Juntas no presenciales: aspectos problemáticos y aportes comparados

Escribe: Jahir Diony Cueva Caro

Estudiante de 4.° año de Derecho de la UNMSM
Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

La incorporación de las tecnologías de la información al funcionamiento de los órganos societarios constituye una de las transformaciones más relevantes del derecho societario contemporáneo. En el Perú, dicha transformación se materializó, debido a la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19, la cual evidenció una serie de limitaciones de un régimen societario pensado, bajo el paradigma de la presencialidad. Es cierto, que la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”) ya contemplaba ciertos supuestos de sesiones no presenciales, la insuficiencia de dicha regulación obligó al legislador a introducir sucesivas modificaciones, culminando con la reforma integral del art. 21-A mediante la Ley N° 31194 (1).

Sin embargo, producto de la necesidad de la situación, la incorporación normativa de las sesiones no presenciales no estuvo exenta de vacíos e imprecisiones. Frente a ello, se recurre al derecho comparado como metodología para intentar solventar la situación, particularmente se dará una mirada al ordenamiento jurídico español, que a partir de la Ley 5/2021 desarrolló un régimen detallado sobre las denominadas “juntas telemáticas” (2).

En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento normativo de las juntas no presenciales en la LGS, en contraste con otros ordenamientos jurídicos, particularmente el español. Se parte de la hipótesis de que dicho tratamiento, si bien reconoce la incorporación de la figura el régimen societario, presenta un desarrollo limitado frente a otras experiencias normativas. Para tal efecto, el trabajo se estructura en tres apartados: i) se expone el tratamiento normativo vigente en el Perú, ii) se identifica sus principales aspectos problemáticos, y iii) se examinan los aportes que el ordenamiento español puede ofrecer para fortalecer la regulación nacional, antes de exponer las conclusiones correspondientes.

II. Tratamiento normativo de las juntas no presenciales en el Perú

El tratamiento normativo de las juntas no presenciales en el Perú se configuro desde la promulgación de la LGS, la cual trajo consigo dos novedosos avances. El primero, resalta la posibilidad de que el directorio de una sociedad anónima (en adelante “SA”) se reúna de manera no presencial (art. 169 de la LGS). El segundo, la posibilidad de que la junta de accionistas de una SAC pueda reunirse de manera no presencial (art. 246 de la LGS). De lo mencionado, se recordará que el Perú declaró estado de emergencia mediante el Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM, limitando derechos como la libertad de reunión y, por ende, afectando a las reuniones de las SA.

En primer lugar, dicha afectación se dio, porque el art. 169 de la LGS expresa “la necesidad de que el estatuto de la sociedad contemple de manera expresa la posibilidad de que el directorio sesione de manera no presencial” (Alva y Alvino 2021, 221). Es decir, aquellas sociedades anónimas que no contemplen dicha posibilidad para su directorio solo podían recurrir a la presencialidad. En segundo lugar, se menciona que “la posibilidad de realizar las referidas juntas no presenciales se limita a la sociedad anónima cerrada (en adelante, “SAC”)” (Elías Laroza 2023, 99). Ello significó, que las otras formas societarias reguladas por LGS no tenían la posibilidad de realizar juntas no presenciales.

El Poder Ejecutivo al percatarse del problema promulgo dos soluciones provisionales: Decreto de Urgencia N° 056-2020 y Decreto de Urgencia N° 100-2020. El primero, permitió que se celebre juntas de accionistas de manera no presencial en la SA abierta de manera excepcional. Debido a que, se hizo alusión a aquellas entidades que se encuentren bajo la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) beneficiándose (art. 5 numeral 5.1 del Decreto N° 056-2020). El segundo, permitió que se celebre juntas de accionistas no presenciales en las sociedades anónimas excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 2 numeral 2.1 del Decreto N° 100-2020). Al respecto de lo anterior, Alva y Alvino (2021) expresan que:

“Ambos decretos resultaron insuficientes al no haber solucionado las limitaciones que enfrentaban los directores de las sociedades anónimas de sesionar de manera no presencial. Sin embargo, se precisa que ambos fueron un gran avance para la regulación de sesiones no presenciales” (223).

La solución definitiva llego con la Ley N° 31194 publicada el 14 de mayo de 2021, la cual modifico de manera íntegra el art. 21-A de la LGS. El derogado art. 21-A de la LGS presentaba “la adecuación de los votos a distancia para la adopción de acuerdos de manera electrónica y la necesidad de garantizar el respeto al derecho de intervención” (Navarrete 2020). En ese sentido, el articulo derogado partía del presupuesto de la existencia de una sesión, sea presencial o no presencial, ante lo cual, solo regulaba la forma de voto. Es así como, el nuevo art. 21-A añadió lineamientos más completos para que sea posible que se lleve a cabo sesiones no presenciales y los derechos de participación para los votos no presenciales.

III. Aspectos problemáticos de su regulación

La Ley N° 31194, que modifica el art. 21-A de la LGS, otorgo una serie de cambios que beneficiaron a la SA y significaron un gran avance para el ámbito societario. Sin embargo, dicha ley no estuvo exenta de problemas, los cuales son necesarios dilucidar, para que no signifiquen una limitación en las actividades de los socios, accionistas o directores.

En primer lugar, la convocatoria a una sesión no presencial. Si bien el art. 21-A de la LGS señala que la convocatoria a una sesión no presencial se puede realizar de manera electrónica. Al respecto, se menciona “la existencia de la dicotomía entre la presencialidad y no presencialidad de las juntas” (Navarrete, 2021). Se toma como una separación, por lo que la flexibilización no aplica para el caso de las convocatorias a sesiones presenciales. En ese sentido, Alva y Alvino comparten dicha opinión, señalando que “si la sesión es presencial deben de seguirse las reglas aplicables para ello, mientras que si la sesión es no presencial deben seguirse las reglas de lo otro” (Alva y Alvino 2021, 227). Sin embargo, con este criterio se quitaría la posibilidad de celebrar juntas mixtas, lo cual se pasará a explicar en la siguiente sección.

En segundo lugar, problema interpretativo entre el art. 21-A y el art. 246 de la LGS. Al respecto, una opinión expresa que “el art. 246 mantiene plena vigencia y no debe interpretarse que ha sido derogado por el art. 21-A de la LGS, en virtud del principio de especialidad” (Leturia López 2024, 239). En ese sentido, aquel artículo se ciñe a la SAC y el 21-A se expresaría en la generalidad de sociedades. En opinión diferente, se hace alusión a que:

“Si la SAC incluye en su estatuto la previsión estatutaria, en los términos del art. 21-A de la LGS, no existirá derecho alguno de los socios para exigir que una sesión convocada en forma no presencial deba serlo de manera presencial” (Gonzales Loli 2021, 114).

Entonces, solo en las SAC que no hubiesen adecuado sus estatutos al vigente art. 21-A podrían hacer uso del derecho de la minoría a exigir una junta presencial. Por lo tanto, se puede denotar un importante aspecto que no ha sido bien definido por la legislación actual.

En tercer lugar, la inscripción de las actas en sesiones no presenciales. El art. 21-A establece que las actas pueden ser firmadas por escrito o digitalmente. Respecto de esta última, se entiende que debe guardar concordancia con las normas que regulan la utilización de la firma digital. Al respecto, se precisa que dicha firma “tiene la misma eficacia que una firma manuscrita, pero no se encuentra prevista como una forma válida para la emisión de copias certificadas notariales de actas” (Gonzales Loli 2021, 115). En ese sentido, se expresa lo siguiente:

La certificación de las actas por el gerente general y posteriormente por el notario, continúa siendo un reto para la completa digitalización de las firmas y para facilitar la ejecución de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas que requieren de esta formalidad, en tanto el art. 24 del Decreto Legislativo N° 1049 (Ley del Notariado) aún no se ha adaptado a esta nueva realidad al requerir que los instrumentos públicos notariales recaigan sobre “hechos y circunstancias que el notario presencie” (Mariano Peró 2021, 13).

Entonces, se hace necesario que se actualice y adecue la legislación notarial, para que se permita el acceso a la inscripción registral de los acuerdos societarios así formalizados.

Por último, se hace necesario precisar que todos los aspectos problemáticos expresados hasta ahora no son los únicos, ya que existen otros tópicos como “los medios virtuales que realmente cumplen los requisitos y garantías que exige la norma, la forma de ejercerse el voto secreto en las sesiones no presenciales, etc.” (Gonzales Loli 2021, 115). Dichos temas por razones de extensión no serán explicados, pero pueden servir de invitación para poner en debate la redacción y técnica legislativa utilizada, siempre buscando la mejora de esta para dar mayores precisiones y garantías en la celebración de juntas no presenciales, cosa que, si ha ocurrido en legislaciones extranjeras, lo cual se pasara a explicar.

IV. Aportes del ordenamiento jurídico español

El derecho comparado, como un método de análisis jurídico, permite confrontar las instituciones reguladas en distintos ordenamientos jurídicos con la finalidad de identificar soluciones normativas adaptables a la realidad nacional. En ese sentido, el estudio del régimen jurídico español resulta relevante para el análisis de las juntas no presenciales en el Perú, debido a que España ha desarrollado una regulación más compleja sobre las “juntas telemáticas”. Dicho desarrollo se consolida a partir de la reforma introducida por la Ley 5/2021 en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), siendo más precisos en su art. 182 y 182 bis (3), el cual ofrece importantes criterios que pueden contribuir al perfeccionamiento del régimen previsto en la LGS.

El primer aporte es la posibilidad de celebrar juntas mixtas. En el ordenamiento jurídico español existen dos tipos de juntas telemáticas: i) la junta mixta, entendida como “aquella en que una parte de los socios asisten de forma presencial y otra parte lo hacen de forma virtual” (Viguera Revuelta 2024, 43) y ii) la junta exclusivamente telemática, comprendida como “aquella en la que todos los socios asisten a través de medios telemáticos” (Viguera Revuelta 2024, 43).

Si bien la LGS no deniega expresamente la posibilidad de celebrar juntas mixtas, existe una limitante práctica: la dicotomía enter convocatorias presenciales y no presenciales, la cual fue explicada en el apartado anterior, esta impide el convocar simultáneamente ambas modalidades. Por ello, se sugiere que una reforma del art. 21-A de la LGS incorpore expresamente la figura de la junta mixta, flexibilizando el régimen de convocatorias para habilitar su celebración.

El segundo aporte consiste en concebir la no presencialidad como una forma de participación, y no como una nueva clase de junta. Al respecto, se precisa que “no se está ante una nueva modalidad o clase de junta, sino que solo cambia la forma de participación de los socios en dicha reunión a través de medios telemáticos” (Viguera Revuelta 2024, 48). Este criterio guarda concordancia con el art. 163 de la LSC, ya que establece una clasificación entre juntas ordinarias y extraordinarias, por lo que, solo cambia la forma de participación de los socios. Dicho criterio resulta interesante para ser trasladado al ordenamiento peruano. Desde esta perspectiva, la incorporación de tecnologías de comunicación únicamente adapta los mecanismos de participación a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades empresariales.

El tercer aporte se relaciona con el desarrollo de mecanismos destinados a garantizar la autenticidad de la participación de los socios. La legislación española exige que los medios tecnológicos utilizados permitan verificar adecuadamente la identidad de quienes intervienen en la reunión, garantizando simultáneamente la comunicación permanente, la interacción en tiempo real y el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Al respecto, se precisa lo siguiente:

“La celebración de la junta exclusivamente telemática estará supeditada a que la identidad y legitimación de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta”. (Molina Hernández 2025, 310)

En el ordenamiento peruano, la regulación vigente del art. 21-A de la LGS establece de manera genérica el deber de garantizar la comunicación simultanea y sucesiva entre los participantes. Si bien es cierto que ambas normas no logran desarrollar criterios específicos, respecto de los mecanismos tecnológicos que permitan acreditar la identidad de los asistentes, prevenir suplantaciones o asegurar la integridad del procedimiento de votación. Se es de la noción de que la redacción de la LSC es más completa que la de la LGS, ya que esta otorga una amplitud sin recaer en las condiciones mínimas que se deben proteger, respecto de los socios o accionistas.

El cuarto aporte concierne al contenido mínimo de la convocatoria. Los arts. 182 y 182 bis de la LSC disponen que la convocatoria debe informar con suficiente detalle los medios tecnológicos que serán utilizados, los procedimientos de identificación, las formas de participación, las reglas para ejercer un derecho de voto, así como las condiciones para formular intervenciones y solicitudes de información durante la reunión. En concordancia con lo explicado, se expresa lo siguiente:

“La convocatoria de la junta deberá incluir los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, para el ejercicio por los socios de sus derechos y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la junta” (Molina Hernández 2025, 310).

De este modo, el acto de citación se convierte en un instrumento de garantía destinado a asegurar que todos los socios puedan participar en igualdad de condiciones. En contraste, la legislación peruana no contiene disposiciones específicas acerca del contenido que debe incluir la convocatoria cuando se desarrolla una junta no presencial. En ese sentido, se propone incorporar en el art. 21-A de la LGS un contenido mínimo obligatorio de la convocatoria, semejante al previsto en la LSC, a fin de fortalecer la seguridad jurídica de los socios y accionistas.

En síntesis, el tratamiento normativo español pone de manifiesto que la regulación de las juntas telemáticas represento una consolidación de la tendencia orientada a incorporar permanentemente las tecnologías de la información dentro del funcionamiento ordinario de las sociedades de capital. En consecuencia, el ordenamiento peruano podría aprovechar dichos avances para desarrollar una regulación más completa y reducir los aspectos problemáticos de su regulación.

V. Conclusiones

5.1. Se ha verificado que el tratamiento normativo de las juntas no presenciales en la LGS reconoce su incorporación al régimen societario con efecto a todas las formas societarias. Dicho reconocimiento se consolidó de forma progresiva desde los arts. 169 y 246 de la LGS, pasando por los decretos de urgencia dictados durante la emergencia sanitaria, hasta la reforma integral del art. 21-A mediante la Ley N° 31194.

5.2. Se confirma que la regulación peruana presenta limitaciones al incorporar la no presencialidad sin armonizarla plenamente con otras disposiciones del ordenamiento nacional. Lo anterior, se evidencia en al menos tres aspectos: la ambigüedad respecto de si la convocatoria electrónica habilita la celebración de sesiones presenciales; la tensión interpretativa entre el art. 21-A y el art. 246 de la LGS respecto de la SAC; y la falta de adecuación de la legislación notarial, que aún no reconoce plenamente la firma digital para efectos de la certificación de actas.

5.3. Se corrobora que el ordenamiento jurídico español ofrece aportes útiles para fortalecer la regulación peruana. De la LSC se pueden extraer al menos cuatro criterios aprovechables: i) La posibilidad de celebrar juntas mixtas, ii) la comprensión de la no presencialidad como una forma de participación, dejando de lado su noción como una nueva clase de junta, iii) el establecimiento de garantías mínimas para verificar la identidad de los participantes y iv) la exigencia de un contenido mínimo e informativo en la convocatoria.

5.4. Por último, se recomienda que en una futura reforma del art. 21-A de la LGS se incorpore, de manera expresa, los criterios señalados, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la celebración de juntas no presenciales en el Perú. Asimismo, se sugiere que investigaciones posteriores profundicen aspectos más profundos y específicos, como los mecanismos de acreditación tecnológica y el ejercicio del voto secreto, entre muchos otros tópicos que pueden llegar a ser abordados.

VI. Notas

(1) Ley que modifica el artículo 21-A de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto no presenciales en las sociedades y dicta otras disposiciones.

(2) En el ordenamiento jurídico español se le denomina “junta telemática”, el cual hace alusión a la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática.

(3) El término “bis” indica una adición a una norma existente o segunda versión de esta. Se busca poder identificar una nueva disposición que se añade a un cuerpo normativo sin alterar la numeración original de los artículos ya existentes.

VII. Referencias

Alva Lirio, Carlos Alberto, y Alvino Tomas, Milen Naomy. 2021. “La junta de accionistas no presencial en la sociedad anónima: el impacto de la Ley N° 31194.” Actualidad Civil, n.° 87: 219–228.

Elías Laroza, Enrique. 2023. Derecho societario peruano. Comentarios a la Ley General de Sociedades del Perú. Lima: Gaceta Jurídica.

Gonzales Loli, Jorge Luis. 2021. “Las juntas de socios en las sociedades comerciales y su evolución hacia las sesiones no presenciales. Superando las disposiciones de la LGS” Revista Peruana de Derecho de la Empresa, n.° 77: 102–118. https://cutt.ly/Pt3q0K3h

Molina Hernández, Cecilio. 2025. “Retos y desafíos de la experiencia española derivados de las nuevas tecnologías en las sociedades de capital”. Revista e-mercatoria, n.° 2: 295–321. https://cutt.ly/vt5d5Iyf

Navarrete, Joe. 2020. «Alcances del artículo 21-A de la Ley General de Sociedades”. Acceso el 12 de junio. https://cutt.ly/kt3qVpnm

Navarrete, Joe. 2021. “Modificaciones al artículo 21-A de la Ley General de Sociedades”. Acceso el 12 de junio. https://cutt.ly/Nt3TLYHD

Peró Mayandía, Mariano. 2021. «Alcances de modificaciones en la Ley General de Sociedades: Sesiones no presenciales para órganos societarios» Capitales, n.° 157: 12-15. https://cutt.ly/Qt3ThjE1

Viguera Revuelta, Rodrigo. 2024. “Celebración de juntas generales telemáticas. Aspectos controvertidos”. Revista Lex Mercatoria, n.° 28: 39–65. https://cutt.ly/Pt5d58Uh

Depende, pero ¿de qué?

Escribe: Carol Grimaldo Sánchez

Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: Gemini IA

“Doctor, una consulta rápida: ¿puedo hacer esto?”. Creo que quienes ejercemos el Derecho hemos escuchado esta frase más veces de las que podemos contar. Y casi siempre, después de escucharla, sabemos que hay algo que el consultante todavía no sabe: probablemente la respuesta no será tan rápida.

Con el tiempo, he aprendido que una de las palabras que más utilizamos los abogados y que menos gusta escuchar a quien hace una consulta es “depende”.

A veces incluso parece una mala señal. Puede sonar a inseguridad, falta de experiencia o, simplemente, a que no sabemos qué responder. Quizás por eso, cuando alguien nos pregunta algo, existe una cierta presión por dar inmediatamente un “sí” o un “no”, como si una respuesta categórica fuera siempre una mejor respuesta.

Pero la práctica suele demostrar lo contrario.

Una pregunta jurídica rara vez puede analizarse aislada de los hechos. Una fecha, una cláusula, una comunicación, la manera en que ocurrió determinado evento o incluso un detalle que en principio parece irrelevante puede cambiar por completo la conclusión. Por eso, antes de responder, muchas veces toca preguntar: ¿cuándo ocurrió?, ¿qué se firmó?, ¿qué se comunicó?, ¿quién lo hizo?, ¿qué pasó después?.

Al principio, hacer tantas preguntas puede parecer una manera de complicar innecesariamente una consulta sencilla. Con algo de experiencia, uno empieza a entender que esas preguntas son, precisamente, parte de la respuesta.

Creo que ahí está la verdadera diferencia. El problema no es decir “depende”. El problema sería decir únicamente “depende” y dejarlo ahí.

Un buen abogado debería poder explicar de qué depende. Debería identificar qué hechos son relevantes, qué información falta, qué escenarios pueden presentarse y, finalmente, asumir una posición cuando ya existen elementos suficientes para hacerlo.

Curiosamente, quizá una de las cosas que más cambia con la experiencia no es cuánto sabemos, sino cuánto hemos aprendido a no apresurarnos a responder. A veces, la respuesta más profesional no es la más rápida ni la más contundente, sino la que se toma el tiempo de entender bien el problema.

Y eso me hace pensar que el “depende” no debería ser visto como una señal de duda, sino como una señal de prudencia. Hay que reconocer que una respuesta necesita más contexto no significa desconocer el Derecho; significa entender que el Derecho no se aplica en abstracto, sino sobre hechos concretos.

Al final, aquella palabra que a primera vista parece una respuesta poco satisfactoria puede ser, en realidad, el comienzo de una buena respuesta. Porque en Derecho, muchas veces, la respuesta más honesta y útil comienza con una sola palabra: “Depende”.

«Super niño costero»: analizando su impacto económico-social en el Perú

Escribe: Michell Fabrizio Blas Diaz

Bachiller de Derecho de la UNMSM
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: ANDINA/Difusión

I. Introducción

El impacto de las últimas anomalías climáticas continúa siendo un desafío determinante para la estabilidad económica del Perú. A pesar del dinamismo sostenido durante los primeros meses de 2026, la persistencia del Fenómeno El Niño genera un impacto inmediato en la economía peruana: el agua tibia ahuyenta especies clave como la anchoveta, paralizando la pesca, mientras que las lluvias extremas en el norte y las sequías en el sur destruyen cultivos, recortan la producción agrícola y afectan las carreteras. Esto interrumpe el transporte de alimentos, presiona los precios al alza y termina frenando el crecimiento del PBI nacional. Esta situación ha generado una preocupante desaceleración al cierre del primer semestre, golpeando directamente a sectores primarios que son fundamentales para el desarrollo nacional. A continuación, se analizan las cifras recientes publicadas por el INEI, las cuales evidencian cómo este choque climático ha comenzado a pasarle factura al crecimiento del país.

II. El golpe directo a nuestros sectores primarios

Cuando hablamos del Fenómeno El Niño, los primeros en sentir el impacto son los sectores que dependen directamente de las condiciones naturales. En junio, la pesca y el sector agropecuario se llevaron la peor parte, pues el calentamiento anómalo del mar ahuyentó a especies clave como la anchoveta, paralizando gran parte de la actividad pesquera en nuestra costa. Al mismo tiempo, en el campo, los cambios bruscos de temperatura y las lluvias inusuales alteraron los ciclos de siembra y cosecha. No se trata solo de números; estamos hablando de miles de agricultores y pescadores que vieron mermados sus ingresos de un mes para otro, lo que explica parte del freno económico nacional.

III. El efecto dominó: la manufactura también se resiente

En la economía, todo está conectado. La caída de los sectores primarios generó un inevitable «efecto dominó» que golpeó fuertemente a la manufactura, especialmente a la industria de procesamiento primario. Si no hay anchoveta, las fábricas de harina y aceite de pescado se detienen; si el agro produce menos, la agroindustria tiene menos materia prima para envasar y exportar. Esta parálisis en las fábricas no solo reduce la producción nacional, sino que también afecta la generación de empleo formal temporal, un pilar fundamental para el consumo de miles de familias peruanas.

IV. Las cifras del INEI: una clara tendencia a la desaceleración

Si hacemos una mirada al presente año, el dato de junio es una señal de alerta que no podemos ignorar. Según el informe del INEI, ese 1,75% de crecimiento no solo es la cifra más baja del año, sino que confirma una tendencia a la baja. Empezamos el año con un optimista 3,76% en enero y nos mantuvimos por encima del 3% hasta abril. Sin embargo, en mayo ya se había dado un aviso al bajar a 2,18%. Esta curva descendente refleja cómo el dinamismo económico del primer trimestre se ha ido encontrando con la realidad climática, frenando el ritmo de expansión que el país necesita para recuperarse plenamente (Prialé, 2026).

V. Perspectivas: ¿Qué nos espera el resto del año?

El gran reto ahora es cómo afrontamos los próximos meses que restan del año. El impacto de El Niño desde junio nos dejó una lección clara: nuestra economía sigue siendo altamente vulnerable a los choques climáticos. Para que el PBI vuelva a tomar impulso y no caigamos en un estancamiento prolongado, será crucial la respuesta del Estado a través de planes de contingencia, inversión pública en prevención y apoyo financiero a los sectores afectados. El segundo semestre de 2026 depende, en gran medida, de si logramos mitigar los daños climáticos y reactivar otros motores económicos, como la minería o el consumo interno, para compensar las pérdidas del agro y la pesca. Frente a ello, el incremento en la probabilidad de un Fenómeno El Niño extraordinario, de un 9% a más del 40%, proyecta un escenario complicado para la economía peruana y amenaza con reducir la expectativa de crecimiento por debajo del 3,3% previsto inicialmente para este año. De acuerdo con María Alejandra Ormeño (2026), quien actualmente es jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), los golpes más duros recaerán sobre la pesca, la agroexportación, la agricultura familiar y la infraestructura pública.

En este contexto histórico, un Fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria, como los ocurridos en 1983 o 1998, ha llegado a restar entre 3 y 5 puntos al PBI, mientras que episodios fuertes como los de 2017 y 2023 restaron entre 1 y 1,5 puntos (INEI, 2026). En la actualidad, tanto el sector agrícola como el pesquero ya registran caídas cercanas al 5%. Si bien la agroexportación suele moderar su avance al 4% durante estos eventos, el agro enfocado en el consumo interno sufre el golpe más directo, habiendo caído un 7% en la campaña 2022-2023 (Ormeño, 2026).

Las implicancias de este choque climático van más allá de los indicadores macroeconómicos y amenazan directamente el bienestar social en los siguientes aspectos:

a) Efecto en el bolsillo: La menor oferta de alimentos presiona los precios al alza, avivando la inflación y recortando el poder adquisitivo de los hogares.

b) Riesgo laboral: Un escenario similar al de 2023 pondría en peligro más de 100,000 empleos formales en total, de los cuales unos 98,000 corresponden exclusivamente al sector agrícola, lo que reduciría los ingresos familiares y elevaría el riesgo de pobreza.

c) Infraestructura en alerta: Con más del 60% de las viviendas, colegios y centros de salud bajo condición de informalidad, la vulnerabilidad física es alta. Cerca de 27,000 colegios públicos presentan serias deficiencias estructurales, comprometiendo la seguridad de más de un millón de estudiantes y docentes ante eventuales inundaciones por falta de obras de prevención.

VI. ¿Qué acciones realizó el Estado frente a este fenómeno?

La fragilidad del Perú frente al Fenómeno El Niño no es un accidente, sino que también está relacionada con un Estado que actúa para apagar incendios y no siempre logra prevenirlos. La especialista enfatiza que el país podría sobrellevar estas crisis climáticas con mayor capacidad de respuesta si existiera una verdadera cultura de prevención, en lugar del enfoque reactivo que ha predominado.

Esta falta de previsión se evidencia tanto en las cifras como en la gestión de los recursos públicos:

a) Recorte en prevención: El presupuesto destinado a la gestión de desastres sufrió una drástica caída del 30% en los últimos años. Las autoridades recién reaccionaron cuando la emergencia estuvo encima en 2023, pero incluso en ese momento la gestión fue deficiente: de cada 10 soles presupuestados para hacer frente a la coyuntura de 2023-2024, 3 soles se quedaron sin ejecutar.

b) Obras estancadas: El mayor cuello de botella radica en la incapacidad de transformar el dinero en soluciones concretas. Actualmente, el 58% de las obras destinas a la gestión de riesgos y emergencias está paralizado o abandonado. Se trata de más de 2,300 proyectos frenados por burocracia, expedientes técnicos mal elaborados o falta de prioridad.

VII. Impacto económico

El Fenómeno El Niño 2026-2027 impacta fuertemente en la economía peruana debido a las debilidades en la infraestructura preventiva y a los retrasos en la ejecución de obras públicas regionales.

7.1. Impacto general en el PBI

a) Respecto a la contracción económica: Las proyecciones (BCRP, IDIS y Macroconsult) estiman que el evento restará entre 1,0 y 2,0 puntos porcentuales al PBI entre 2026 y 2027, reduciendo el ritmo de crecimiento a niveles por debajo del 2,6%-3,0%.

b) Respecto a las pérdidas totales: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima pérdidas de hasta S/ 42,000 millones en infraestructura, logística y sectores productivos.

7.2. Sectores más afectados

Es el sector primario más golpeado es la pesca, con retrocesos proyectados de entre -22% y -28,3%, debido al calentamiento del agua que dispersa o ahuyenta especies clave como la anchoveta y la pota.

En el sector agropecuario se estiman pérdidas de entre -3,5% y -6,1% en la producción agrícola por exceso de lluvias e inundaciones en el norte y sequías o déficit hídrico en la sierra sur.

En cuanto al sector construcción e infraestructura, el retraso en obras de prevención, con avances presupuestales de solo 2,6% en Tumbes y 28,3% en Piura a mitad de año, agrava el colapso vial y la logística comercial.

Las pérdidas proyectadas a causa del Fenómeno El Niño podrían bordear los S/ 16 mil millones y recortar entre 0,5% y 0,7% del crecimiento del PBI en 2026. Al respecto, el Mag. Roberto Calero (doctorando en Economía de la PUCP) explica que el país enfrenta un choque de oferta negativo, es decir, una contracción directa de la capacidad productiva nacional que no solo desacelera el PBI, sino que impulsa la inflación y deteriora el presupuesto fiscal, obligando al Estado a redirigir capital hacia la gestión de la emergencia.

A nivel de la biomasa marina, el cambio de temperatura altera las condiciones del ecosistema costero. Una investigación liderada por Rubén Manrique-Muñante, junto a Alejandro Deville, Ramzy Kahhat e Ian Vázquez-Rowe (profesor de Ingeniería PUCP e investigador de Pelcan), evaluó diez stocks pesqueros mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), determinando que existe una correlación —aunque suavizada— entre las variaciones climáticas de El Niño y el impacto ambiental de la pesca.

El recurso más vulnerable ante esta dinámica es la anchoveta, por los siguientes factores:

a) Mecanismo de desplazamiento: Las masas de agua cálida desplazan a las corrientes frías habituales. La anchoveta no se extingue, sino que desciende a mayores profundidades o migra hacia el sur en busca de bajas temperaturas, dificultando su extracción.

b) Caída en el volumen de captura: En periodos neutros o normales, el Perú extrae entre 5 y 6 millones de toneladas de anchoveta para la industria de harina y aceite de pescado. Ante eventos intensos de El Niño, este volumen puede desplomarse drásticamente a solo 1 o 2 millones de toneladas.

c) Comportamiento diferenciado por especie: Mientras recursos como la anchoveta sufren un duro revés, especies de aguas más cálidas como el atún pueden experimentar condiciones favorables y aumentar su presencia.

Como precisa el Dr. Ian Vázquez (2026), resulta indispensable analizar estos indicadores bajo un enfoque de variabilidad climática para anticipar los cambios del océano, protegiendo tanto la biodiversidad marina como el sustento de la industria pesquera nacional.

7.3. Sectores afectados

El impacto del Fenómeno El Niño se siente con especial intensidad en la pesca, la agricultura y el turismo, tres actividades fuertemente condicionadas por la estabilidad del clima y responsables de mover gran parte de la actividad económica del país. En el sector pesquero, el sobrecalentamiento de las aguas costeras desplaza a la anchoveta hacia mayores profundidades o hacia el sur, lo que provocaría un severo recorte estimado del 45% en su captura. Esta situación no se queda en el mar, sino que frena las plantas procesadoras e impacta directamente en la exportación de harina y aceite de pescado, dos de los productos primarios más importantes para el ingreso de divisas al país.

Por su parte, el sector agrícola enfrenta un panorama crítico, con pérdidas estimadas que superan los USD3,576 millones, el compromiso directo de 1,7 millones de hectáreas y la posible destrucción de más de 432 mil puestos de trabajo formales y permanentes. Este golpe se distribuye de manera desigual a lo largo del territorio: la costa concentra el 56% de las pérdidas financieras y sufriría un recorte del 35% en la producción agrícola norteña por las variaciones térmicas y lluvias extremas que alteran la floración de cultivos de agroexportación como el mango, el limón, la uva, la palta y los arándanos. Mientras tanto, la sierra absorbe el 44% del impacto económico restante, con más de 800 mil hectáreas en riesgo, amenazando cosechas de consumo interno esenciales como la papa, el maíz, la quinua y la cebada, además de poner en jaque la actividad pecuaria y el suministro de agua.

Asimismo, como medida principal de mitigación, el Gobierno autorizó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a intervenir de forma inmediata en 70 puntos vulnerables de ríos y quebradas, mediante un presupuesto de S/ 129,4 millones, ejecutando trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento con maquinaria propia en distritos declarados en emergencia en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Esta acción de prevención encuentra sustento directo en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, el cual faculta al Estado, bajo el régimen de Economía Social de Mercado, a actuar prioritariamente en la protección de la infraestructura y los servicios públicos para salvaguardar a la población y la economía nacional.

Finalmente, las consecuencias trascienden el campo y el mar para golpear también a la industria del turismo y a la conectividad nacional. Las precipitaciones intensas, el desborde de ríos y los constantes huaicos destruyen puentes y carreteras clave, aislando a diversas regiones del norte del país, especialmente durante la temporada alta de verano. Esta interrupción vial no solo reduce el flujo de visitantes nacionales e internacionales que dinamizan hoteles, restaurantes y comercios locales, sino que también entorpece el tránsito de mercancías a nivel nacional. En última instancia, esta parálisis productiva actúa como un choque de oferta negativo que reduce la capacidad de crecimiento del PBI, impulsa la inflación de los alimentos en los mercados y tensiona las finanzas públicas del Estado.

VIII. Regulación

En la Constitución Política del Perú se señala lo siguiente:

“Artículo 58: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.”

De lo antes citado, si bien el Estado tiene un rol garantista, también debe procurar que diversos sectores no sufran daños graves, tanto en la infraestructura, como en la salud y los servicios públicos. Este artículo le otorga el mandato constitucional y la cobertura legal para redirigir partidas presupuestales de urgencia, como en los siguientes ejemplos:

  • Financiar la limpieza de cauces de ríos, defensas ribereñas y muros de contención.
  • Reconstruir carreteras, puentes y colegios dañados por lluvias y desbordes.
  • Garantizar la atención sanitaria de emergencia ante brotes infecciosos (como el dengue) posteriores a las inundaciones.

Nuestra Carta Magna también dispone lo siguiente:

“Artículo 59: El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.”

En ese sentido, el Estado puede estimular la creación de riqueza y promover a las pequeñas empresas, dado que El Niño destruye miles de puestos de trabajo e interrumpe la actividad comercial. En consecuencia, se podrían implementar medidas de alivio económico, tales como:

a) Creación de programas de crédito preferencial o fondos de garantía (similares a Impulso MYPERÚ o FAE-Mype) para evitar la quiebra de pequeños agricultores, comerciantes y pescadores.

b) Lanzamiento de incentivos tributarios temporales o facilidades de financiamiento para reactivar la agricultura familiar y la agroexportación en zonas declaradas en emergencia.

De igual modo, la Constitución Política señala lo siguiente:

“Artículo 60: El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.”

En ese sentido, el principio de pluralismo económico y el rol subsidiario del Estado permiten articular el esfuerzo del sector privado con la capacidad de acción pública durante el desastre. Por ejemplo, se puede promover el abastecimiento en zonas aisladas: si el mercado privado no puede llegar a comunidades incomunicadas por huaicos, el Estado está constitucionalmente legitimado para intervenir directamente, por ejemplo, mediante puentes aéreos o abastecimiento de alimentos de alta prioridad.

IX. Conclusiones

9.1. El Fenómeno El Niño impacta fuertemente a la economía peruana, actuando como un choque de oferta negativo. La contracción del PBI al 1,75% en junio refleja cómo el sobrecalentamiento del mar y la alteración del clima golpean de manera inmediata a sectores primarios como la pesca y el agro, generando pérdidas multimillonarias, desempleo y presiones inflacionarias que deterioran el bienestar de los hogares.

9.2. La fragilidad del Perú frente a los eventos climáticos no responde solo a factores naturales, sino también a un enfoque estatal reactivo y a dificultades en la gestión de recursos. La caída del presupuesto de gestión de riesgos, el bajo nivel de ejecución de los fondos asignados y la paralización de más del 58% de las obras públicas destinadas a emergencias evidencian que la brecha en infraestructura y la burocracia incrementan el costo de los desastres.

9.3. Los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Política (Economía Social de Mercado) brindan el marco legal para afrontar la crisis. Este régimen establece la acción prioritaria del Estado en infraestructura y servicios públicos, respalda la implementación de fondos de apoyo para MYPEs y pequeños agricultores, y habilita la intervención subsidiaria y la alianza con el sector privado para acelerar la reconstrucción y la conectividad del país.

X. Referencias

RPP Noticias. (2026). “Fenómeno El Niño desaceleró la economía peruana en junio: creció a su nivel más bajo del 2026”. Acceso el 20 de agosto de 2026. https://acortar.link/iwhKOI

RCD Noticias. (2026). “Impacto de un fenómeno de el niño extraordinario reduciría expectativa de crecimiento del Perú a menos de 3.3% para este año”. Acceso el 20 de agosto de 2026. https://acortar.link/W8aiNK

PUCP. (2026). “¿Qué tan preparados estamos para el fenómeno de El Niño? Riesgos, desafíos y lecciones según especialistas PUCP”. Acceso el 21 de agosto de 2026. https://acortar.link/uzrt6t

Entre la verdad y la imparcialidad del árbitro: la prueba de oficio en las contrataciones públicas

Escribe: Maricielo Jesus Tito Medina

Estudiante de 6.° año de Derecho de la UNMSM

Fuente: IUS 360

¿Debe un tribunal arbitral conformarse con decidir sobre la base de los medios probatorios aportados por las partes, aun cuando persistan dudas relevantes para resolver la controversia? Este cuestionamiento adquiere especial relevancia cuando se trata de contrataciones públicas, donde la decisión arbitral no solo determina qué parte tiene la razón, sino también, que puede incidir directamente en el uso de los recursos públicos. Y es que, en estos casos, la actividad probatoria presenta una particular dificultad: las controversias pueden involucrar aspectos técnicos, económicos o especializados que no siempre quedan completamente esclarecidos con las pruebas aportadas por las partes. Por ello, surge una tensión inevitable: ¿hasta dónde puede intervenir el tribunal arbitral para conocer mejor los hechos sin terminar sustituyendo a las partes en aquello que les corresponde probar?

Es en este escenario que adquiere protagonismo la prueba de oficio. Para definirla —en el ámbito arbitral—, constituye un mecanismo que tiene el tribunal arbitral cuando posea dificultades para comprender determinados hechos relevantes, por lo que solicitará a las partes que le entreguen medios de prueba que ayuden a construir certeza jurídica.” (Figueroa Valdés, 2015, 52).

La prueba de oficio se encuentra estrechamente relacionada con la carga de la prueba —ya que son las partes quienes, en principio, deben acreditar los hechos en los que sustentan sus pretensiones y respectivas defensas—; por ello, debe realizarse una distinción entre dos situaciones clave: que el tribunal advierta un vacío probatorio relevante y lo esclarezca; y, otra, muy distinta, que sustituya a la parte que no cumplió con su carga de probar.

Esta distinción resulta particularmente relevante, pues la actividad probatoria se vincula directamente con el derecho a la prueba, como manifestación de la tutela procesal efectiva. Así lo reconoció el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, al señalar que las partes deben poder ofrecer los medios probatorios correspondientes para sustentar sus posiciones (Espinoza, 2021). De ahí que, el árbitro no debe permanecer pasivo ante una incertidumbre relevante para resolver, sin que ello implique asumir un rol de “investigador”.

Precisamente, allí se encuentra la tensión entre verdad e imparcialidad: el árbitro, como tercero neutral, puede intervenir para esclarecer aquello que resulte relevante para decidir, pero no para suplir la carga probatoria de las partes. En ese sentido, la prueba de oficio funciona como una herramienta de esclarecimiento y no de sustitución: el tribunal puede esclarecer, mas no debe construir.

Esto adquiere especial relevancia en las contrataciones públicas, donde pueden discutirse valorizaciones, metrados, costos, etc., que requieren conocimientos especializados. El artículo 44 del Decreto Legislativo Nº 1071 permite al tribunal designar peritos, incluso por iniciativa propia, precisamente como mecanismo para comprender aquellas cuestiones que requieren conocimientos especializados. Sin embargo, incluso en estos casos, la actuación pericial debe estar vinculada con hechos que ya fueron controvertidos y no puede transformarse en una herramienta para suplir la actividad probatoria de las partes.

Se puede pensar, por ejemplo, en una controversia en la que una parte solicite una indemnización y no haya acreditado adecuadamente la existencia o cuantificación del daño. En este supuesto, el tribunal arbitral no debería ordenar una pericia únicamente para construir aquello que la parte tenía la carga de probar. La situación podría ser diferente si el daño ya fue alegado, sustentado y discutido, pero su determinación exige conocimientos técnicos especializados. En ese caso, una pericia podría servir para esclarecer el alcance de un hecho que ya fue incorporado al contradictorio, mas no para pretender sustentar la pretensión indemnizatoria. La diferencia es sutil, pero fundamental: una cuestión es esclarecer el problema técnico especializado; y otra, muy distinta, suplir una deficiencia probatoria.

Por ello, la facultad de actuar la prueba de oficio debe encontrar límites variados. En primer lugar, debe referirse a hechos alegados, sustentados y controvertidos para la controversia. En segundo lugar, debe existir una necesidad concreta que justifique la intervención del tribunal arbitral. Y, en tercer lugar, debe respetarse el contradictorio: en principio, las partes deben conocer la prueba que se haya incorporado, participar en su actuación y tener la oportunidad para formular las debidas observaciones, puesto que las partes deben ser tratadas con igualdad y disponer de la oportunidad para hacer valer sus derechos.

A ello debe añadirse la motivación. Si el tribunal arbitral decide actuar una prueba de oficio —aunque parezca obvio— debe fundamentar el hecho que pretende esclarecer: por qué dicho hecho resulta relevante para la resolución de la controversia y, por qué la actuación probatoria es necesaria. Esto en tanto se haya agotado toda posibilidad de que sean las propias partes las que sustenten y acrediten directamente sus posiciones. (Johanson Cervantes, s.f.)

En conclusión, la prueba de oficio en el arbitraje de contrataciones públicas constituye una facultad excepcional y casuística, la cual es útil frente a cuestiones técnicas que resulten determinantes para resolver la controversia, siempre en estricto respeto de la carga probatoria de las partes, el contradictorio y la imparcialidad que yacen en el arbitraje. Es decir, el tribunal arbitral no debe ser un espectador pasivo frente a una incertidumbre relevante, pero tampoco un investigador que reconstruya el caso de las partes. Su posición debe encontrarse en ese equilibrio o punto intermedio: ser activo para esclarecer, pero muy prudente para no sustituir.

Referencias

Espinoza, José. 2021. «¿Cuándo ordenar una prueba de oficio en un arbitraje?». LP Derecho. https://acortar.link/tq7Bci

Figueroa Valdés, Juan Eduardo. 2015. «La facultad del tribunal arbitral de actuar de oficio en la producción de la prueba arbitral». Revista Arbitraje PUCP 5: 52.

Johanson, E. s.f. «La prueba de oficio en arbitrajes sobre contratación pública». Prometeo. https://acortar.link/0Rn1z0

¿La identificación del bien a desalojarse puede convalidarse con la prueba de oficio?

Escribe: Silvia Morales Silva

Magíster PUCP

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

La prueba de oficio se entiende como la actuación del juez sin la petición de la parte respectiva, cuyo desarrollo está contextualizado en lo político, como afirma Montero Aroca (2005, 465); no obstante, el juez ejerce como función la tutela de los derechos de los ciudadanos como resultado de la posición neutral en el conflicto, representada por la imparcialidad, como explica el citado autor (466).

Las facultades del juez en el desarrollo del proceso están limitadas: no aportan hechos al proceso, no determinan el objeto del proceso ni del debate, y no practican pruebas no aportadas por las partes; sin que ello sea un desmedro de las facultades del juez en la dirección formal del proceso y en el control de los presupuestos procesales, los cuales inciden en la validez del proceso y en el pronunciamiento sobre el fondo en la sentencia, como señala Montero Aroca (2005, 467-471).

En la legislación procesal peruana, la prueba de oficio es una facultad excepcional, cuando resulta insuficiente los medios probatorios ofrecidos por las partes, para formar convicción y resolver la controversia, cuando la fuente de la prueba haya sido citada por las partes y asegurando el derecho de contradicción de la prueba, la motivación bajo sanción de nulidad de la resolución inimpugnable que lo ordene, se impide declarar la nulidad de la sentencia que no ordenó la actuación de las pruebas de oficio y, la comparecencia excepcional de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas y a una especial (artículo 194 del Código Procesal Civil). Sobre esto, en la doctrina se reflexiona que, si el juez tiene poderes amplios de indagación e iniciativa probatoria, las partes se encontrarían en un estado de indefensión, evidenciándose básicamente una suerte de pérdida de imparcialidad entre otros aspectos, como lo explica Ariano Deho (2001, 80-81).

A nivel jurisprudencial, la diversidad de criterios interpretativos sobre la prueba de oficio se uniformizó con el Décimo Pleno Casatorio (2018), en doce reglas; sin embargo, su relevancia la advertimos en que el derecho a probar “no solo está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, sino también a que estos sean admitidos, actuados y valorados y que el juez tiene la facultad excepcional autorizada por la ley procesal para incorporar nuevos elementos de prueba que le permiten resolver con mayor aproximación a la verdad de los hechos” (fundamento jurídico séptimo).

Cabe destacar que el juez decide “el derecho que corresponda y que este debe ser el más cercano a la verdad, donde la verdad es la conformidad entre una proposición y el estado de las cosas”, como lo afirma Guerra Cerrón (2018, 29). Su interpretación normativa y aplicación al caso concreto es una resolución final o sentencia emitida con seguridad y convicción, en la que se haya alcanzado la verdad, como lo explica la autora citada (29). De modo que, en todos los casos, el juez buscará aplicar el principio de primacía de la realidad, descartando la verdad legal como se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada por Guerra Cerrón (2018, 30).

En la Casación N°1370-2021-Huánuco, sobre desalojo por ocupación precaria, se resolvió fundada la casación, nula la sentencia de vista y se ordenó actuar prueba de oficio, según el X Pleno, por falta de peritaje para determinar el bien exacto, de conformidad con la regla décima. En este caso iniciado por la Procuraduría de la Municipalidad de Huánuco contra Vicenta Salazar Barrionuevo, se declaró improcedente la demanda a pesar de que se realizó una inspección judicial, la cual no logró identificar el bien objeto del litis (de modo exacto) y contó con la “participación oral” del abogado para precisar el bien. En segunda instancia, se confirmó lo resuelto en primera instancia por no conocerse con exactitud el bien a desalojar (la numeración era no precisa o discordante entre lo expuesto en la demanda y lo constatado).

En la décima regla del referido pleno se enuncia que, en los procesos relacionados con derechos reales, “el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio: i) inspección judicial en el bien materia de debate, ii) prueba pericial para identificar correctamente el inmueble, su ubicación, sus dimensiones, numeración, colindancias, superposiciones, entre otros; iii) documentos consistentes en a) partida registral y/o título archivado”. En este caso, se constituye como prueba pericial el literal ii), en el que la identificación “correcta” del bien no implica la corrección de lo expresado ni identificado en la demanda y/o en las documentales ofrecidas (como la ausencia de numeración, o de la descripción plena o con todos los datos necesarios que permitan distinguir un bien inmueble de otro en su ubicación), dado que es de interés y legitimidad de parte lograr el objetivo del proceso de desalojo: recuperar el bien inmueble y que se desocupe.

La precisión de la pretensión en la demanda se corresponde con los presupuestos procesales, y se caracteriza por la claridad, precisión y concisión, en correspondencia a los medios probatorios que acreditan las afirmaciones del caso —conformados y disponibles en el proceso para ambas partes—, los cuales no son sustituidos por ningún otro sujeto procesal.

Referencias

Ariano, Eugenia. 2001. Prueba y preclusión. Reflexiones sobre la constitucionalidad del proceso civil peruano. Ius et Veritas, 12(23), 72-82. https://shorturl.at/NXrp6

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. (2020, 24 de septiembre). Sentencia del Pleno Casatorio (Décimo). Casación N.°1242-2017 Junín. https://shorturl.at/O25pY

Guerra, María Elena. 2018. La deconstrucción del artículo 194 del CPC: la actuación de medios probatorios adicionales (de oficio). Gaceta Civil & Procesal Civil, 63, 21-31. https://shorturl.at/PfQfu

Montero, Juan. 2005. La prueba en el proceso civil (4.a ed.). Thomson Civitas.

Objeto social indeterminado: hacia una SACS realmente flexible

Escribe: Romina Camila Diego Manzanilla

Estudiante de 3.° año de Derecho de la UNMSM

Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades

Fuente: PUCP

I. Introducción

La regulación del objeto social ha generado un importante debate en el derecho societario contemporáneo. Aunque tradicionalmente se ha considerado que su determinación protege a los socios, terceros y al tráfico jurídico, la evolución de los mercados ha impulsado la búsqueda de modelos societarios más flexibles que permitan a las empresas adaptarse a nuevos escenarios.

En el Perú, la exigencia de un objeto social determinado se mantiene como regla general y también se aplica a la sociedad por acciones cerrada simplificada (SACS), creada mediante el Decreto Legislativo N°1409 para promover la formalización empresarial. Sin embargo, ello plantea la necesidad de evaluar si esta exigencia resulta compatible con una figura orientada a simplificar y flexibilizar el desarrollo empresarial.

Por ello, el presente artículo analiza la regulación del objeto social en la SACS y sostiene que permitir la elección entre un objeto social determinado o indeterminado fortalecería la flexibilidad del régimen y favorecería su finalidad de formalización empresarial.

II. La rigidez del objeto social en el derecho societario peruano

2.1. Concepto y regulación del objeto social

El objeto social puede definirse como la descripción de las actividades económicas que una sociedad se encuentra autorizada a desarrollar y que deben constar en su estatuto (Montoya Stahl y Loayza Jordán, 2015, 158). Su importancia radica en que permite identificar la actividad económica para la cual la sociedad ha sido constituida (Ferrero Diez Canseco 1996, 163).

En el ordenamiento peruano, el objeto social se encuentra regulado principalmente en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, el cual dispone que la sociedad circunscribe sus actividades a los negocios u operaciones lícitas que integran su objeto social. Asimismo, el artículo 26 del Reglamento del Registro de Sociedades exige que dichas actividades sean descritas de manera suficientemente clara para permitir su identificación, de lo contrario, no se inscribirá el pacto social.

A partir de estas disposiciones se desprende que el objeto social debe reunir determinadas características. En esa línea, Hernández Gazzo (2007, 230) señala que estas son tres: ser determinado, múltiple y lícito. Precisamente, la exigencia de determinación constituye uno de los aspectos más debatidos del derecho societario contemporáneo.

2.2. La exigencia de determinación del objeto social

La doctrina tradicional ha justificado la exigencia de un objeto social determinado principalmente por razones vinculadas a la protección de los accionistas, la seguridad de los terceros y el interés público. En el ámbito peruano, esta posición es asumida por Elías Laroza (2015, 95), quien sostiene que la determinación precisa del objeto social constituye uno de los requerimientos más importantes de la organización societaria.

En primer lugar, se sostiene que la determinación del objeto social protege a los accionistas, pues les permite conocer el destino económico de su inversión y delimita las facultades de los órganos sociales, evitando que los recursos de la sociedad sean empleados en negocios ajenos a los consentidos por los socios (Broseta Pont 1971, 48). Esta lógica explica que el cambio del objeto social constituya una causal de ejercicio del derecho de separación prevista en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades, permitiendo que el accionista se retire cuando la actividad empresarial se modifica de manera sustancial.

En segundo lugar, la determinación del objeto social cumple una función de seguridad jurídica frente a los terceros que contratan con la sociedad, al permitir identificar el ámbito de actuación de esta y las facultades de sus representantes. Asimismo, adquiere especial relevancia en actividades sujetas a autorización o supervisión estatal, pues facilita la verificación de que la sociedad desarrolla únicamente aquellas actividades comprendidas dentro del marco permitido por la regulación aplicable (Ferrero Diez Canseco 1996, 166).

Sin embargo, aunque estas razones han servido tradicionalmente para justificar la determinación del objeto social, corresponde analizar si continúan siendo suficientes para sustentar una regulación rígida en un contexto empresarial caracterizado por la constante diversificación de actividades y la necesidad de adaptación al mercado.

2.3. Cuestionamientos a la rigidez del objeto social

En los últimos años, diversos autores han cuestionado la conveniencia de mantener la determinación del objeto social como una exigencia obligatoria para todas las sociedades. Ello se debe a la necesidad de adaptación de las empresas frente a mercados cambiantes, lo que dificulta su permanencia vinculada a actividades rígidamente delimitadas desde su constitución. Sin embargo, esta postura no propone sustituir la determinación por una indeterminación obligatoria, sino permitir que los socios elijan el modelo que mejor se adecue a sus necesidades, otorgando mayor flexibilidad en un tráfico comercial dinámico (Del Carpio Sánchez 2023, 12).

Asimismo, varias justificaciones tradicionales han perdido fuerza. Por ejemplo, la protección de terceros ya no depende necesariamente de una delimitación estricta del objeto social, pues el artículo 12 de la Ley General de Sociedades reconoce la validez de los actos celebrados por representantes debidamente facultados, aun cuando excedan el objeto social. A ello se suma que la amplia aceptación de objetos sociales múltiples ha reducido en la práctica la función delimitadora de esta institución, permitiendo incluso la incorporación de numerosas actividades dentro del estatuto.

En esa línea, un objeto más flexible facilita la incorporación de nuevas actividades sin necesidad de modificar constantemente el estatuto social. Por ello, Cabanellas (1993, 263) sostiene que el derecho societario contemporáneo no ofrece razones suficientes para imponer una delimitación estricta del objeto social. Esta discusión cobró especial relevancia durante la pandemia de la COVID-19, cuando muchas empresas tuvieron que diversificar rápidamente sus actividades para mantener su viabilidad (Del Carpio Sánchez 2023, 13). En consecuencia, parte de la doctrina considera que la exigencia de determinación responde a una concepción tradicional del derecho societario que no se ajusta a las necesidades actuales de organización empresarial.

III. La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) como instrumento de formalización empresarial

3.1. Origen y finalidad de la SACS

La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) fue incorporada al ordenamiento peruano en 2018 mediante el Decreto Legislativo N°1409 con la finalidad de promover la formalización empresarial y facilitar la constitución de empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Su creación respondió a un contexto caracterizado por elevados niveles de informalidad y por la existencia de procedimientos societarios percibidos como complejos y costosos para los emprendedores.

En este escenario, el legislador optó por incorporar un régimen societario alternativo influenciado por las experiencias comparadas de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), modelo societario desarrollado en diversos países latinoamericanos con el propósito de flexibilizar la creación y funcionamiento de las empresas. Como señala Del Carpio Sánchez (2023, 24), la SACS buscó diferenciarse de las tradicionales sociedades mercantiles peruanas mediante mecanismos destinados a facilitar el acceso a la formalidad empresarial.

Así, la finalidad principal de la SACS consiste en reducir las barreras de acceso al mercado formal mediante procedimientos simplificados. Entre sus principales innovaciones destaca la posibilidad de constituirse mediante documento privado y a través de la plataforma SID-SUNARP, sin necesidad de escritura pública, reduciendo los costos y tiempos de tramitación.

3.2. La regulación del objeto social en la SACS

La SACS exige que el objeto social se encuentre expresamente determinado en el acto constitutivo, siguiendo la lógica de la Ley General de Sociedades para los tipos societarios tradicionales. En consecuencia, pese a estar orientada a simplificar la constitución de empresas y facilitar la formalización empresarial, el legislador peruano mantuvo la exigencia de delimitar previamente las actividades que desarrollará la sociedad.

Esta regulación resulta relevante porque evidencia una tensión entre la finalidad flexible de la SACS y la conservación de una regla tradicional del derecho societario. Si bien la determinación del objeto social otorga certeza sobre las actividades sociales, también puede limitar la capacidad de adaptación empresarial al exigir modificaciones estatutarias frente a nuevos ámbitos de actividad.

Esta diferencia se aprecia con mayor claridad al comparar la SACS con la SAS colombiana, principal referente regional en materia de flexibilización societaria. Mientras este modelo permite establecer un objeto social indeterminado, posibilitando que la sociedad desarrolle cualquier actividad lícita sin modificar constantemente su estatuto, la regulación peruana mantiene la exigencia de un objeto social previamente delimitado.

Al respecto, Reyes Villamizar (2009, 87) sostiene que la SAS implica una transformación de las estructuras tradicionales para adecuarlas a las necesidades empresariales contemporáneas, mientras que Gurrea-Martínez (2018, 30) destaca su tránsito hacia un modelo más funcional y pragmático. En ese sentido, aunque la SACS incorporó mecanismos de simplificación inspirados en las SAS, no adoptó completamente este modelo, manteniendo una regulación tradicional del objeto social.

IV. El objeto social determinado como límite a la SACS

4.1. La incompatibilidad entre el objeto social determinado y la finalidad de la SACS

Como se ha señalado, la flexibilidad constituye uno de los rasgos esenciales de las sociedades por acciones simplificadas. En esa línea, Del Carpio Sánchez (2023, 41) sostiene que uno de los objetivos de la SACS es ofrecer un régimen suficientemente flexible para resultar atractivo a los nuevos emprendedores y, de ese modo, incentivar la formalización empresarial. No obstante, la exigencia de un objeto social determinado contradice esa finalidad, pues obliga a delimitar de manera anticipada las actividades que la sociedad puede desarrollar, restringiendo su capacidad para adaptarse a las variaciones y oportunidades del mercado.

Esta limitación se hace evidente cuando las empresas necesitan incorporar nuevas actividades como respuesta a cambios en el entorno económico, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19. En tales supuestos, la necesidad de modificar el objeto social evidencia la falta de agilidad que un régimen simplificado debería ofrecer. En consecuencia, la regulación peruana conserva una exigencia propia del modelo societario tradicional que resulta incompatible con la finalidad de simplificación que inspira la SACS.

4.2. Repercusiones de la exigencia del objeto social determinado en la SACS

Esta incompatibilidad repercute directamente en la eficacia de la SACS como instrumento de formalización. Como advierte Villón Farach, mientras los emprendedores informales pueden adaptarse libremente a las oportunidades del mercado, quienes optan por formalizarse quedan sujetos a las restricciones derivadas de la delimitación de su objeto social (Villón Farach 2022, 88). Así, la formalización puede percibirse como una limitación antes que como un incentivo para el crecimiento empresarial.

La falta de flexibilidad explica, además, por qué la SACS no ha alcanzado en el Perú los resultados obtenidos por la SAS en otros países de la región. Como señala Del Carpio Sánchez, el éxito de este modelo en Colombia, Chile y Ecuador respondió a su flexibilidad, elemento que la regulación peruana no incorporó plenamente, impidiendo así que la SACS cumpla su objetivo de promover el emprendimiento y la formalización (Del Carpio Sánchez 2023, 42).

Esta conclusión coincide con la de Noel Graus y Salazar Chonate, quienes afirman que, aunque la SACS simplifica la constitución de sociedades, persisten barreras estructurales que limitan su impacto en la formalización empresarial (Noel Graus y Salazar Chonate 2024, 105). Es decir, la SACS, en su configuración actual, carece de la flexibilidad necesaria para convertirse en una herramienta eficaz contra la informalidad. De este modo, la exigencia de un objeto social determinado no solo contradice la lógica de flexibilidad de la SACS, sino que también reduce sus incentivos para la formalización y explica, en parte, por qué este régimen no ha alcanzado el éxito esperado.

V. La admisión del objeto social indeterminado como propuesta de reforma de la SACS

5.1. Propuesta de reforma del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409

La necesidad de esta reforma se hace evidente frente a la dinámica del mercado actual, que exige a las empresas una mayor capacidad de adaptación. En ese sentido, Del Carpio sostiene que la pandemia de la COVID-19 evidenció que «el objeto social indeterminado se ha vuelto necesario e importante dentro de las sociedades» (Del Carpio Sánchez 2023, 53), pues permite responder con mayor agilidad a nuevas circunstancias económicas. En este contexto, se propone modificar el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409, incorporando expresamente la posibilidad de que los constituyentes opten por un objeto social determinado o indeterminado.

Esta propuesta no implica eliminar el régimen actualmente vigente, sino ampliar las alternativas reconocidas por la ley y permitir que sean los propios socios quienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decidan el nivel de flexibilidad más conveniente para su actividad empresarial.

La incorporación del objeto social indeterminado permitiría que la SACS adopte una de las principales características de las sociedades por acciones simplificadas desarrolladas en el derecho comparado y, con ello, se diferencie de las formas societarias tradicionales. Como señala Villón Farach, «la SACS es solo una SAC ‘maquillada’ con el rótulo de ‘simplificada’, simplificación que se limita al momento de creación y no durante toda la vida societaria» (Villón Farach 2022, 90). En ese sentido, admitir el objeto social indeterminado contribuiría a dotar de contenido real al propósito simplificador que inspiró la creación de este tipo societario.

Dicha propuesta encuentra además respaldo en el Anteproyecto de la Nueva Ley General de Sociedades, el cual admite la posibilidad de pactar un objeto social indeterminado, evidenciando una tendencia legislativa orientada hacia una mayor flexibilidad del régimen societario y una progresiva superación de la rigidez tradicional en esta materia.

5.2. Impacto de la reforma en la formalización empresarial

La modificación propuesta resulta compatible con la finalidad de la SACS como instrumento de formalización empresarial. La posibilidad de optar por un objeto social indeterminado reduciría la necesidad de modificar continuamente el estatuto social cuando la empresa decida diversificar o ampliar sus actividades económicas, disminuyendo costos y cargas administrativas para los emprendedores.

Asimismo, esta mayor flexibilidad permitiría que la simplificación no se limite únicamente al procedimiento de constitución de la sociedad, sino que se proyecte durante toda su existencia, favoreciendo la adaptación de las empresas a las cambiantes condiciones del mercado. En consecuencia, la modificación del numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N°1409 constituye una reforma coherente con la naturaleza y finalidad de la SACS, al fortalecer su capacidad para promover la formalización empresarial mediante un régimen societario verdaderamente flexible.

VI. Conclusiones

6.1. La exigencia de un objeto social determinado responde a una concepción tradicional del derecho societario orientada a proteger a los socios, terceros y garantizar el control de determinadas actividades económicas. Sin embargo, la evolución del tráfico mercantil y la necesidad de adaptación empresarial han evidenciado los límites de este modelo, especialmente cuando la delimitación previa de actividades puede dificultar la respuesta de las sociedades frente a nuevos escenarios.

6.2. Si bien la SACS fue incorporada al ordenamiento peruano como un mecanismo destinado a simplificar la constitución de empresas y promover la formalización empresarial, la obligación de mantener un objeto social determinado conserva una rigidez propia de los modelos tradicionales. Esta regulación se diferencia de la experiencia comparada de las Sociedades por Acciones Simplificadas, particularmente de la SAS colombiana, que admite un objeto social indeterminado para otorgar mayor flexibilidad y autonomía empresarial.

6.3. En consecuencia, resulta conveniente modificar el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1409, permitiendo que los constituyentes puedan optar entre un objeto social determinado o indeterminado. Esta reforma ampliaría las alternativas disponibles y permitiría adecuar la estructura societaria a las necesidades de cada emprendimiento, fortaleciendo la flexibilidad de la SACS y su capacidad para promover la formalización empresarial.

VII. Referencias

Broseta Pont, Manuel. 1971. “Cambio de objeto y ampliación de operaciones sociales en la Ley española de sociedades anónimas”. En Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garigues, tomo I, 45-72. Madrid: Tecnos.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 1993. Derecho societario: El contrato de sociedad. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Del Carpio Sánchez, Julio César. 2023. “El objeto social indeterminado y la unipersonalidad societaria en la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada como medidas innovadoras para promover la formalidad y el emprendimiento en tiempos de pandemia”. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Elías Laroza, Enrique. 2015. Derecho societario peruano: La Ley General de Sociedades el Perú. Tomo I. 2.ª ed. Lima: Gaceta Jurídica.

Ferrero Diez Canseco, Alfredo. 1996. “La función e importancia del objeto social en las sociedades mercantiles”. Ius et Veritas 7, n.º 13: 163-171. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Gurrea-Martínez, Aurelio. 2018. “La sociedad por acciones simplificada como paradigma de innovación jurídica: Una reflexión sobre la función social de los investigadores de Derecho a partir de la experiencia de la SAS en Colombia”. Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas 2: 8-9. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Hernández Gazzo, Juan Luis. 2007. “La actividad empresarial de las sociedades anónimas y el alcance de la representación societaria: Cuestionamiento a la determinación del objeto social”. Ius et Veritas 17, n.º 35: 228-240. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Montoya Stahl, Alfonso, y Fernando Loayza Jordán. 2015. “La determinación obligatoria del objeto social: Una regla anacrónica”. Ius et Veritas 24, n.º 51: 156-172. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Noel Graus, Luis Gerardo, y Héctor Fernando Salazar Chonate. 2024. “Eficacia del régimen legal de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, para promover la formalización empresarial, 2024”. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Tumbes. Acceso el 20 de junio de 2026.

Reyes Villamizar, Francisco. 2011. “Sociedad por acciones simplificadas: Una alternativa útil para los empresarios latinoamericanos”. Themis Revista de Derecho, n.º 59: 73-87. Acceso el 17 de mayo de 2026.

Villón Farach, Lincoln Ulianoff. 2020. “La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada: ¿Una implementación legislativa necesaria?”. Trabajo de investigación de maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Debe saber la parte que el árbitro utilizó inteligencia artificial? Una nueva mirada al deber de revelación

Escribe: Julio César Huamán Huacho

Estudiante de 4.° año Derecho de la Universidad Privada del Norte

Fuente: El Peruano

I. Introducción


Hace algunos años, hablar de inteligencia artificial dentro de la práctica jurídica podía parecer una cuestión propia del futuro. Hoy, sin embargo, esa realidad ha cambiado. Es cada vez más frecuente que abogados, jueces y árbitros recurran a herramientas capaces de buscar información, ordenar grandes cantidades de documentos, elaborar borradores o incluso proponer argumentos jurídicos. Lo que antes parecía reservado exclusivamente al trabajo intelectual de una persona comienza, poco a poco, a ser compartido con sistemas capaces de procesar información a una velocidad difícil de igualar.

Este cambio, sin embargo, no debería llevarnos únicamente a preguntarnos qué tan útil puede ser la inteligencia artificial para el Derecho. También resulta necesario preguntarnos qué ocurre cuando estas herramientas comienzan a intervenir en funciones cuya legitimidad depende, precisamente, de la confianza depositada en quien las ejerce. Como advierte Claramunt (2023, 264), “no hay que perder de vista que la IA representa un desafío importante para nuestras sociedades tanto en el presente como en el futuro”.

El arbitraje constituye, probablemente, uno de los espacios donde esta discusión adquiere especial importancia. Su funcionamiento se encuentra estrechamente vinculado con la confianza de las partes en una persona determinada. Cuando estas deciden someter una controversia a arbitraje, no eligen simplemente un mecanismo más rápido para resolver un conflicto. Eligen a un tercero al que consideran independiente, imparcial y suficientemente preparado para escuchar sus posiciones, valorar sus argumentos y adoptar una decisión.

Por ello, no resulta extraño que la inteligencia artificial haya comenzado a incorporarse en distintas etapas del procedimiento arbitral. Puede utilizarse para revisar contratos, organizar documentos, localizar precedentes, comparar argumentos o facilitar determinadas labores de investigación. En ese sentido, su incorporación puede ofrecer ventajas evidentes en términos de tiempo y eficiencia. Carranza (2025, 126) precisamente, destaca que su utilización permite hacer más eficientes y predecibles determinados procesos, reduciendo tanto costos económicos como recursos humanos empleados.

Pero allí comienza, y no termina, el verdadero problema. La eficiencia de una herramienta tecnológica no responde por sí sola a la pregunta de si su utilización resulta jurídicamente admisible. En el arbitraje existe algo que no puede medirse únicamente en términos de rapidez o productividad: la confianza. Las partes no entregan su controversia a un algoritmo. La entregan a una persona. Y lo hacen porque confían en su experiencia, independencia, criterio y capacidad para deliberar sobre el conflicto que tienen delante.

En ese escenario surge una pregunta que, aunque parece sencilla, encierra consecuencias importantes: ¿debe el árbitro revelar a las partes que ha utilizado inteligencia artificial cuando esta ha intervenido de manera relevante en la elaboración de su decisión?

Responderla no supone estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. Supone preguntarnos qué entendemos actualmente por transparencia, independencia y responsabilidad dentro del arbitraje. Y, sobre todo, obliga a revisar si los deberes tradicionales del árbitro son suficientes para una realidad en la que una parte del proceso intelectual que conduce al laudo puede estar siendo asistida por una máquina.

II. Del arbitraje tradicional al arbitraje asistido por inteligencia artificial

La incorporación de la inteligencia artificial al arbitraje constituye una de las transformaciones más significativas que ha experimentado este mecanismo de resolución de controversias durante los últimos años.

De ahí que Andrés (2018, 1) ha resaltado que los sistemas de inteligencia artificial son la próxima tecnología transformadora de nuestro tiempo.

Y si, en efecto, su presencia ya no se limita a herramientas destinadas a facilitar tareas administrativas, sino que comienza a proyectarse sobre actividades que, hasta hace poco, eran consideradas propias del razonamiento jurídico del árbitro. Hoy es posible utilizar sistemas capaces de revisar miles de documentos en pocos segundos, identificar precedentes relevantes, organizar medios probatorios e incluso elaborar borradores de decisiones con una rapidez difícilmente alcanzable por el trabajo humano.

Desde esa perspectiva, sería equivocado asumir que la inteligencia artificial representa una amenaza que deba ser excluida del arbitraje. Por el contrario, su utilización puede contribuir significativamente a optimizar el procedimiento, reducir costos y mejorar el tratamiento de controversias cada vez más complejas. No obstante, como suele ocurrir con toda innovación tecnológica, el verdadero desafío no radica en las posibilidades que ofrece, sino en los límites que deben orientar su utilización.

Lo cierto es que el arbitraje no encuentra su legitimidad únicamente en la eficiencia del procedimiento, sino, sobre todo, en la confianza que las partes depositan en el criterio del árbitro. De ahí que resulte necesario distinguir entre asistir al razonamiento jurídico y reemplazarlo. Mientras la primera alternativa resulta compatible con la función arbitral, la segunda plantea serios cuestionamientos respecto de la naturaleza intuitu personae del arbitraje, pues la decisión deja de ser el resultado exclusivo del juicio humano para incorporar procesos cuyo funcionamiento, en muchos casos, ni siquiera resulta plenamente explicable.

III. La función intuitu personae del árbitro frente a la inteligencia artificial

La llegada de la inteligencia artificial al arbitraje plantea una cuestión que hace algunos años habría resultado difícil de imaginar: ¿hasta dónde puede una herramienta tecnológica intervenir en el razonamiento de un árbitro sin alterar la naturaleza de la función que este debe cumplir? La pregunta cobra especial importancia cuando se recuerda que, en el arbitraje, las partes no eligen únicamente un procedimiento para resolver su controversia. En muchos casos, eligen también a la persona en quien depositarán la responsabilidad de hacerlo.

Esta particularidad explica el carácter intuitu personae de la función arbitral. Las partes pueden considerar la experiencia profesional del árbitro, su conocimiento de una determinada materia, su trayectoria o incluso la confianza que les genera su independencia. Todos estos elementos forman parte de las razones por las cuales aceptan que sea precisamente esa persona, y no otra, quien conozca y resuelva su controversia.

Como puede observarse, la designación del árbitro constituye una manifestación directa de esa autonomía privada. No se elige únicamente a quien ejercerá una función, sino a quien reúne determinadas cualidades que justifican la confianza depositada por las partes. En esa línea, Vidal Ramos (2021, 69) sostiene que la designación del árbitro se sustenta en su experiencia, autonomía e imparcialidad, atributos esenciales e inherentes al ejercicio de la función arbitral, la cual posee un carácter eminentemente intuitu personae.

Esta característica merece una precisión. Las obligaciones intuitu personae son aquellas que se contraen en consideración a las cualidades particulares de uno de los sujetos de la relación jurídica, de modo que su ejecución no puede ser indistintamente asumida por un tercero. Así lo explican Osterling y Castillo (2008, 195), al señalar que estas obligaciones descansan en las características personales del deudor o del acreedor, precisamente porque dichas cualidades constituyen el motivo determinante de la contratación. Trasladada esta idea al arbitraje, resulta evidente que las partes no confían la solución de la controversia a un cargo abstracto, sino al juicio intelectual de la persona que libremente eligieron para ejercer la función arbitral.

Desde esta perspectiva, la función intuitu personae se proyecta sobre el modo en que este desarrolla su actividad decisoria, ya que no basta con que el laudo lleve su firma; es indispensable que el razonamiento contenido en él constituya una expresión auténtica de su deliberación, como el proceso intelectual que lo llevo a ella.

Es precisamente en este punto donde la inteligencia artificial plantea uno de sus mayores desafíos. El problema no radica en que el árbitro utilice herramientas tecnológicas para organizar información, revisar documentos o facilitar tareas de investigación jurídica. Tales actividades, en principio, constituyen funciones auxiliares compatibles con el ejercicio de la función arbitral. La preocupación surge cuando esas herramientas comienzan a intervenir en la construcción del razonamiento decisorio o en la motivación del laudo, desplazando, aunque sea parcialmente el juicio crítico que las partes esperaban encontrar en la persona del árbitro.

No resulta casual, por ello, que la jurisprudencia peruana haya reconocido el carácter estrictamente personal de la función arbitral. En efecto, Vidal Ramos (2021, 70), al comentar el caso Sistema Metropolitano de la Solidaridad vs. Reprogenetics S.A.C., destaca que la Segunda Sala Comercial de Lima sostuvo que la función arbitral posee naturaleza intuitu personae y, por consiguiente, no admite delegación alguna. Aunque dicho precedente fue emitido en un contexto previo al auge de la inteligencia artificial generativa, su fundamento conserva plena vigencia frente a los desafíos actuales: si la confianza de las partes se deposita en el criterio del árbitro, difícilmente puede considerarse compatible con esa naturaleza la delegación del razonamiento decisorio a un sistema algorítmico.

IV. ¿Debe el árbitro revelar el uso de inteligencia artificial?

La respuesta, a nuestro entender, no puede ser simplemente afirmativa o negativa. El árbitro no debería estar obligado a revelar cada uso que haga de una herramienta de inteligencia artificial, pero sí debería hacerlo cuando su intervención haya adquirido una relevancia suficiente dentro del proceso de elaboración de la decisión arbitral. Y es precisamente en esta distinción donde, a nuestro juicio, se encuentra el verdadero problema.

El deber de revelación ocupa un lugar importante dentro de las garantías que buscan preservar la confianza en el arbitraje. Su finalidad es bastante clara: permitir que las partes conozcan aquellas circunstancias que puedan generar una duda razonable sobre la independencia o imparcialidad de quien ha sido designado como árbitro.

En esa línea, Freyre & Minaya (2015, 250) señalan que el deber de declaración, también llamado deber de revelación, es el deber ético de informar, de revelar o declarar cualquier hecho o circunstancia que pueda provocar duda justificada sobre la independencia e imparcialidad del árbitro con relación a las partes; es decir, dudas fundadas sobre la idoneidad del árbitro para el cargo.

Esto resulta interesante cuando se la contrasta con la aparición de la inteligencia artificial en la práctica arbitral. Sin embargo, resulta de suma importancia hacer una primera distinción. No todo empleo de inteligencia artificial debería ser objeto de revelación, ya que, no es razonable sostener que el árbitro deba revelar cada vez que utiliza una herramienta tecnológica. Si la emplea para ordenar documentos, traducir información o realizar una búsqueda, difícilmente podría afirmarse que ello afecta la confianza depositada en su función.

La situación cambia cuando la inteligencia artificial deja de ser una herramienta meramente auxiliar y comienza a intervenir de manera relevante en la construcción del razonamiento o en la motivación del laudo. En ese escenario, ya no estamos hablando de eficiencia o de tecnología, sino de la forma en que el árbitro ejerce una función que las partes decidieron confiarle personalmente.

Por ello, quizá el punto no sea preguntarnos simplemente si el árbitro utilizó inteligencia artificial, sino qué papel tuvo está en la decisión. Cuanto mayor sea su intervención en el razonamiento arbitral, mayor parece ser también la necesidad de que las partes conozcan dicha circunstancia.

Después de todo, las partes eligieron a un árbitro para que decidiera su controversia. No eligieron a una máquina. Y es precisamente allí donde el deber de revelación adquiere una nueva importancia frente a la inteligencia artificial.

V. Conclusión

La inteligencia artificial constituye una herramienta llamada a transformar el arbitraje, pero su incorporación no puede hacerse a costa de los principios que justifican su existencia. La eficiencia, por valiosa que sea, jamás podrá sustituir el juicio crítico, la independencia y la responsabilidad intelectual que las partes esperan de quien eligieron para resolver su controversia. Precisamente por ello, la transparencia en el uso de estas tecnologías debe entenderse como una nueva exigencia del debido proceso arbitral y no como una carga meramente formal. Después de todo, los laudos arbitrales no legitiman su autoridad porque hayan sido elaborados con mayor rapidez, sino porque expresan el razonamiento de una persona en quien las partes decidieron confiar. Esa confianza, más que cualquier algoritmo, continúa siendo el verdadero fundamento del arbitraje.

VI. Referencias

Barrio, Moises. 2018. Robótica, inteligencia artificial y Derecho. Real Instituto Elcano Príncipe de Vergara, 1-7. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/VtpViP

Boden, Margaret. 2016. Inteligencia Artificial. Madrid: Turner.

Carranza, Andrés. 2025. Inteligencia artificial y derecho procesal. Buenos Aires: Editorial Jusbaires.

Claramunt, Jorge. 2023. Sobre los desafíos constitucionales ante el avance de la inteligencia artificial. Una perspectiva nacional y comparada. Revista de Derecho Político, 261-287.

Franco, Pedro. 2023. Beneficios y problemas de la IA en el Derecho. Pensamiento Penal, 460.

Guerrero, Roger. 2013. Los desafíos del arbitraje en el Perú. Ius et Praxis (44), 253-276.

Nieto, Enrique. 2022. La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. Anales de la Cátedra Francisco Suárez 57, 63-89.

Nieto, Enrique. 2023. La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. Anales de la Cátedra Francisco Suárez (57), 63–89. doi: https://doi.org/10.30827/acfs.v57i.26281

Osorio, Ingrid. (18 de julio de 2023). La inteligencia artificial y el derecho. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/gfRiEk

Osorio, Ingrid. (23 de julio de 2023). La inteligencia artificial y el derecho. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/gfRiEk

Osterling, Felipe. y Castillo, Mario. 2008. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra Editores.

Vidal, Roger. 2021. La imposición del convenio arbitral y el errado ejercicio del Kompetenz-Kompetenz. Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre.

Rouhiainen, Lasse. 2018. La inteligencia artificial 101 cosas que debes saber hoy sobe nuestro futuro. Barcelona: Editorial Planeta.

Sheehan, Martín. 2026. Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec, 2026 QCCS 1360. Cour supérieure du Québec. Acceso el 25 de agosto de 2026. https://acortar.link/K1l3O1

El Ejecutivo evalúa la continuidad de feriados: ¿Qué hay detrás de la propuesta para modificarlos?

Escribe: Sebastian Cheqquera Galvez

Estudiante de 3° año de Derecho de la UNMSM

Fuente: El Comercio

I. Introducción

El día en que el nuevo gabinete ministerial juramentó, circuló de manera no oficial un proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo pretendía impulsar. Entre las materias que contemplaba el documento estaba la de reducir el número de feriados con la finalidad de fomentar la productividad. La filtración generó un rechazo inmediato en la opinión pública. Ante ello, el ministro de trabajo, Juan Sheput, en una entrevista concedida a RPP el 29 de julio de 2026, señaló que el documento se trataba de un borrador y descartó una reducción de feriados. El 8 de agosto, en una conferencia de prensa, el ministro de economía y finanzas, Elmer Cuba, planteó trasladar algunos feriados a los viernes, aunque días después la propuesta cambió a los lunes.

Las decisiones sobre la jornada laboral conllevan efectos inmediatos sobre millones de personas, lo que exige comprender los límites y alcances de una eventual reforma. En este artículo se revisa la legislación referida a los días no laborables en el Perú, para examinar el argumento según el cual el país cuenta con un número excesivo de días de descanso remunerado y que ello explicaría, su baja productividad.

II. Antecedentes

Hasta el año 2021, el Perú contaba con doce feriados nacionales establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N°713. Entre 2021 y 2023 se sumaron cuatro fechas: 9 de diciembre (Ley N°31381), 6 de agosto (Ley N°31530), 7 de junio (Ley N°31788) y 23 de julio (Ley N°31822), con lo cual el número de feriados llegó a dieciséis.

III. El Perú en cifras, ¿tenemos realmente un exceso de días feriados?

En un estudio elaborado por Castellares, Ledesma y Mendiburu (2025), suman a los dieciséis feriados los treinta días de vacaciones que la ley reconoce a todo trabajador, llegando a una cifra de cuarenta y seis días libres remunerados al año. Esto sitúa al Perú como el país con más días libres remunerados en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Alianza del Pacífico. El mismo estudio advierte que Perú registra la menor productividad laboral promedio de ese grupo de países.

Sin embargo, esta asociación no permite establecer una relación de causalidad: la baja productividad peruana responde a múltiples factores estructurales, el nivel educativo de la fuerza laboral, la composición sectorial de la economía y la informalidad, de modo que el número de días libres es, en el mejor de los casos, uno más entre varios determinantes posibles.

IV. La estructura del mercado laboral, informalidad y subempleo

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (INEI, 2026), el 91,1% de la población ocupada en el sector primario de la economía, agricultura, pesca y minería, tiene empleo informal, seguido de construcción con 76,6%, comercio con 71,3%, manufactura con 63,2% y servicios con 57,2%. Si se observa el fenómeno desde el tamaño de la empresa, la brecha es todavía más marcada: el 88,3% de la población ocupada en empresas de uno a diez trabajadores tenía empleo informal, mientras que el empleo formal predominaba en las grandes unidades económicas de 51 trabajadores a más, con un 84,7% de formalidad (INEI, 2026). Asimismo, la tasa de subempleo nacional se situó en 41,4% durante el periodo abril 2025-marzo 2026. Es decir, una parte relevante de esa población sufre subempleo visible, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales pese a desear trabajar más.

Según Castellares et al. (2025), cada feriado adicional reduce el crecimiento anual del PBI en alrededor de 0,04 puntos porcentuales, un impacto concentrado en los sectores comercio y servicios. El mismo estudio identifica, sin embargo, sectores donde el efecto es distinto: las actividades de alojamiento y restaurantes no muestran una caída significativa e incluso se ven favorecidas, en la medida en que los feriados incrementan el consumo y el turismo interno; mientras que la minería y la agricultura, al depender menos del calendario laboral diario, cuentan con mecanismos operativos que amortiguan la pérdida de días hábiles.

A partir de estos datos, el problema estructural del mercado laboral peruano no parece ser, en primer término, la falta de horas disponibles para trabajar, sino la subutilización de la fuerza laboral por ausencia de empleo adecuado. En consecuencia, la política de reducir los feriados solo resulta válida para el segmento formal de la economía, concentrado en los sectores secundario y terciario. Para el resto de la masa trabajadora nacional, mayoritariamente informal, la medida resulta, en la práctica, irrelevante.

V. Comentario

Existe, en efecto, evidencia de que los feriados adicionales tienen un efecto recesivo en la producción de determinados sectores económicos no primarios. Sin embargo, como se ha señalado, persiste un problema estructural de baja productividad en el país, sin que ello suponga que la medida carezca por completo de justificación técnica. En esa línea, cabe destacar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto Supremo N°345-2018-EF, actualizado por el Decreto Supremo N°203-2024-EF) que ya contempla medidas orientadas al fortalecimiento del capital humano, la modernización del sistema de inspección del trabajo y la formación técnica las cuales constituyen las verdaderas palancas de productividad de mediano y largo plazo (Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, 2024).

VI. Referencias

Castellares, Renzo, Alan Ledesma y Carlos Mendiburu. 2025. «Los feriados y la actividad económica en el Perú». Revista Moneda 202: 45-51. Acceso el 11 de agosto de 2026. https://acortar.link/ZIEccK

Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. 2024. Plan Nacional de Competitividad y Productividad (actualizado mediante D.S. N.º 203-2024-EF). Acceso el 11 de agosto de 2026 de https://acortar.link/wJp0U3

El Comercio. 2026. «¿Desde cuándo cambiarán los feriados en Perú? MEF anuncia que algunos descansos pasarán a los lunes”, 11 de agosto de 2026. https://acortar.link/88Jcs7

Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2026. “Perú: comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y 27 ciudades Primer Trimestre 2026”, Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://acortar.link/ui89ZV

RPP Noticias. 2026. “Juan Sheput, ministro de trabajo: No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto”, 30 de julio de 2026. https://acortar.link/X10JNh

Nolan puede “apropiarse” de Homero, pero nadie puede apropiarse de Nolan

Escribe: Karoline Alejandra Barba Silva

Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: Elplural

Hay algo muy paradójico en la recientemente película estrenada La Odisea: Christopher Nolan pudo tomar una historia de hace casi tres mil años, transformarla, reinterpretarla y convertirla en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del 2026, pero cuando alguien intentó hacer lo mismo con su película, Universal Pictures no tardó en activar sus mecanismos de protección.

En mi opinión, la película merece gran parte de la expectativa que ha generado desde que fue anunciada. Christopher Nolan abraza el formato IMAX como pocos directores, convirtiendo el viaje de Odiseo en una experiencia particularmente inmersiva.

Sin embargo, la espectacularidad visual no elimina ciertas decisiones discutibles. La adaptación de Nolan ha sido cuestionada por privilegiar la acción sobre algunos de los elementos que hacen especial a la obra de Homero. En determinados momentos, el Odiseo estratega y astuto parece quedar en segundo plano frente al héroe de acción. Como muchos lo han advertido, al condensar una epopeya extensa, la película inevitablemente sacrifica parte de la riqueza narrativa y simbólica, siendo el episodio del diálogo con el cíclope Polifemo un ejemplo de ello.

No obstante, el público, entre el que me incluyo, ha aceptado ampliamente esta reinterpretación. La adaptación de la epopeya de Homero se convirtió en la película más taquillera del director, con $1,100 millones de dólares hasta la fecha, superando a Batman: el caballero de la noche asciende de 2012, que recaudó $1,080 millones de dólares.

Precisamente cuando la película aún monopolizaba las salas de cine ocurrió algo paradójico. A finales de julio, una copia no autorizada comenzó a circular en X y alcanzó más de dos millones de visualizaciones en aproximadamente dos horas y media antes de ser retirada. Universal Pictures confirmó que había iniciado procedimientos de takedown y que tomaría medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual (Palomino, 2026).

Aquí aparece una cuestión interesante: ¿cómo puede Christopher Nolan utilizar libremente La Odisea de Homero, mientras que otros no pueden utilizar libremente La Odisea de Nolan?

La respuesta está en el dominio público. La obra de Homero ya no está protegida por derechos de autor. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual explica que las obras que han pasado al dominio público pueden ser utilizadas por nuevos autores y que, cuando una obra es adaptada, la nueva creación puede constituir una obra derivada que sí está protegida por derechos de autor (2020, 42). La protección recae, en ese caso, sobre los elementos originales incorporados por el nuevo autor y no sobre la obra preexistente.

Por eso, Nolan puede “apropiarse” de Homero, pero nadie puede apropiarse de Nolan. La primera apropiación es precisamente una de las promesas del dominio público: permitir que las obras del pasado vuelvan a ser contadas, reinterpretadas o transformadas. La segunda, en cambio, encuentra un límite en el derecho de autor.

Esa es quizá una de las paradojas más interesantes de la creación artística: para que las historias puedan seguir viajando, primero debemos permitir que algunas historias dejen de pertenecernos.

Referencias

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2010. Learn from the Past, Create the Future: The Arts and Copyright. https://acortar.link/0WxULR

Palomino, E. (28 de julio de 2026). Una copia pirata de ‘La Odisea’ se hizo viral en X: Universal amenaza con acciones legales. Infobae. https://acortar.link/n2BE0o

Rubin, R. (9 de agosto de 2026). ‘‘The Odyssey’ Is Christopher Nolan’s Highest-Grossing Movie Ever With $1.1 Billion and Imax’s Biggest Release of All Time With $289 Million. Variety. https://acortar.link/TqnhPZ