El proceso estructural como herramienta para generar transformaciones sociales

Escribe: Franco Jaimes Soto

Bachiller en Derecho por la UNMSM.

Miembro egresado del Taller de Derecho Constitucional (TDC)

Fuente: Franco Fafasuli

I. Introducción

En un Estado constitucional de derecho, lograr que los derechos fundamentales sociales se respeten de manera real y efectiva es, quizás, uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la justicia constitucional. La falta de servicios básicos sociales (como la salud, la vivienda o la educación) afecta a colectivos enteros e impide que la Constitución se materialice en la realidad.

Frente a dicha situación, los juristas litigantes y, especialmente, los jueces se han visto obligados a establecer nuevas formas de solución a estos problemas. En ese contexto, aparecen los procesos estructurales, que se diferencian de los procesos judiciales ordinarias toda vez que no se limitan a resolver un caso particular, sino que buscan revertir situaciones de vulneración generalizada y estructural, ordenando al Estado mandatos complejos referidos a implementación de políticas púbicas u otras medidas coordinadas.

II. Origen de los procesos estructurales

En cuanto a su origen, los procesos estructurales se sitúan a mediados del siglo XX, en un contexto caracterizado por una gran movilización ciudadana en los Estados Unidos que luchaba contra las normas que promovían el racismo y la discriminación hacia las personas afrodescendientes, especialmente las leyes Jim Crow. Entre las principales consignas de este movimiento se encuentra aquellas dirigidas contra la abolición de los linchamientos y la educación segregada.

En ese escenario surgió el famoso caso Brown vs. Board of Education of Topek (1954), donde la doctrina (Puga, 2013; Osuna, 2015; Gutiérrez, 2018; Sánchez, 2023) le atribuye como el fallo que da origen a las sentencias estructurales. En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad de la doctrina equal but separates, tras determinar que la política de la separación entre personas blancas y afroamericanos en la educación pública trasgrede el derecho a la igualdad, plasmado en la constitución estadounidense.

III. Desarrollo de los procesos estructurales

Posteriormente, este tipo de procesos se ha extendido a otras Altas Cortes. Así, al constatar la insuficiencia de programas estatales eficaces, la Corte Constitucional de Sudáfrica en el caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom dispuso la formulación e implementación de una política pública orientada a garantizar de manera progresiva el derecho de acceso a una vivienda adecuada. De igual forma, en el caso People’s Union for Civil Liberties v. Union of India and Others, el Tribunal Constitucional de la India ordenó tanto al gobierno central como a los gobiernos locales la ejecución de programas de asistencia social y alimentaria en favor de las personas afectadas por la hambruna.

Por otro lado, las cortes constitucionales de la región latinoamericana no han sido ajenas a esta tendencia. En primer lugar, ha sido la Corte Constitucional de Colombia, la jurisdicción pionera, en dictar sentencias estructurales a través de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante, ECI).

Si bien el desarrollo del ECI es continuado por la Corte Constitucional de Ecuador, el Tribunal Constitucional peruano, así como el Tribunal Federal de Brasil; en otros países como en Argentina, sin recurrir a la figura del ECI, de igual forma se ha llevado a cabo procesos estructurales como el caso Vebrisky I o Mendoza.

En dichos casos, los procesos estructurales estuvieron orientados a revertir diversas situaciones de vulneración sistemática de derechos sociales provenientes del desplazamiento forzado en Colombia, las deficientes condiciones de salubridad en los centros penitenciarios, las fallas estructurales en el acceso al sistema de salud, la falta de acceso al agua potable y alcantarillado, la situación de inseguridad de los defensores de derechos humanos, entre otros.

IV. Conclusión

4.1. Los procesos estructurales resultan especialmente relevantes en contextos como el nuestro, caracterizados por la persistencia de desigualdades estructurales, la falta de efectividad en la prestación de servicios básicos, así como por una institucionalidad política débil.

En suma, estos procesos especiales responden a la ausencia de políticas públicas capaces de garantizar servicios sociales, por lo que estas decisiones jurisdiccionales tienen como finalidad la generación de un cambio social significativo. Al respecto, el profesor Roa sostiene que tanto las sentencias estructurales “abren paso a la existencia de un constitucionalismo transformador” (2021, p. 49), en la medida en que este enfoque busca la materialización de promesas sociales reconocidas en las constituciones, especialmente en aquellas de los países latinoamericanos (Roa Roa, 2021, p. 35).

Sin embargo, aún queda pendientes algunos retos para lograr una verdadera transformación social, por ejemplo: la falta de regulación expresa sobre procesos estructurales, la falta de una etapa eficaz de supervisión y ejecución de las órdenes estructurales, el desacato de las autoridades políticas, así como una mejor participación de la ciudadanía.

V. Referencias

Gutiérrez Beltrán, Andrés. 2018. El amparo estructural de los derechos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Puga, Mariela. 2013. «Litigio estructural». Tesis doctoral. Universidad Nacional de Entre Ríos.

Roa Roa, Ernesto. 2021. «La ciudadanía dentro de la sala de máquinas del constitucionalismo transformador latinoamericano». Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia 49: 35-58, https://doi.org/10.18601/01229893.n49.04

Sánchez Gómez, Silvia. 2023. «Las sentencias estructurales y la efectividad de las decisiones a través de los modelos de jurisdicción: seguimiento fuerte y débil. En Actuación, ejecución y supervisión de sentencias constitucionales. Efectividad de las decisiones y mecanismos procesales, coordinado por Arturo Crispín. Lima: Gaceta Jurídica.

El concepto de participación significativa en la oferta pública de adquisición

Escribe: Manuel de Jesús Acosta Delgado

Coordinador del Boletín Sociedades.
Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES.
Analista legal principal en la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV

Fuente: https://i0.wp.com/

I. Introducción

La oferta pública de adquisición (OPA) es un tipo de oferta pública secundaria que se realiza en el mercado de valores como consecuencia de que una persona adquiere participación significativa en una compañía que cotiza sus acciones con derecho a voto en una bolsa de valores; dicha adquisición le permite al adquiriente la posibilidad de decidir dentro de la sociedad aspectos muy importantes con relación a la marcha societaria, precisamente por tener una cantidad importante de acciones con derecho a voto.

Esta obligación nace bajo la consideración de compartir con los demás accionistas, que no participaron de la transacción, la prima de control que se pagó en la misma. Normativamente, el artículo 68 del Decreto Legislativo N°861, Ley del Mercado de Valores, dispone que aquella persona que pretenda adquirir o incrementar participación significativa en una sociedad, quien previamente tiene inscritas en rueda de bolsa sus acciones con derecho a voto, debe formular una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los demás titulares de acciones con derecho a voto y de otros valores susceptibles de otorgar derecho a voto en dicha sociedad.

A continuación, expondremos algunos conceptos clave para entender esta obligación de comprar acciones y concretamente sobre lo que se debe entender por participación significativa.

II. Características de la operación que genera la obligación de formular una oferta pública de adquisición – OPA

El artículo 4 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV N°009-2006-EF-94.10, señala las características que debe cumplir la operación por medio de la cual se adquiere o incrementa la participación significativa en una compañía.

Así, dicho artículo menciona que (i) la operación debe tratarse de una transferencia a título oneroso; (ii) que la sociedad objetivo ―es decir, sociedad emisora de las acciones― tenga al menos una clase de valores con derecho a voto o susceptibles de otorgar derecho a voto, inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores ―que es el requisito previo para que una compañía participe en el mercado de valores―, (iii) que la transacción no califique en algunos de los supuestos de excepción que el mismo reglamento establece (artículo 10); y que con la transacción la persona alcance o supere una participación de 25%, 50% o 60% del capital social de la sociedad objetivo o que la cantidad de acciones comprada le permita ejercer derechos políticos de tal forma que pueda remover o designar la mayoría de directores o modificar los estatutos de la sociedad objetivo.

Así, una transacción que no se haya pagado algún dinero o que la sociedad no tenga acciones inscritas en el RPMV, difícilmente ―por no decir imposible― podría generar una obligación de formular una OPA por el resto de las acciones no compradas.

De igual forma, en caso la transacción califique en algunos de los supuestos de excepción de realizar OPA, tampoco se gatillará la obligación. Por ejemplo, cuando todos los accionistas con derecho a voto hayan aceptado la venta de forma expresa y por escrito (artículo 10, literal a, del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión).

Por otro lado, se debe tener en cuenta el concepto de participación significativa que se maneja en este tipo de oferta secundaria. A primera vista pareciera que la OPA está solo únicamente referida a la compra de acciones a secas; sin embargo, va un poco más allá puesto que va a la misma esencia de que lo que se puede hacer con una acción que ostenta el derecho de voto, como se verá.

III. Participación significativa como concepto clave en la OPA

La norma reglamentaria establece que la obligación de hacer OPA se gatilla cuando se alcanza o supera una participación significativa de 25%, 50% o 60% del capital social de la sociedad objetivo. Esto último no debe ser leído de forma rápida, porque se debe considerar algunas precisiones. En primer lugar, en este tipo de transacciones, se debe considerar que el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión tiene una propia definición de “capital social” (artículo 1, numeral 4) que dista un poco al concepto que se maneja en la Ley General de Sociedades, con lo cual se marca una gran diferencia con participación significativa. Veamos lo que señala el citado reglamento:

4) capital social: El capital social suscrito y pagado representado por acciones con derecho a voto que se encuentra inscrito o en trámite de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del Sistema Nacional de Registros Públicos al día anterior a la oferta.

A esta cifra deberán sumársele las acciones con derecho a voto susceptibles de ser emitidas como consecuencia de certificados de suscripción preferente emitidos y las acciones con derecho a voto susceptibles de ser emitidas o adquiridas dentro de los dieciocho meses siguientes al día anterior a la oferta, como consecuencia de la conversión de obligaciones o del ejercicio de cualquier otro derecho otorgado por el emisor a sus accionistas o a terceros, cuando dicha sea de cargo del emisor.

A esta cifra deberán deducirse las acciones que tienen el derecho a voto suspendido; (Énfasis y subrayado agregado).

Es decir, no siempre comprar el 25% del capital social de una sociedad cotizada podría significar que se ha adquirido el 25% de participación significativa y que con ello también se ha generado la obligación de formular una OPA porque al capital social de una sociedad ―que se encuentra establecido en la partida registral de la compañía― deberán incrementarse o deducirse la cantidad de acciones según algunas particularidades de esos valores.

Así, por ejemplo, si una sociedad ha adquirido sus propias acciones (artículo 104 de la Ley General de Sociedades) se entiende que estas no podrían ser consideradas para la composición del capital social de cara una oferta pública de adquisición, puesto que el derecho a voto se encuentra suspendido.

Artículo 104.- Adquisición por la sociedad de sus propias acciones

(…)

Mientras las acciones a que se refiere este artículo se encuentren en poder de la sociedad, quedan en suspenso los derechos correspondientes a las mismas. Dichas acciones no tendrán efectos para el cómputo de quórums y mayorías y su valor debe ser reflejado en una cuenta especial del balance.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que “participación significativa” puede referirse a una cantidad de acciones ―distinto a los porcentajes antes señalados― pero que le permita ejercer derechos políticos al adquiriente de tal forma que este pueda remover o designar la mayoría de los directores o modificar los estatutos de la sociedad objetivo.

Este último criterio debe leerse en conjunto con la definición de “participación significativa” contemplada en el artículo 1, numeral 16, del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión como se muestra a continuación:

16) participación significativa: Se considera participación significativa toda propiedad directa o indirecta de acciones con derecho a voto que represente un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento del capital social de una sociedad que tenga al menos una clase de acciones con derecho a voto representativas de su capital social inscritas en una bolsa. También se considera participación significativa la facultad que posee una persona o grupo de personas de, sin tener propiedad directa o indirecta, ejercer el derecho a voto de acciones con derecho a voto que represente un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento del capital social de una sociedad o, acarree que el adquirente alcance una cantidad de acciones o tenga la potestad de ejercer los derechos políticos de acciones, en una cantidad tal que en cualquiera de los dos últimos supuestos le permita: i) remover, o designar a la mayoría de los directores, ii) modificar los estatutos de la sociedad.

En consecuencia, el concepto de participación significativa debe no solo considerar el aspecto objetivo de la compra de un porcentaje de acciones, sino también las facultades que se tiene al ostentar una cantidad de ellas de cara a la conformación del directorio o del estatuto de la sociedad objetivo.

IV. Conclusiones

4.1. La oferta pública de adquisición es un tipo de oferta pública secundaria ―existen 3 tipos adicionales― cuya formulación se gatilla como obligatoria cuando alguien adquiere o incrementa participación significativa en una sociedad con acciones con derecho a voto que se negocian en la rueda de bolsa (previamente para ello deben haberse inscrito en el RPMV).

4.2. El concepto de “participación significativa” es clave en la oferta pública de adquisición. No se trata de solo comprar una cantidad de acciones con derecho de voto, sino que esta cantidad supere los umbrales (25%, 50% o 60%) en función del capital social, cuyo concepto es definido por el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión que no suele coincidir con el concepto que establece la Ley General de Sociedades.

4.3. El concepto de “participación significativa” también es definido en función de las potestades de cambiar o elegir a la mayoría de los directores o de modificar el estatuto de la sociedad objetivo.

Entre la exclusividad y la libre competencia: la coexistencia de marcas

Escribe: Julio César Huamán Huacho

Estudiante de 4° año de Derecho de la Universidad Privada del Norte

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

Resulta imperativo reconocer que el dinamismo y la estabilidad de las economías reposan sobre la existencia de un sistema jurídico capaz de proteger eficazmente la innovación. Sin una tutela adecuada de las creaciones intelectuales, el mercado perdería uno de sus principales incentivos estructurales: la seguridad que permite invertir, diferenciarse y competir legítimamente. Es precisamente en este contexto donde la propiedad intelectual adquiere una relevancia importante, al erigirse como aquel instrumento que garantiza que la innovación, la creatividad y la reputación empresarial sean, como tal, debidamente protegidas.

Dentro de ese marco, resulta imperativo señalar en estricta observancia el término “marcas” desempeñan un rol fundamental. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1), “una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Es decir que, estamos ante un signo distintivo que permite a los consumidores identificar el origen empresarial de los productos o servicios, y al mismo tiempo, constituyen un instrumento de competencia y más aun de diferenciación en el mercado. Así, la marca no solo cumple una función de índole económico o jurídico, sino también social. En ese orden ideas, resulta pertinente recoger lo señalado por Barchi (2016) quien precisa que “la marca es cualquier signo que pueda diferenciar un producto o servicio de otro dentro del mercado (p. 77).

En consecuencia, dicha capacidad diferenciadora no es un atributo accesorio, sino aquel presupuesto ontológico que garantiza la transparencia y el fortalecimiento de la confianza del consumidor y al desarrollo de relaciones comerciales basadas en la calidad y la lealtad.

No obstante, el aumento exponencial de registros marcarios y la globalización de los mercados han provocado que sea cada vez más frecuente la aparición de signos similares o idénticos, lo que plantea una tensión permanente entre el derecho exclusivo del titular y el principio de libre competencia. En este escenario, surge la figura de la coexistencia marcaria, entendida como la posibilidad de que dos o más marcas semejantes coexistan en el mismo mercado o territorio sin generar riesgo de confusión para el público consumidor. Este fenómeno, lejos de constituir una excepción, refleja la evolución de los sistemas jurídicos modernos hacia una concepción más flexible del Derecho de Marcas, en la cual prima la razonabilidad y la proporcionalidad por encima de la rigidez formalista.

Dentro de este marco, cobra especial relevancia el acuerdo de coexistencia, concebido como un contrato en virtud del cual las partes pactan la convivencia pacífica de sus signos distintivos dentro de un territorio determinado que puede incluso tener alcance mundial, partiendo del entendimiento de que dichos signos no inducen a error ni confusión al consumidor (Martin, 2010, p. 273).

Este tipo de acuerdos representa una manifestación de la autonomía de la voluntad en materia de Propiedad Industrial, donde los titulares, en ejercicio de su libertad contractual, buscan prevenir litigios y promover una competencia ordenada y transparente.

La importancia de estos acuerdos radica no solo en su capacidad para evitar conflictos judiciales, sino también en su contribución al fortalecimiento del principio de buena fe y a la eficiencia económica del sistema. En efecto, cuando dos titulares reconocen la posibilidad de coexistir sin afectar sus intereses comerciales, están contribuyendo a una gestión más racional de los derechos de propiedad industrial, favoreciendo la innovación, la inversión y la estabilidad jurídica.

De acuerdo con Moller (2015), una práctica ampliamente extendida en el Derecho de Marcas a nivel internacional es la celebración de acuerdos de coexistencia y cartas de consentimiento, especialmente en aquellos casos donde una autoridad administrativa como una oficina nacional de marcas levanta una objeción ante una solicitud de registro que podría resultar confundible con una marca previamente registrada.

Estas herramientas no solo reflejan la madurez de los sistemas marcarios, sino que también reconocen el papel del consenso privado como un mecanismo legítimo para resolver tensiones entre derechos concurrentes.

Desde una perspectiva analítica, la coexistencia de marcas debe ser evaluada a la luz de diversos factores: el grado de similitud entre los signos, la naturaleza de los productos o servicios que distinguen, el canal de comercialización utilizado, el público objetivo al que se dirigen y la fortaleza distintiva de cada marca. El riesgo de confusión concepto central en esta materia actúa como el criterio determinante para admitir o rechazar la coexistencia. Si el consumidor medio, actuando con una atención razonable, no confunde los signos ni atribuye erróneamente el origen empresarial, la coexistencia es jurídicamente viable.

En el contexto latinoamericano, y particularmente en el marco del Derecho Andino, la Decisión 486-CAN de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N°1075 del Perú establecen un conjunto de normas que permiten al órgano competente como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) analizar caso por caso la posibilidad de coexistencia de signos. Este análisis parte de la premisa de que la protección de los derechos exclusivos debe armonizarse con la promoción de la libre competencia y la protección del consumidor, evitando cualquier abuso del derecho o intento de monopolización indebida del mercado.

II. Finalidad y utilidad de los acuerdos de coexistencia

La finalidad de los acuerdos de coexistencia se clarifica cuando se observa que muchos conflictos marcarios surgen por la presencia de signos que comparten similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, especialmente cuando identifican productos o servicios idénticos o estrechamente relacionados. Por ello, estos acuerdos funcionan como herramientas jurídicas destinadas a ordenar el mercado, evitar enfrentamientos innecesarios y proteger la percepción del consumidor.

Como lo explica Martín (2010), un acuerdo de coexistencia debe incorporar obligaciones específicas y detalladas que cada titular se compromete a cumplir con el fin de eliminar o reducir dicho riesgo. Estas obligaciones pueden adoptar diversas formas: ajustes en los elementos visuales del signo, restricciones respecto al tipo de productos o líneas de mercado que cada parte puede explotar, diferenciaciones en la presentación comercial, limitaciones en los canales de distribución, o incluso pactos sobre la forma en que la marca podrá publicitarse (p. 343).

La lógica subyacente es garantizar que, pese a la coexistencia de signos similares, el consumidor siempre pueda identificar claramente el origen empresarial del producto o servicio que adquiere. En suma, la utilidad de los acuerdos de coexistencia radica en su doble función: preventiva y ordenadora. Por un lado, evitan litigios costosos, retrasos en los procesos registrales y conflictos comerciales. Por otro, establecen reglas claras que permiten que marcas idénticas o similares convivan sin afectar la transparencia del mercado ni la confianza del consumidor.

III. Requisitos para validez y eficacia jurídica

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente la validez de los acuerdos de coexistencia marcaria y los integra en la estructura del sistema de propiedad industrial como instrumentos legítimos de armonización comercial. La base normativa interna se encuentra en el artículo 56 del Decreto Legislativo N°1075, Decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que el régimen común sobre propiedad industrial, que citamos a continuación:

Artículo 56.- Coexistencia de signos. – Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

Esta disposición es significativa en varios sentidos. En primer lugar, autoriza de manera expresa la facultad de los administrados para pactar la coexistencia de signos que, en principio, podrían generar conflicto. Lo hace reconociendo la autonomía privada, pero delimitándola mediante un control público indispensable: la verificación de que el acuerdo no vulnere el interés general del consumidor. Así, el legislador no adopta un modelo puramente contractual, sino uno contractual sometido a control administrativo, lo que revela una concepción equilibrada entre la libertad negocial y la tutela de la transparencia en el mercado.

Un segundo aspecto relevante del artículo 56 es su alcance procedimental. La norma hoy más clara que su antecedente establece que los acuerdos pueden ser suscritos en cualquier momento, sin restringirse únicamente a procedimientos contenciosos. Esto corrige la ambigüedad que presentaba el antiguo artículo 158 del Decreto Legislativo N°823, que generaba dudas sobre la oportunidad procesal para presentar tales acuerdos. Con la modificación introducida por el Decreto Legislativo N°1075, el legislador explicita que la coexistencia puede ser considerada incluso en procedimientos no contenciosos, ampliando su utilidad y reduciendo la litigiosidad innecesaria.

Es importante subrayar que no existe un reglamento específico que desarrolle el artículo 56. Sin embargo, ello no ha impedido su aplicación práctica. INDECOPI ha venido evaluando acuerdos de coexistencia incluso antes de que la modificación normativa detallara su presentación en procedimientos no contenciosos. Esto confirma que la ausencia de reglamentación no obstruye la eficacia del sistema, el cual opera bajo criterios interpretativos consolidados por la doctrina administrativa y por la jurisprudencia andina. Ahora bien, la normativa interna debe leerse en concordancia con el marco supranacional.

El artículo 159 de la Decisión 486-CAN regula los acuerdos de coexistencia desde una perspectiva sustantiva y territorial más amplia:

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Este artículo articula la coexistencia marcaria como una herramienta legítima, pero fuertemente vigilada desde el interés público. El legislador andino reconoce la utilidad económica de estos acuerdos, pero rechaza su uso como mecanismo para impedir el comercio o distorsionar la competencia. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfática al respecto.

En el Proceso 104-IP-2002, el Tribunal sostuvo que:

La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Esta afirmación reafirma la tesis central que el acuerdo de coexistencia es un instrumento negocial, pero no un derecho absoluto. La autoridad debe realizar un control estricto para impedir que el pacto entre particulares afecte la claridad competitiva del mercado. La coexistencia solo es válida cuando refuerza no cuando debilita la transparencia comercial y la confiabilidad del sistema marcario.

IV. Precedente de observancia obligatoria del INDECOPI

Con el objetivo de proporcionar criterios claros y objetivos para la aceptación de acuerdos de coexistencia, el Tribunal del INDECOPI aprobó el Precedente de Observancia Obligatoria N°4665-2014/TPI-Indecopi (15 de diciembre de 2014). Dicho precedente establece que, para ser aceptado, un acuerdo debe contener al menos las siguientes condiciones mínimas:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Sin embargo, el propio precedente recuerda que la presencia de estas condiciones mínimas no determina automáticamente la aprobación del acuerdo. La autoridad administrativa debe realizar un análisis sustantivo y cuidadoso, verificando si la coexistencia pactada cumple con el objetivo esencial del sistema marcario: evitar la confusión, prevenir el engaño y asegurar la competencia leal. A tenor de lo expuesto, Moller (2015) señalaría que, la finalidad última de este precedente es reducir al máximo el riesgo de confusión entre signos coexistentes, en estricto cumplimiento del rol tuitivo que corresponde al Estado respecto de la protección del interés general de los consumidores.

V. Conclusiones

5.1. Los acuerdos de coexistencia marcaria representan un ejemplo sofisticado de cómo el Derecho articula el equilibrio entre la autonomía privada y la protección del interés público. Aunque nacen de la voluntad negocial de las partes, su eficacia depende de un control estatal que garantiza que el pacto no erosione la transparencia del mercado ni la confianza del consumidor. La normativa interna, el marco supranacional andino y los criterios administrativos establecidos por INDECOPI convergen en un principio rector: la libertad para coexistir solo es legítima cuando no compromete la claridad competitiva. Así, estos acuerdos, más que simples convenios empresariales, se convierten en mecanismos de orden público económico, donde la iniciativa privada opera dentro de contornos jurídicos destinados a preservar la integridad del sistema marcario.

5.2. El conjunto de requisitos previstos en el artículo 56 del Decreto Legislativo N°1075, el artículo 159 de la Decisión 486-CAN y el precedente de observancia obligatoria del INDECOPI revela una función esencialmente preventiva: evitar la confusión antes de que esta se materialice. El legislador y la autoridad administrativa no se limitan a reaccionar frente al conflicto; construyen un andamiaje normativo que obliga a las partes a anticiparse, delimitar, aclarar y justificar su coexistencia. Esto implica reconocer que la protección marcaria no solo resguarda un signo, sino también la experiencia del consumidor y el equilibrio competitivo del mercado.

5.3. Su utilidad trasciende la resolución de controversias inmediatas, pues permiten prevenir disputas futuras, reducir costos procesales y establecer condiciones claras de uso para las partes. Así, los acuerdos de coexistencia se consolidan como mecanismos modernos de ordenación del mercado, que equilibran la libertad negocial con la responsabilidad jurídica y el deber de preservar la claridad en el entorno comercial.

VI. Nota

(1) Para mayor detalle véase en Comunidad Andina. (2000, 14 de setiembre). Decisión N°486-CAN. gob.pe. https://acortar.link/YLekDH.

VII. Referencias

Barchi, J. A. (2016). Los acuerdos de coexistencia de marca en la legislación peruana. Revista Advocatus, 75-85.

Comunidad Andina. (2002). Proceso 104-IP-2002.

Gob.pe. (14 de setiembre de 2000). Decisión N°486-CAN. https://acortar.link/YLekDH

Gob.pe. (10 de febrero de 2021). Decreto Legislativo N°1075. https://acortar.link/a4KZ0O.

Martin, M. M. (2010). El concierto de voluntades en el plano marcario: Los acuerdos de coexistencia de marcas sí importan. Derecho & Sociedad (35), 273-279. https://acortar.link/tTzqJL.

Moller, B. (9 de abril de 2015). Acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento: nuevo precedente de observancia obligatoria para su aceptación en Perú. https://acortar.link/l6NIOL.

Pedraza, H. Á. (2010). Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 205-229.

Adición de las gratificaciones y CTS en el régimen CAS

Escribe: Ronald Antonio Vega Reategui

Estudiante de 6° año de Derecho de la FDCP de la UNMSM

Fuente: Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

I. Introducción

Luego de un “re-nuevo” cambio de gobierno, se cumplió uno de los trabajos en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dejando atrás los conflictos políticos el jefe de gobierno José María Balcázar y el presidente del Congreso realizarán un acto que plantea beneficiar a la población: la inclusión de las CTS y gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios).

La medida adoptada tuvo discrepancias técnicas por el gasto público, catalogándolo como populista; por tanto, determinaron que debió ser observado a fin de no generar un impacto fiscal. No obstante, ante unas elecciones aproximándose la decisión tal vez sería una manera de conseguir votos.

II. Breve descripción del régimen CAS

El régimen CAS en el Perú fue aprobado por el Decreto Legislativo N°1057, publicado el 28 de junio de 2008. Tuvo su origen en la «Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del personal de la Administración Pública Central» la cual planteaba la creación de una figura perteneciente del Derecho Administrativo, diferente al régimen de la actividad privada como el del público (Balbín Torres 2009, 123); no obstante, lo que se pensó como solución era más un “parche” al agregar otro régimen dentro del trabajo del sector público.

Desde su creación hasta ahora el régimen tuvo varias modificaciones, de entre ellas las producidas por la Ley N°31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes labores del sector público; como consecuencia, una de las sentencias del Tribunal Constitucional describió la situación del trabajo público y dio parámetros que debería de tomarse en cuenta sobre el régimen CAS. No es por nada que ante el uso de recursos públicos se tengan que analizar cómo estos cambios afectan al gasto público (1). Esta modificación, tal como lo señala el presidente de la república, busca beneficiar a beneficiar a más de 350,000 trabajadores del régimen al implementar figuras como la gratificación y las CTS al régimen CAS. La noticia señala más que nada una preocupación en la afectación del presupuesto público, situación la sentencia pasada también describía en cómo se estaría llevando los recursos del Estado.

Hasta antes de su publicación, la legisladora Lady Camones señaló que: “El Congreso se ha hecho presente, escuchando sus reclamos, que vienen desde hace 18 años (…). Hemos cumplido con los trabajadores y seguiremos trabajando para que el Ejecutivo no observe esta ley y pueda hacerse efectiva lo más pronto posible” (Centro de Noticias del Congreso 2026). Es así que el 23 de marzo de 2026 se publicó la Ley N°32563, “Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057”, la cual modifica los artículos 3, 5 y 6. De todos ellos el que más ha resaltado en los críticos, por su gasto público, es el artículo 6 que agrega gratificaciones y CTS para los trabajadores públicos bajo este régimen (2).

III. El impacto al presupuesto público

Al igual que todas las medidas relacionadas con el uso de los recursos públicos, las observaciones a su aumento provienen principalmente de entidades como el MEF o el BCRP; de igual modo de aquellas entidades relacionadas con la política fiscal, el presupuesto público y la tributación del Estado.

Así, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló antes de su publicación, que la medida tendría que ser evaluada técnicamente para su implementación, ya que la ley tendría un impacto en las arcas fiscales al no implementarse debidamente (Nolasco 2026). Opinión de la cual discrepó el presidente de la república en un conocido programa radial (3). Por otro lado, la situación de las personas bajo este régimen no es nueva ya en su momento Javier Nevez Mujica cuando se promulgó la modificatoria señaló que:

La única regulación posible dentro del marco constitucional es el otorgamiento pleno de derechos laborales a quienes tienen un contrato administrativo de servicios, en lo inmediato. Y en lo mediato, la unificación de los diversos regímenes laborales al interior del Estado (2009, p. 93).

Si bien es cierto que hay trabajadores que se les afectaba sus derechos bajo este régimen, pero la situación de los trabajadores públicos se sigue manteniendo de la misma forma, la intensión política no es la unificación a un solo régimen laboral.

IV. Conclusiones

4.1. La Ley beneficia a un sector de los trabajadores públicos y en un momento donde se celebrarán las elecciones para senadores/diputados y Presidente de la República, no es novedad la desnaturalización de normas sin un fundamento sino el mero populismo. Y que a pesar de ser una medida que sí beneficiaría a un sector, está lejos de un sistema de trabajo público unificado.

4.2. Por el otro lado, no es la primera vez que se traslada dinero de una entidad a otro para beneficiar a un sector; este Congreso por ejemplo tuvo su incremento para su proyecto de bicameralidad. Entonces de qué sirve criticar esto cuando ni a lo otro se pidió el mismo rigor frente al gasto público.

4.3. ¿Es siempre “el fin justifica los medios”? La promulgación de la Ley N°32563 y la declaración del presidente de la república señalan siempre la misma dualidad que hay entre la practicidad de la situación del país y lo académico. Este sector beneficiado no va a pensar en temas técnicos o debates académicos, entonces esto al final solo quedaría como un análisis para los próximos estudios.

V. Notas

(1) Sentencia del Tribunal Constitución, Expediente N°00013-2021-PI/TC, publicado el 14 de diciembre de 2021, https://acortar.link/26wCTT

(2) Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, publicado el 23 de marzo de 2026 en el diario El Peruano, https://acortar.link/9Kgppf

(3) Exitosa, “Balcázar cuestiona opiniones de Velarde sobre ley para trabajadores CAS”. YouTube, 24 de marzo de 2026. https://acortar.link/fUZ9gy

VI. Referencias

Balbín Torres, Edgardo. “Segunda ponencia: Análisis del Contrato Administrativo de Servicios”, Laborem. Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajado y de la Seguridad Social, N°9 (2009), Lima: 121-128.

Centro de Noticias del Congreso. comunicaciones-Congreso. 19 de marzo de 2026. https://acortar.link/q7jcqN

Mujica, Javier Neves. “Principales Objeciones al Contrato Administrativo de Servicios”, Laborem. Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, N°9 (2009), Lima: 79-93.

Nolasco, Edwin Montesinos. “Julio Velarde considera ideal observar Leyes de CAS con ‘grati’ y CTS, y pensión de S/3.500 para docentes”. Infobae. 20 de marzo de 2026. https://acortar.link/ERgeMk

La carrera de Derecho en el Perú: formación universitaria y retos para las nuevas generaciones

Kenny Roger Mechan Huapaya

Miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: Esade

Al ingresar a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en adelante, San Marcos), tuve la oportunidad de integrarme a una de las universidades más emblemáticas y de mayor tradición académica del Perú, reconocida también en evaluaciones internacionales como el QS World University Rankings (1). Desde mi experiencia, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos destaca por la calidad de sus docentes y por el alto nivel académico de sus estudiantes. Muchos profesores cuentan con una reconocida trayectoria profesional y académica, lo que enriquece la enseñanza con una visión práctica y crítica del derecho. Asimismo, la competencia intelectual entre los alumnos genera un entorno exigente que impulsa a mejorar constantemente. Esta combinación de tradición académica, debate crítico y formación rigurosa hizo que elegir San Marcos fuera una de las decisiones más importantes de mi formación, por lo que recomiendo esta experiencia a quienes buscan una formación jurídica sólida y comprometida con la realidad del país.

No obstante, también es importante considerar el contexto del mercado laboral jurídico en el Perú. Conseguir trabajo en la carrera de Derecho no es imposible, pero sí competitivo, debido a que las facultades de Derecho —tanto de universidades públicas como privadas— reciben cada año un elevado número de estudiantes, lo que incrementa el número de egresados que buscan insertarse en el mercado laboral (2). A ello se suma la limitada cantidad de plazas disponibles en estudios jurídicos, entidades públicas y empresas, por lo que muchas de las primeras oportunidades laborales suelen presentarse en prácticas preprofesionales, asistencia legal o labores de apoyo jurídico (3).

En ese escenario, mejorar las posibilidades de inserción laboral no solo requiere que el estudiante universitario busque oportunidades de trabajo, sino que construya progresivamente un perfil académico y profesional competitivo. En el mercado jurídico peruano se valoran especialmente estudiantes con buen rendimiento académico, capacidad de análisis jurídico, habilidades de redacción y argumentación, así como iniciativa para aprender en la práctica. Por ello, resulta importante complementar la formación universitaria con participación en investigaciones, concursos académicos, seminarios y otras actividades que fortalezcan el currículum, además de avanzar hacia una especialización progresiva en determinadas áreas del Derecho. De igual manera, oportunidades como intercambios o pasantías en el extranjero pueden enriquecer significativamente la formación. Sin embargo, incluso con una buena formación y un currículum sólido, la inserción laboral no está garantizada; por ello, también es fundamental postular de manera constante, construir redes profesionales y buscar oportunidades desde los primeros años de la carrera.

En cuanto a los ingresos, las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que un abogado joven (entre 18 y 29 años) puede percibir en promedio alrededor de S/4,000 mensuales, mientras que profesionales con mayor experiencia (mayores a 30 años) pueden alcanzar ingresos superiores a S/8,000 (4). Dichas cifras evidencian que la progresión salarial en la profesión del Derecho suele estar vinculada al tiempo de experiencia, la especialización y el posicionamiento profesional dentro del mercado jurídico.

En conclusión, estudiar Derecho en San Marcos representa una experiencia académica valiosa por su tradición, el nivel de sus docentes y el ambiente intelectual que fomenta el pensamiento crítico. Sin embargo, el contexto actual del mercado jurídico en el Perú exige que los estudiantes asuman un rol activo en su propia formación, desarrollando un perfil académico sólido, participando en actividades académicas y adquiriendo experiencia práctica desde los primeros años de la carrera. En ese sentido, la formación jurídica no solo implica el aprendizaje de la norma, sino también prepararse con disciplina, especialización y constancia para enfrentar un mercado laboral exigente, en el que el esfuerzo académico y la iniciativa personal resultan claves para construir una trayectoria profesional sólida

Notas

(1) UNMSM. (2025). “San Marcos lidera ranking de universidades públicas según SUNEDU”. https://acortar.link/RBhc8J

(2) Osorio Calderon, Jesús (2025). “¿Estudiar Derecho sigue siendo una profesión rentable en el Perú?”. El Comercio. https://acortar.link/WFALW4

(3) León G., Rosa Inés. (2024). «¿Recién graduado en derecho? Estos son los retos inmediatos que afrontará y cómo superarlos» La Nota Económica. https://acortar.link/XaU85k

(4) Chuquicallata Reategui, Francisco. (2019). «Según el Ministerio de Trabajo, en estas universidades estudiaron los abogados mejor pagados del Perú». Lp Pasión por el Derecho. https://acortar.link/dclo28

Más allá de control y capital: el criterio 80/30 en precios de transferencia

Escribe: Alisson Linette Mijichich Vila

Estudiante de 4to año de Derecho de la UP

      

Fuente: https://sza.pe/

I. Introducción

En materia tributaria, las normas de precios de transferencia regulan la valoración de las operaciones entre partes vinculadas, con el fin de asegurar que dichas transacciones reflejen condiciones equiparables a las que hubieran pactado partes independientes en un mercado competitivo. Este estándar, reconocido internacionalmente como principio de plena competencia o arm’s length, exige que los precios de bienes, servicios o derechos intercambiados dentro de un grupo empresarial se alineen con los que habrían acordado terceros no relacionados.

En el ordenamiento peruano, el régimen de precios de transferencia se encuentra regulado principalmente en el numeral 4 del artículo 32 y en el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR), así como en el Capítulo XIX de su Reglamento. Estas disposiciones facultan a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) a revisar y, de ser el caso, ajustar los valores pactados entre partes vinculadas mediante criterios de comparabilidad, con el propósito de evitar que se manipule artificialmente la base imponible del impuesto a la renta. El concepto de “partes vinculadas” constituye el eje central del régimen y se define legalmente en función de la participación en el capital, la administración o el control. Sin embargo, el Reglamento de la LIR ha incorporado supuestos adicionales que exceden esta configuración legal, entre ellos criterios que consideran vinculadas a empresas independientes únicamente por el volumen de sus operaciones.

El presente documento examina uno de estos supuestos, el denominado criterio 80/30 previsto en el artículo 24 del Reglamento de la LIR, y evalúa su compatibilidad con el principio constitucional de reserva de ley.

II. Marco normativo de la vinculación en precios de transferencia

La LIR establece que existe vinculación cuando una persona, empresa o entidad participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de otra, o cuando un mismo sujeto o grupo ejerce dicha participación sobre varias entidades. Asimismo, reconoce que esta relación puede configurarse mediante estructuras interpuestas que encubran vínculos sustanciales de control o influencia.

El artículo 24 del Reglamento de la LIR desarrolla la definición legal incorporando diversos supuestos específicos. Entre ellos se encuentra un criterio sustentado exclusivamente en la concentración comercial: dos empresas se consideran vinculadas cuando una de ellas destina el 80% o más de sus ventas a la otra, y estas operaciones representan al menos el 30% de las compras de esta última. Para empresas con más de tres ejercicios, los porcentajes se determinan sobre el promedio de los tres ejercicios precedentes.

Este denominado criterio 80/30 configura una vinculación por dependencia económica basada únicamente en el volumen de operaciones, prescindiendo de los elementos clásicos de vinculación como participación accionaria, control societario, dirección común o influencia en la gestión.

III. El principio de reserva de ley y sus implicancias en la determinación de la base imponible

El principio de reserva de ley constituye una garantía constitucional que delimita el ejercicio de la potestad tributaria. De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política, los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo, salvo en el caso de aranceles y tasas, y su ejercicio debe respetar los principios de igualdad y los derechos fundamentales.

En esa línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0918-2002-AA, ha precisado que este principio tiene una doble función: por un lado, actúa como garantía individual al establecer límites frente a posibles actuaciones arbitrarias del Estado; y por otro, opera como límite objetivo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y de la administración tributaria en la creación o configuración de tributos y de sus elementos estructurales.

En este marco, la base imponible adquiere relevancia central, pues constituye un “elemento esencial en la cuantificación de los tributos variables y, por tanto, un elemento esencial del tributo, sujeto al principio de reserva de ley” (García, 2004). Consecuentemente, cualquier ampliación normativa que incida en su determinación exige habilitación legal expresa.

En cuanto al criterio 80/30, este fue incorporado al ordenamiento mediante el Decreto Supremo Nº 190 2005 EF, vigente desde el 31 de diciembre de 2005, en sustitución de un supuesto anterior aún más amplio. En efecto, antes de dicha modificación, el Reglamento consideraba partes vinculadas a las empresas cuando más del 50% de las ventas de una de ellas se realizaban a favor de un mismo cliente, sin requerir que dichas operaciones representaran un porcentaje significativo de las compras de la contraparte. Este criterio del 50%, al basarse únicamente en la concentración de ventas, ampliaba incluso más el alcance del régimen, al prescindir completamente de parámetros de control, capital o influencia.

Esta sucesión normativa muestra que el Reglamento de la LIR ha mantenido históricamente un enfoque de vinculación sustentado en la dependencia económica, pese a que dicho criterio no encuentra respaldo en el artículo 32 A de la LIR. Su origen eminentemente reglamentario resulta particularmente relevante, por cuanto define el marco dentro del cual debe evaluarse su validez.

En este punto, es pertinente recordar que los reglamentos de ejecución poseen naturaleza estrictamente subordinada a la ley. Como señala Ruiz de Castilla (2017), su función es desarrollar o complementar la norma legal mediante disposiciones instrumentales o procedimentales, sin habilitación para introducir supuestos materiales autónomos ni modificar elementos esenciales del tributo.

A la luz de estos límites, la incorporación del criterio 80/30 exclusivamente a nivel reglamentario plantea una tensión evidente con el principio de reserva de ley, dado que amplía los supuestos de vinculación más allá de los previstos expresamente en el artículo 32 A de la LIR.

IV. Análisis del criterio 80/30 y límites del desarrollo reglamentario

Como se ha señalado, el régimen de precios de transferencia incide directamente en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta. Por ello, cualquier ampliación de los supuestos que activan su aplicación, como la definición de partes vinculadas, debe emanar de una disposición legal expresa y no de un desarrollo reglamentario autónomo.

En esta línea, la doctrina ha advertido la tensión generada por la incorporación reglamentaria de nuevos supuestos de vinculación. Así, Picón (2020), al contrastar el artículo 24 del Reglamento de la LIR con el artículo 32 A de la LIR, cuestiona la legalidad de considerar vinculadas a empresas cuya supuesta relación deriva exclusivamente del volumen de ventas o compras entre ellas. De manera concordante, Giribaldi (2010) sostiene que los supuestos reglamentarios dictados en ejercicio de delegación legislativa deben respetar los criterios previstos en la ley (dirección, control o participación en el capital), pues de lo contrario incurren en un vicio de ilegalidad. En la misma línea, Gamba (2020) advierte que el artículo 24 del Reglamento de la LIR, lejos de desarrollar la ley “in abstracto”, incorpora criterios cuantitativos que desnaturalizan la norma habilitante, comprometiendo la validez del régimen reglamentario.

A estas objeciones se suman los estándares internacionales. El Modelo de Convenio de la OCDE solo reconoce como empresas asociadas a aquellas en las que existe participación directa o indirecta en la dirección, el control o el capital, o una influencia significativa; no incorpora criterios basados en el volumen comercial entre partes independientes. La lógica subyacente es que la vinculación solo se configura cuando existe capacidad real de influir en las condiciones contractuales, y no por la mera concentración de transacciones.

Una postura similar adopta la Norma Internacional de Contabilidad 24, “Información a Revelar sobre Partes Relacionadas”, que excluye expresamente la consideración de un cliente o proveedor como parte relacionada únicamente por la dependencia económica derivada del volumen de operaciones. Ello reafirma que la intensidad transaccional no constituye, por sí sola, un vínculo de influencia o control.

En consecuencia, el criterio 80/30 puede ocasionar que empresas jurídicamente independientes sean calificadas como partes vinculadas por el solo hecho de que una concentre su actividad comercial en la otra. Este tipo de ampliación obliga a contribuyentes sin relación societaria, administrativa o de control a cumplir obligaciones propias de grupos empresariales, como la preparación de estudios de precios de transferencia o la justificación de la valuación de operaciones e incluso los expone a ajustes basados únicamente en su concentración comercial.

Ante ello, resulta razonable proponer la eliminación del criterio 80/30 del artículo 24 del Reglamento de la LIR y, adicionalmente, instar a una revisión integral de los criterios de vinculación establecidos reglamentariamente, a fin de asegurar que estos no vulneren el régimen constitucional del derecho tributario. Ello conduciría a mantener como únicos supuestos de vinculación aquellos expresamente previstos en el artículo 32 A de la LIR, y a que únicamente dichos criterios sean los desarrollados a nivel reglamentario.

V. Conclusiones

5.1. El criterio 80/30 introduce un supuesto de vinculación no previsto por la LIR, desplazándose de los parámetros taxativos de administración, control y capital establecidos en el artículo 32 A, y configurando así una expansión material que carece de sustento legal expreso.

5.2. La creación de dicho criterio mediante decreto supremo excede los límites constitucionales del desarrollo reglamentario, pues incide sobre un elemento esencial de la obligación tributaria, la base imponible, que está íntegramente sujeto al principio de reserva de ley.

5.3. La aplicación del criterio 80/30 genera un riesgo real de sujeción indebida al régimen de precios de transferencia, imponiendo a empresas independientes obligaciones formales y potenciales ajustes sin que exista una relación que permita presumir capacidad de influencia en la fijación de condiciones.

5.4. El desarrollo reglamentario del régimen de vinculación debe circunscribirse estrictamente a los supuestos previstos en la LIR, limitándose a precisar su alcance operativo sin introducir criterios materiales adicionales, de manera que se preserve la seguridad jurídica y la consistencia interna del sistema de precios de transferencia.

5.5. En atención a lo expuesto, resulta jurídicamente recomendable suprimir el criterio 80/30 del artículo 24 del Reglamento de la LIR, a fin de restablecer la coherencia entre ley y reglamento y garantizar el respeto del principio de reserva de ley.

VII. Referencias

García Novoa, César. “Capítulo IV: Elementos de cuantificación de la obligación tributaria.” En La Nueva Ley General Tributaria, 213– Madrid: Civitas-Thomson, 2004. Citado en Gamba Valega, César M., Algunos aspectos constitucionales sobre el régimen de precios de transferencia. Lima: IFA Peru, 2020. https://acortar.link/EwEmrL

Giribaldi Pajuelo, Giancarlo. Presunciones tributarias aplicadas por la SUNAT. Lima: Gaceta Jurídica, 2010. https://acortar.link/P2ZezU

International Accounting Standards Board. NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas, 2022. https://acortar.link/uKPFmd

Organisation for Economic Co-operation and Development. Modelo de Convenio sobre la Renta y sobre el Patrimonio (versión abreviada). París: OECD Publishing, 2017. https://acortar.link/iEzLYc

Picón Gonzales, Jorge. Precios de transferencia. Lima: Asociación Fiscal Internacional – Grupo Peruano, 2008. https://acortar.link/xVuner

Ruiz de Castilla, Francisco. Derecho tributario: temas básicos. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2017. https://acortar.link/AJ1as9

Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 0918-2002-AA/TC. Sentencia, 25 de marzo de 2003. Lima: Tribunal Constitucional del Perú. https://acortar.link/Is7DVS

La arbitrabilidad: ¿Un límite necesario del arbitraje?

Escribe: Mercedes Gianela Aguilar Pomajulca

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM
Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES

Fuente: Campos Abogados

El arbitraje constituye un mecanismo jurisdiccional mediante el cual las partes deciden someter sus controversias a árbitros en lugar de recurrir a los tribunales estatales. Sin embargo, su aplicación depende de que la controversia sometida a decisión sea arbitrable.

En ese sentido, existe arbitrabilidad cuando el derecho permite que una materia sea resuelta mediante arbitraje; en cambio, será no arbitrable cuando el derecho lo prohíba, ya sea por disposición expresa o por la existencia de jurisdicción exclusiva. La determinación de la arbitrabilidad no reposa en la disponibilidad de los derechos, sino en verificar si el ordenamiento ha atribuido jurisdicción exclusiva a un órgano determinado (González de Cossío, 204).

La arbitrabilidad puede entenderse en dos dimensiones. Por un lado, la arbitrabilidad objetiva se refiere a las materias que pueden someterse a arbitraje, generalmente aquellas de contenido patrimonial o de libre disposición. Por otro lado, la arbitrabilidad subjetiva se vincula con las personas que pueden obligarse válidamente mediante un convenio arbitral, es decir, quienes cuentan con capacidad jurídica para someter sus controversias a la decisión de árbitros. Esta distinción permite delimitar tanto las materias como los sujetos del arbitraje.

Asimismo, este límite existe para evitar que el arbitraje invada ámbitos que el Estado ha decidido reservar para sí en atención al interés general. De esta manera, la arbitrabilidad cumple la función de equilibrar la autonomía privada de las partes con la función jurisdiccional estatal. Así, el arbitraje puede desarrollarse como un mecanismo eficaz de resolución de controversias sin afectar materias que requieren necesariamente control público.

A pesar de ello, el arbitraje presenta un marcado carácter expansivo. Con el transcurso del tiempo se ha ampliado progresivamente el número de materias susceptibles de resolverse mediante arbitraje, aunque aún persisten ámbitos en los que no existen criterios completamente definidos (Olmos y Partido, 106). En este contexto, la arbitrabilidad puede convertirse en una cuestión controvertida dentro del propio proceso arbitral, ya sea por razones de orden público, la aplicación de normas imperativas, la existencia de jurisdicciones exclusivas o incluso por las limitaciones establecidas por las propias partes.

Desde esta perspectiva, puede sostenerse que la arbitrabilidad constituye, en principio, un límite necesario del arbitraje, ya que permite preservar el orden público y evitar que materias sensibles queden completamente fuera del control estatal. Aunque los árbitros ejercen una función jurisdiccional, su competencia es voluntaria y limitada, a diferencia de la jurisdicción judicial, que tiene carácter imperativo y alcance general. En este sentido, la arbitrabilidad delimita el ámbito dentro del cual puede operar válidamente la jurisdicción arbitral (Caivano, 64).

Sin embargo, la evolución del arbitraje en el derecho comparado evidencia una progresiva ampliación de las materias arbitrables, especialmente en ámbitos patrimoniales donde las partes pueden disponer libremente de sus derechos. Por ello, la arbitrabilidad puede entenderse no sólo como un límite necesario, sino también como un concepto dinámico sujeto a revisión.

En consecuencia, la arbitrabilidad cumple la función de delimitar el campo de acción del arbitraje y aportar seguridad jurídica, sin impedir que este mecanismo siga expandiéndose como una vía eficiente de resolución de controversias. La definición de sus límites dependerá, en última instancia, del equilibrio que cada sistema jurídico establezca entre la autonomía privada y la intervención estatal.

Referencias

Caivano, Roque J. 2013. Arbitrabilidad y Orden Público. Foro Jurídico, n.º 12 (marzo):62-78. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13801.

González de Cossío, F. 2020. El arbitraje al derecho y al revés. Lima Palestra Editores.

Olmos Giupponi, Belén, y Raúl Partido Figueroa. 2022. Arbitrabilidad De Las cláusulas ESG: Análisis Y Propuestas Para El Futuro. Arbitraje 14 (1). https://doi.org/10.31921/ArbitrajeRACI.n14.1a2261.

La nulidad de oficio y algunos límites al poder corrector del juez

Escribe: Wilard Fabricio Cruz de la Cruz

Estudiante de 4° año de Derecho de la UNMSM

Exchange student de la Facoltà di Giurisprudenza de la Università di Bologna

Fuente: https://www.laboral-social.com/

I. Introducción

La nulidad procesal constituye uno de los mecanismos de tutela del debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Se trata, a su vez, de una institución jurídica destinada a conservar la validez y regularidad del proceso cuando un acto procesal ha vulnerado garantías fundamentales o normas imperativas.

En el ordenamiento peruano se privilegia la conservación de los actos procesales, siempre que estos cumplan su finalidad, evitando formalismos excesivos y restringiendo las nulidades a supuestos estrictamente necesarios. En esa línea, la nulidad no constituye un fin en sí mismo, sino un mecanismo excepcional orientado a restablecer el equilibrio procesal cuando se ha producido una afectación sustancial al derecho de defensa o al debido proceso.

Si bien la nulidad procesal puede ser planteada por las partes, el juez también está legitimado para declararla de oficio, en ejercicio de su función de dirección y saneamiento del proceso. No obstante, este denominado “poder corrector” no es irrestricto. Debe armonizarse con principios estructurales del proceso como la preclusión, la seguridad jurídica y la economía procesal.

En la práctica jurisdiccional peruana, tales límites han generado debates respecto de su alcance, oportunidad y condiciones de ejercicio, han señalado que no toda irregularidad procesal genera nulidad, sino únicamente aquella que produce un agravio concreto y verificable a un derecho fundamental.

II. Fundamentación de la nulidad de oficio

El artículo 176 del Código Procesal Civil regula la nulidad de oficio y establece que esta solo procede respecto de nulidades insubsanables. Sin embargo, antes de abordar sus límites, es necesario identificar su fundamento jurídico.

En primer término, las normas procesales forman parte del orden público. Por ello, el juez (como garante de la legalidad del procedimiento) puede intervenir cuando advierte una vulneración grave que comprometa la validez del proceso. No obstante, una base más sólida se encuentra en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que atribuye al juez la dirección e impulso del proceso, así como en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce su función de garantizar la correcta administración de justicia.

De esta manera, la nulidad de oficio no constituye una potestad arbitraria, sino una manifestación del deber del juez de preservar la regularidad del proceso. Sin embargo, debe distinguirse claramente entre la nulidad solicitada por parte y la nulidad declarada de oficio: ambas son instituciones autónomas y no pueden sustituirse entre sí. El juez puede promover la nulidad o rechazarla.

III. Las limitaciones del juez bajo principios procesales

Desde una perspectiva general, el juez —y, en cierta medida, también las partes— no disponen de una facultad irrestricta para invocar o declarar la nulidad procesal. Su utilización se encuentra delimitada por una serie de principios que actúan como límites y criterios de interpretación.

En primer lugar, el principio de legalidad exige que la nulidad solo proceda en los supuestos expresamente previstos por la ley y bajo las condiciones que esta establece, como se desprende del artículo 176 del Código Procesal Civil. Asimismo, el principio de trascendencia impone la necesidad de acreditar un perjuicio concreto al debido proceso; como sostiene Devis Echandía, “no hay nulidad sin perjuicio”, pues la invalidez procesal exige que el vicio cause un daño real al derecho de defensa (2012, 512). De igual modo, el principio de convalidación opera cuando la parte que pudo cuestionar oportunamente el acto viciado no lo hace, produciéndose su saneamiento. Este principio guarda estrecha relación con el principio de preclusión, en virtud del cual, una vez concluida una etapa procesal sin objeción válida, no resulta posible retrotraerla invocando nulidades tardías. Finalmente, deben considerarse el principio de conservación del acto procesal, que privilegia la validez y eficacia de los actos antes que su invalidación, y el principio de contradicción, que garantiza que toda decisión que afecte a las partes se adopte previa oportunidad de audiencia.

IV. Algunas limitaciones por el Código Procesal Civil

En el párrafo tercero del artículo 176 del Código Procesal Civil establece expresamente que “los jueces sólo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda”.

Sobre la subsanación, es importante considerar que las nulidades de actos procesales son situaciones excepcionales donde primero se tiene que comprobar si tales actos procesales son subsanables, en su defecto, recién se empieza a valorar la nulidad. Esta situación refleja que los principios están presentes en tales normas, por ejemplo la seguridad jurídica y la conservación de actos procesales.

A primera lectura, parece ser que es la única limitación legal. Sin embargo, le es aplicable el hecho de que la nulidad se aplica cuando no exista sentencia firme o resolución de análoga eficacia, tal es el caso cosa juzgada y una resolución que tiene una eficacia equivalente (por ejemplo, un auto que pone fin al proceso sin pronunciamiento de fondo). Esto también tiene una justificación en cuanto a principios: también la seguridad jurídica. Pero hay mecanismos excepcionales como la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que en escenarios donde existe una sentencia firme o algo análogo, se puede tener efectos retroactivos.

V. Conclusión

La nulidad de oficio constituye una potestad del juez de un mecanismo excepcional orientado a garantizar la vigencia del debido proceso y la regularidad del trámite judicial. Sin embargo, su ejercicio no es irrestricto, pues debe sujetarse a límites claros derivados de la ley y de los principios procesales. La inexistencia de sentencia firme, la imposibilidad de subsanación y el respeto al contradictorio previo configuran condiciones indispensables para su validez. De este modo, el poder corrector del juez se armoniza con la seguridad jurídica, la preclusión y la conservación de los actos procesales, evitando arbitrariedades y fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.

VI. Referencia

Devis Echandía, Hernando. 2012. Teoría general del proceso. 3.ª ed. Bogotá: Temis.