la Sala ordena remitir los actuados a la primera instancia a fin de que evalúe el inicio de un procedimiento sancionador de oficio contra los terceros implicados, esto es, la persona que declaraba haber cedido los derechos sobre las fotografías indebidamente utilizadas en el álbum y la empresa que había elaborado la aplicación móvil por encargo del infractor.

De otra parte, mediante Resolución N°086-2019/SDC-INDECOPI, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia confirmó uno de los extremos de la Resolución N°153-2018/CCD-INDECOPI, por la cual se sancionó a Capri Internacional S.A. Esta vez, respecto de la infracción a la cláusula general (artículo 6 del Decreto Legislativo N°1044), al haber comercializado el álbum “World Cup Rusia 2018” sin contar con las licencias respectivas a fin de explotar las imágenes que contenían sus stickers. La Sala consideró que la evasión de costos en la que incurrió el infractor generó un daño al competidor que sí asume el pago de los derechos correspondientes; puesto que, le genera una ventaja competitiva ilícita al distorsionar la estructura de costos.

A partir de esta investigación, se ha encontrado información de nuevas sanciones impuestas por Indecopi a Capri Internacional S.A. u otra empresa por haber reincidido en las mismas conductas reprochables, pese a que es de conocimiento público la existencia de álbumes clandestinos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y 2026 bajo la conocida marca infractora Tres Reyes.

Aunque la autoridad administrativa parece inactiva, la Policía Fiscal ha realizado operativos recientemente, a partir de los cuales, se incautó más de tres millones de figuritas, se detuvo al menos a quince personas y se desmantelaron imprentas clandestinas en Breña y Carabayllo, según reportaba América Noticias el último 21 de junio. Si bien hay notas periodísticas que anuncian una mafia “desmantelada”, no estaría tan seguro de ello. La empresa Capri Internacional S.A. en la actualidad se encuentra con baja de oficio en Sunat y con representantes legales inubicables. ¿Cómo combatir la piratería en este escenario?

2.3.2 Reflexión

Se requiere comenzar con una gran campaña de concientización de la sociedad sobre piratería aprovechando la coyuntura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 porque la ciudadanía no la percibe como una actividad ilegal. Por el contrario, en las redes sociales se observa una defensa del “emprendedor” peruano o del “álbum del pueblo” refiriendo al precio ínfimo si lo comparamos con el del producto oficial.

Con relación a Tres Reyes se cuestiona lo siguiente: ¿de qué sirven las sanciones económicas si la empresa prácticamente ha desaparecido y los representantes legales están inubicables? Incluso si sus imprentas son desmanteladas, el producto clandestino no desaparece del mercado porque vuelven a instalarse en algún otro lugar y el ciclo se repite. Es por esta razón que, resulta necesario atacar a la piratería por los distribuidores y comerciantes a fin de aplicarles las sanciones que correspondan.

A partir de la revisión normativa efectuada, no se ha encontrado alguna causa que imposibilite sancionar a los agentes económicos involucrados; puesto que, estos, al igual que Tres Reyes, generan ganancias con la venta del producto ilícito. En ese sentido, se debe considerar que en la cadena económica existen distribuidores quienes, a su vez, son proveedores de pequeños comerciantes con los cuales llega el producto clandestino al público. Si bien la tarea de fiscalización sería compleja, es necesario realizar un trabajo conjunto entre diversas entidades del Estado.

En primer lugar, debe participar Indecopi como autoridad administrativa competente; el Ministerio Público como encargado de perseguir los posibles delitos cometidos y; por supuesto, es importante la presencia de la Policía Fiscal que investiga y ejecuta operativos contra la piratería. El trabajo articulado también podría incluir a las municipalidades a fin de verificar los locales comerciales de fabricación y distribución. En este punto nos preguntamos si existen los recursos para ejecutar tal trabajo. Es poco probable. De ahí que, se pueda explicar la alta “tolerancia” de las autoridades peruanas para con la piratería.

No obstante, el Estado debería ser consciente de que el daño económico no solo impacta en las ganancias de la Editorial Panini, sino también a sí mismo y a la sociedad en general. Capri Internacional S.A. deja cuantiosas pérdidas en impuestos no recaudados, dada su actividad comercial ilícita, lo mismo que otros agentes económicos informales potencialmente implicados. De otro lado, esta situación deviene en la precariedad laboral de las personas que trabajan en el proceso de fabricación, distribución y comercialización quienes, en muchos casos, es posible que ni siquiera sean conscientes de que están participando de una actividad que viola la ley. Una campaña fuerte sería vital para disuadir a los ciudadanos de colaborar con la piratería y sacarle, de una vez, la tarjeta roja que merece.

III. Conclusiones

3.1 La elaboración del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA implica obtener legalmente la autorización para uso y explotación comercial de diversos bienes jurídicos protegidos. Entre estos, identificamos el derecho de autor y derechos conexos, el derecho de imagen y las marcas comerciales.

3.2 Si bien la Editorial Panini posee las licencias y los derechos correspondientes en relación al álbum de la Copa Mundial de la FIFA, en nuestro país se oferta una versión clandestina de la marca Tres Reyes misma que registra sanciones entre el año 2018 y 2019 por infracciones al derecho de autor y derechos conexos, así como por competencia desleal. Pese a ello, continúa operando en la actualidad.

3.3 La lucha contra la piratería requiere el trabajo articulado de diversas entidades del Estado, así como de los recursos necesarios para su ejecución. Es indispensable priorizar labores de fiscalización en esta materia; puesto que, la permanencia en el mercado de los álbumes clandestinos no solo perjudica a la Editorial Panini, sino también al Estado y a la sociedad en general.

IV. Referencias

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Albagli Zaliasnik Abogados. 2026. “El álbum de láminas del mundial: ese inocente libro que esconde un universo de propiedad intelectual”. Acceso el 23 de junio de 2026. https://acortar.link/4JI33O

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Elogio a un maestro sanmarquino

Escribe: Yasser Toledo Cumapa

Estudiante de 5.° año de Derecho de la UNMSM

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

Fuente: La República

I. Introducción

Hace algunos años, cuando los vestigios de la pandemia todavía limitaban la presencialidad de las cátedras sanmarquinas, tuve la oportunidad de exponer en el curso de Teoría general del Proceso sobre la vida y obra del maestro José Antonio Silva Vallejo. En efecto, lo hice frente a una pantalla que proyectaba la figura intimidante de quien juzgaría mi lenguaje y la veracidad de la información, pues se trataba de nada más y nada menos que el mismísimo Silva Vallejo.

Para mi suerte, en esa exposición no tuve que citar algún autor alemán o francés, así que fue un trabajo medianamente decente. Sin embargo, en el curso de Historia general del Derecho que dictaba Silva Vallejo, expuse sobre la Escuela culta o humanista, y entonces, las carajeadas que recibí por evocar incorrectamente aquellos apellidos impronunciables todavía permanecen en mis recuerdos.

Conservé el escrito con enorme cariño. Ahora, con la partida de Silva Vallejo, honrar su memoria, como él hizo en vida con los grandes maestros que evocaba en cada clase, es tarea de quienes tuvimos el placer de presenciar su poesía. O como dijo Silva Vallejo acerca de Mariano Ibérico: la emoción intelectual, la vivencia estética y el privilegio universitario de escuchar sus grandes clases.

II. Un hombre de leyes

Nació el 12 de febrero de 1936, en Chiclayo, en la tierra de los moches, de la cultura Lambayeque o Sicán, de la marinera y del club Juan Aurich. José Antonio Silva Vallejo dedicó su vida a la historia, a la filosofía y al derecho, grandes pasiones que le permitieron navegar en el oceánico mundo de las ideas, la investigación y el análisis jurídico que suscitó la producción de una vasta obra.

Estudió en el Colegio Nacional San José de Chiclayo y culminó la secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado, escenario castrense que inspiró a su compañero de aula y promoción, Mario Vargas Llosa, a escribir La ciudad y los perros, novela que nos dio entrañables personajes como el Jaguar, el Esclavo, el teniente Gamboa y el Poeta. No me puedo dar el lujo de mencionar al «poeta», sin pasar por alto al inmortal Cesar Vallejo, tío abuelo del maestro José Antonio Silva Vallejo, cuyo verso elegante y metafórico, enalteció la literatura peruana en obras como Trilce, Los heraldos negros, El tungsteno, Fabla Salvaje y demás ficciones y poemas que nos embarcan en un viaje sin retorno a las complejidades de la condición humana.

Ante la duda razonable de prolongar la carrera militar, el doctor García Rada y su padre, don Nicanor Silva Salgado, le aconsejaron que estudie derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los claustros sanmarquinos, el universitario Silva Vallejo fue discípulo de Raúl Porras Barrenechea, uno de los grandes historiadores que sembró el país, al igual que Jorge Basadre (1931), en cuyo ensayo Perú: problema y posibilidad, destaca que nunca hay que perder la fe, que aquellos que caen en el pesimismo, la amargura y el desencanto, ignoran que el Perú es todavía una posibilidad, porque problema ya lo es por desgracia. Si las almas de estos historiadores renacieran en estos tiempos de oscurantismo, habrían llegado a la conclusión de que nada ha cambiado, que incluso el país está peor, que la miseria moral y el descenso de los valores han reinado en una sociedad fagocitada por la chabacanería y la corrupción.

El maestro Silva Vallejo se titularía como abogado en el año 1960 con la tesis La mala fe en el Proceso Civil, donde cita el ensayo de Josserand titulada Un ordre juridique noweau, el cual dilucida que «el derecho ha perdido sus condiciones de estabilidad, haciéndose caprichoso, movedizo y fugitivo, transformándose a merced de las necesidades económicas: el contrato ha dejado de ser vinculum y desaparecen sus originarias condiciones de duración y seguridad: lo que ayer era lícito, hoy resulta condenable y mañana vuelve a ser correcto. Así como un día se apartó el derecho de las leyes divinas, hoy se aleja visiblemente de la ley moral». Asimismo, en su tesis denuncia el colapso del ordenamiento jurídico peruano, una crisis de la organización judicial, crisis de la desadaptación del juez y de las partes por la fosilización de las viejas normas procesales, producto de la antinomia creada por el choque entre la buena fe civil y la mala fe procesal; entre la común intención de las partes y la inobservancia de la justa composición de la litis.

Cuando se recibió como abogado, Silva Vallejo retornó a su natal Chiclayo para ejercer la abogacía y trabajó en el Tribunal Correccional. A sus 44 años, recibió la propuesta de trabajar como vocal titular de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia en Lima, alcanzando el cargo de presidente interino. En 1962 fundó la Universidad Nacional de Lambayeque y fue decano de su Facultad de Derecho, donde ejerció la cátedra de Introducción a la Filosofía, Título Preliminar del Derecho Civil, Personas naturales y jurídicas, Introducción al Derecho, Acto jurídico, Teoría general del Proceso y Derecho Procesal Civil.

En 1971, Silva Vallejo fue incorporado como miembro honorario del Instituto Español de Derecho Procesal, con sede en Madrid. En Perú fue miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados de Lima, Lambayeque, Piura, Tacna y La Libertad. En 1987 ganó el concurso de vocal titular de la Corte Suprema, desempeñándose como miembro de la Primera Sala Civil, presidente de la Sala Constitucional Permanente y de la Sala Civil Permanente, alcanzando el grado de vocal decano de la Corte Suprema.

III. El quehacer del jurista: escribir

Su incesante búsqueda del saber, sus inquietudes ontológicas y espíritu de rebeldía lo estimularon a escribir diversas obras, enfrentando una y otra vez, las innumerables hojas en blanco que desafían a un investigador. En La vida y el pensamiento de Piero Calamandrei (1987), Silva Vallejo elogia a uno de los grandes maestros de la Escuela clásica italiana del Derecho Procesal. Calamandrei señala que el juez es como el historiador porque se encarga de la construcción lógica de los hechos, declarando la verdad de los mismos. Tanto el juez como el historiador, imparten el justo orden lógico de los acontecimientos, sin predicar la fantasía, pues la materia de su labor son los datos preexistentes y verídicos. El verdadero trabajo del juez e historiador es construir una historia real, objetiva e imparcial, sin sesgo de irrealismo, lejos de toda patraña juzgadora e insolente.

El maestro de Florencia jamás vio el proceso como un simple certamen, al contrario, estudió la ciencia procesal en toda su dimensión. La jurisdicción es el reflejo de una de las más altas manifestaciones del espíritu y la defensa, una manifestación de la triada divina en la que se resume el juicio. El proceso no es un escenario de conferencistas, ni un salón de desocupados que cambian entre sí conceptos ingeniosos, ni una sala de esgrima, ni un dormitorio. Los abogados no son artistas de circo: la justicia es una cosa seria (Calamandrei 1956, 117). Frente a esta cita de Calamandrei, el maestro Silva Vallejo recuerda que cuando escucha a un abogado hablar mal del juez o viceversa, determina que sería necesario que el abogado ejerciera de juez dos meses al año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año, aprenderían así a comprenderse y a compadecerse.

La magna obra de Silva Vallejo comprende los dos volúmenes de La ciencia del Derecho Procesal (2009), quizá la obra de su vida, quizá su gran obra maestra, inspirado en su tesis de doctorado titulado Teoría general del proceso (1970). Para Silva Vallejo, el Derecho Civil es un refugio para la contemplación y la práctica de los valores del espíritu, en una época vil y agónica de la sociedad y la cultura donde hay crisis de hombres y de valores, crisis normativista y jurisprudencial, una crisis del Estado y la moral. Ante los desasosiegos que impregnan en la sociedad, el derecho surge como el ente rector de nuestras vidas.

La catástrofe del proceso civil en el Perú, expresado en ese entonces por el Código de Procedimientos Civiles, cuyas reformas parecen ser parches y remedios, pero no la cura para los vacíos y lagunas legales que son aprovechados por tinterillos que actúan de acuerdo a la brújula de sus intereses monetarios, oscureciendo la administración de justicia. Silva Vallejo propuso que no bastaba con una mera reforma del Código de Procedimientos Civiles o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino una reforma conjunta y paralela de ambas leyes obsoletas, una evolución ideológica e infraestructural en las que todos, en cierta parte, tenemos culpabilidad, desde el abogado con su imperdonable ignorancia, el legislador con su soberbia, hasta el juez, a veces debilitado por el poder político de turno. ¿Podríamos decir lo mismo del actual Código Procesal Civil? Los que conocimos a Silva Vallejo, sabemos su crítica feroz ante la norma adjetiva.

IV. La escuela civilista del Perú

En su discurso a La escuela civilista peruana, Silva Vallejo realizó un homenaje a Rómulo Lanatta en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. El maestro menciona que el Derecho Civil, su escuela y sus maestros, constituyen nuestra consolación, nuestra filosofía y nuestro reto. Esa maravillosa escuela que nos ha permitido y seguirá permitiendo filosofar a propósito del hombre y de su acto jurídico. El derecho, en cuanto ciencia interpretativa del hombre, sus hechos y valores, en cuanto investigación teórica de la existencia humana y de su finitud o su destino. Couture escribió en el prólogo de Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares de Calamandrei que, para formar una escuela en torno a una universidad o instituto científico, se han de requerir tres cosas: maestros, tradición y la fuerza de jóvenes entusiastas en esta misión. Una escuela sin jóvenes no es escuela, porque solo los jóvenes junto a los mayores hacen el cúmulo de la sabiduría y del poder que la vida demanda. Una escuela existe cuando ha logrado reducir a principios los datos de la experiencia, cuando un vocablo representa un concepto fácilmente admitido, cuando una regla se ha desenvuelto hasta sus últimas consecuencias, cuando se manejan los materiales históricos con absoluta seguridad.

Nuestra escuela peruana existe, decía Silva Vallejo, por tener vida propia, principios y contenido que la identifican y distinguen, la escuela civilista tiene entre sus filas a los grandes maestros, sus continuadores y discípulos, entre ellos León Barandiarán, Max Arias Shreiber, el clásico Manuel Augusto Olaechea, don Ángel Gustavo Cornejo y el clásico Rómulo Lanatta, con su estilo apolíneo y pedagógico. La escuela civilista peruana ha tenido cuatro fases: la primera, iniciada por don Manuel Lorenzo de Vidaurre, con el proyecto del Código Civil de 1834 constituyó el primer trabajo de codificación nacional. El Código de Santa Cruz de 1836, de vida efímera, inspirado en el Código boliviano de 1830 y en el Código de Napoleón, el cual tenía que dar paso a una obra auténtica que fue el Código de 1852. Para Rómulo Lanatta, este código de 1852 es de considerable mérito por la claridad y estilo poético.

La segunda fase de la escuela civilista peruana corresponde a una primigenia búsqueda de la interpretación de la realidad jurídica peruana. Sus características han sido expuestas en el famoso discurso de don Manuel Vicente Villarán sobre las profesiones liberales y en su tesis La educación nacional y la influencia extranjera, así como el Perú contemporáneo de García Calderón, del pensamiento de José Carlos Mariátegui, de Víctor Raúl Haya de la Torre, de Víctor Andrés Belaunde y de Jorge Basadre. En esta fase se trata de establecer cuáles son las esencias de esta realidad de contrastes en su espacio, tiempo histórico y jurídico que es el Perú costeño, el Perú serrano y el Perú selvático.

La tercera fase, o también denominada etapa clásica, corresponde al Código Civil de 1936, inspirado en la sistemática del Código Suizo y en las doctrinas imperantes de Planiol y Vélez Sarsfield. Tres grandes figuras constituyen esta fase clásica: Manuel Augusto Olaechea, cuya labor de interpretación y exégesis doctrinaria de su obra legislativa, materializando su pensamiento en memorándums, en la exposición de motivos y en el articulado del Código Civil; Cornejo, en cambio, en su voluminosa producción formuló los principios sistemáticos de nuestra escuela civilista; y León Barandiarán, en su enciclopédica producción se convierte en el maestro del Derecho Civil en el Perú.

La cuarta y última fase es la prolongación y desarrollo del pensamiento jurídico peruano clásico, que el maestro Silva Vallejo lo califica de humanista y ontológica, por convertir al hombre y a su acto jurídico en el eje y centro del sistema: fase áurea del momento clásico, representado por el Código Civil de 1984 cuyos autores, León Barandiarán y Rómulo Lanatta brillan con luz propia.

V. La ficción y el derecho

Es verdad, las palabras convertidas en ficciones adquieren la inmortalidad cuando seducen el alma humana. En el epílogo de su obra Filosofía del Derecho (2012), Silva Vallejo vislumbra la fraternidad entre la literatura y la ciencia jurídica. La novela nos enseña a captar el alma del delincuente para resolver un conflicto criminológico. La dialéctica del proceso, plasmado en la magnánima pluma de sus escultores, es materia prima para la creación de ficciones. Gracias a la literatura comprendemos la retorcida psicología de Raskólnikov, impulsado por la fuerza del superhombre para derrocar los valores universales; también en los relatos góticos de Edgar Allan Poe; el conyugicidio pasional en las páginas sangrientas de Shakespeare, en la prosa de Tolstoi y Ciro Alegría en El mundo es ancho y ajeno, cuando el tinterillo que juega a doble cachete practica una astucia jurídica para despojar a los comuneros de Rumi. Leer enriquece el alma y nos enseña que la ficción trasciende las barreras del espacio y del tiempo, que la vida no se reduce a lo que racional, sino también a lo irracional, al mundo de los sueños, de la fantasía y la imaginación, de las grandes historias que hipnotizan nuestro espíritu. La literatura convierte la vida en sueño y el sueño en vida, pues, leemos para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola (1).

VI. Unas palabras finales

San Marcos es Silva Vallejo y Silva Vallejo es San Marcos. Su vocación por la enseñanza, la cultura y el derecho, lo condujo a su alma mater. Efectuó diversas cátedras durante la época más trágica del Perú, cuando Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru pregonaban la lucha de clases y la toma del poder. San Marcos no fue ajeno a la crisis y el terror que llegaron a sus aulas. Las clases de Silva Vallejo eran interrumpidas por aquellas personas encapuchadas que operaban desde la clandestinidad y amenazaban con ejercer la violencia ante el incumplimiento de suspender la cátedra. Silva Vallejo, con la habitual firmeza de su personalidad, respondía con astucia y desaprobaba a quienes tenían la osadía de amenazarlo

Hasta los últimos años de su vida, el maestro Silva Vallejo ejerció la cátedra en San Marcos, deleitándonos sobre pasajes de la historia, la filosofía, el arte, la música, insistiendo en que aprendamos francés, alemán, italiano, lenguas de la cultura universal, corrigiéndonos cada vez que nos equivocamos, a veces a carajeadas para no caer en las malas costumbres, pues la labor del maestro es educar, y quien educa tiene en sus manos el futuro de la humanidad. 

VII. Notas

(1) Discurso de Mario Vargas Llosa en el Premio Nobel de Literatura de 2010.

VIII.  Referencias

Basadre, Jorge. 1931. Perú: problema y posibilidad y otros ensayos. Editorial Taurus.

Calamandrei, Piero. 1956. Elogio de los jueces escrito por un abogado, 1956. Ediciones Jurídicas Europa-América

Silva Vallejo, José. 2009. La ciencia del Derecho Procesal, tomo I y II, Legales Ediciones.

Silva Vallejo, José. 2012. Filosofía del Derecho. Legales Ediciones. 

La caja negra en el arbitraje de emergencia peruano

Escribe: Karlo Flores Soto

Estudiante de 4° año de Derecho de la UNMSM

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

Durante los últimos años, el arbitraje ha construido su legitimidad sobre una premisa irrenunciable: la razonabilidad, la valoración y la decisión. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial (en adelante, IA), vivimos un preludio de nuestra singularidad humana por espejos cognitivos de asistencia artificial que cada vez se externalizan hacia nuestros sistemas de justicia; generando una tensión silenciosa que sin regulación alguna no hay quien la contenga. Ante ello, cabe preguntarnos: ¿En qué momento una herramienta como estas deja de ser un apoyo al árbitro y se convierte en el verdadero decisor?

Del mismo modo, desde dimensión crítica como el arbitraje de emergencia que opera bajo plazos comprimidos, con acceso limitado a audiencia y con consecuencias patrimoniales de enorme magnitud. Lo cual, en este escenario de urgencia institucionalizada, el riesgo de que el árbitro delegue su razonamiento decisorio a un sistema algorítmico opaco no es una hipótesis, sino una amenaza real, ya materializada en el caso LaPaglia v. Valve Corp. ¿Puede considerarse válidamente motivada una medida cautelar de emergencia cuyo razonamiento subyacente ha sido generado por una IA no revelada a las partes? ¿Qué medidas normativas e institucionales deben ser necesarias para alcanzar un arbitraje de emergencia tecnológicamente responsable en el Perú?

Es por ello que el presente artículo se sostendrá que la utilización no revelada de la IA en el arbitraje de emergencia, lejos de ser una herramienta inocua, puede configurar un escenario de riesgo sistemático para la validez de las medidas cautelares, los derechos de defensa de las partes y la legitimidad como sistema.

II. La naturaleza jurídica y función del arbitraje de emergencia

En los últimos años, el arbitraje de emergencia ha ido emergiendo a través de las instituciones arbitrales cuya competencia emana del acuerdo de las partes, quienes se han sometido ante un reglamento que permite a un tercero pronunciarse sobre una solicitud de medida provisional antes de que el tribunal definitivo se constituya. Este no es un árbitro en sentido pleno, ni un juez; ocupa una categoría funcional intermedia, cuya legitimidad descansa exclusivamente en el convenio arbitral y en el reglamento que le da vida (1).

Asimismo, la ratio del arbitraje de emergencia es triple. En primer lugar, preserva la autonomía de la voluntad de las partes al mantener la disputa dentro del sistema arbitral, evitando la intervención judicial que podría comprometer la confidencialidad y neutralidad del proceso. En segundo lugar, limita la injerencia estatal, manteniendo la integridad del arbitraje como mecanismo privado. En tercer lugar, garantiza la continuidad procesal al integrar la tutela cautelar de emergencia con la adjudicación definitiva.

En síntesis, el arbitraje de emergencia fue creado con la finalidad de cautelar los derechos que pudieran tener las partes que solicitan el inicio de un arbitraje y presentan la necesidad urgente de una medida provisional.

III. Inteligencia artificial en el arbitraje: entre la eficiencia y el riesgo sistemático

3.1. Las funciones de la inteligencia artificial en el proceso arbitral

La IA comprende sistemas de aprendizaje automático que asisten en el análisis de datos, reconocimiento de patrones y la automatización de tareas repetitivas. En este sentido, su alcance ha trascendido la función meramente asistencial, así lo demuestra el resultado de una encuesta internacional donde 90% de los participantes espera usar IA para investigación, análisis y revisión documental en el arbitraje internacional; los principales impulsores son el ahorro de tiempo (54%), la reducción de costos (44%) y la disminución de errores humanos (39%). A su vez, el 52% de los respondientes predice que los árbitros recurren cada vez más a estas herramientas, y el 40% anticipa la aparición de nuevos roles profesionales vinculados a su uso.

Más allá de estas funciones comentadas, la IA ha comenzado a operar en niveles más profundos del proceso decisional, es así que los sistemas analíticos predictivos alimentado por bases de datos de laudos previos, permiten identificar tendencias y estimar probabilidades de resultado, lo que influye en las decisiones estratégicas de las partes mucho antes de que se comience la audiencia.

3.2 El problema de la “caja negra” y la motivación del laudo

Debemos señalar en primer lugar, sobre el principio de la debida motivación del laudo que constituye a ser una exigencia consustancial, tanto que la Ley Modelo UNCITRAL, los reglamentos de la ICC, el SIAC, la LCIA y el propio Decreto Legislativo N°1071 imponen al árbitro la obligación de exponer de manera razonada los fundamentos de su decisión. Esta exigencia no es meramente formal porque permite a las partes comprender la ratio decidendi, ejercer el control de anulación ante la jurisdicción ordinaria, y preservar la confianza en el sistema arbitral como el mecanismo legítimo de resolución de controversias.

Sin embargo, determinados sistemas de IA (2) operan como “cajas negras”: modelos opacos que arrojan resultados sin permitir reconstruir el razonamiento que los sustenta. Si el árbitro delega, en todo o en parte, su análisis a una herramienta que impide conocer cómo se formó el resultado, la motivación del laudo queda comprometida en su esencia. Entonces, no se trata de un detalle técnico: se trata de una incompatibilidad estructural entre la naturaleza algorítmica de la IA generativa y el carácter intuitu personae de la función arbitral, porque el árbitro es el único decisor; su responsabilidad no es delegable en ningún sistema autorizado.

Esta problemática se agudiza en el marco del arbitraje de emergencia. Debido a que, el árbitro de emergencia adopta decisiones de enorme impacto patrimonial dentro de plazos comprometidos, típicamente entre quince días (como lo señala la CCL) y el tiempo que defina el reglamento aplicable, sobre la base de los escritos limitados y sin audiencias orales completas. En tal contexto, la tentación de recurrir a herramientas de IA para acelerar este análisis es comprensible, pero los riesgos que ello implica son exponencialmente mayores que un arbitraje ordinario: si la IA influye en la decisión cautelar sin revelación ni control, las partes carecerán de cualquier posibilidad efectiva de cuestionar el razonamiento antes de sufrir los efectos de la medida.

3.3 El caso LaPaglia v. Valve Corp. (2025): la delegación algorítmica ante los tribunales

El caso LaPlagia v. Valve Corporation es uno de los más relevantes y recientes sobre la practicidad de la IA en la redacción de laudos que fue tramitado ante la Corte de Distrito del Sur de California. Los hechos de manera resumida son los siguientes: James LaPaglia, inició un arbitraje ante la American Arbitration Association (AAA) contra Valve Corporation (propietaria de Steam), por presuntas prácticas anticompetitivas. En este proceso, el árbitro designado emitió un laudo de 29 páginas en favor de Valve apenas 15 días después de los escritos finales, durante el período navideño del 23 de diciembre de 2024 al 7 de enero de 2025; precisamente la fecha en que el árbitro estaba programado para iniciar un viaje a las Islas Galápagos. En abril de 2025, LaPaglia peticionó la anulación del laudo bajo la Ley Federal de Arbitraje (FAA) §10(a)(3) y (4), alegando que el árbitro “subcontrató su rol adjudicativo a una Inteligencia Artificial” (3).

El peticionante fundó su alegación en varios indicios: el árbitro había admitido usar Chat GPT para redactar artículos; el laudo contenía afirmaciones fácticas que no figuraban en el expediente (referencias Sony-Microsoft y competencia china en videojuegos); y un párrafo analizado por la herramienta GPTZero arrojó indicadores de generación automática.

La corte desestimó el caso por falta de jurisdicción federal, sin pronunciarse sobre el fondo de la delegación algorítmica. En paralelo, el laudo fue confirmado por la Superior Court del estado de Washington en junio de 2025. Este caso ha sido ampliamente analizado por la doctrina como el primer hito jurisprudencial que obliga a sus tribunales a confrontar la pregunta: ¿Cuándo una herramienta de IA deja de ser un apoyo y se convierte en el verdadero decisor? Como ha señalado Alexis Mourre, expresidente de la Corte de ICC, mencionó en su discurso “el algoritmo no debe reemplazar a los árbitros”, pues el juicio humano es la piedra angular de la justicia arbitral y su sustitución por procesos automáticos haría que el laudo resultante sea inejecutable en numerosas jurisdicciones.

Concluimos, que el caso LaPaglia es relevante para el arbitraje de emergencia peruano en la comprensión temporal que caracteriza a ambos: así como el árbitro dictó su laudo en 15 días bajo presión personal, el árbitro de emergencia opera dentro de plazos institucionales comprimidos y con accesos limitados a audiencias orales. El incentivo para recurrir a la IA es mayor y el riesgo de delegación algorítmica no revelada es proporcionalmente más agudo.

IV. Perspectivas de regulación: ¿Se puede alcanzar un arbitraje de emergencia tecnológicamente responsable en el Perú?

La respuesta adecuada a este desafío que se plantea no es la prohibición de la IA en el arbitraje, ni tampoco su admisión irrestricta. Para ello, pensemos que el sendero correcto es la regulación cautelosa que equilibre la eficiencia que la IA aportando las garantías que el debido proceso que se exige.

En ese sentido, cabe proponer al legislador y a los centros de arbitraje peruanos las siguientes medidas.

Primero, la adopción de las directrices institucionales sobre el uso de IA por árbitros y centros de arbitraje, siguiendo el modelo de las Directrices SVAMC 2024 y las Directrices CIArb 2025. Estas directrices deben establecer, como mínimo: la obligación de revelación del uso de IA a las partes, la prohibición de delegar el razonamiento decisorio en sistemas algorítmicos y la exigencia que cualquier herramienta de IA empleada cuente con los mecanismos de explicabilidad verificables.

Segundo, que la garantía de acceso igualitario a las herramientas tecnológicas empleadas en el proceso, especialmente cuando sean provistas por el propio centro de arbitraje. En tal sentido, el principio de igualdad de armas exige que ninguna parte sea colocada en desventaja procesal derivada de la asimetría tecnológica.

Tercero, el establecimiento de estándares de motivación reforzada para las medidas cautelares de emergencia, que resulten compatibles con el uso de IA asistencial pero que garanticen que el razonamiento final sea el del árbitro y no el de un algoritmo. La motivación debe ser reconstruible y verificable por las partes y, en su caso, por la autoridad judicial.

De ese modo, estas medidas fortalecen su credibilidad y reducen el riesgo de que las medidas cautelares sean desafiadas en sede judicial, lo que en última instancia es contrario a los intereses de las partes y del propio sistema arbitral. La responsabilidad institucional de los centros de arbitraje es igualmente relevante en este punto, porque son ellos quienes designan a los árbitros de emergencia, administran los procesos acelerados y se proveen plataformas digitales de gestión de los expedientes. Por ello, cuando dichas plataformas incorporan funcionalidad de IA (o cuando los árbitros utilizan herramientas provistas o recomendadas por el centro), surge una responsabilidad institucional indirecta respecto al cumplimiento de los estándares del debido proceso. Además, los centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y AMCHAM han comenzado a adoptar restricciones puntuales en materia de arbitraje de emergencia, pero carecen de políticas integrales sobre el uso de la IA en los procedimientos que administran, por eso un arbitraje de emergencia tecnológicamente responsable es posible, pero exige reconocer que la IA (mal regulada), no es una herramienta de eficiencia, por lo contrario es un nuevo factor de inequidad procesal superpuesto a vacíos normativos que ya existen.

V. Conclusiones

a) La inteligencia artificial introduce en el proceso arbitral riesgos sistemáticos que no son gestionados por los marcos normativos existentes en el Perú. La ausencia de obligaciones de revelación, límites a la delegación de razonamiento decisorio y de estándares de explicabilidad configura un vacío regulatorio de primera magnitud.

b)  La conjunción del arbitraje de emergencia y el uso no regulado de herramientas de inteligencia artificial crea un escenario de riesgo especialmente elevado para los derechos de defensa de las partes y para la legitimidad de las medidas cautelares resultantes.

c) La validez y ejecutabilidad de las medidas cautelares de emergencia puede verse comprometida cuando el razonamiento arbitral no es transparente, independientemente de que haya sido o no influido por sistemas algorítmicos. La motivación debe ser humana, verificable y contradictoria.

d) Una regulación responsable de la inteligencia artificial en el arbitraje peruano, inspirada en los estándares internacionales emergentes, no compromete la eficiencia procedimental, sino que refuerza la legitimidad institucional del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias digno de confianza.

VI. Notas

(1) Tener en consideración que hay reglamentos como del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el AMCHAM, que no permiten el uso de esta medida provisional cuando el Estado intervenga como parte.

(2) Distinción de IA, según Silicon Valley Arbitration & Mediation Center (SVAMC) Guidelines: Existen la IA explicativa (Explainable AI o XAI) para decisiones se acceda a su rastreo y explicación, y la IA generativa que son modelos que generan contenido o decisiones sin revelar su lógica interna (llamadas los modelos opacos o de “caja negra”).

(3) U.S. Code § 10 – Same; vacation; grounds; rehearing (…)

3.- Where the arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, upon sufficient cause shown, or in refusing to hear evidence pertinent and material to the controversy; or of any other misbehavior by which the rights of any party have been prejudiced; or

4.- Where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made.

VII. Referencias

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La crisis de eficacia del arbitraje: la desnaturalización del recurso de anulación en sede judicial

Escribe: Luz María Linarez Huacausi

Estudiante de 5.° año de Derecho de la UNMSM

Estudiante de Intercambio a la PUCV en Chile

Practicante del Estudio Jurídico Navarro & Pazos Abogados

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

El presente artículo analiza la desnaturalización del recurso de anulación de laudo arbitral en la práctica judicial. Este recurso fue concebido como un mecanismo de control formal de validez, limitado taxativamente a las causales del artículo 63 del Decreto Legislativo N°1071, cuyo objeto es revisar únicamente la regularidad procedimental del arbitraje sin que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Su fundamento radica en la autonomía de voluntad de las partes, quienes, al suscribir el convenio arbitral, renunciaron expresamente a la jurisdicción estatal para la resolución de sus conflictos, decisión que el ordenamiento jurídico peruano reconoce y protege en coherencia con el carácter jurisdiccional del arbitraje, reconocido constitucionalmente en el artículo 139, inciso 1, como una jurisdicción independiente donde prevalece el principio de no interferencia.

Sin embargo, en la práctica este recurso ha sido interpuesto de manera habitual como una posible vía de impugnación del mérito del laudo, desnaturalizando su finalidad en la práctica judicial. Esta práctica genera como efecto directo la dilación de la ejecución del laudo, neutralizando la ventaja de celeridad que distingue al arbitraje del proceso judicial ordinario y convirtiendo una decisión dotada de cosa juzgada postergada.

Frente a ello, la jurisprudencia peruana ha respondido declarando infundada la gran mayoría de estos recursos. Sin embargo, tal respuesta no elimina el efecto dilatorio que se produce durante su tramitación judicial, tiempo en el cual la ejecución del laudo queda paralizada y la eficacia del arbitraje, comprometida. El presente artículo pretende ser una invitación a la reflexión y un punto de partida para el estudio de otros tantos temas de relevancia práctica derivados de la anulación de laudo, con el objetivo de despertar el interés por la investigación y la lectura en esta materia.

II. Implicancias relevantes sobre el recurso de anulación: la demanda de amparo y el debido proceso

Este recurso ha sido interpuesto muchas veces como una forma de impugnar el mérito del laudo, siendo notorio que, en numerosas resoluciones judiciales, el juez ha declarado infundado el recurso. Respecto a los límites del recurso de anulación:

“El recurso de anulación se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo, con la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Ello debido a que las partes, en ejercicio pleno de su autonomía de voluntad, pactaron renunciar a la jurisdicción estatal.” (Alva 2011, 21).

No puede ignorarse, sin embargo, que las decisiones de los árbitros pueden vulnerar manifiestamente derechos constitucionales. En ese supuesto, la única vía excepcional mediante la cual otra autoridad puede intervenir es la demanda de amparo, la cual puede interponerse tanto ex ante como ex post. Al respecto, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, ha señalado que: «El amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional” (Corte Suprema de Justicia 2025). En consecuencia, el proceso de amparo no puede ser empleado por las partes para extender debate sobre cuestiones procesales o de fondo ocurridas en el proceso anterior.

Fuera de ese caso excepcional, ninguna otra autoridad puede interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado. Conforme al artículo 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones; considerando, además, que el arbitraje es reconocido como una jurisdicción independiente de la ordinaria.

Al margen de esa figura excepcional del amparo, lo relevante para efectos de este artículo es que el juez estatal no debe intervenir en las decisiones de fondo del arbitraje. No obstante, al ser entendida la anulación como una vía general de impugnación del laudo, su utilización ha llevado a su desnaturalización y, consecuentemente, a la dilación de su ejecución. Este fenómeno se vincula, además, con un debate doctrinal amplio sobre el debido proceso como un “concepto continente”: ¿qué comprende realmente el debido proceso en sede arbitral? Si este abarca únicamente aspectos de forma o si puede extenderse a cuestiones de fondo; precisamente, esto es lo que tienta a muchos magistrados a pronunciarse sobre el mérito de la controversia al resolver un recurso de anulación, absteniéndose por prohibición expresa.

III. El recurso de anulación y la tutela del debido proceso arbitral

Respecto al debate sobre la denominación de este mecanismo, el Decreto Legislativo N°1071, lo define expresamente como “recurso de anulación» y lo establece como la única vía de impugnación contra el laudo. Al respecto, en la Queja de Apelación N.º 5307-2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló lo siguiente (citado en Alva 2011, 52):

“No debe soslayarse que lo normado por el Decreto Legislativo N.º 1071 en su artículo 62 es un ‘recurso’ de anulación contra el laudo arbitral interpuesto ante el Poder Judicial […] y no una ‘demanda’ de anulación de laudo, toda vez que el laudo arbitral es producto de la jurisdicción arbitral que tiene rango constitucional.”

Esta opción legislativa ha sido ratificada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual descarta la naturaleza de «demanda» de dicho mecanismo. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha precisado que el recurso de anulación no constituye, stricto sensu, un nuevo proceso judicial, sino parte integrante y residual del proceso arbitral (citado en Alva 2011, 52). Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sido enfático al señalar que el control judicial sobre el laudo arbitral debe ser ejercido únicamente “ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje” (Tribunal Constitucional 2006, FJ 14).

Se ha afirmado que la utilidad del arbitraje como medio de resolución de conflictos depende, fundamentalmente, de la regulación de los instrumentos de revisión de los laudos (Cantuarias 2007, citado en Alva 2011, 21). Al respecto, un ordenamiento que imponga un régimen de revisión demasiado amplio, permitiendo a los jueces realizar una nueva evaluación del fondo de lo resuelto, podría terminar haciendo inútil la práctica arbitral; por el contrario, un régimen que limite dicha evaluación constituye un incentivo para su desarrollo (Alva 2011, 21).

La postura adecuada exige, por tanto, un equilibrio: permitir una evaluación de la labor arbitral sin sustituirla. En esa línea, la actuación del juez se encuentra delimitada por las causales de anulación taxativamente previstas en la norma; cualquier control que exceda dicho marco normativo vulnera, indefectiblemente, el principio de legalidad.

Así también, sobre el contenido mismo del debido proceso, el Tribunal Constitucional, lo ha definido como un derecho fundamental de carácter instrumental, conformado por un conjunto de derechos esenciales, como el derecho de defensa y el derecho a probar, que impiden que la libertad y los derechos individuales se vean afectados por la ausencia o insuficiencia de un proceso, o por el uso abusivo de este por cualquier sujeto de derecho (Tribunal Constitucional 2004, FJ 18).  En síntesis, este constituye el conjunto mínimo de elementos que deben estar presentes en cualquier proceso para hacer posible la aplicación de la justicia al caso concreto.

Sin embargo, que el arbitraje sea reconocido como jurisdicción no implica que deba aplicarse íntegramente el contenido del debido proceso judicial, a razón de la naturaleza específica de esta institución. Santistevan de Noriega advierte que pretender extender al arbitraje el más amplio contenido del debido proceso judicial conlleva el riesgo de “hiper constitucionalizar” el arbitraje, con las complicaciones operativas que ello acarrea para un mecanismo basado en la flexibilidad y la autonomía de la voluntad. En esta línea, el autor plantea dos interrogantes reveladoras: ¿por qué la vigente ley arbitral peruana no contiene un artículo que defina el mínimo del debido proceso arbitral?, y ¿por qué no lo hace si nos encontramos ante un régimen autosuficiente? (2008, 43).

La utilidad del arbitraje depende de que este posea un contenido propio del debido proceso, determinado por su característica esencial: la autonomía de la voluntad de las partes. A diferencia del proceso judicial, cuyas reglas se encuentran codificadas en normas imperativas, en el arbitraje son los propios sujetos quienes fijan, en primer término, las reglas aplicables. Ante la duda sobre qué garantías judiciales son trasladadas a esa sede, Landa Arroyo sostiene que dichas serán aplicables al arbitraje siempre que sean compatibles con la naturaleza y fines de dicha institución (citado en Santistevan de Noriega 2008, 45).

Esta distinción determina que el debido proceso arbitral no opere como un estándar ilimitado de revisión judicial. Por el contrario, su aplicación en el recurso de anulación, se encuentra circunscrita estrictamente a las causales taxativas previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo N°1071. Ello significa que el juez, al conocer un recurso de anulación, no está llamado a evaluar el fondo de la controversia, sino únicamente a verificar si se respetaron aquellas garantías mínimas e ineludibles que conforman el debido proceso en esta sede sobre la forma.

En definitiva, delimitar este contenido cumple una doble función: de un lado, permite que los árbitros conozcan las reglas mínimas a las que deben sujetarse; de otro, orienta a las partes para que, al configurar su proceso, lo hagan respetando ese núcleo esencial e ineludible. Entonces, cualquier control judicial que pretenda exceder dicho marco normativo, no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza la esencia misma del arbitraje como jurisdicción independiente.

IV. La estabilidad del laudo arbitral: el criterio de los jueces frente a la pretensión de anulación

Sobre la imposibilidad de revisar el fondo, (Alva, 2011, 73), citando a Cantuarias, resalta que el Poder Judicial no puede reexaminar la controversia, pues lo decidido por los árbitros constituye cosa juzgada. Al respecto, el profesor Cantuarias es enfático al señalar:

“En ningún caso (sea un laudo nacional, internacional o extranjero), el poder judicial podrá reexaminar el fondo de la controversia, ya que lo que hayan decidido los árbitros tiene la calidad de cosa juzgada […].”

Bajo esta premisa, sea cual fuere la decisión tomada, la misma es inmutable debido a que las partes, en ejercicio de su autonomía, han investido a los árbitros con la función exclusiva de resolver la controversia. En esta misma línea, dicha característica se complementa con la denominada “regla de oro” del arbitraje: el principio de irreversibilidad del criterio arbitral. Este principio prohíbe al juzgado ordinario pronunciarse sobre el fondo de lo resuelto, garantizando así la eficacia y autonomía del foro arbitral.

En la práctica, sin embargo, el uso de este mecanismo ha sido distorsionado. Según, Cantuarias (2005, 214), la gran mayoría de los recursos de anulación son planteados sin que exista una causal válida y con el único objeto de demorar indebidamente la ejecución de los laudos arbitrales. No obstante, se destaca que el Poder Judicial solo en contados casos anula un laudo arbitral, debido a factores como la actitud de respeto de los magistrados frente a la institución y al limitado número de causales de anulación taxativamente previstas en la norma.

En ese sentido, como sostiene Castillo Freyre (2014, 14), el sistema arbitral favorece la estabilidad del laudo al limitar la intervención judicial a supuestos donde el reclamo haya sido “expreso y oportuno”. Esto impide que las partes utilicen causales de anulación de forma estratégica o tardía tras haber perdido el proceso.

Este argumento se respalda en el Estudio de Anulación de Laudos 2022, el cual analiza el panorama estadístico de las sentencias expedidas por las Salas Comerciales de Lima. Respecto al éxito de las demandas, el informe revela que la anulación de laudos sigue siendo una situación excepcional: de un total de 399 sentencias en las que se pronunciaron sobre la validez del laudo, el 82% de los recursos fueron declarados infundados, mientras que sólo un 18% resultaron fundadas (en todo o en parte). Como señala el estudio, este bajo porcentaje de anulación armoniza con el promedio de años anteriores y ratifica la naturaleza extraordinaria de este recurso.

A pesar de que el artículo 66 de la Ley de Arbitraje prescribe que la interposición de este recurso no suspende la ejecución, en la práctica esto se convierte en un “mito”. La presentación de garantías permite suspender los efectos del laudo, lo cual es aprovechado por la parte vencida para dilatar sus obligaciones. Esta desnaturalización se agrava con las consecuencias de la anulación del artículo 65: si se anula el laudo, el proceso puede retrotraerse, reiniciarse o en ciertos supuestos, habilitar la vía judicial, lo que genera una desnaturalización a la jurisdicción arbitral.

Frente a este escenario, según Arrarte Arisnabarreta (2003, 36), es necesario invocar el principio in favor arbitralis, que propugna la validez y cumplimiento del laudo siempre que sea posible. Por ello, si se configura una infracción taxativa que no afecte la integridad de toda decisión, la anulación debe ser solo parcial.

Resulta evidente que el arbitraje se desnaturaliza cuando, pese a estar orientado a la celeridad, su eficacia queda supeditada a un prolongado proceso judicial. Esto ocurre cuando la parte vencida interpone el recurso de anulación con fines meramente dilatorios, pretendiendo, en muchos casos, que se reexamine el fondo de la controversia. Esta tendencia de habitual de acudir al Poder Judicial tras la emisión del laudo contradice la esencia misma del sistema arbitral. En consecuencia, al conocer un recurso de anulación, los jueces deben actuar con deferencia hacia la institución, limitando su intervención a supuestos excepcionales o, de ser posible, optando por la anulación parcial. El control judicial debe ceñirse estrictamente a las causales taxativas fijadas por ley, respetando así la autonomía de la voluntad de las partes, quienes pactaron someterse exclusivamente al foro arbitral y acatar lo resuelto por dicha jurisdicción.

V. Conclusiones

a) El arbitraje se desnaturaliza cuando el recurso de anulación deja de ser un mecanismo de control excepcional y se convierte en una herramienta estratégica de dilación. Esta práctica supedita la eficacia del laudo a los tiempos del proceso judicial ordinario, vulnerando la promesa de celeridad que motivó la elección de este foro.

b) El debido proceso arbitral posee un contenido propio y restringido. No debe pretenderse una “hiper constitucionalización” que traslade todas las garantías del proceso civil al arbitraje; por el contrario, el control judicial debe limitarse a verificar el respeto de un núcleo esencial de garantías mínimas. En sede de anulación, esta facultad se encuentra estrictamente restringida a las causales taxativas previstas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje.

c) El control judicial sobre el laudo debe ser estrictamente sobre la forma. La revisión del fondo de la controversia no se permite por el principio de irreversibilidad del criterio arbitral, y la intervención judicial a través del amparo debe limitarse exclusivamente a la tutela de derechos constitucionales ante agravios manifiestos, sin que ello signifique convertir a la justicia constitucional en una instancia revisora del mérito.

d) La evidencia estadística demuestra una brecha entre la interposición del recurso y su éxito real: la gran mayoría de los recursos de anulación son declarados infundados. Esto confirma que su uso es, en gran medida, patológico, buscando suspender la ejecución del laudo, lo que convierte la ejecución inmediata en una expectativa.

e) Resulta imperativo que los magistrados apliquen el principio in favor arbitralis al resolver estos recursos. Ante la existencia de un supuesto taxativo de anulación que no afecte la integridad total de la decisión, el juez debe optar por la anulación parcial. Esta medida, sumada a una interpretación restrictiva de las causales, constituye la única vía para garantizar el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y la estabilidad de la cosa juzgada arbitral.

VI. Referencias

Alva Navarro, Esteban. 2011. La anulación del laudo. Editado por Mario Castillo Freyre. Lima: Palestra Editores.

Arrarte Arisnabarreta, Ana María. 2003. «Apuntes sobre la ejecución de laudos arbitrales y su eficacia a propósito de la intervención judicial». Derecho & Sociedad, n.º 20: 24-34.

Cantuarias Salaverry, Fernando. 2005. «Ejecución de Laudos Arbitrales Dictados en el Perú». Derecho & Sociedad, n.º 25: 209-214.

Castillo Freyre, Mario, Ricardo Sabroso Minaya, Luis Castro Zapata y Jhoel Chipana Catalán. 2014. «Las causales de anulación del laudo arbitral en la Ley de Arbitraje del Perú». Lumen, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, n.º 10: 9-16.

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Santistevan de Noriega, Jorge. 2008. «Arbitraje y proceso civil, ¿vecinos distantes?: el debido proceso en sede arbitral». Ius et Veritas, n.º 37: 38-46.

Tribunal Constitucional. 2004. Sentencia del Expediente N.º 0090-2004-AA/TC. Caso Juan Carlos Callegari Herazo. Arequipa, 5 de julio.

Tribunal Constitucional. 2005. Sentencia del Expediente N.º 00617-2005-PA/TC. Caso Fernando Cantuarias Salaverry. Lima, 5 de octubre.

Análisis del régimen de caducidad en la responsabilidad de los directores

Escribe: Aarón Braulio Córdova Cortijo

Abogado por la Universidad de Lima,
MBA por la Universidad Adolfo Ibañez de Chile,
especialista legal senior de Ferreycorp S.A.A.

Fuente: https://www.linkedin.com/

I. Introducción

En el complejo ámbito de las sociedades anónimas, la figura del director no solo representa el mando operativo, sino también un estándar de conducta profesional definido por la diligencia y la lealtad. Dado que sus decisiones impactan directamente en el patrimonio de socios y terceros, los ordenamientos jurídicos han diseñado regímenes de responsabilidad civil para sancionar actos dolosos o negligentes.

Sin embargo, la eficacia de esta protección depende de un factor crítico: la temporalidad. En el Perú, el artículo 184 de la Ley N°26887 (en adelante, la “Ley General de Sociedades” o “LGS”) somete la responsabilidad a un plazo de caducidad de dos años, computados desde la adopción del acuerdo o la ejecución del acto lesivo. Esta configuración normativa ha generado una tensión evidente entre la seguridad jurídica, que exige cerrar los conflictos en el tiempo, y la justicia material, que requiere que los afectados tengan una oportunidad real de accionar.

Así, el presente artículo se enfocará en analizar cómo la Ley General de Sociedades y el Anteproyecto de la Ley General de Sociedades abordan la caducidad de la responsabilidad de los directores, evaluando si realmente esta institución garantiza una adecuada protección contra posibles abusos de derecho, o si sería preferible la opción de la prescripción, permitiendo transitar de un tiempo puramente cronológico a uno funcional, donde el plazo para accionar se vincule a la posibilidad real de detectar la irregularidad.

II. Directorio: Funciones y responsabilidad legal

Para abordar el análisis de la institución de la caducidad de la responsabilidad civil de los directores conforme a la Ley General de Sociedades en el Perú, resulta necesario identificar previamente las facultades y obligaciones de este órgano de administración. Según la citada ley, el directorio cumple roles fundamentales que incluyen la aprobación de actos y contratos relacionados con la actividad económica, la fijación de políticas generales —cuya ejecución corresponde a la gerencia— y la administración de la sociedad en cumplimiento de las disposiciones legales y de los intereses sociales.

En cuanto a sus obligaciones específicas, el artículo 176 de la LGS recoge algunas de especial relevancia. Por un lado, el deber de convocar a junta general cuando los estados financieros reflejen la pérdida de la mitad o más del capital social, o cuando esta pueda presumirse. Por otro, la obligación de adoptar medidas frente a situaciones de insolvencia, lo que implica no solo informar a la junta, sino también llamar a los acreedores y, de ser necesario, solicitar la declaración de insolvencia. Queda claro, entonces, que no se trata de una función pasiva, sino de una actuación que debe ser diligente y oportuna frente a escenarios críticos.

Sobre esta base, el artículo 171 de la Ley General de Sociedades impone a los directores la obligación de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal. Es fundamental precisar que esta exigencia posee un carácter profesional y acentuadamente técnico, distanciándose de la diligencia ordinaria del “buen padre de familia” para requerir un conocimiento especializado en la administración de negocios y una dedicación constante que no ponga en peligro la solvencia de la empresa (Tambini Monge, 2016, 7). Y es que, a diferencia de los representantes comunes, los directores actúan como auténticos formadores de la voluntad social a través de sus decisiones estratégicas (Beaumont Callirgos, 2006, citado en Tambini Monge, 2016, 8).

En coherencia con este elevado estándar, los directores asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria frente a la sociedad, accionistas y terceros por cualquier daño derivado de acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto, o realizados con dolo, abuso de facultad o negligencia grave (Artículo 177 de la Ley General de Sociedades).

No obstante, la severidad de esta responsabilidad encuentra su contrapeso en el mecanismo de exención de responsabilidad previsto en el artículo 178 de la Ley General de Sociedades. Así, un director no será considerado responsable si, tras participar en el acuerdo o al tomar conocimiento de él: (i) manifestó su desacuerdo en el momento del acuerdo; o (ii) registró su disconformidad en el acta o lo comunicó mediante una carta notarial. La razón de esta exención es clara: al no haber coadyuvado ni promovido el acto lesivo, no hay correlación entre la conducta del director y el perjuicio ocasionado, impidiendo que la responsabilidad solidaria se convierta en una sanción injusta.

III. Prescripción y caducidad

Ahora bien, la eficacia de este régimen de responsabilidad no depende únicamente de la configuración de los deberes y sanciones, sino también del factor temporal que condiciona su ejercicio. En ese sentido, el impacto del tiempo en las relaciones jurídicas se manifiesta principalmente a través de dos instituciones: la prescripción extintiva y la caducidad. Ambas operan ante la inacción del titular del derecho con el objetivo de evitar la inseguridad jurídica, pero presentan diferencias sustanciales en su funcionamiento y efectos.

La clave para distinguir ambas instituciones reside en determinar qué es exactamente lo que se extingue. Pues bien, la prescripción extingue solo la pretensión —mal dicho que se extingue la acción, en tanto el derecho de acción es la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva. En cambio, es la pretensión la que no se puede reclamar por el tiempo transcurrido— mas no el derecho mismo. Por su parte, en la caducidad se extingue tanto la pretensión como el mismo derecho, es decir, pasado el plazo correspondiente no se podría exigir el derecho aún fuera del órgano jurisdiccional.

Para ejemplificar esta distinción, consideremos las consecuencias de un pago realizado tras el vencimiento del plazo. Si una deuda ya ha prescrito pero el acreedor intenta cobrarla y el deudor cumple voluntariamente con satisfacer el crédito, no habría lugar a la devolución de lo entregado, pues el derecho del acreedor nunca se extinguió y el pago se considera el cumplimiento de una obligación natural. En contraposición, en un supuesto de caducidad, el pago realizado tras el plazo legal constituiría un pago indebido, pues ya no existía tal derecho del acreedor.

La otra diferencia principal es la suspensión e interrupción de estas. Según Marcial Rubio (2003, 43), la suspensión de la prescripción consiste en abrir un paréntesis en el transcurso del plazo, permitiendo que, una vez desaparecida la causa que la motivó, el tiempo se reanude sumando el periodo ya transcurrido. Por su parte, la interrupción tiene un efecto más radical, pues rompe definitivamente el plazo y reinicia el conteo desde cero. En contraste, la caducidad no cuenta con casos de suspensión o interrupción —salvo el caso del inciso 8 del artículo 1994 del Código Civil— por la misma naturaleza de ser estricta y corta en sus plazos.

Existen además otras diferencias como que la prescripción es a pedido de parte, mas no de oficio como sí lo puede ser la caducidad; pero uno de las diferencias más cuestionables es el plazo, ya que, por regla general, el de caducidad es menor al de prescripción. Consideramos que estos plazos deberían fijarse mediante criterios objetivos sobre los hechos, pues la brevedad de la caducidad, sumada a un mal ordenamiento procesal que dilata los juicios, puede generar abusos de derecho y perjudicar la tutela jurisdiccional efectiva.

IV. Análisis del régimen de la caducidad en el artículo 184 de la LGS y en el Anteproyecto de la LGS

Antes de examinar el contenido del régimen vigente y su propuesta de reforma, resulta pertinente recordar la lógica que llevó al legislador a optar por la caducidad en la Ley General de Sociedades. En la exposición de presentación del proyecto de la LGS, hecha por el Dr. Enrique Normand Sparks, presidente de la Comisión Redactora, a la Comisión Revisora del Congreso de la República, se señaló que el derecho societario exige celeridad y certeza, por lo que se optó por reemplazar los plazos de prescripción por plazos de caducidad, en tanto estos permiten una delimitación temporal más estricta y definitiva de las situaciones jurídicas (1).

Bajo esa idea, la Ley N°26887, cambió lo adoptado por la Ley de Sociedades Mercantiles y nuestra anterior Ley General de Sociedades —en razón del ánimo de conservación de la sociedad y de los actos societarios (Guerra, 2015, 121)—, pues estas normas mantenían la figura de la prescripción, especialmente en el caso de la responsabilidad de los directores.

En ese contexto, tanto el artículo 184 de la LGS vigente como el artículo 165 del anteproyecto mantienen un plazo de caducidad para la responsabilidad de los directores. Si bien el anteproyecto introduce nuevos supuestos para el inicio del cómputo del plazo y extiende su duración, consideramos que no regula cosa distinta a lo que ya regula la ley vigente.

Así, resulta relevante examinar el contenido del artículo 165 del anteproyecto a la luz de las diferencias previamente desarrolladas entre prescripción y caducidad. En particular, el numeral 165.1 establece lo siguiente:

La responsabilidad civil del director caduca a los cuatro años contados desde la fecha de adopción del acuerdo o de la realización del acto o de la omisión que originó el daño o desde que se pueda ejercer la acción, lo que ocurra último, sin perjuicio de la responsabilidad penal. [el resaltado es nuestro].

Respecto a este artículo es necesario discutir dos cuestiones. En primer lugar, ¿soluciona algo aumentar el plazo de caducidad a 4 años? Para desarrollar este punto, es preciso hacer un pequeño repaso sobre cómo opera la caducidad. Según el artículo 2003 del Código Civil peruano, “la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente”. Es decir, por efecto de la caducidad deja de existir el derecho subjetivo y con ello la posible pretensión que el titular podía sostener. Entonces, se podría llegar a pensar que cuando algo caduca, se extingue todo, hasta las bases que fundamentaban tu pretensión. Por ello, Beaumont (2004), manifiesta su preocupación sobre el tratamiento de la caducidad en nuestro código civil, ya que no es preciso al determinar qué es lo que realmente se extingue con la caducidad (113). Si consideramos que se extingue el derecho subjetivo o situación jurídica sustantiva, se podría llegar a pensar que cuando estamos ante un proceso muy largo y se cumple el plazo de caducidad correspondiente dentro del proceso, la contraparte podría presentar como excepción ello, lo cual acabaría con el proceso, y quizá con un reclamo justo.

No obstante, por nuestra parte consideramos que el problema no es qué se extingue con la caducidad sino qué sucede cuando se ejerce el derecho que estaba sujeto a un plazo de caducidad. La profesora Eugenia Ariano (2014) señala que aún si el Código Civil no lo ha dicho la única forma de evitar los efectos de la caducidad del derecho es ejercitando el acto previsto por la norma (332). Y es lógico preguntarse cuál es ese acto exigido por la norma. En nuestro caso entendemos que se trataría del planteamiento de una demanda de responsabilidad de los directores. Así el derecho ya no estaría amenazado por el plazo de caducidad sustantivo original, pues la condición impuesta por la ley (actuar dentro del plazo) ha sido satisfecha.

Por otro lado, sin embargo, existe una interrogante clara, ¿se evita la caducidad para siempre o nace un nuevo plazo? Lo que entendemos es que con el ejercicio de la acción evitamos la caducidad, lo que debe significar que ya no estamos frente a un plazo de caducidad o ante el peligro de que el derecho caduque, toda vez que ya ejercitamos el único acto que evitaba ello.

De esta manera, aunque el plazo se aumente a 4 años, no habría un verdadero avance. Esto porque el principal problema no reside en la extensión del plazo, sino en la falta de claridad del régimen de caducidad en el Código Civil. Por ello, más que ampliar el tiempo, lo que se requiere es precisar normativamente que la interposición de la demanda —u otro acto que la ley determine— es suficiente para neutralizar los efectos de la caducidad.

En segundo lugar, cabe preguntarse, ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo de caducidad? En nuestro Código Civil vigente, en el caso de la prescripción, se recoge en el artículo 1993 que el plazo comienza “desde el día en que puede ejercitarse la acción”. Sin embargo, cuando entra a la caducidad, el Código Civil no especifica el momento en que debe iniciar su cómputo. Según Ariano (2014) se entiende que, en el caso de caducidad, el legislador en disposición especial, debe precisar cuándo inicia a computarse el plazo (332). Asimismo, Marcial Rubio (2003), menciona que en las situaciones en que el legislador haya obviado incluir desde cuándo se debe computar el plazo de caducidad, se debería seguir lo dispuesto en el artículo 1993 del Código Civil, es decir “desde que se puede ejercer la acción” (67).

En el caso de la LGS vigente, en su artículo 184, deja claro que el cómputo de la caducidad empieza a correr desde “la fecha de adopción del acuerdo o de la de realización del acto que originó el daño”. Por su lado, el anteproyecto, en su artículo 165.1, establece que el plazo empieza a computarse “desde la fecha de adopción del acuerdo o de la realización del acto o de la omisión que originó el daño o desde que se pueda ejercer la acción, lo que ocurra último”. Entonces, a diferencia de la LGS vigente, el anteproyecto quiere agregar dos “supuestos” más para empezar el cómputo del plazo de caducidad. Esos dos supuestos son: 1) desde la omisión (del acto) que originó el daño. 2) desde que se puede ejercer la acción.

A nuestro parecer, el primer supuesto agregado no trae mayor problema, pues, entendemos, hace referencia a los casos en que los directores omiten realizar algún acto que saben puede perjudicar a la sociedad u omiten la realización de actos que conserven la sociedad, y además de que eso es contrario a derecho, aquellos no están cumplimento con la exigencia de “la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal” (artículo 171 de la LGS).

Ahora bien, respecto al segundo supuesto, “desde que se puede ejercer la acción”, cabe hacer algunos comentarios. Pues debe precisarse dos cuestiones: 1) desde cuándo se puede “ejercer la acción”. 2) y desde cuándo una sociedad, un accionista o un tercero pueden ejercer la acción contra los directores de la sociedad.

Como ya hemos mencionado, el Código Civil en el artículo 1993, establece que la prescripción empieza a correr desde que se puede ejercer la acción. Sobre lo anterior, Ariano (2020) comentando dicho artículo, señala que es relevante notar que el término «acción» utilizado, alude indirectamente al derecho; por lo que, para fijar el inicio del cómputo del plazo deben considerarse el derecho concreto y su posibilidad real de ejercicio, incluyendo cualquier impedimento que pueda afectar a su titular (229). De ahí que, sobre la primera cuestión a precisar, entendemos que las personas pueden ejercer la acción desde que como titulares de un derecho subjetivo tienen la posibilidad de ejercerlo sin impedimentos. Lo cual, según Ariano (2014), hace que el inicio del cómputo de plazo sea, en muchos casos, incierto (331). Esta idea se alinea con la llamada teoría de la realización, conforme a la cual el plazo comienza cuando el derecho es verdaderamente ejercitable. Pensamos, que lo mismo se aplica en el caso que nos ocupa. Pues, respecto a la segunda cuestión a precisar, es necesario preguntarnos: ¿desde cuándo una sociedad, accionista o tercero interesado puede ejercer la acción contra los directores?

Para responder a la pregunta, debemos reiterar que la expresión “desde que se puede ejercer la acción”, como indica Ariano (2014, 331), genera incertidumbre en el cómputo del plazo. No queda claro por qué se optó por incluir una disposición tan genérica si el objetivo era lograr una mayor «seguridad jurídica». Respecto a la pregunta planteada, creemos que, si seguimos la redacción del artículo 184 de la LGS, tenemos la respuesta respecto a cuándo pueden ejercer la acción la sociedad, accionistas y terceros contra los directores. Esto es, desde “la fecha de adopción del acuerdo o de realización del acto que originó el daño”. Esto no significa necesariamente desde el momento en que la sociedad toma conocimiento del daño, sino desde cuando tiene la posibilidad concreta de exigir responsabilidad a los directores. Es decir, desde que el hecho que causa el perjuicio se concreta, y la sociedad está en condiciones (sin impedimentos) de actuar en contra de los directores por el daño causado.

V. Propuesta

A la luz de lo expuesto, consideramos que el problema del régimen actual no radica en la duración del plazo de caducidad, sino en su propia naturaleza y en la forma en que se encuentra regulado en el Código Civil. En ese sentido, no se trata solo de un problema estructural, sino también funcional, lo que obliga a examinar el fundamento que subyace a las instituciones de la prescripción y la caducidad.

Podríamos señalar que el fundamento “básico” de la prescripción extintiva es la seguridad jurídica impuesta por ley; sin embargo, no es su fundamento principal. Ariano (2014, 334) señala que la intención del legislador al someter a plazos de prescripción las relaciones obligatorias, no es precisamente una abstracta “seguridad jurídica”, sino, el concreto interés del deudor, en el sentido de que este no debe eternamente estar bajo la sujeción del acreedor, otorgándole un “derecho de liberarse”. Por otro lado, en lo que respecta a la caducidad, menciona que, aunque el legislador protege ciertos derechos o situaciones jurídicas, lo hace con cierto “disfavor”; en tanto existe otro interés merecedor de mayor protección.

Debido a ello nos preguntamos, ¿el ordenamiento está considerando como superior el interés de los directores, por sobre el interés social? Aparentemente, sí. Al dejar un plazo de caducidad, no solo permite situaciones en las que hechos dañosos y dolosos queden impunes, sino que olvida que la responsabilidad de los directores se debe evaluar con el mayor rigor posible, pues estos como órgano de administración de la sociedad, tienen el deber de diligencia y lealtad para con la sociedad.

Si la sociedad no hace efectiva la pretensión, es por el desconocimiento de la misma de un daño, lo que en dicho contexto es muy común, pues mientras están en el cargo, los directores tienden a ocultar las faltas que acarrearían una responsabilidad civil. Por ello, creemos que un plazo de caducidad, tal como está regulado en el Código Civil, no es el adecuado para abordar esta problemática.

En ese escenario, la prescripción se presenta como una alternativa más adecuada, en tanto su régimen permite articular mejor la protección del derecho con la realidad en la que este se ejerce. A diferencia de la caducidad, la prescripción admite criterios más flexibles en el cómputo del plazo, así como mecanismos como la interrupción y la suspensión.

Por las razones expuestas, y con el fin de lograr un adecuado balance —evitando el abuso de poder por parte de los directores, pero sin generar un exceso de responsabilidad para los mismos—, consideramos que el artículo referente a la responsabilidad del directorio debería sustituir la caducidad por un régimen de prescripción de dos años, cuyo cómputo se inicie desde la posibilidad real de ejercer la acción.

VI. Conclusiones

a) La caducidad, tal como está regulada en la Ley General de Sociedades, termina debilitando el propio régimen de responsabilidad de los directores. Su carácter rígido y su efecto extintivo pueden impedir que se reclamen daños que, en muchos casos, ni siquiera pudieron ser conocidos a tiempo.

b) El anteproyecto no soluciona este problema. Aunque amplía el plazo y agrega el criterio de “desde que se puede ejercer la acción”, mantiene la misma lógica de la caducidad e introduce, además, mayor incertidumbre en el cómputo del plazo.

c) Por ello, consideramos que la prescripción se ajusta mejor a esta materia, ya que permite un tratamiento más acorde con la realidad en la que se ejercen estos derechos. En esa línea, proponemos reemplazar la caducidad por un plazo de prescripción de dos años, computado desde la posibilidad real de ejercer la acción.

VII. Notas

(1) Sobre este punto, véase Normand Sparks, Enrique, Exposición de motivos del Proyecto de la Ley General de Sociedades, donde se enfatiza la necesidad de privilegiar la celeridad y certeza en el derecho societario. Disponible en: https://acortar.link/3nO1WX

VIII. Referencias

Ariano Deho, E. (2014). Reflexiones sobre la prescripción y la caducidad a los treinta años de vigencia del Código Civil. THEMIS Revista De Derecho, (66), 329-336. https://acortar.link/vsx3RB

Ariano Deho, E. (2020). “Cómputo del plazo prescriptorio”. En Código Civil Comentado, Tomo VII, coordinado por Manuel Muro y Manuel Alberto. Gaceta Jurídica S.A.

Beaumont Callirgos, R. (2004). La caducidad de instituciones y actos, derechos y obligaciones en la Ley General de Sociedades, plazos y procesos, propuesta de reforma [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos].

Guerra Cerrón, M. (2015). Un título preliminar para la Ley General de Sociedades. Manual de Derecho Comercial, Thomson Reuters, Lima. https://cutt.ly/6eGhS1DF

Rubio Correa, M. (2003). Prescripción y caducidad extinción de acciones y derechos en el código civil. Fondo Editorial PUCP.

Tambini Monge, R. (2016). La caducidad de la responsabilidad civil de los directores de una sociedad anónima [Tesis de maestría, Universidad de Lima]. Repositorio Universidad de Lima.