Transformación digital: El mayor desafío de los negocios

Escribe: Mariela Ccencho Condori

Miembro Honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: https://thelogisticsworld.com

Hace poco salió en diario Gestión del 25 de agosto un artículo de Mirtha Trigoso quien indica que el 67% de hogares del oriente (Loreto, Amazonas, San Martin, Ucayali) inició un negocio en pandemia, y esto se debió sobre todo a que muchos hogares se vieron afectados y tuvieron que buscar nuevas formas de ingresos. En Lima, el 48% de hogares también iniciaron negocios; el norte, con el 41%; el centro, con el 37%, y el sur, con el 24%.

Cabe precisar que, el universo de empresas en el Perú se concentra básicamente en dos actividades: serviciosy comercio (entre ambos hacen un poco más del 80% del total de empresas). Les siguen el resto de los sectores, como manufactura, construcción, agropecuario y pesca, minería e hidrocarburos.

Aquí entra a tallar un aspecto muy importante: la tecnología. Pues, durante todos estos meses, hemos visto que los emprendimientos se han expandido gracias a canales digitales, y empresas ya existentes han tenido que migrar a estos canales.

Entonces, el punto que quiero resaltar es: que el mayor desafío que tienen los negocios a la actualidad es adaptarse a la transformación digital. Por ello se habla bastante de las startups (compañía innovadora con base tecnológica) y e-commerce (que permite una gran comercialización a través de canales digitales). En relación a este último, indica la Cámara de Comercio de Lima que, “de acuerdo al reporte oficial de la industria e-commerce en Perú 2021, en el país el número de negocios online se cuadruplicó en el último año, aumentando de 65,000 a 263,000. Asimismo, alrededor de 9 millones de peruanos compraron por internet al menos una vez durante el último año” (Gestión del 24 de agosto, 7).

Teniendo ese panorama, y agrego dos ejemplos más, que fueron también anunciados en estos últimos días, como la peruana Yanbal (comercio de productos de belleza, más conocida por su marca Unique) que proyecta que el 80% de sus sedes contarán con sus negocios digitalizados para finales del 2022, y la compañía Zara Home (española, comercio de decoración de interiores hogar) que lanzó su canal online en Perú para ventas de últimas tendencias en su sector; definitivamente llegamos a la conclusión de que los negocios deben adaptarse a la transformación digital para su mayor productividad.

Dicho todo ello, me gustaría finalizar el presente comentario señalando unas recomendaciones puntuales a la hora de iniciar un negocio en la actualidad: Se debe analizar el público objetivo de venta, conocer el mundo de los negocios y ver la problemática del sector al cual quieres dedicarte; elabora un plan de negocios y organiza tu tiempo; planifica tu proyecto de emprendimiento en largo plazo; es importante tener la capacidad de adaptación por el constante cambio del mercado; y lo más importante, determina los canales de venta y no dejes pasar el mundo de la tecnología, esto implica formar tu imagen digital, participación activa en redes sociales (ojo que la red social a utilizar es dependiendo de tu público objetivo, puede ser Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, etc.), porque recuerda, la tecnología ahora se ha convertido en un elemento clave para la mayor productividad, y finalmente, atrévete a ser competitivo.

¿Es la contracautela un presupuesto para el dictado de medidas cautelares?

Escribe: Fernando ARIAS-STELLA PANIAGUA

Estudiante de Derecho de la Universidad de Lima.

El autor considera que aún se advierte confusión respecto a la naturaleza de la contracautela -también llamada caución- que es ofrecida en la solicitud cautelar pero que no constituye un presupuesto para el dictado de medidas cautelares.

De la lectura del artículo 613° del Código Procesal Civil, se establece que se trata de una garantía para la contraparte, ya que, expresamente se señala que su finalidad es “asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios que le pudiesen causar”. Efectivamente, la contracautela es una herramienta reparadora frente a medidas cautelares innecesarias, o inclusive de mala fe.

No debe confundirse la medida cautelar con la contracautela y mucho menos confundir las características de cada una. Justamente, Monroy, establece que la caución no se sujeta a las características de las medidas cautelares, ya que, su admisión no ha de tener la concurrencia de un derecho verosímil y/o de uno en peligro irreparable en demora del mismo proceso principal (2000, 264).

La confusión no solo limita el acceso a la tutela cautelar, sino que “crea” un presupuesto adicional para el dictado de medidas cautelares, cuando es un requisito para su ejecución. Al respecto, la profesora Guerra Cerrón (2019, 316), señala que una vez que se dicte la medida cautelar y que el juez haya precisado en qué consistirá la contracautela entonces el solicitante debe cumplir con acreditar la misma en el proceso, para que se ejecute o realice la medida cautelar.

Por su parte, Priori explica que cuando ya se hubiese realizado el juicio de procedencia de la medida cautelar, se pasa a un segundo momento en donde se da la ejecución de la medida que ha sido concedida por el órgano jurisdiccional (2006, 95).

Justamente, para que ello proceda, se entiende que el Juez debe evaluar si el solicitante de la medida cautelar ha ofrecido una caución debida. Ante ello, el juez decidirá conceder o rechazar la medida solicitada, sin tener consideración alguna sobre la contracautela, pues, esta es solo relevante recién en la ejecución de la medida cautelar.

Los únicos presupuestos para dictar medidas cautelares son la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la contracautela. Teniendo lógicamente en cuenta que este último debemos entenderlo como un mero requisito para la ejecución de la misma. Ante ello, solo debe estar condicionada a la apariencia de un derecho verosímil, la apreciación de la existencia de un peligro procesal o material irreparable en la demora y a la conexión entre la forma de la cautela pedida y lo que sería la causa central del debate, esto es lo que analiza en prejuzgamiento.

Luego si se confirman los presupuestos resulta exigible la contracautela como requisito de ejecución para lo cual se realizará un examen de la suficiencia de la garantía de resarcimiento a la parte que podría verse afectada con la ejecución de la medida.

Referencias

Calamandrei, Piero. 1936. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina.

Guerra Cerrón, María Elena. 2019. Acceso a la justicia cautelar. Lima: Instituto Pacífico.

Hinostroza Miguez, Alberto. 2015. Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica.

Priori Posada, Giovanni. 2015. Sobre la tutela cautelar. Lima: Themis.

Priori Posada, Giovanni. 2006. La tutela cautelar. Lima: ARA Editores.

Imagen: https://www.morilla.com.ar/tag/contracautela/

La “actividad probatoria” de oficio en el proceso civil peruano

Escribe: Amaury Sebastián MUÑOZ LAOS

Estudiante de 2do año de Derecho en la UNMSM. Miembro principal del Taller de Derecho Procesal “Mario Alzamora Valdez”

El autor analiza el contenido del artículo 194 del Código Procesal Civil (CPC), a partir del enfoque procesal publicista y el garantista, y concluye que el modelo peruano es mixto puesto que, los medios probatorios de oficio se admiten excepcionalmente,  siempre que se respete la garantía del debido proceso.

A pesar de que ya es un hecho, gran polarización sigue suscitando la atribución de la potestad probatoria al juez.

Por un lado, se encuentra el Publicismo para cuyos defensores el juez podría actuar medios probatorios, si los ya ofrecidos por las partes no han generado la convicción necesaria para solucionar correctamente el proceso. De tal manera el proceso encontraría el cauce a su fin: la justicia.

En oposición tenemos al Garantismo, corriente que niega la admisibilidad de los medios probatorios de oficio, pues de permitirlo se contradiría al principio dispositivo que debería orientar al proceso. Según este enfoque, el juez debe dirigir imparcialmente el proceso. Si aquel pudiese incorporar medios probatorios, estaría participando como una de las partes rompiendo con los principios del proceso (Priori 2019, 18-27).

Expuesto ello, ¿cómo se regula esta actuación de oficio en nuestro CPC? Al respecto es fundamental el artículo 194 del CPC. Tras ser modificado por la Ley N° 30293, sus alcances se han ampliado en cuanto a lo que a los medios probatorios de oficio corresponde. Según su redacción, el juez ‒como ya se señalaba previamente‒ puede actuar medios de prueba adicionales a los otorgados por las partes. No obstante, el mismo texto ofrece una serie de límites a esa potestad.

Primero, es un acto procesal de naturaleza excepcional previsto para cuando los justiciables no hayan logrado la convicción del juez mediante los medios probatorios ya ofrecidos y, por lo tanto, la controversia aún no pueda ser resuelta. Asimismo, es un requisito solemne para la actuación de medios probatorios su debida fundamentación. También, la iniciativa del juez debe referirse a las fuentes de prueba señaladas por los litigantes. Por otra parte, la actuación probatoria del juez no puede reemplazar la carga probatoria de las partes, salvaguardando su derecho a la contradicción (Alfaro 2015, 259-264).

Estudiando estas disposiciones procesales, podemos interpretar que, si bien el juez ha sido investido de facultades probatorias, ellas no son irrestrictas, sino que, por el contrario, la materialización de tal poder es solo accesoria en tanto se supedita a condiciones muy excepcionales y determinadas. Por lo tanto, nuestro ordenamiento procesal estaría en el marco de un modelo mixto, en tanto la iniciativa probatoria del juez es excepcional, garantizando en todo momento los derechos de las partes.

Referencias

Priori Posada, Giovanni. 2019. El proceso y la tutela de derechos. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Alfaro Valverde, Luis. 2015. “Reforma de los poderes probatorios del juez. Hacia una mejor comprensión de las “pruebas de oficio”. Gaceta Civil & Procesal Civil, n° 23: 259-264.