Entrevista al Dr. Daniel Vitolo

En esta edición, el Boletín Sociedades se complace en presentar la entrevista realizada al Dr. Daniel Vítolo, docente experto en derecho comercial, ha sido miembro de la comisión que redactó el Código Civil y Comercial de Argentina y actualmente es Inspector General de Justicia. En esta oportunidad el Dr. Vítolo nos comenta sobre sus inicios en el derecho, así como su trayectoria y experiencia en el derecho civil y comercial.

Entrevistan:

ACOSTA DELGADO, Manuel de Jesús.

ALVA LOPEZ, Milagros Elizabeth.

CISNEROS PALOMINO, Yesenia.

MORALES ROJAS, Sebastian Alexander.

RAMOS CAPARACHIN, Marilu Danissa.

¿Cómo surge en usted el interés por estudiar derecho, luego por profundizar sus conocimientos en el derecho comercial?

En primer lugar, quiero agradecerles la entrevista. Para mí es un honor muy grande que ustedes me hayan elegido para entrevistarme. Con relación a su pregunta, les cuento que cuando terminé mi colegio secundario tomé la decisión de ingresar a una universidad. Ciertamente no tenía una vocación tremendamente marcada por el derecho. Hacía unos tres años que mi padre había muerto. Mi madre había quedado viuda y mis hermanos eran todos bastantes mayores que yo. Todos ellos estaban encaminados: mi hermano era abogado (mi padre había sido abogado) y una hermana mía era escribana.

Ciertamente lo que yo quería era hacer música, tocar la guitarra, y tener una banda, es decir ser “músico”; sin embargo, en casa mi madre me dijo: “A usted lo voy a dejar con un título, después vaya y toque lo que quiera y donde quiera, pero usted tiene que venir con un título universitario. Yo le prometí a su padre que cuidaría de usted y le daría un título universitario para que se gane la vida”. Si bien en la actividad escolar me había destacado en algunas actividades sociales porque había fundado un diario donde se publicaba reportajes por los derechos de los alumnos, sin embargo, yo no tenía una gran vocación por el derecho como carrera universitaria. Finalmente, me decidí por el derecho debido a mis antecedentes familiares puesto que había escuchado el derecho en mi casa y había discutido sobre derecho en las mesas de mi casa.

Cuando me recibí finalmente de abogado, ciertamente lo que más me interesaba era el derecho penal (mi padre había ejercido el derecho penal). Esta disciplina jurídica me había fascinado, por ello empecé a ahorrar para comprar libros de esa rama, pero no tenía muchas oportunidades de experiencia profesionales en penal porque el trabajo venía del derecho civil y comercial en los primeros tiempos.

Mi ilusión era ser abogado penalista hasta que un día un amigo mío, al que le habían ofrecido ayudar en la facultad como asistente en la materia de derecho comercial, me planteó acompañarlo para que no fuera solo y repartirnos las clases. Yo acepté porque iba a ser una manera de estar con mi amigo, de pasarla bien y divertirnos y así disfrutar esta experiencia docente. Ello empezó como una suerte de apoyo a un amigo, sin embargo, con los días me empecé a enamorar del derecho comercial y me pareció mucho más fascinante que el derecho penal porque tenía un mayor ámbito de libertad y de creatividad. No dependía de las tipologías cerradas de cuestiones un poco automáticas como tiene el derecho penal, sino que era un derecho mucho más flexible que permitía la creación con vinculación a la economía y la sociología, además de un carácter absolutamente internacional. Esto me empezó a fascinar y dejé de comprar libros de derecho penal para hacerme una biblioteca de derecho comercial y a leer a los clásicos de las materias vinculadas al comercio.

Me encantaron los temas vinculados con los títulos de crédito, y cómo a través de estos se podía generar un sistema de crédito a nivel mundial y el principio de la abstracción, la literalidad, la autonomía, también el derecho de sociedades, la figura del comerciante con todo lo que esto implicaba en el “estatuto del comerciante”, sobre su obligación, sus derechos, los sistemas de contabilidad, la contabilidad mezclada con la economía, la economía mezclada con las finanzas, las finanzas mezclada con la sociedad, la sociedad mezclada con los contratos. Era como un mundo que uno iba descubriendo por pasos y que no tenía límites.

Un día, el único hermano que tenía mi madre, vino a Buenos Aires. Él era abogado también. Le conté lo que estaba haciendo en la universidad y me dijo que tenía una reunión de trabajo en el estudio del doctor Horacio Fargosi (quien fue uno de los grandes maestros del derecho comercial en la Argentina). Me invitó a acompañarlo para presentarme con Fargosi pues era amigo de él. Fargosi fue muy generoso y me preguntó qué me gustaba en materia jurídica, que estaba haciendo y en qué me interesaba. Y yo le conté. Cuando terminó la reunión me dijo: “Bueno a partir de mañana venís a la clase conmigo a la facultad, porque vas a ser mi ayudante personal de cátedra”. Ello me alegró mucho. Es así que durante cincuenta años di clases en la facultad. Lo increíble fue que de ayudante me desempeñé luego como jefe de trabajo prácticos, después fui profesor adjunto interino y luego, tras un concurso, gané el cargo de la cátedra de mi maestro, el Dr. Fargosi, la cual conservo hasta el día de hoy. Él siempre decía que quería que yo fuera su sucesor. Y pude cumplirle el sueño.

Como quien dice el mundo de la música perdió a un gran artista, pero el mundo del derecho ganó a un gran profesor…

Yo creo que el mundo de la música no perdió, porque muchos años después pude darme el gusto (risas). Tuve la experiencia de formar una banda, pero no duró mucho. Llegué a grabar algunos CDs con canciones que —de hecho— podrán encontrar en Spotify bajo el nombre de EL DOC.

Usted ha estudiado el pregrado en la Facultad de Derecho UBA y el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. ¿Qué experiencia nos puede compartir acerca de su estancia en estas universidades?

En mi opinión la universidad pública en Argentina es fantástica, para mí es la mejor universidad, de hecho, la Universidad de Buenos Aires está catalogada entre las cincuenta mejores universidades del mundo y lidera entre las diez mejores de Latinoamérica. De igual modo, la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua, tiene más de cuatrocientos años de fundación y también nos brindó grandes maestros en el derecho comercial argentino, siendo muchos de estos de la Universidad Nacional de Córdoba y de su Instituto de Derecho Comercial Mauricio Yadarola, como ocurre, por ejemplo, con el doctor Efraín Hugo Richard, y los desaparecidos maestros Héctor Cámra —entre otros—.

Ahora bien, la universidad pública tiene para mí el mayor desarrollo de la libertad de pensamiento porque la libertad de cátedra está realmente desarrollada en base a una discusión fructífera, pues no hay una mirada con ideología política. Considero que la Universidad de Córdoba tiene como ventajas su ubicación al ser una ciudad muy importante, y la comunidad científica está más localizada y eso permite mucho intercambio, por lo que considero que es una ciudad con mucha vida universitaria, a diferencia de Buenos Aires donde la facultad de derecho está aislada ediliciamente ya que,  si bien es un edificio maravilloso en el medio de un parque, la lejanía de la misma no permite que haya una vida permanente alrededor de la universidad; sin embargo, cuenta con un buen catálogo de libros y acceso a material internacional.

Así también, me preguntan ¿por qué si soy egresado de la Universidad de Buenos Aires no hice mi doctorado allí? Pues bien; ello responde a una historia familiar, ya que mi padre y hermano eran egresados de la Universidad de Córdoba y el destino natural para mí era el de estudiar en esa universidad; sin embargo, debido a que a mi padre lo nombraron ministro del interior de la República Argentina en el gobierno del presidente Frondizi en el año 1958, tuvimos que mudarnos de la provincia de Mendoza a Buenos Aires. Y luego lo lógico fue estudiar en la universidad del lugar en que residía. Pero ocurre que yo deseaba continuar con la tradición familiar y encontré la posibilidad de estudiar el doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, para luego realizar mi postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires.

¿Qué opinión le merece la especialidad en una rama jurídica? ¿Es indispensable la especialidad, sin perjuicio de un conocimiento integral de todo el Derecho?

Una experiencia muy interesante fue que, cuando yo era pequeño e  iba al colegio —y aún al principio de mi carrera universitaria— la idea que existía era que el abogado tenía que tener una formación generalista o multidisciplinaria; y de hecho, no existía todavía en Argentina un régimen de estructuras para estudios jurídicos al estilo de los grandes despachos como el sistema americano, donde las compañías se encontraban divididas por departamentos; esto no existía en Argentina, pues los estudios consistían en prestigiosos y buenos litigantes asesores generalistas, siendo que todos los abogados nos iniciábamos litigando y asesorando en lo que llamamos el “multifuero”, pero no se miraba el estudio jurídico o el despacho jurídico como una empresa jurídica.

A partir de la explosión en las últimas tres décadas del siglo XX de la aparición de nuevos instrumentos jurídicos y leyes, siendo un movimiento importante europeo en materia de desarrollo jurídico, se empiezan a desarrollar una serie de institutos muy novedosos, que cambiaron el derecho societario, concursal, y los contratos en el contexto de la aparición de las nuevas tecnologías, como el telefax, teléfono internacional y mucho después el correo electrónico; y de la mano de estas novedades se presentó el debate en el seno de la Unión Europea respecto de cuál será el sistema jurídico que iba a regir en el continente en contraste con la fuerza enorme de Inglaterra con las normas del common law, un derecho totalmente diferente al nuestro, pues los jueces también pueden crear derecho con la fuerza del precedente y con una enorme flexibilidad; y, por su parte, Alemania quería conservar el derecho continental europeo en la Unión Europea. A partir de ello surgió una mezcla de instituciones; por ejemplo, las definiciones en los contratos, siendo esto el inicio de la especialidad.

Existió todo un movimiento de cuatro décadas del siglo XX donde comenzó la especialidad y los abogados comenzaron a especializarse para no quedarse atrás en la competitividad. Pero en el siglo XXI, a partir de la cuarta revolución industrial, con un impacto y velocidad profunda, se advierte que la especialidad no alcanza, pues se empiezan a interconectar los institutos y comienzan a aparecer cuestiones transversales como el derecho del consumidor, los derechos humanos, cuestiones de género, la responsabilidad social empresarial, así como las dudas de tipo filosófico y ético entre la tecnología y la artificialidad, concluyendo que debemos regresar al generalismo, para recién después hacer foco en la especialidad en lo que nosotros necesitemos puntualmente, pues en muchos casos se está viendo el árbol, pero no el bosque.

En esa línea, en Argentina, en el año 2015 se unificó el Código Civil y Comercial, respondiendo a lo que la sociedad necesitaba y requería como los sistemas diferentes de la comunidad de ganancias en el matrimonio, el divorcio por mera declaración unilateral, el matrimonio igualitario, un régimen distinto de los contratos paritarios y no paritarios, los contratos de consumo, así —como también— el reconocimiento de nuevos derechos reales como condominios, parques empresariales. Ocurre que la sociedad —en su conjunto— exige que a las personas se  las deje elegir, no sólo en el ámbito civil, sino también para poder realizar inversiones y emprendimientos con un amplio margen de libertad, pues para arriesgar necesitaban una limitación de responsabilidad en materia comercial.

De esa forma, notamos que estamos volviendo a la generalidad —como regla general— pero sin descartar la especialidad. Yo creo que son buenos campos de acción, pero considero que el especialista no puede moverse sin el generalista.

¿Podría compartir un momento decisivo en su trayectoria profesional que haya influido en su enfoque hacia el derecho empresarial y societario?

El fuerte de que yo me vuelque en el tema del derecho empresarial fue el año 1993, en el contexto que el gobierno nacional me convoca a mí y al profesor Julio Cesar Rivera para redactar una nueva ley de concursos y quiebras para Argentina, a quien compartí que mi pensamiento para la reforma debía hacerse llevando adelante un cambio grande, pues desde del año 1979 me encontraba en completa soledad hablando de temas nuevos tales como la responsabilidad social empresarial. Incluso, mi    maestro Fargosi al leer un capítulo de un libro mío sobre la empresa en la nueva dogmática jurídica me dijo —con referencia a ese capítulo— que los alumnos leyeran el mismo “… por su cuenta…”, pero que él no lo explicaría, dándome a entender que no le interesaba. Sin embargo, ahora este tema hora es tendencia.

Así, consideré que —en lo que al derecho concursal se refería— se debía desjudicializar el sistema y permitir flexibilidad en las propuestas, porque el derecho comercial no es un prototipo de derecho como lo es el derecho civil, sino un derecho que acompaña realidades. De otro modo, si no se sigue la realidad, cuando la norma se despliega en el escenario fracasa. Y ello porque se requiere un cambio, adaptarse a la realidad, y entender el modo en el cual los empresarios toman los riesgos. En ese sentido, el derecho comercial tiene que poner un poco de orden cuando se manifiesta la creatividad del empresario en el mercado, establecimiento límites como registros, en general.  La Ley de Concurso y Quiebras 24.522 fue el resultado de esa visión, y ahora funciona y cumplirá el año que viene 30 años de vigencia.

Conforme a su libro Análisis de las buenas prácticas societarias (Compliance) y su alcance y aplicación en las empresas de la provincia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas en el cumplimiento de las normativas comerciales en un entorno global cada vez más regulado?

Esto es un paradigma nuevo, la responsabilidad social empresarial. Las empresas en nuestra legislación son objeto de derecho y el sujeto de derecho son las personas privadas o las personas jurídicas, en algunos casos, el Estado, titulares de ese objeto llamado “empresa”. Sin embargo, desde el punto de vista real, las empresas son actores sociales —sujetos en sentido lato—. Si nosotros vamos a empezar a reconocer a los sujetos de derecho esta capacidad de generar actores sociales que interactúan con la sociedad y le vamos a dar la capacidad de cumplir contratos, bueno van a tener que cumplir también con una ética. Es decir, las empresas también deben ser buenos “ciudadanos”, no pueden moverse sin la consideración del otro, sin tener en cuenta las externalidades que se producen con cada uno de sus comportamientos.

El manual de buenas prácticas consiste en reunir reglas que indiquen y establezcan que si la empresa quiere ser equiparada a una “persona” tiene una obligación con la comunidad porque la comunidad es la que la legitimó y le dio un poder social; entonces ella tiene que responder porque le dieron una responsabilidad para producir bienes, para dar sanidad, para dar entretenimiento, para producir bienes y servicios para el mercado. Bueno, y si no le hubiéramos dado el poder, no podrían tener por ejemplo la limitación de responsabilidad, no podrían tener la posibilidad de disolverse y volver a nacer. Y esos derechos tienen —o al menos deben tener— su correlato en obligaciones.

¿Cómo ha integrado su experiencia práctica en la redacción de leyes, como la Ley de Concursos y Quiebras, en su labor docente?

Cuando yo me formé mis profesores fueron fantásticos, pero en otra época; el profesor venía y se sentaba, caminada y declamaba durante una a dos horas, y nos mandaba a leer un tratado, frente lo cual debía aprender de memoria. Hace unos años, el profesor Dennis Campbell me invitó a dictar una clase en Boston y me dijo que tenía siete minutos para hablar y que en resto del tiempo los alumnos intervenían a través de sus preguntas.

Algo cambió.

Entonces, hay temas donde yo como profesor, prefiero que los alumnos vengan con la ignorancia más absurda y desde la construcción común vamos a llegar a conocer un tema. En otros momentos, hay que enviar a los estudiantes a leer artículos, para luego ir intercambiando ideas, ese es el cambio. No hay enseñanza unidireccional; hay un proceso conjunto de aprendizaje y de construcción del conocimiento.

El otro cambio es que hoy hay que trabajar con tecnología, hay que tener videos o Power Points, para que la gente visualice los temas, y vean cómo funcionan los nuevos instrumentos. Por ejemplo, el arbitraje societario —o la administración de justicia— a través de robots. En Estados Unidos, casi el 100% del sistema de multas de tránsito está manejado por inteligencia artificial, ya no hay jueces, salvo para la instancia de la apelación, los robots manejan la estadística, la velocidad, por lo que la satisfacción del ciudadano es enorme. Y eso hay que verlo en funcionamiento para entenderlo. No basta con contarlo.

Usted fue elegido como uno de los 100 juristas convocados por la Comisión Redactora designada por Decreto 191/2011 para redactar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. Dicho código entró en vigencia desde el año 2015, ¿cuál es el balance de dicha norma luego de casi una década de vigencia?

Totalmente positivo. Al principio, yo fui un gran crítico del anteproyecto del código y cuando me convocaron para participar en la redacción del nuevo código, mi idea era crear varios códigos. Yo dije se debía crear un código de parte general, de obligaciones, de familia, de la empresa, de consumidor, de la competencia. Sin embargo, mi propuesta no fue aceptada. Ahora bien; una vez que fue sancionado como ley de la Nación, salí a defender al código para hacerlo funcionar porque está destinado a la gente. El código —finalmente— cambió el sistema para bien, es mucho más flexible para su tiempo, cambió la idea de la seguridad jurídica.

Hay cosas que me parecen que quizás están mal legisladas en su contenido, pero es imposible que una norma unificadora de todo el derecho privado no tenga deficiencias. Sin embargo, me parece que es mucho más adecuado a la realidad que el código anterior ya que recoge el dialogo de fuentes y la constitucionalización de derecho privado. Es decir, las normas que están en este código encajan perfecto en el ámbito de la libertad, con los límites que impone la Constitución.

Por otro lado, la seguridad jurídica no es sólo la subsunción del hecho en la ley, sino la tranquilidad de, más allá de que ocurra lo que ocurra, generándose un conflicto, bajo la regulación del código y la resolución de un tribunal, la solución va a ser razonable y ponderada, proporcional y con interdicción de arbitrariedad. Dicho de otro modo, tener la seguridad de que, ante un caso concreto y un conflicto, puedo ganar o perder, pero no voy a salir indignado, pues lo que ocurrió era algo posible; es decir, va a existir esa satisfacción residual que es lo que genera confianza, Y esa es la seguridad jurídica.

Usted es el Inspector General de Justicia (dependiente del Ministerio de Justicia) de la Argentina, ¿nos puede comentar cuál es la función de la Inspectoría General de Justicia y cuál es el impacto de la labora de la Inspectoría General en las empresas argentinas?

La inspección General de Justicia es el organismo que está a cargo del Registro Público; es decir el antiguo registro público de comercio que ahora se llama registro público —a secas— y que está a cargo mío, yo soy el registrador. ¿Qué es lo que registro? Pues bien, todas las sociedades, registro todas las matrículas individuales, las asociaciones civiles, las fundaciones, otras entidades de bien público, comerciantes, emprendedores, despachantes de aduanas, fideicomisos, contratos asociativos, los registros. Y tengo control de legalidad sobre todos aquellos instrumentos que se inscriben; pero aparte tengo un control de funcionamiento sobre todas las entidades civiles llamadas “organizaciones de la sociedad civil”, “asociaciones civiles” y “fundaciones”. Tengo el control federal en todo el país del ahorro por sistemas de capitalización para la adquisición de bienes y servicios; y también tengo el control sobre toda la actividad de las sociedades constituidas en el extranjero, que vienen a actuar sobre el suelo argentino.

Se trata de un organismo que tiene bastante independencia. Es que yo puedo obstaculizar todo esto o facilitarlo, yo puedo controlar para que no se viole la ley o el orden público en lo que es capacidad de control, o puedo no controlar. También puedo poner tantas trabas que lleven a que se frustre la ley federal que les permite actuar a los sujetos registrados y fiscalizados, así que el tema de la labor del organismo es muy importante. El universo que está bajo mi “ejido”, por llamarlo de alguna manera, es muy grande. Estamos hablando de un millón doscientos mil sociedades, estamos hablando de treinta mil asociaciones civiles, siete mil fundaciones, estamos hablando de setenta mil matrículas individuales, estamos hablando de dos mil fideicomisos, de quince mil sociedades constituidas en el extranjero actuando en el país.

Es decir, el universo de control es muy grande y la estructura no es tan grande, los sistemas informáticos no son tan buenos, así que el trabajo es mucho y lo que hemos hecho es poner en vigencia un marco normativo totalmente nuevo y revolucionario, que cambia todos los criterios con lo que se veía manejando la Inspección General de Justicia antes, y esto ha generado un cambio tremendo en el mercado. Es el incentivo para las sociedades constituidas en el extranjero para venir a invertir en el país, en las sociedades locales, en los contratos asociativos en los fideicomisos. Ha habido un cambio muy grande porque hemos liberado muchas trabas, muchos cepos que existían para poder permitir la mayor libertad creativa, con la responsabilidad que corresponde y con los controles de legalidad que nos corresponde.

¿Qué nos podría comentar sobre las propuestas de Javier Milei en materia económica como la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central de la República Argentina, así como su avance de dichas reformas?

Estas son propuestas que son interesantes porque son disruptivas, pero no necesariamente se están llevando a cabo porque necesitan de una preparación previa. Es decir, me parece que lo que el Presidente de la República ha hecho con estas dos cuestiones es generar un conocimiento respecto de cuál es la idea del lugar y el escenario adónde se dirige. Ahora, esto tampoco es una cosa que pueda ser inmediata, el tema de dolarización es muy interesante, pero básicamente la dolarización estaba pensada por la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda que ha tenido por causa de una alta inflación, una depreciación enorme.

En la medida en que esa moneda con la baja de inflación puede recuperar valor o revaluarse, quizás no hace tan urgente el avance hacia una dolarización y tampoco estoy seguro que el plan final del Presidente sea cambiar la moneda nacional por el dólar, también hay que entender que la dolarización es una suerte de “comodidad verbal”. Es decir, tomar el dólar como parámetros de pisos de precios de bienes y servicios, por ejemplo, como lo que ocurre en Uruguay, donde usted va por la calle en cualquier lugar y da lo mismo que vaya con dólares o con pesos uruguayos, y puede pagar lo que se le da la gana con cualquiera de las dos monedas, y todo en la comunidad está familiarizada con esto. Es decir, no es un tema que uno dice: “Bueno yo con esto pago en forma bimonetaria en un banco” o entidad financiera. Usted va a almorzar y paga la cuenta con dólares o con pesos y a la persona le da lo mismo, no es que prefiere una cosa o la otra. Va a un cajero, paga, saca dólares, pone dólares. Compra un helado con dólares. Da una propina al que le acomoda el auto, utilizando dólares o pesos, y para todo el mundo es lo mismo, no es que la gente prefiere dólares o pesos. Es lo mismo.

Yo creo que quizás ese es el sentido más allá de que ello implique la legalización absoluta de circulación del dólar en forma libre y me parece que a eso apunta la idea. Pero bueno; tenemos que ver como transcurre esto en el tiempo, porque para que ello ocurra se necesita recomponer reservas en el banco central y demás.

Y en cuanto a la segunda pregunta referida a la eventual desaparición de un banco central o regulador, bueno, es una idea en la que yo no soy experto en derecho monetario y financiero como para poder evaluar el impacto que pueda tener la medida; pero yo creo que de lo que se está hablando es, no de eliminar el banco central y que no exista un banco central, sino eliminar el banco central con las funciones que tiene hoy. Dejarlo con funciones estrictas de materia de emisión monetaria y no como un agente de colocación o financiamiento del tesoro que es el modelo que se ha utilizado hasta ahora.

¿Qué impacto cree que tiene la docencia en su rol actual como Inspector General de Justicia y cómo ha utilizado esa experiencia en su nuevo cargo?

Bueno yo considero que lo interesante de la docencia es que uno con el desarrollo de la docencia aprende a explicar y, aparte, yo personalmente de la docencia también aprendí a escuchar. Yo escucho mucho a mis alumnos, no es el profesor que viene y dice, “no” a lo que dicen los alumnos, o impone sólo su discurso y su idea. Yo escucho mucho y los escucho y a veces les digo “…hablen y digan…”, no pero ellos me dicen “…no estamos seguros…”; y yo les respondo “… no me importa que digas un disparate, no me importa aunque tu creas que es un disparate porque quizás no es no es un disparate…”. A veces las personas más ignorantes dicen cosas que son tremendamente sensatas y viene una persona sumamente preparada y dice un disparate.

Las resoluciones que se dictan vienen con considerados profundos, porque lo que se quiere es explicar qué persigue la norma; y esto es un poco docente. A veces me dicen: “… son largos los considerandos”. Pero es mejor que la gente sepa hacia dónde vamos; no le va a cambiar la vida el leer una página más o dos páginas más antes de lo resolutivo. Ellos no tienen que recitarlos, sino que tienen que cumplir con lo que dice de resolución simplemente, pero esto explica y también me ayuda la docencia cuando vienen los administrados a verme, pues yo no quiero imponer ideas sino que los escucho.

Nosotros por primera vez en cuarenta años la Inspección General de Justicia se abrieron tres canales de comunicación. Dijimos y anunciamos que íbamos a establecer un nuevo marco normativo y entonces abrimos una casilla de correo para sociedades comerciales, una casilla de correo para entidades civiles y una casilla de correo para todo lo que es el Sistema Federal de Ahorro. Les dijimos, a los abogados, contadores, escríbanos y a todas las personas empresarias, empresas y entidades binacionales y embajadas: “… dígannos qué estamos haciendo mal, qué les gustaría que hiciéramos, qué necesitan, dónde están las piedras que les molestan en el zapato y que nosotros tenemos que remover sí o sí…”.

Llegó un aluvión de propuestas interesantísimas, las procesamos, las vimos, las discutimos, tomamos unas, y no descartamos otras. Fuimos recorriendo durante prácticamente noventa días las cámaras binacionales hablando con los inversores, las embajadas, la Bolsa de Comercio, el Banco Central, la Comisión de Valores… con todo eso juntamos mucho material, y ello nos permitió reformular la normativa y la gente quedó encantaba.

Así se sancionó una normativa que ha caído muy bien recibida por la comunidad, porque se han visto ellos reflejados en ella, incluso en materia de normas de documentación y contabilidad. Hasta los consejos profesionales en ciencias económicas nos han llamado y nos han dicho “… B… Daniel veo que usted colocó lo que nosotros mandamos; que orgullo qué alegría…”.

El derecho societario es un derecho instrumental. La gente dice: “… La ley de sociedades es buena o mala según las teorías…”. Se trata de un error. La ley de sociedades es buena o mala dependiendo de si sirve o no sirve. La ley de sociedades es buena si ayuda a constituir sociedades de un modo simple y efectivo; si le da al administrado y a la comunidad sociedades mejores; si le permite a las personas humanas y jurídicas trabajar mejor con sus socios; si les facilita la manera de tomar la decisión de disolverla, de liquidarla, de fusionarse o de transformarse. Las regulaciones son “buenas” si usted siente y percibe que las regulaciones que se ponen en vigencia en vez de maniatarlo le da una cierta libertad para poder moverse. Si las normas son de esa manera son —entonces— buenas. Si es al revés, son malas y no importa que las haya redactado el genio más genio premio nobel del derecho.

¿Tiene alguna crítica constructiva al método o métodos de enseñanza del derecho comercial en el aula universitaria?

Sí, y está relacionada con la idea de “escuchar”. Tengo una crítica que es esa justamente, que en el aula universitaria los profesores no están escuchando lo necesario. Si el aula no funciona la culpa es del profesor este tema que se ha puesto de moda de decir que “…los alumnos son unos vagos…”  no sirve; y no es verdad. Si el aula no funciona es porque el profesor no ha trabajado lo suficiente. Puede haber algún caso, de un grupo de rebeldes, algo que todos hemos tenido alguna vez, pero básicamente la responsabilidad del aula es del profesor. El profesor tiene que motivar, tiene que buscar mecanismos para interesar y seducir a los estudiantes; y si lo que hace no interesa tiene que cambiar y tiene que probar algo diferente, tiene que tratar de buscarle la vuelta y él tiene que hacer que funcione, siendo más empático en comprometer a la gente, buscar mejores técnicas, analizar material, vincularlos, ingeniarse para interesar a los alumnos en el tema o la disciplina a ser abordados.

Y también el profesor debe entender que lo más importante es que esto del “cambio” va a tal velocidad que el tema solamente de retener de memoria normas o disposiciones no sirve, aquí hay que entender el sentido y hay que entender el mecanismo, porque si entiendo el mecanismo y el sentido, entiendo la norma.

Y parece que es importante que la gente se vaya del aula conociendo cómo y dónde buscar lo que necesita y cómo investigar para acrecentar su conocimiento. Que sepas de memoria la norma, a mí no me interesa, te va a ayudar sí; pero no es lo esencial, lo esencial es que entiendas.

¿Cómo cree que la educación en derecho comercial debería adaptarse para preparar mejor a los futuros abogados para enfrentar los desafíos del mundo empresarial actual teniendo en cuenta además los cambios tecnológicos?

Bueno ¿cómo tiene que hacerlo? con el profesor, quien es quien tiene que bajar la tecnología. A ver, a mí esto me ha costado un horror, porque no tengo la flexibilidad que tienen mis nietos. A ver, mis nietos siendo más chicos toman un teléfono y me sacan veinte metros de ventaja y yo no puedo competir con ellos en ningún videojuego, estoy muerto a los dos minutos de empezar ya me liquidaron a mí con todas mis pertenencias y lo entiendo; pero tengo igualmente que sentarme para saber cómo funcionan los botones. Nosotros —los más adultos en la enseñanza— también tenemos que hacer deberes y parecería que los deberes no son sólo de los alumnos.

El profesor es el primero que tiene trabajar, tiene que hacer sus deberes, tiene que buscar, fichar, tiene que seleccionar, porque el alumno o estudiante no puede seleccionar qué es bueno y qué malo o para qué sirve cada recurso, porque no tiene el conocimiento para ello. Eso lo tiene que hacer el profesor. Hay que seleccionar y ver qué le doy y qué no le doy, y qué están preparados para recibir y que no están preparados para recibir ¿Cómo los puedo interesar? Hay que bajar al llano. Y la tecnología hay que sumarla. Hoy la gente está con la tecnología.

A ver, yo al principio hace años me enojaba con mis alumnos, porque empezaron los teléfonos celulares, uno de ellos tenía el teléfono y yo le dije “estás con tu novia” me dijo: “no profesor, estoy usando el Código de Comercio, lo tengo en el teléfono”, y yo no sabía que se podía tener un Código de Comercio en el teléfono, entonces estaba mirando el código, entonces claro a la clase siguiente entré y dije: “Bueno, todos tomen los teléfonos vamos a esta página y listo, vamos trabajamos con la página en esta, pongan buscador y busquen por la palabra ‘transformación’ a ver cuántas veces la encuentran en la ley, ¿catorce veces? bien dime la primera…”, y bueno de hecho estamos hablando de transformar una sociedad, y hay que rescatar lo que es útil, así que hay que hacer cosas.

Este año el Boletín Sociedades cumplió 14 años de continuas publicaciones, ¿nos podría dejar un mensaje a nuestros más de 20,000 seguidores que nos leen?

Mi mensaje es que seguramente muchos de ustedes se van a interesar en los temas a través de la docencia. No se crean eso del título de profesor. Cuando me dicen maestro o profesor yo siempre contesto que soy y seré alumno hasta el último día de mi vida. Eso es lo que quiero ser. Sean alumnos hasta el último día de sus vidas, porque es muy importante que se sigan formando y que sigan trabajando y estudiando. Lo que estudien y aprendan nadie se los podrá robar jamás.

No le tengan miedo a lo que viene. Lo mejor siempre está por venir. Tampoco tengan miedo a esas ideas sobre que con la cuarta revolución se va a acabar el trabajo. En las tres revoluciones anteriores se decía que iba a pasar eso y no ocurrió. El trabajo no cayó, sino que aumentó y fue de mejor calidad y con un mejor nivel de ingresos. Lo que pasa es que el trabajo cambió en esas revoluciones. Quizás tendremos que imaginarnos un mundo futuro diferente: haciendo cosas diferentes, estudiando de una manera diferente, transmitiendo de una manera diferente, enseñando de una manera diferente, liquidando de una manera diferente… pero siempre vamos a tener un rol que cumplir de alguna manera en la sociedad.

Y en ese contexto, el derecho siempre existió, porque sin el derecho la sociedad sería un caos, un mundo donde nadie sabría qué es lo de uno y qué es del otro, cuáles son los límites y los comienzos, los principios de cada cosa… El derecho es el gran pacificador de la sociedad.

Finalmente, me gustaría decirles a los jóvenes que no tengan miedo a creer en las personas mayores, quienes sabemos muchas cosas porque hemos estudiado por muchos años pero, fundamentalmente algunas enseñanzas las sabemos y podemos transmitirlas… justamente porque somos mayores.

Muchas gracias por la entrevista.

Construyendo soluciones: El papel actual del arbitraje en el sector construcción

Escribe: Adanaí Sharon RIVERA ROJAS

Asociada en STC ABOGADOS. Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: http://www.google.com

Resumen del artículo

En el sector de la construcción, sea que pertenezcan al ámbito público o al privado, la resolución de disputas demanda un enfoque que combine especialización técnica, neutralidad y flexibilidad. En ese contexto, el arbitraje emerge, en principio, como un mecanismo que maneja eficazmente los complejos conflictos que surgen en proyectos de gran envergadura. No obstante, debido a su alto costo y duración visto en la práctica, actualmente, se han ido implementando en las cláusulas de solución de controversias, mecanismos previos, dejando al arbitraje como el medio final y definitivo para resolver los conflictos, esta nueva visión tiene la finalidad de proteger la integridad de las obras en curso y crear un entorno de confianza que es esencial para atraer inversión y facilitar la colaboración global, garantizando el éxito de los proyectos.

II. Desarrollo del artículo

Los proyectos de construcción son intrínsecamente complejos, lo que hace inevitable la aparición de disputas, incluso después de su ejecución. Por ese motivo, estos conflictos requieren resolverse de manera rápida y eficiente para evitar retrasos y sobrecostos que puedan comprometer el éxito del proyecto. Para lograrlo, es crucial que las partes involucradas puedan contar con mecanismos efectivos de resolución de disputas que respondan a estas particularidades de manera adecuada.

Es así que, en un principio, el arbitraje se presentó como la vía más adecuada para resolver conflictos en el ámbito de construcción (sea público o privado), ya que permite que el problema sea revisado por un tribunal arbitral con conocimiento previo y un grado de familiaridad con la industria, garantizando así un análisis profundo de las complejidades técnicas y contractuales involucradas. Además, su flexibilidad y confidencialidad ofrecen un entorno favorable para la resolución efectiva de disputas, evitando los largos y costosos procesos judiciales que podrían comprometer la viabilidad del proyecto. (Herrada y Prado, 2020)

No obstante, en los últimos años, el arbitraje en el sector construcción ha enfrentado críticas debido a sus altos costos y la prolongada duración de los procedimientos demostrados en la práctica, factores que se han visto exacerbados incluso luego de la época post–COVID. Esto ha producido una creciente preferencia por mecanismos adicionales en el marco del derecho de la construcción, como es la implementación de los Dispute Boards. Estos órganos permiten una resolución de conflictos más ágil y menos costosa proporcionando una alternativa eficiente y preventiva ante los conflictos que puedan surgir a lo largo de un proyecto de construcción. (Paredes, 2013)

Esta premisa se puede apreciar en la encuesta anual elaborada por la Queen Mary University (1). En su estudio “2021 International Arbitrarion Survey: Adapting arbitration to a changing world” en el cual se señala que el 31% de los encuestados prefieren al arbitraje como medio único para resolver controversias, mientras que el 59% prefiere utilizar el arbitraje con otros métodos alternativos de resolución de disputas (ADR, por sus siglas en inglés):

Fuente: https://acortar.link/uQ9xH5

El diagrama nos refleja que, a pesar de las críticas hacia el arbitraje por su alto costo y duración, no implica que se prefiera recurrir a otros sistemas de resolución de conflictos de manera exclusiva, esta idea solo tiene el 9% de preferencias. Es decir, si bien actualmente se considera que el arbitraje debe complementarse con otros mecanismos que faciliten la resolución temprana y eficiente de disputas, sigue manteniéndose como el mecanismo definitivo por excelencia, confiable para la resolución final de conflictos complejos en el sector de la construcción, por lo que no se puede afirmar que será reemplazado.

Por lo tanto, debido al desarrollo del sector construcción, podemos concluir que el arbitraje se presenta como el mecanismo de resolución de conflictos final y definitivo que debe encontrarse complementado con otros mecanismos de soluciones previos, por lo que actualmente se está conformando un sistema integrado de solución de conflictos eficaz frente a los conflictos inherentes a este sector.

Nota

(1) Si bien el diagrama hace referencia a la preferencia en resolver disputas transfronterizas, recordemos que, actualmente los contratos en construcción de vital relevancia en el ámbito nacional en su mayoría son elaborados bajo esquemas internacionales debido a la inversión de empresas extranjeras, por lo que dicha data es vinculante.

Referencias

Herrada, Tatiana y Prado, Diego. 2020. “La eficiencia en la conducción del arbitraje de construcción”. Derecho & Sociedad, n° 55: 305-323.

Paredes, Gustavo. 2013. “Dispute boards y arbitraje en construcción: ¿compiten o se complementan?”. Arbitraje PUCP, n° 13: 79-85.

Queen Mary y White & Case. 2021. “2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world”. https://acortar.link/Wp6PYh

¡Han embargado mi casa y no soy el deudor!

Escribe: Isabeau Carolina BARREDA ESPINOZA

Estudiante de 5° año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades- GES.

Fuente de imagen: http://www.acantoinmobiliaria.com

La autora plantea este supuesto: Compramos una casa mediante un contrato privado con firmas legalizadas. Años después, nos enteramos que, sobre nuestra propiedad ha recaído un embargo a solicitud del acreedor de nuestro vendedor en un proceso único de ejecución (PUE) que está en etapa de ejecución. Así, formula estas preguntas: ¿Qué podemos hacer para defender nuestro derecho de propiedad y lograr la desafectación del bien inmueble?

Frente a esta situación, el artículo 533 del Código Procesal Civil (CPC) brinda como herramienta a la tercería de propiedad, institución jurídica que necesita para su configuración de un sujeto procesal principal, denominado “tercerista”, y de un demandante y demandado en un proceso de cognición o ejecución en el cual se haya afectado el bien del “tercerista”, cuyo único interés radica en la desafectación de su bien.

Según el marco normativo, en este caso, el afectado que es tercerista deberá presentar su demanda de tercería contra las partes del PUE, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 130, 424, 425 y naturalmente el artículo, 533 del CPC.

Así, tendrá que probar su derecho de propiedad, presentando un documento público o de ser privado, que cuente con fecha cierta. No obstante, se podrá admitir la demanda si el “tercerista” presenta garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios. Cabe señalar que, la tercería de propiedad también podrá fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales y solo podrá interponerse antes que se inicie el remate del bien.

Ahora bien, en el ejemplo que nos ocupa, admitida la demanda de tercería contra las partes del PUE, teniendo en cuenta la etapa procesal y el artículo 536 del CPC, se suspende la ejecución. Resulta que el mismo juez que tramita el PUE, conocerá la tercería de propiedad en la vía abreviada. Recordemos que, según lo establecido en el VII Pleno Casatorio Civil, de tratarse de propiedad no inscrita se ven “descartados los criterios registrales” ya que no es requisito fundamental la inscripción registral para que la propiedad sea oponible a un embargo judicial, siempre que se cuente con un documento de fecha cierta anterior a la traba del embargo, tal como se advierte en el presente caso.

Como puede verse, las tercerías de propiedad son instrumentos procesales eficaces que brindan tutela a los legítimos propietarios a fin de que logren la desafectación de sus bienes, cuando no forman parte de la relación material. Es el proceso adecuado para la realización del derecho de propiedad, ya que se privilegia el derecho real del tercerista frente al derecho personal de crédito del acreedor embargante.

Referencias

Ariano Deho, Eugenia. 1998. El Proceso de Ejecución. Lima: Editorial Rhodas. VII Pleno Casatorio Civil – Casación N° 3671-2014-Lima. Corte Suprema de Justicia de la República. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Septimo-Pleno-Casatorio-Civil-Casacion-3671-2014-Lima-LP.pdf

El hábito de leer: Reflexiones desde la FIL

Escribe: Milagros Elizabeth ALVA LÓPEZ

Bachiller en Derecho de la UNMSM

Fuente imagen: http://www.fil-lima.com.pe

La 28° Feria Internacional del Libro (1) en su Edición Bicentenario abrirá sus puertas desde el 19 de julio al 06 de agosto del presente año en el Parque Próceres de la Independencia y, como en todas las ediciones, su catálogo cuenta con la presencia de autores nacionales y extranjeros de diversas especialidades. Toda vez que, dicho evento cultural no solo atrae a aficionados de la literatura y la cultura, sino al público en general por las novedades que ofrece. Asimismo, consigo ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la importancia del hábito de la lectura en diversas áreas del conocimiento, incluyendo el derecho. En este contexto, es crucial analizar cómo los estudiantes de derecho perciben y aprovechan esta celebración literaria para enriquecer su formación académica y profesional.

Es preciso señalar que los estudiantes de derecho, a menudo inmersos en una carga académica densa y exigente, pueden ver la lectura de textos no jurídicos como un escape o un lujo que no pueden permitirse. Sin embargo, el brindarse espacios para leer una novela, un cuento o una poesía no solo puede considerarse una distracción o salir de la rutina, sino que también una fuente de conocimientos y perspectivas para un desarrollo integral en el ámbito profesional y personal. Por ello, eventos como la Feria Internacional del Libro ofrecen una oportunidad invaluable para ampliar sus horizontes más allá de los rigores legales. La diversidad de libros disponibles, desde literatura clásica hasta obras contemporáneas de diversos géneros, no solo nutre el intelecto, sino que también desarrolla habilidades de análisis crítico y comprensión profunda que son esenciales en la práctica del derecho.

La participación activa de los estudiantes en la Feria Internacional del Libro no solo fortalece su formación académica, sino que también contribuye a su desarrollo personal y profesional. Al explorar libros sobre historia, filosofía, ciencias sociales y otros temas, los estudiantes adquieren perspectivas interdisciplinarias que enriquecen su comprensión del contexto en el que operan las leyes y los sistemas jurídicos. Este enfoque amplio no solo los prepara para abordar casos desde diferentes perspectivas, sino que también los capacita para comunicarse efectivamente con clientes, jueces y colegas.

En definitiva, la Feria Internacional del Libro representa un espacio que fomenta el crecimiento intelectual y profesional de los futuros abogados. En ese sentido, el alentar a los estudiantes de derecho a participar activamente en esta celebración literaria, no solo promueve el hábito de la lectura fuera de las disciplinas legales, sino que también se fortalece su capacidad para ejercer el derecho de manera más comprensiva y ética. Es fundamental que las universidades, instituciones y los profesionales del derecho continúen apoyando estas iniciativas, asegurando que cada generación de abogados esté preparada no solo en términos técnicos, sino también en cuanto a su comprensión profunda del mundo que los rodea. En razón a que, la lectura, en todas sus formas, sigue siendo una herramienta indispensable en la formación de mentes críticas y ciudadanos comprometidos con la justicia y la equidad en nuestra sociedad.

(1) Programa e información sobre la Feria Internacional del Libro: https://fil-lima.com.pe/

Acciones efectivas del INDECOPI contra barreras burocráticas

Escribe: Kiara VALDIVIA URBANO

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM

Fuente imagen :www. indecopi.gob.pe

I. Introducción

El ejercicio de la libertad irrestricta y carente de parámetros regulatorios siempre es un problema, pues las regulaciones son fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier Estado. En un país donde la inversión es vital y el interés privado es uno de sus ejes principales, resulta esencial contar con un marco normativo que proteja dicho interés. Así, se establecen barreras para determinar restricciones, condiciones y requisitos que deben ser cumplidos por los agentes privados, con la finalidad de satisfacer su interés y, a su vez, respetar el interés público cuya tutela está a cargo de entidades de la administración pública (2).

El problema yace cuando dichas barreras se convierten en trabas que obstaculizan, generan sobrecostos y afectan la competencia e interés en el mercado impidiendo el acceso o permanencia de los agentes económicos a éste por medio de barreras burocráticas ilegales o irracionales.

En esta lectura, observaremos la repercusión de las barreras burocráticas en la economía de nuestro país y los logros que nos ha traído la promoción de su eliminación.

II. Impacto económico de las barreras burocráticas en nuestro país

De acuerdo al documento, “Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú 2023” (3), elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi, el impacto que las barreras tengan difiere según la clasificación de la barrera burocrática de la que se hable; pues, mientras las barreras de requerimiento (4) incrementan los costos de inversión, las barreras de impedimento (5) reducen las utilidades empresariales y prohíben la inversión, viéndose las consecuencias reflejadas en una economía que desincentiva la inversión, con baja productividad, menor recaudación de impuestos y un decrecimiento del empleo.

2.1. Impacto de la imposición de barreras burocráticas

Al 2023, el impacto económico por imposición de barreras burocráticas de requerimiento ascendió a S/ 62.5 millones de los cuales los requerimientos de inversión fueron los que más gastos produjeron con un monto total de S/ 45.3 millones, en tanto los costos producidos por las barreras de impedimento alcanzaron los S/ 54.8 millones siendo el impedimento de mayor costo los plazos ilegales de diversos procedimientos con un total de S/ 26.4 millones.

En cuanto a entidades, los ministerios, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales representaron la mayor parte de los costos asociados a las barreras burocráticas ilegales o irracionales.

2.2. Impacto de la eliminación e inaplicación de barreras burocráticas

Con un total de 4720 barreras burocráticas eliminadas, se generó un ahorro de S/ 117 300 millones de soles, de acuerdo al documento inicialmente señalado.

La constante labor del INDECOPI por la promoción de la eliminación de barreras burocráticas en las entidades del Estado se reflejó en las más de 4000 barreras actualmente inaplicables, de las cuales 4311 barreras (91%) fueron eliminadas voluntariamente por instituciones de la administración pública representando un impacto favorable de S/ 43 900 000. Mientras que las restantes 409 barreras tuvieron orden de inaplicación general o particular generando un impacto económico de S/ 73 400 000 a empresas y ciudadanos.

III. Logros alcanzados a raíz de la eliminación de barreras burocráticas

Los logros alcanzados a raíz de la eliminación de barreras burocráticas no se limitan al gran ahorro obtenido de la eliminación de éstas, sino también a las experiencias exitosas que trajo consigo la eliminación de barreras ilegales y carentes de racionalidad impuesta por universidades, colegios profesionales y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

3.1. En el sector educación

Un total de 10 universidades, entre públicas y privadas, habían estado aplicando 107 barreras burocráticas ilegales que habrían perjudicado a más de 41 mil estudiantes y egresados. Dichas sobrerregulaciones principalmente se relacionaban con los trámites para la obtención del grado académico de bachiller en la que se exigía la presentación de documentos que la universidad ya tendría en su poder como el certificado de estudios, certificado de egresado, constancia de no adeudo y constancia de matrícula. Asimismo, INDECOPI identificó a 4 colegios profesionales que imponían 43 barreras con un costo estimado de S/ 1, 3 millones que afectaba a un aproximado de 19 mil profesionales.

Antes esto, la eliminación e inaplicación de estas barreras burocráticas representa una contribución significativa por parte del Indecopi pues contribuyó a reducir los gastos y agilizar los trámites para la obtención de una variedad de grados académicos.

3.2. En la tercerización laboral

Tras diversas denuncias de distintos sectores económicos ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) debido a la imposición de 2 barreras burocráticas por parte del MTPE que restringían la tercerización de actividades, finalmente la comisión determinó que ambas barreras carecían de legalidad. Esto se sustentó en la Ley N° 29245, Ley que regula los Servicios de Tercerización, pues en su artículo 3 manifiesta que los contratos de tercerización no deben tener limitaciones sobre las actividades que pueden ser objeto de tercerización; es decir, una empresa tercera puede hacerse cargo de una parte integral del proceso productivo, sin restricciones.

Es así que INDECOPI evitó que más de 30 mil empresas resultaran afectadas por las barreras impuestas por parte del MTPE y su consecuente inaplicación general habría generado un ahorro total de S/ 31,6 millones.

Por lo anteriormente expuesto, es innegable la labor que viene haciendo el INDECOPI. No obstante, la lucha y prevención de la imposición de barreras burocráticas sigue con mucho camino por recorrer. No sólo por lo que significa la limitación a la entrada a los diversos mercados o miles de limitaciones para su permanencia en este, sino, también porque a día de hoy, y pese a los diversos esfuerzos por eliminar estas barreras que tanto perjuicio causan, siguen existiendo demasiadas entidades, que responden a necesidades básicas, plagadas de trámites forzosos, trabas y obstáculos. Priorizar estas en la serán fundamentales para encaminarnos al desarrollo sin dejar de lado la correcta administración pública.

Notas

(1) Noticia: “Eliminación de barreras burocráticas significó un ahorro superior a los 117 millones de soles para la economía del país”, https://acortar.link/YpB1zX

(2) Indecopi. 2023. https://acortar.link/RsYEu7

(3) Indecopi. 2024. https://acortar.link/tkMLXs

(4) Las barreras burocráticas de requerimiento corresponden al pago de tasas administrativas de trámite, la presentación de documentos administrativos y la realización de inversiones para cumplir con la regulación.

(5) Las barreras burocráticas de impedimento no exigen pagos directos, sino constituyen prohibiciones indefinidas o temporales y plazos mayores a los legales para la tramitación de procedimientos administrativos.

Hacia la consolidación de la Economía de Mercado con Responsabilidad Social y la gestión efectiva del modelo

Escribe: María Alejandra CASTILLO ESCUDERO

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente Imagen: http://www.asociaciónliteraria.org

I. Introducción

Durante el último siglo, la economía y el Derecho han adquirido una importancia significativa como disciplinas académicas, dando múltiples expresiones, las cuales han sido impregnadas en nuestra Constitución Política. Un ejemplo paradigmático de esta influencia es el modelo económico denominado «Economía de Mercado con Responsabilidad Social», instaurado como régimen económico nacional desde 1979. Este sistema se distingue por su enfoque en la consecución de una amalgama entre los principios del libre mercado y consideraciones éticas y sociales, aspectos que en ocasiones son subestimados. Dicho sistema, en grandes rasgos, postula la idea de que las empresas no solo deben buscar la rentabilidad en sus operaciones, sino que también deben asumir responsabilidades con respecto a la sociedad y el medio ambiente a través de los principios fundamentales que estructuran dicho modelo.

Este planteamiento reafirma la noción de que, en aras de un desarrollo económico sostenible, las empresas deben ser conscientes de su impacto más allá de los límites de su actividad mercantil. En la actualidad, es innegable que existen divergencias respecto a este modelo, y un sector considerable de la población aboga por una nueva Constitución Política. Esta postura se evidencia claramente a través de diversas entrevistas, donde las respuestas mayoritarias incluyen críticas como: «La constitución favorece a los grandes empresarios en detrimento de la población común», «El capítulo económico necesita modificaciones para ser más beneficioso para la población», y «Esta Constitución está diseñada para los monopolios que controlan el Perú», entre otras. Es crucial destacar que, si bien este régimen económico parece adecuado «en teoría», en la práctica no se observan los resultados esperados debido a la manera en que los agentes económicos y el Estado desempeñan sus roles.

En este escenario, diversos actores políticos presentan nuevas propuestas de modelos económicos como respuesta a la insatisfacción generalizada. Sin embargo, en muchos casos, estos modelos resultan ser simplemente una réplica del marco existente en nuestra constitución. En otras palabras, aprovechan las deficiencias en la administración del modelo actual para ofrecer a la población una visión utópica de un supuesto «nuevo» modelo económico que ya está en vigor. Frente a este desafío, el objetivo central de este artículo es elaborar y respaldar la razón por la cual la Economía de Mercado con Responsabilidad Social se presenta como el modelo óptimo para regir en la Constitución Política del país. Esto se logrará mediante el desarrollo de un marco teórico con el propósito de proporcionar información esencial que permita un análisis crítico más profundo frente a las propuestas de diversos actores políticos que, en apariencia, introducen nuevos modelos, pero que, en realidad, son meras reproducciones de este enfoque.

II. Origen y desarrollo de la Economía de Mercado con Responsabilidad Social

2.1. Estado de bienestar

La Economía de Mercado con Responsabilidad Social tuvo como antecedente al Estado de Bienestar el cual es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se designa una propuesta política o modelo general del Estado, según en la cual es el Estado el que debe proveer de servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de sus habitantes.

Es decir, un conjunto de acciones que hace el Estado a través de los gobiernos que buscan dar una mayor atención a la redistribución de la riqueza en busca del bienestar general de toda la población. Entre los países que desarrollaban dicho modelo se encontraba a Alemania, EE.UU, etc.

  • ¿Cómo se implantaba?

La principal vía de redistribución de la riqueza se hacía mediante los impuestos y las tasas. Es decir que a través estos el gobierno tenía unos ingresos donde podrán invertir donde hace más falta, por ejemplo: la sanidad, el desempleo, etc. Los pilares fundamentales los cuales prevalecían sobre este eran (i) conseguir que la salud sea universal y gratuita; (ii) educación de calidad, universal y gratuita; (iii) prestaciones y subsidios; (iv) pensiones jubilación, invalidez, de orfandad, etc.

  • Caída del Estado de Bienestar y surgimiento del nuevo modelo económico

La crisis del Estado de Bienestar comenzó a gestarse en la década de los 70 debido a diversos factores como (i) cambios económicos y sociales; (ii) la globalización; (iii) el auge del neoliberalismo como corriente político-ideológica; y (iv) Post de la Segunda Guerra Mundial.

Países como Alemania buscaron una respuesta a través de un nuevo modelo económico. Es así como nace el modelo de Economía de Mercado con Responsabilidad Social. Según Resico (2019), la “Economía de Mercado con Responsabilidad Social fue desarrollada como una alternativa liberal frente a la economía planificada y como una alternativa social a la economía de mercado al estilo clásico” (p.125).

Dicho enfoque de pensamiento fue liderado por figuras destacadas como Müller-Armack, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, y los miembros de la Escuela de Friburgo (Walter Eucken, Leonhard Miksch, Franz Böhm) en su calidad de ordo-liberalistas. Mientras que la implementación práctica de la Economía de Mercado con Responsabilidad Social fue promovida por el ministro de Economía en 1948, Ludwig Erhard, como parte de las políticas económicas de la República Federal de Alemania (Resico, 2019).

2.2. Componentes antecesores que aportaron a la Economía de Mercado con Responsabilidad Social

2.2.1. Democracia cristiana

La Democracia Cristiana introdujo un elemento innovador al incorporar los principios de la iglesia en su enfoque político. Este cambio buscaba enfocarse en los individuos, promoviendo el mensaje de considerar a las personas como sujetos de importancia. De este planteamiento surge el concepto de compensación social.

En este sentido, el cristianismo dejó de ser simplemente una creencia religiosa para convertirse en un proyecto político. Este enfoque se presentó como una alternativa a los extremos del individualismo, que niega los valores occidentales de la sociedad, al comunismo y a cualquier forma de colectivismo, proponiendo la idea de integrar a la persona singular en la masa social de manera equilibrada.

2.2.2. La teoría liberal como dosis en la Economía de Mercado con Responsabilidad Social

La dosis inyectada en el nuevo modelo no solo consistió en principios humanistas, también se incorporó la teoría liberal, reconociendo la importancia positiva del mercado.

Además, se enfatizaba en la necesidad de que la competencia sea lo más libre y eficiente posible. Se abogaba por que las medidas económicas adoptadas por el Estado incentiven la libre competencia, contribuyendo así a un entorno económico más dinámico y eficaz.

Es que con estos dos componentes se da paso a una Economía de Mercado con Responsabilidad Social.

Ahora, que contamos con un marco teórico integral, estamos en posición de analizar las problemáticas que se presentan y elaborar una respuesta clara y precisa sobre la razón por la cual la Economía de Mercado con Responsabilidad Social debe mantenerse como modelo para nuestro mercado. A su vez, comparar este enfoque con otros modelos económicos que se presentan como soluciones salvadoras, pero que, en última instancia, su efectividad puede ser cuestionable.

3. La Economía de Mercado con Responsabilidad Social en el marco constitucional del Perú.

La Constitución Económica es la parte de la Constitución Política que contiene el conjunto de normas económicas que,  a  decir de Gutiérrez Camacho  (2013),  constituye  un  “[…] sistema constitucional económico,  pues  esta expresión da cuenta de una manera más cabal de que las normas económicas constitucionales se encuentran vinculadas y son parte de un todo armónico” (p. 6) (2).

Y si bien las reglas están establecidas en secciones separadas, deben ser leídas en forma concordada y armónica, puesto que el propósito es promover y alcanzar el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado, como deber primordial del Estado democrático de derecho (dimensión política). (Guerra, 2021, p.133). 

Ahora, las manifestaciones particulares de los fundamentos de la Economía de Mercado con Responsabilidad Social en la Constitución peruana son amplias. Encontramos; por ejemplo, el artículo 58 el cual establece explícitamente que el Perú se rige por la Economía de Mercado con Responsabilidad Social; el artículo 59 especifica la función económica que asume el Estado; el artículo 60 reconoce la diversidad económica y el principio de subsidiariedad estatal, entre otros.

Es decir, el Estado tiene el deber y compromiso de promover la compensación social entre todos nosotros. Pero no olvidando el papel de  “Estado fuerte” y/o “Estado débil”(3) según las diferentes dimensiones como lo político, económico y social.

Para efectos de un mejor entendimiento:

social? En caso afirmativo, ¿se trata de un precepto imperativo o facultativo?

A pesar de la ausencia de un término específico que establezca que el empresario debe conducir su actividad económica con responsabilidad social, es esencial conferirle contenido social. ¿Es justo que el Estado brinde amplia libertad al empresario para desarrollar su actividad económica sin que este contribuya al bienestar de su entorno social?

En este sentido, la descarga de la compensación social emerge como un imperativo para el empresario. Su compromiso con la comunidad se convierte en una responsabilidad inherente, subrayando la necesidad de contribuir al bienestar social dentro de los límites flexibles que proporciona la Economía de Mercado con Responsabilidad Social.

Es crucial reconocer que esta responsabilidad no solo impulsa una mayor cohesión social, sino que también refuerza la sostenibilidad y la legitimidad de las actividades empresariales en el marco de un sistema que busca armonizar el desarrollo económico con consideraciones éticas y sociales.

Un claro ejemplo lo tenemos con “Trafigura”, la cual es una empresa multinacional de comercio de commodities con alcance mundial, que actualmente, lleva 28 años en el mercado y tiene oficinas en 41 países, con las que suma más de 8,000 empleados a nivel global y que, en lo que compete a la responsabilidad social, posee la Fundación Trafigura en la que, a través de Venture Philanthropy, otorga capital a ONG´s para el desarrollo e implementación de programas relativos a dos campos: (i) empleo justo y sostenible; y (ii) cadena logística limpia y segura.

5. ¿Cuáles son las limitaciones que impiden que, en la realidad, la Economía de Mercado con Responsabilidad Social logre producir mayores ventajas para la población peruana?

En la realidad peruana, la Economía de Mercado con Responsabilidad Social se enfrenta a diversas limitaciones que restringen su capacidad para generar mayores ventajas para la población. Estas limitaciones pueden derivar de la ejecución ineficiente del modelo, la falta de compromiso de algunos actores económicos en adoptar prácticas socialmente responsables, así como deficiencias en la regulación estatal que garantice y fomente la responsabilidad social empresarial.

Entonces, ¿qué puede conllevar a la gestión efectiva del modelo? Considero que lo esencial para poder llevar una gestión efectiva es realizar cambios significativos en la forma de implementación del modelo económico más no en su fondo.

En lo político-social, se debe de fortalecer el proceso de descentralización. Siguiendo la visión de Luis Gallegos Molina, esto implica avanzar en la construcción de espacios territoriales competitivos, fundamentados en el criterio de unidad geoeconómica, que serviría como premisa fundamental para la creación de regiones sólidas y eficientes, lo cual conllevaría a ser atractivas a los empresarios que quieran invertir en nuevas regiones del Perú.

Y en el ámbito económico, considero que resulta relevante mencionar el Proyecto de la Ley Marco del Empresariado, ya que su implementación conllevaría a la unificación de los diversos regímenes que regulan la actividad empresarial en el Perú. Esto permitiría superar los cuerpos normativos existentes, introduciendo nuevas formas de actuación netamente empresarial que están actualmente siendo practicadas por el sector comercial peruano.

Así como estás opciones que promueven una Economía de Mercado con Responsabilidad Social, hay muchísimas más, es por ello que la carga más que en el modelo está en el propio Estado y su administración. En otras palabras, la efectividad del modelo dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para implementar y gestionar adecuadamente estas iniciativas.

6. Análisis jurídico-político sobre el modelo “Economía Popular con Mercados” popularizado en la última elección

Finalizando el presente artículo, consideré interesante un análisis jurídico-político de un modelo que se popularizado allá por el año 2021 durante las elecciones, en donde Pedro Francke, exasesor económico del expresidente Pedro Castillo, introdujo el concepto de «economía popular con mercados», generando expectativas sobre un posible cambio en los fundamentos económicos del país. Sin embargo, al analizar más a fondo este término, surgen algunas cuestiones.

A. ¿Existe un sustento teórico sobre dicho modelo?

En primer lugar, es relevante señalar que el concepto de «Economía Popular con Mercados» no tiene respaldo en textos económicos convencionales, es decir hay escasez de sustento teórico.

Originalmente, se presentó como una amalgama de las experiencias de líderes como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, adoptando una suerte de «evocorreísmo» adaptado al contexto peruano. Esto implica un enfoque estatal planificador, empresarial, industrializador y protector, buscando generar recursos internos a partir de la soberanía sobre los recursos del país.

En una entrevista con BBC Mundo, Pedro Francke describió la «economía popular con mercados» como un modelo que permite la libre actuación de la empresa privada, similar al sistema existente hasta el momento, pero con un componente redistributivo “más pronunciado” por parte del Estado.

La propuesta planteaba destinar los fondos obtenidos mediante políticas de redistribución de la riqueza y aumentar el gasto social en salud y educación, así como a brindar un mayor apoyo a los microempresarios tanto urbanos como rurales. Es ahí donde surge la pregunta:

B. ¿Realmente constituiría un nuevo modelo económico distinto al ya establecido?

Desde mi perspectiva, la respuesta es negativa. La propuesta de «economía popular con mercados» parece más una variante de la estructura existente, centrada en ajustar la balanza hacia una mayor intervención estatal y redistribución, sin suponer un cambio radical en los fundamentos económicos del país. En otras palabras, se trata esencialmente de un modelo con un nombre diferente. En este sentido, resulta crucial evaluar minuciosamente la viabilidad y los posibles efectos de tales ajustes antes de respaldar un cambio que, en última instancia, podría no representar una transformación significativa en el modelo económico peruano, sino más bien se propone para ganar cierto respaldo populista entre la población peruana.

7. Conclusiones

7.1. Relevancia de la Economía y el Derecho: A lo largo del último siglo, tanto la Economía como el Derecho han experimentado un incremento significativo en su importancia como disciplinas académicas, dejando una marcada influencia en la Constitución del país. Esto ha llevado a la consolidación de modelos económicos específicos, como la «Economía de Mercado con Responsabilidad Social».

7.2. Desafíos en la implementación del modelo: A pesar de la teórica idoneidad del modelo «Economía de Mercado con Responsabilidad Social», su aplicación ha enfrentado desafíos sustanciales en la práctica. Las discrepancias entre las expectativas teóricas y los resultados observados se deben, en gran medida, a las acciones de los agentes económicos y al desempeño deficiente del Estado en su rol regulador.

7.3. Demanda de una nueva Constitución: Existe un sector significativo de la población que aboga por una nueva Constitución Política, argumentando que la actual favorece a los grandes empresarios en detrimento de la población común. Estas demandas reflejan la insatisfacción generalizada con el marco constitucional existente, especialmente en lo que respecta a su relación con la economía.

7.4. Propuestas de nuevos modelos económicos: Ante las críticas y la búsqueda de soluciones, diversos actores políticos han propuesto nuevos modelos económicos, como la «Economía Popular con Mercados». Sin embargo, la profundización en estas propuestas revela que, en muchos casos, son más bien variaciones o ajustes dentro del marco existente que cambios radicales en los fundamentos económicos del país.

7.5. Necesidad de mejora en la gestión: La conclusión central es que la clave para abordar los desafíos económicos no radica tanto en la creación de nuevos modelos como en mejorar la gestión del modelo existente. Esto implica fortalecer la administración pública, corregir deficiencias en la implementación y garantizar que el modelo «Economía de Mercado con Responsabilidad Social» se aplique de manera efectiva para promover el bienestar general.

8. Notas

(1) Extraído del artículo de la Dra. María Elena Guerra-Cerrón (2021), cuyo título es “La responsabilidad social como imperativo en la Constitución económica peruana”. Ius Et Praxis, (52), 131-145.

(2) Extraído del artículo La Responsabilidad Social como imperativo de la Constitución Económica Peruana de la Dra. María Elena Guerra Cerrón, p. 5.

(3) Para la dimensión económica el Estado debe de ser mínimo porque necesitamos una mínima inversión para que haya libertad en el mercado. Respecto a la dimensión social y política el Estado debe ser fuerte, ya que el Estado debe de cumplir obligaciones como defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los DD. HH, proteger a la población de las amenazas de su seguridad y promover el bienestar general, etc. Con todo ello, no se defiende la “perfección” del modelo económico, puesto que en la práctica hay muchas carencias, y todo ello debe de ser objeto de superación por parte de las instituciones estatales y la deficiente administración pública.

(4) Extraído del artículo económico “Pedro Francke explica qué es economía popular con mercados que plantea Castillo”, del BBC New Mundo.

9. Referencias

Abugattas, J. “Economía de Mercado con Responsabilidad Social: ¿visión para el siglo xxi?”. En La economía social del mercado, 11-15, Fundación Hanns Seidel, 2001.

Guerra Cerrón, María Elena. “La responsabilidad social como imperativo en la Constitución económica peruana”. Ius Et Praxis, n° 52, (2021): 131-145.

Resico, Marcelo. Introducción a la Economía de Mercado con Responsabilidad Social. Konrad Adenauer Stiftung, 2019.

Rubio, M. El Estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006.

Schultze-Rhonhof, K. “Economía de Mercado con Responsabilidad Social: ¿visión para el siglo xxi?”. En La economía social del mercado, 28-52, Fundación Hanns Seidel, 2001.

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, asociación y sociedad en Perú

Escribe: Milagros Alejandra SALINAS ATENCIO

Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal al Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente imagen: http://www.google.com

I. Introducción

La legislación peruana sobre sociedades y organizaciones sin fines de lucro ha evolucionado para adaptarse a los cambios en el entorno empresarial y social. Las normativas relacionadas con la sociedad se encuentran en diversas fuentes legales, como la Constitución Política del Perú (1993), el Código de Comercio (1902), la Ley General de Sociedades (1998) y el Código Civil (1984). La Constitución reconoce el derecho a la libertad de asociación, esta disposición constitucional destaca la libertad de asociación como un derecho fundamental, permitiendo a las personas naturales y jurídicas unirse con la finalidad de perseguir objetivos comunes sin requerir autorización previa. bajo este principio surge la necesidad de regular estas agrupaciones, por lo cual, surge la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS) como columna vertebral del troquel normativo para las personas jurídicas con fines empresariales mientras que las organizaciones no lucrativas se regulan principalmente por el Código Civil, bajo las figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités. Adicionalmente, el Código Civil reconoce a la asociación, la fundación y el comité no inscritos como sujetos de derecho con identidad legal propia, aunque con un régimen de responsabilidad diferente al de las personas jurídicas.

En el presente artículo se analizarán de manera descriptiva los aspectos más relevantes de la de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (en adelante, EIRL), asociación y sociedades desde el punto de vista fundamental y básico, por lo tanto, el presente trabajo tiene por finalidad plasmar las falencias normativas que pude encontrar en mi experiencia en el ámbito laboral en el contexto de la pandemia, en los siguientes apartados se detallará con más precisión.

II. Marco legal de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, asociación y sociedad en el Perú

2.1. Marco legal de la EIRL

En el sistema legal peruano, la EIRL es una opción empresarial que permite a los emprendedores llevar a cabo sus actividades económicas con un marco de responsabilidad limitada. Esta figura, se regula mediante el Decreto Ley N° 21621, que establece las condiciones y requisitos para su creación, funcionamiento y disolución, buscando equilibrar la flexibilidad necesaria para impulsar la iniciativa empresarial y proteger los intereses de terceros.

Para crear una EIRL, es necesario cumplir con formalidades establecidas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, SUNARP), como presentar una solicitud que incluya el nombre de la empresa, la identificación del titular y el capital aportado. El capital, evaluado y registrado monetariamente, debe ser valorado y no puede ser embargado por deudas ajenas a la empresa, garantizando un límite claro a la responsabilidad del titular. Una vez completado el proceso de registro, la empresa individual de responsabilidad limitada adquiere una personalidad jurídica propia, lo que significa que se considera como una entidad legal independiente de la persona que la dirija. Esta independencia patrimonial es vital para limitar la responsabilidad del propietario, que no responde con su patrimonio personal por las deudas de la empresa (Pazos. 2017, 14).

A pesar de que la creación de una EIRL no exime a la compañía de sus responsabilidades fiscales, la supervisión y regulación del cumplimiento de estas obligaciones corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en adelante, SUNAT). Esto implica la obligación de cumplir con las normas fiscales establecidas, mantener una contabilidad adecuada y presentar declaraciones fiscales en los plazos establecidos.

El Decreto Ley N° 21621 en Perú, promulgada el 7 de diciembre de 1975, es un pilar crucial en la legislación peruana al instaurar el régimen legal de las EIRL. Este decreto, que ha sufrido cambios a lo largo de los años para ajustarse a las dinámicas del entorno empresarial, se presenta como un marco jurídico que aspira a brindar una estructura adaptable para los emprendedores, garantizando al mismo tiempo la protección de terceros y la supervisión efectiva por parte de las autoridades pertinentes.

En el contexto actual, el Decreto Ley N° 21621 enfrenta retos y oportunidades, como la digitalización de los negocios y los cambios en los modelos comerciales. La adaptabilidad de la legislación es esencial para mantener la relevancia y eficacia del marco legal frente a las dinámicas cambiantes del entorno empresarial.

Desde una perspectiva práctica, es crucial que los empresarios y pequeños empresarios comprendan completamente las implicaciones de elegir una EIRL, ya que la falta de conocimiento en áreas como las obligaciones fiscales y las responsabilidades legales puede llevar a consecuencias dañinas tanto para la empresa como para el propietario. La formación y el asesoramiento adecuados son vitales para garantizar el cumplimiento de la normativa y maximizar los beneficios de la EIRL como estructura empresarial.

2.2. Marco legal de asociación

En el Perú, las leyes que regulan las asociaciones y demás organizaciones sin fines de lucro se basan en la Constitución Política del país (art. 2°, inciso 13), y se complementan con disposiciones del Código Civil (art. 80º al 133°) y en caso de la asociación (art. 80° al 98°). Estas normas establecen los principios y parámetros legales que regulan la formación, funcionamiento y disolución de estas entidades, otorgando un marco jurídico que garantiza la libertad asociativa y promueve el bienestar social.

El énfasis en la actividad común y el fin no lucrativo subraya el carácter altruista y solidario de las asociaciones. La actividad común implica la cooperación de los miembros hacia un objetivo compartido, mientras que la ausencia de fines de lucro garantiza que las acciones de la asociación estén orientadas al bienestar social en lugar de obtener ganancias individuales. Este enfoque refuerza la vocación social de las asociaciones, alineándolas con principios de servicio y contribución a la comunidad.

El Código Civil también establece disposiciones sobre la creación y funcionamiento de las asociaciones. Define requisitos formales y establece la necesidad de la elaboración de estatutos, documentos que regulan la estructura interna, los derechos y deberes de los asociados, así como los objetivos específicos de la asociación. Este marco legal busca asegurar la transparencia y buen gobierno de estas entidades, garantizando que sus actividades se desarrollen de manera clara y en concordancia con sus propósitos originales.

En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, estas se encuentran reguladas fundamentalmente por el Código Civil del Perú, bajo las figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités (Belaunde y Parodi. 2017, 20). Estas organizaciones pueden desarrollar diversas actividades, sean de interés social o de beneficio mutuo de los integrantes y en el tráfico económico actúan diversas organizaciones no lucrativas (tales como las ONG’s, organizaciones comunales, instituciones educativas, sindicatos), muchas de las cuales carecen de identidad legal propia como personas jurídicas, adoptando la figura clásica de la asociación civil para gozar de capacidad civil.

2.3. Marco legal de sociedad

La LGS, identificada como Ley N° 26887, es un cuerpo normativo crucial que regula la creación, organización y funcionamiento de diversas formas de sociedades en el país. Fue promulgada el 15 de julio de 1997 y ha sido un factor determinante en la consolidación y desarrollo del entorno empresarial peruano al establecer los principios y requisitos que rigen la vida de las sociedades comerciales.

Sin embargo, es importante recalcar que el término «empresa» no existe en la LGS, lo que resalta la importancia de comprender la terminología legal específica al abordar cuestiones relacionadas con la actividad empresarial en el contexto peruano. Esta omisión subraya la necesidad de una interpretación precisa y aplicable de las normativas, así como la importancia de la formación legal continua para los profesionales y líderes empresariales que buscan operar de manera efectiva y ética en el país.

La LGS, es una referencia normativa clave en la regulación de las sociedades en el Perú. Define la sociedad como el acuerdo de varias personas para aportar bienes o servicios con el fin de realizar actividades económicas. Además, establece disposiciones sobre la distribución de beneficios y pérdidas entre los socios, enfatizando la proporcionalidad en relación con los aportes al capital.

Su división se configura de la siguiente manera: (i) sociedades de personas (sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad civil ordinaria, sociedad civil de responsabilidad limitada y sociedad comercial de responsabilidad limitada), (ii) sociedad de capitales (sociedad anónima) y (iii) sociedades intermedias (sociedad en comandita por acciones) (Becerra. 2005, 2).

Esta ley reconoce la libertad de pacto, lo que permite a quienes constituyen una sociedad establecer acuerdos y disposiciones específicas que regulen su funcionamiento interno. No obstante, esta libertad se encuentra sujeta a ciertos límites establecidos por la ley, que buscan salvaguardar el interés general y evitar posibles abusos.

La ley clasifica las sociedades en diversos tipos, entre las que destacan las sociedades anónimas (S.A.), que comprende todo un libro dentro de la LGS, y no es de sorprender ya que inicialmente se planteó ser la única forma societaria con sus tres modalidades: sociedad anónima ordinaria, sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta, pero se declinó esta intensión en la medida que vulneraba el principio de pluralismo económico consagrado en nuestra carta constitucional, y se añadieron las otras seis formas como las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.), en comandita, etc.

Cada tipo de sociedad tiene sus propias características, requisitos y ventajas, brindando a los empresarios flexibilidad para elegir la estructura que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos comerciales.

El proceso de constitución de una sociedad bajo la LGS implica la elaboración de estatutos, documentos que detallan las reglas internas de la sociedad, los derechos y deberes de los socios y la estructura de la empresa. Este requisito asegura la transparencia en la relación entre los socios y la adecuada gestión de la sociedad.

El capital social es otro componente central regulado por la mencionada LGS. Se establecen requisitos mínimos de capital para diferentes formas de sociedades, definiendo el respaldo financiero necesario para operar. Además, se establecen mecanismos para la emisión y transferencia de acciones en el caso de sociedades anónimas, proporcionando un marco claro para la participación accionaria.

La estructura orgánica de las sociedades también es objeto de regulación por la LGS. Se definen roles y responsabilidades para los órganos de gobierno y administración, como la junta general de accionistas y el directorio en el caso de sociedades anónimas. Esto contribuye a establecer límites y controles internos que aseguren la toma de decisiones adecuada y representen los intereses de los socios.

III. Análisis de EIRL, asociación y sociedad en el contexto de la pandemia

La pandemia en Perú ha generado desafíos significativos para las empresas, asociaciones y sociedades, que han tenido que adaptarse a las circunstancias excepcionales impuestas por la crisis sanitaria. Las medidas gubernamentales y las dinámicas del mercado han generado impactos directos en la forma en que estas entidades operan y se relacionan, lo que ha llevado a la necesidad de una evaluación crítica desde la perspectiva legal. De este modo, las empresas han tenido que replantear sus modelos de negocios y estrategias operativas para hacer frente a las restricciones y cambios en la demanda del mercado durante la pandemia.

En esa línea, esto ha planteado desafíos en términos de regulación laboral, contratos comerciales y protección de datos, donde las empresas han debido adaptar sus prácticas para cumplir con las nuevas normativas y garantizar la continuidad de sus operaciones. Las asociaciones, especialmente aquellas dedicadas a causas sociales y sin fines de lucro, han enfrentado retos únicos durante la pandemia. La limitación de eventos y actividades presenciales ha afectado directamente la capacidad de estas organizaciones para llevar a cabo proyectos, recaudar fondos y cumplir con sus objetivos.

Aunado a ello, la adaptación de las asociaciones a plataformas digitales para realizar eventos y actividades ha requerido una revisión de las normativas aplicables, asegurando que las transiciones sean conformes con las leyes de asociaciones y los reglamentos específicos. En el caso de las sociedades, especialmente las que operan en sectores más afectados por las restricciones, como el turismo o la hostelería, la pandemia ha generado presiones económicas y financieras significativas. Muchas sociedades han tenido que recurrir a medidas de reestructuración, renegociación de contratos y ajustes en su estructura de capital para enfrentar la crisis.

Desde la perspectiva legal, esto implica la necesidad de evaluar y adaptar los estatutos sociales, contratos y acuerdos comerciales para reflejar cambios en las operaciones y en la estructura financiera. El gobierno peruano ha implementado medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia, como programas de apoyo financiero, flexibilidad en el cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales, y la simplificación de procesos administrativos. Para las empresas, asociaciones y sociedades, comprender y aplicar estas medidas de manera adecuada ha sido fundamental para aprovechar los beneficios ofrecidos por el gobierno y mitigar los riesgos legales asociados con la crisis.

En términos regulatorios, la pandemia ha planteado interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas, asociaciones y sociedades en situaciones de fuerza mayor. La interpretación y aplicación de cláusulas contractuales relacionadas con eventos imprevisibles y las regulaciones de responsabilidad civil han sido aspectos críticos en el análisis legal, especialmente en casos de incumplimientos contractuales derivados de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia.

IV. Critica

4.1. La EIRL explota un fondo empresarial (Li. 2019, 30), pero no es sociedad, lo que puede limitar su capacidad para obtener financiamiento y desarrollar sus actividades. Esto puede dificultar la expansión y el crecimiento de la empresa, ya que la falta de fondos puede limitar la capacidad de la empresa para invertir en nuevas oportunidades y proyectos.

En comparación con otras formas de organización la EIRL es la segunda forma de organización empresarial preferida por los empresarios en el Perú, solo por detrás de la Sociedad Anónima (Li. 2019, 14). Esto sugiere que la EIRL cumple en cierta medida con las necesidades y expectativas de los empresarios en cuanto a flexibilidad, protección legal.

4.2. Sobre las organizaciones sin fines de lucro se ha resaltado la importancia de supervisar las actividades y el financiamiento de estas organizaciones para garantizar el cumplimiento de su actividad altruista, si bien reconoce la libertad constitucional de asociación y regula las figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités, cuenta con una amplia flexibilidad de su funcionamiento, su finalidad no lucrativa está protegida por la Constitución Política, lo que implica que no pueden distribuir ganancias entre sus miembros, pero si invertirlo para cumplir de mejor manera su finalidad.

Se critica la falta de sistematización en la transformación de estas organizaciones a sociedades que introdujo la LGS en otras normas, como el código civil, esto ha generado que las reglas que convergen en este acto no sean de todo claros y, por consiguiente, producen que el operador jurídico, por ejemplo En el caso de la calificación de la solicitud de inscripción, en los Registros Públicos, del acuerdo de transformación de asociaciones en sociedades, el operador jurídico es el Registrador Púbico y, en segunda instancia, los miembros del Tribunal Registral (Gómez. 2018, 5).

4.3. En el tema societario se cuestiona que la determinación obligatoria del objeto social pueda afectar la eficiencia de las sociedades, asimismo se establece que se prohíbe el voto de quien tenga conflicto de interés con la sociedad, lo que dificulta la gestión de los grupos de sociedades las acciones respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum de la junta general, pero no para establecer las mayorías en las votaciones.

Asimismo, se critica que esta prohibición de voto en ciertas situaciones es absoluta y no exige que el acuerdo sea lesivo para la sociedad, lo cual dificulta la gestión de los accionistas controladores o mayoritarios en la junta general de accionistas en la realización de los fines superiores del grupo sobre el de la sociedad específica (Hundskopf. 2017, 246).

V. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. La EIRL es una figura jurídica que en su planteamiento ha sido objeto de debate y críticas en relación con su adecuación para el contexto empresarial del país, como su unipersonalidad ya que tiene la peculiaridad de que es una persona jurídica de derecho privado que se constituye por voluntad unipersonal, lo que plantea preocupaciones en cuanto a la representación y la toma de decisiones en la dirección de la empresa. La unipersonalidad puede generar dificultades en la toma de decisiones y en la responsabilidad, ya que no existe un órgano directivo colegiado para coordinar y supervisar la dirección de la empresa.

5.2. Asimismo, es una persona jurídica, lo que implica una separación entre la empresa y su gestor, lo que puede dificultar la identificación de responsabilidades y la toma de decisiones en la dirección de la empresa. Esta separación puede generar conflictos y malentendidos en la relación entre el gestor y la empresa, lo que puede afectar negativamente el funcionamiento de la empresa.

5.3. La legislación peruana sobre sociedades y organizaciones sin fines de lucro ha evolucionado para adaptarse a los cambios en el entorno empresarial y social. Las normativas relacionadas con la sociedad se encuentran en diversas fuentes legales, como la Constitución Política del Perú, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles y el Código Civil. Las organizaciones no lucrativas se regulan principalmente por el Código Civil, bajo las figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités. Adicionalmente, el Código Civil reconoce como sujetos de derecho con identidad legal propia, aunque con un régimen de responsabilidad diferente al de las personas jurídicas, a la asociación, la fundación y el comité no inscritos. Sin embargo, estas organizaciones tienen un régimen especial de responsabilidad personal de sus miembros y administradores, según corresponda a su tipo social. Además, se establece que estas organizaciones no pueden ser disueltas por resolución administrativa. A pesar de esto, existe un debate en el país sobre la necesidad de reformas legales para mejorar la regulación de las fundaciones.

5.4. Aunque el término «empresa» no existe en la ley, esta reconoce la libertad de pacto, lo que permite a quienes constituyen una sociedad establecer acuerdos y disposiciones específicas que regulen su funcionamiento interno. La ley clasifica las sociedades en diversas modalidades, entre las que destacan las sociedades anónimas (S.A.) y las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.), brindando flexibilidad a los empresarios para elegir la estructura que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos comerciales. La supervisión adecuada y la actualización constante de las normativas son recomendaciones clave para mantener la integridad y legalidad en las operaciones empresariales y de organizaciones. La formación legal continua y la consulta con profesionales del derecho especializados son prácticas recomendadas para una toma de decisiones informada y una interpretación precisa y aplicable de las normativas.

5.5. Asimismo, es interesante el derecho a la disminución de la participación: La Ley garantiza el derecho a la disminución de la participación de los trabajadores en las sociedades, lo que permite a los empleados tener una mayor participación en la toma de decisiones y beneficiarse de las ventajas que suelen derivar de la transformación en sociedades.

VI. Referencias

Becerra, Marcela. “Régimen societario en el Perú”. Bancoldex. Secretaria general de Bancoldex. Estudio del régimen legal peruano, (2005): 1-35. https://cutt.ly/Aw4yvvqL

Belaunde, Javier y Parodi, Beatriz. “Marco legal del sector privado sin multas de lucro en Perú”. Apuntes, n° 43, (1998): 19-44. https://cutt.ly/sw4yvI74

Gómez, Danilo. ”Transformación de asociaciones a sociedades anónimas: Criticas al criterio establecido por el Tribunal Registral y análisis de su legalidad. Propuesta de procedimiento de inscripción en el Registro de Sociedades”. Trabajo Académico para optar el título de Segunda Especialidad en Derecho Registral. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. https://cutt.ly/Tw4yv9VR

Hundskopf, Oswaldo; Payet, José; Montoya, Alfonso; y Ferrero, Guillermo. “Mesa redonda: reforma de la ley general de sociedades en el Perú”. THĒMIS–Revista de Derecho, (2017): 237-257. https://cutt.ly/Tw4yv5Dm

Li, Juan. “Cambios urgentes a la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada”. Tesis para optar título profesional de Abogado. Universidad San Ignacio de Loyola, 2019. https://cutt.ly/fw4ybyl2

Pazos Hayashida. “Empresa Individual y transformación de la entidad (o la discusión sobre la pluripersonalidad de la persona jurídica”. THĒMIS-Revista de Derecho, (2017):13-22. https://cutt.ly/Ww4ybsFV

Justicia y verdad material: A propósito de la “prueba ilícita” en el derecho procesal

Escribe: Daniel RICHTER DEVILLE

Estudiante de séptimo ciclo de Derecho en la Universidad de Lima

Fuente:www.mauricioabogados.com

El autor, a partir de una reflexión sobre la finalidad del proceso, se formula varias preguntas ¿Qué es la verdad procesal? ¿Cuál es la finalidad verdadera del proceso? En este contexto expone acerca de la “prueba prohibida” en el derecho procesal y su incidencia en la búsqueda de la verdad material

¿Es realmente el objetivo del proceso la búsqueda de la verdad? Considero que, para el derecho procesal, no. Iniciemos desarrollando conceptos. Primero, la verdad procesal consiste en llegar a la verdad mediante todas las herramientas procesales dispuestas en la ley. Segundo, la verdad material, está referida a los hechos materiales tal como ocurrieron. Tercero, la prueba ilícita es definida como toda prueba que haya sido obtenida mediante la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales.

Identifiquemos la relación entre estos tres conceptos. Si la prueba ilícita puede ayudar a demostrar la verdad material, pero nuestro ordenamiento jurídico la excluye ¿Acaso su exclusión afecta la búsqueda de la verdad material? Considero que sí. El proceso es la herramienta que nos ayuda a saber cuál de las partes tiene razón, por lo que, si se limita un instrumento como la presentación de una prueba por razones de forma, se está afectando irreparablemente la búsqueda de la verdad. Por lo antes indicado, la prueba ilícita colisiona directamente con la verdad procesal, debido a que esta no se incluiría en el proceso por ser una herramienta inválida.

La prueba ilícita nace a principios del Siglo XX en USA con un carácter disuasor, es decir, su finalidad era que la policía americana, que en ese tiempo se sabía que era corrupta, no pueda abusar de su poder y manipular a los ciudadanos, en sentido que toda prueba recolectada no seguía un proceso, lo que no daba garantía ni credibilidad.

Considerado esto, puede afirmarse que la prohibición de admitir una prueba ilícita sirve para proteger los derechos fundamentales de las personas. Esto crea el siguiente dilema, si la prueba ilícita es la única forma de demostrar la verdad, pero esta no puede ser utilizada, entonces la finalidad del proceso de obtener la verdad material se ve afectada.

Por esto se crean en el derecho americano, las excepciones al criterio de exclusión de la prueba ilícita. Entre estas podemos encontrar al descubrimiento inevitable, nexo causal, ponderación de derechos, entre otras. Estas nacen con el objetivo de que no se desvirtúe la finalidad de encontrar la verdad material, pero a la vez para seguir protegiendo los derechos fundamentales.

Gracias a las excepciones, la inclusión de la prueba ilícita se ha vuelto la regla y no la excepción, y considero que está bien que así sea. Como se ha establecido al inicio, la finalidad del proceso es encontrar la verdad material, y la exclusión de pruebas que puedan llegar a demostrar los hechos no hacen más que perjudicar al proceso, por lo que su inclusión es fundamental para la obtención de la verdad, y su exclusión ocasiona un daño irreparable a la sociedad y a la justicia.