Las dificultades que enfrenta el emporio comercial de Gamarra (*)

Escribe: Milagros Elizabeth ALVA LÓPEZ

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM

Fuente: http://www.gestion.pe/ economia (*) Fuente de la noticia: Víctor Melgarejo. 2021.

«Gamarra al borde: unas 12800 empresas de confecciones en riesgo de cerrar».

I. Introducción

Bajo el contexto de la pandemia por la COVID-19, muchos sectores de la economía de nuestro país se han visto notablemente afectados, Gamarra no fue la excepción. Siendo este el emporio comercial más grande de nuestro país se ha visto afectado económicamente, pues sus ingresos anuales han decrecido drásticamente. Sumado a ello, se percibe una gran baja en los puestos laborales que brindaba este emporio.

Cabe resaltar que, la pandemia no es la única causa de la crisis que atraviesa Gamarra. Puesto que, a ello se suma la enorme oferta de prendas importadas, que por su menor precio son preferidas por muchos de los consumidores.

II. Respecto al contexto de la emergencia sanitaria

Es sabido que, antes de la pandemia, Gamarra era una suerte de sinónimo de muchedumbre, debido a la variedad en calidad y precios de sus productos. Ahora, tal escenario es inconcebible por las medidas de seguridad que se deben cumplir. Esta situación, ha traído consigo muchas dificultades para los comerciantes de Gamarra.

Al respecto, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, detalla que la restricción del aforo a solo 30% personas denota dificultades para una producción habitual. En muchos casos el personal laboral necesario supera tal límite y ello impide encender los motores de la producción (Gestión, 2021, párrafo 2).

La restricción del aforo no solo constituye una problemática para los trabajadores, sino también para los consumidores. Esto se ha visto reflejado en las fechas de festividades como Año Nuevo, Día de la Madre, Navidad u otros. Es preciso señalar que, el no cumplimiento de los objetivos empresariales característicos de tales festividades también responde a una causa económica de los consumidores y a las mejores ofertas de las prendas importadas.

Por otra parte, Susana Saldaña señala que a Gamarra no ha llegado Reactiva Perú y solo un 5% del total de empresas lograron un crédito de Fondo de Apoyo Empresarial Mype, lo cual muestra un abandono y desinterés del Estado y sus organismos. Asimismo, cuestiona que no se arranque con el Programa de Apoyo Empresarial Mype, el cual estaba previsto hasta el 30 de junio del 2021 (Gestión, 2021, párrafo 12).

III. Sobre las importaciones

Otra problemática que enfrentan los empresarios de Gamarra es el referido al procedimiento de salvaguardias, el cual tiene por finalidad determinar si las importaciones de un producto que aumentan en tal cantidad que puedan causar daño grave a la rama de producción nacional (Indecopi, 2021, párrafo 1).

En efecto, Indecopi indicó que de diez prendas que se venden, nueve son importadas. Siguiendo esa línea, los empresarios de Gamarra alegan que existe un claro daño a la industria producto del drástico aumento de importaciones de confecciones. De hecho, en el Informe N° 065-2020/CDB- INDECOPI se menciona que si se pudiese considerar como amenaza de daño grave a las ramasde producción nacional de confecciones a causa de lo ya mencionado.

Sin embargo, tal procedimiento ha sido desestimado la Comisión Multisectorial, conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Producción y Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha comisión argumenta que para poder evidenciarse un daño a la industria debe presentarse más de 50% de la producción nacional. Esto, claramente no fue alcanzado por Gamarra, pues ante ese requisito debieron presentarse más de 500,000 empresas.

IV. Mesa Técnica de Produce

Con Resolución Ministerial N°00129-2021-PRODUCE se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, denominado “Mesa Técnica para abordar la problemática del comercio en el conglomerado de Gamarra”, a fin de fortalecer las unidades económicas en el transcurso de su reactivación económica.

Dicho grupo de trabajo debe elaborar una agenda de trabajo con el objeto de implementar medidas para la reactivación comercial en Gamarra. No obstante, los empresarios de Gamarra sienten poco interés y falta de apoyo por parte de las autoridades del Gobierno.

V. Reflexión

Por lo expuesto, es notable que la situación de Gamarra es crítica y no solo a raíz de la pandemia, sino también a las pésimas gestiones municipales y poco apoyo de las autoridades.

Evidentemente, ante situaciones desiguales deberán aplicarse medidas que permitan reducirlas. De esa forma, debería brindarse mayor impulso a las empresas que están por quebrar frente a las que disponen de recursos para adaptarse a este contexto.

Como nota adicional, es necesario que las empresas se adapten progresivamente a los medios digitales que tienen mayor alcance. Sin embargo, no se debe perder de vista que esta reinvención digital implica un costo y dedicación adicional.

VI. Referencias

Víctor Melgarejo. 2021. «Gamarra al borde: unas 12800 empresas de confecciones en riesgo de cerrar». Gestión, 08 de junio. Acceso el 14 de junio de 2021. https://gestion.pe/economia/gamarra-al-borde-unas-12800-empresas-de-confecciones-en-riesgo-de-cerrar-noticia/

Redacción Indecopi. 2021. «Procedimiento de salvaguardias». Acceso el 15 de junio de 2021.

https://www.indecopi.gob.pe/web/fiscalizacion-dumping-y-subsidios/procedimiento-de-salvaguardias#

Legislación costosa: ¿Necesita el Congreso una oficina de análisis económico?

Escribe: Clever SANTILLAN LINARES

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM. Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

Fuente: http://www.elcomercio.pe

I. Introducción

Vivimos tiempos difíciles, la crisis sanitaria y la inminente crisis económica subyacente nos obligan a pensar en nuevas formas de ahorrar nuestro dinero. Siguiendo este razonamiento, nuestro gobierno, de la misma manera, debería evitar el gasto excesivo para poder sobrellevar los problemas que se aproximan. Sin embargo, no es el caso.

Nuestro parlamento no escatima en gastos y sigue proponiendo y aprobando proyectos que son perjudiciales para el fisco. Por citar ejemplos, tenemos la Ley de negociación colectiva del Estado, la eliminación del régimen CAS y una nueva devolución de los aportes al Fonavi, cuyos costos para el erario nacional sobrepasarían, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los 21,000 millones de soles. Puede que los efectos negativos de estas leyes para la economía no los veamos hasta muchos años en el futuro.

II. Una legislación costosa

Siguiendo con lo expresado por el MEF, la Ley de negociación colectiva del Estado generará un costo adicional de entre S/ 2,368 millones y S/ 6,228 millones de soles al año (2). Esta disposición, junto con la Ley N° 31173, la cual garantiza la devolución de dinero de los aportantes al extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), son leyes aprobadas, por insistencia, en el pleno del Congreso.

A estos gastos se le suma el nuevo retiro de los fondos de pensiones del Sistema Privado de Pensiones, que permite el retiro de hasta 4 UIT (S/ 17,600) para todos los afiliados de las AFP, medida que, si bien busca ayudar a los damnificados por la pandemia, afecta al sistema privado y a los mismos afiliados, quienes pierden rentabilidad, y tendrán una menor cantidad de dinero a la hora de jubilarse.

II. La propuesta de solución

Es evidente que nuestro parlamento necesita contar con una entidad especializada que se encargue de analizar el costo-beneficio de sus proyectos, esta sería, una oficina de análisis económico, propuesta que existe desde hace años, pero que no ha llegado a aprobarse todavía.

Allá por el año 2012, Luis Galarreta presentó el Proyecto de Ley N° 879/2011-CR con el que buscaba solucionar el problema aún presente en el parlamento de proponer proyectos sin realizar un adecuado análisis costo-beneficio, la propuesta no prosperó.

Años más tarde, en 2016, Alberto de Belaunde intentó lo propio con el Proyecto 00109/2016-CR, que volvía a poner sobre la mesa la idea de crear la Oficina de Estudios Económicos. Finalmente, en agosto del 2019, la excongresista Mercedes Araoz, en compañía de otros congresistas oficialistas, presentó un proyecto de ley de temática similar, con la idea de crear la ya mencionada oficina.

En concordancia con lo planteado por los proyectos antes citados, dicha oficina sería operada por un consejo consultivo, el cual no representará intereses particulares ni tendrá preferencia política, y los miembros serán elegidos por la Comisión Permanente del Congreso. El consejo se encargará de determinar la metodología que realizará la oficina para el análisis costo-beneficio, análisis que evaluará los beneficios y costos que genera cada propuesta normativa, comprobando así su viabilidad.

IV. Apreciación final

Como sabemos, uno de los pasos obligatorios para cualquier proyecto de ley presentado por el parlamento es el análisis costo-beneficio, análisis que busca esclarecer tanto el costo de la medida para el Estado como el impacto positivo o negativo que tendrá la misma en la economía peruana.

Siendo esta tarea eminentemente técnica, es lo más adecuado que exista una entidad, conformada por especialistas en la materia, que realice la evaluación correspondiente de manera imparcial, con esto no solo se evitan leyes que perjudican a la economía, como plantea principalmente este artículo, sino también leyes que no aportan absolutamente nada, que crean sobrerregulación y que no pueden sostenerse por sí mismas. La Comisión para el Ordenamiento Legislativo del Congreso, en 2019, expresaba que el 57% de las más de 33 mil leyes en el Perú debería ser derogado (más de 20 mil leyes).

Nos mantenemos a la expectativa de un futuro proyecto de ley que centre nuevamente su atención en este tema, y que, a diferencia de los anteriores, sea adecuadamente discutido y aprobado. Todo ello con el fin de buscar leyes menos perjudiciales para la economía peruana, pero, sobre todo, beneficiosas para los ciudadanos.

VI. Referencias

Andina. 2021. «MEF: Ley de Negociación Colectiva generará costo anual de S/ 6,228 millones» Acceso el 7 de mayo de 2021. https://andina.pe/agencia/noticia-mef-ley-negociacion-colectiva-generara-costo-anual-s-6228-millones-843988.aspx

El Comercio. 2021. «El costo del retiro AFP: ¿Qué tanta rentabilidad perdieron quienes sacaron dinero de su fondo?» Acceso el 7 de mayo de 2021. https://elcomercio.pe/economia/peru/el-costo-del-retiro-de-afp-que-tanta-rentabilidad-perdieron-quienes-sacaron-dinero-de-su-fondo-informe-noticia/?ref=ecr

El Comercio. 2019. «Presentan proyecto para crear Oficina de Asuntos Económicos dentro del Congreso» Acceso el 7 de mayo de 2021. https://elcomercio.pe/economia/peru/presentan-proyecto-crear-oficina-asuntos-economicos-congreso-noticia-ecpm-662955-noticia/?ref=ecr

RPP. 2021. «Retiro de AFP: ¿Qué establece el dictamen aprobado por Congreso para nuevo desembolso de fondos?». Acceso el 7 de mayo de 2021. https://rpp.pe/economia/economia/retiro-de-afp-que-indica-el-dictamen-aprobado-por-el-pleno-del-congreso-noticia-1335431?ref=rpp

RPP. 2021. «Promulgan ley que busca garantizar devolución de dinero a aportantes del Fonavi» Acceso el 7 de mayo de 2021. https://rpp.pe/lima/actualidad/fonavi-publican-ley-que-busca-garantizar-devolucion-de-dinero-a-aportantes-noticia-1333731?ref=rpp

Indecopi: Propuestas para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de productos (*)

Escribe: Dayana Deisy EVANGELISTA ROMERO

Estudiante de 6to año de Derecho de la UNMSM.Miembro principal del Grupo de Estudio Sociedades – GES.

Fuente: http://www.datatrust.pe

(*) Documento de Gestión del Indecopi. “Propuestas para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de productos”. Acceso 5 de abril de 2021. Fuente: https://www.gob.pe/indecopi.

I. Introducción

El avance del comercio electrónico, también conocido como e-commerce, ha sido uno de los canales de transacción de bienes y/o servicios que más se han desarrollado en la coyuntura del COVID-19, ya que esta plataforma permite garantizar medidas de bioseguridad y protección del comprador. Así, según el Observatorio del Ecommerce en el 2020 el comercio electrónico creció 50% con respecto al 2019, alcanzando los US$ 6,000 millones (1).

A pesar del impacto positivo generado por esta industria, es también evidente el incremento de los incidentes en dicho sector, así el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) ha recibido más de 60 mil reportes; dentro de los cuales las infracciones más frecuentes son la falta de idoneidad, operaciones no reconocidas, falta de atención de reclamos, entre otras (2). Es en ese sentido, que el Indecopi elabora el Documento de Trabajo Institucional (en adelante, DTI) denominado “Propuestas para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de productos” (3).

II. Objetivo de la propuesta normativa

El Indecopi publicó el mencionado DTI con el fin de proponer un Proyecto de Ley que modifique el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor), incorporando disposiciones sobre comercio electrónico y seguridad de productos. Con respecto al primero, busca establecer un estándar mínimo de cumplimiento en las transacciones realizadas a través de canales digitales, reduciendo la información asimétrica y la incertidumbre del consumidor respecto a elementos básicos del proveedor, producto y contrato. Mientras que, con el segundo, se pretende intervenir adecuadamente el ingreso de mercancías inseguras o peligrosas que representen un riesgo para la salud o bienestar en general.

III.  Propuesta normativa

Como se ha mencionado, el actual Código del Consumidor no contempla estándares mínimos para uniformizar transacciones comerciales realizadas a través de canales digitales, ni tampoco evidencia la posibilidad de impedir el ingreso de un producto que ha sido reportado anteriormente como peligroso por alguna agencia internacional; estas como otras situaciones no se encuentran advertidas, en consecuencia, se pretende modificar e incorporar nuevas disposiciones.

Algunas de las modificaciones que menciona el DTI, las encontramos en el Título Preliminar del mencionado código. Así, la finalidad (art. II) se extendería a que los productos y servicios no pongan en riesgo injustificado o peligro a los consumidores en condiciones de uso normal o previsible. Asimismo, su ámbito de aplicación (art. III) comprendería las relaciones de consumo que se celebren en el territorio nacional por cualquier medio. En lo referente a las definiciones (art. IV) los conceptos de producto y servicio incorporarían la figura de un intermediario; y con respecto a la habitualidad se incluirían a las realizadas por medios de canales digitales.

Sobre el contrato de consumo (art. 45) expresa que las relaciones comerciales concertadas a través del intercambio de mensajes de datos entre consumidor y proveedor se entiendan como contratos de consumo de comercio electrónico; y que, en la celebración de estos contratos, a través de medios digitales, el proveedor deberá verificar la edad del consumidor para la toma de respectivas medidas.

Por otro lado, el DTI incorpora también nuevas normativas algunas de ellas son las definiciones de intermediarios, comercio electrónico, mensaje de datos, entre otras. De la misma forma, señala la relevancia de la información en productos y servicios ofrecidos por canales digitales (art. 2-A), como en la contratación a través de estos medios (art. 2-B). Además, introduce el derecho de arrepentimiento (art. 48-E) dándole la facultad al consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado a través de canales digitales, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna.

V. Comentario final

En suma, luego de lo expresado y ver el contexto en el cual nos encontramos, nos preguntamos ¿los productos y/o servicios a los que accedo a través de esta plataforma digital son realmente seguros? ¿Tengo garantías de que se respetarán mis derechos como consumidor?, estas son algunas de las interrogantes que nos formulamos, es por ello que el Indecopi elabora el DTI, tomando como principio los arts. 59 y 65 de nuestra Constitución (4), los cuales velan por los derechos de información, seguridad y salud, y que evidentemente vienen siendo afectados por una falta de regulación. No obstante, también deberá evaluar «evitar la sobrerregulación que no permita que siga creciendo el comercio electrónico» (Montenegro, 2021). En definitiva, consideramos necesario la modernización del Código del Consumidor, el cual no solo aborde la perspectiva del consumidor, sino que también comprenda la revolución digital que estamos viviendo estos días.

VI. Notas

(1) Reporte Oficial de la Industria Ecommerce en el Perú. Impacto del Covid-19 en el comercio electrónico en Perú y perspectivas al 2021. Elaborado por Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). Para mayor información puede revisar: https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/

(2) Nota de Prensa del Indecopi. “El Indecopi impulsará propuesta normativa sobre comercio electrónico que beneficie a consumidores y ofrezca predictibilidad a proveedores”. Acceso 23 de marzo de 2021. Para mayor información puede revisar:

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/349774-el-indecopi-impulsara propuesta-normativa-sobre-comercio-electronico-que-beneficie-a-consumidores-y-ofrezca-predictibilidad-a-proveedores

(3) Resolución Nº 000039-2021-PRE/INDECOPI. Publicado el 6 de abril 2021en el diario El Peruano. Para mayor información puede revisar:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-deldocumento-de-trabajo-institucion-resolucion-no-000039-2021-preindecopi-19405631/?fbclid=IwAR2wRGe83ynZDR0HLzPRUw2akS7OEkotOKtErPzgrdKqwDF1V8AWI3S9Tg

(4) «Artículo 59°. – El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas.».

«Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.».

VII. Referencias

Lengua Christian. “Indecopi regularía comercio electrónico: tres expertos dan su parecer de los pro y contras de esta medida”. El Comercio, 24 de marzo de 2021. Acceso el 18 de abril de 2021.

https://elcomercio.pe/economia/peru/indecopi-regularia-comercio-electronico-tres-expertos-dan-su-parecer-de-los-pro-y-contras-de-esta-medida-ncze-noticia/?ref=ecr

Ecommerce Insights. “Comercio electrónico en Perú: La guía más completa del mercado”. Ecommerce News, 03 de marzo 2021. Acceso el 18 de abril de 2021.

E-Commerce in Peru. Executive Summary. Euromonitor International, marzo de 2020. Acceso el 18 de abril de 2021.

https://www.euromonitor.com/e-commerce-in-peru/report

Fuentes, Helthon. 2020. «Crecimiento del e-commerce en el Perú en época de pandemia.». Data trust, 06 de julio. Acceso el 18 de abril de 2021.

https://www.datatrust.pe/ecommerce/ecommerce-en-el-peru-en-epoca-de-pandemia/#Soluciones-para-emprendedoresnbsp

Hacia el fortalecimiento de la libre competencia con el Reglamento de la Ley N° 31112, Ley Antimonopolio

Escribe: Kevin Anthony GUTARRA SÁNCHEZ

Estudiante de 5to año de Derecho de la UNMSM, miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

Fuentes: http://www.andina.pe / http://www.elcomercio.com

I. Introducción

Situaciones extraordinarias, como la crisis sanitaria, nos obligan a pensar si nuestras normas que sancionan las prácticas monopólicas deberían tener un enfoque preventivo. La respuesta es afirmativa, puesto que de haberse aprobado en el pasado una ley de este tipo, se hubiera podido revisar operaciones ocurridas en mercados que hoy están altamente concentrados como por ejemplo el “mercado del oxígeno”.

Como bien sabemos, la Ley N° 31112, Ley que establece el Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial (en adelante, Ley Antimonopolio), fue aprobada y entraría en vigencia en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la publicación de su reglamento, y precisamente con fecha 5 de marzo ha sido publicado el Decreto Supremo N° 039-2021-PCM por el cual la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el reglamento de la citada ley. Esta norma otorga facultades al Indecopi para revisar fusiones o concentraciones que se produzcan en cualquiera de los sectores económicos del país, lo que permitirá preservar las condiciones de competencia en el mercado en beneficio de la ciudadanía.

II. El control previo en la Ley Antimonopolio

La Ley Antimonopolio otorgó al Indecopi la facultad de evaluar y aprobar las fusiones empresariales que se produzcan en cualquiera de los sectores económicos, en pro del fortalecimiento de la libre competencia y en beneficio de los consumidores. Cabe mencionar que el Indecopi solo podía evaluar las fusiones en el mercado eléctrico, y con esta ley se ha ampliado la competencia para intervenir en otros sectores.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, CLC) del Indecopi únicamente evaluará las operaciones de concentración que superen los umbrales de ventas y activos previstos en la norma (Umbral conjunto: 118 000 UIT; umbral individual: por lo menos 18 000 UIT).

En la norma se señala además que, con base en la evaluación que se realice, la CLC podrá tomar tres decisiones: (i) aprobar la fusión empresarial sin condiciones, (ii) aprobar la fusión empresarial con condiciones o (iii) denegar la fusión de las empresas.

III. Un paso al fortalecimiento de la Ley N° 31112

El reglamento de la Ley Antimonopolio contempla 8 capítulos, 33 artículos, 6 disposiciones complementarias finales y 3 disposiciones complementarias transitorias a través de las cuales, la CLC evaluará las operaciones de concentración que superen los umbrales de ventas y activos previstos en la norma.

Como se señaló anteriormente, la ley prevé que estarán sujetas al procedimiento de control previo ante el Indecopi las operaciones que cumplan de manera concurrente con el límite del umbral colectivo e individual. Además, el reglamento ha hecho una importante precisión al establecer que, para efectos del umbral individual, el agente adquirido y su grupo económico serán comprendidos como una empresa y el agente adquirente y su grupo económico como la otra empresa.

En lo que se refiere al procedimiento de «Notificación Simplificada» de operaciones de concentración empresarial, se aplicará en dos supuestos: cuando los agentes económicos que intervienen en la operación de concentración empresarial o sus respectivos grupos económicos no realicen actividades económicas en el mismo mercado de producto y en el mismo mercado geográfico; o, no participen en la misma cadena productiva o de valor; y  cuando la operación de concentración empresarial genere que un agente económico adquiera el control exclusivo de otro agente económico sobre el cual ya tiene el control conjunto.

En concordancia con el artículo 6, numeral 6.4, de la Ley N° 31112, el artículo 23 del reglamento (1) señala que la facultad de actuación de oficio permite a la Secretaría Técnica revisar aquellas operaciones de concentración empresarial, que no alcancen los umbrales establecidos en el numeral 6.1. del artículo 6 de la Ley N° 31112, en los siguientes casos: a) Las operaciones de concentración horizontal realizadas en mercados concentrados; b) Las operaciones de concentración empresarial horizontal que involucren la adquisición de un agente económico con una participación mínima, pero con potencial de crecimiento, o de un agente económico que recién ingresó al mercado; c) Las operaciones de concentración donde el agente adquirente o su grupo económico ha realizado anteriormente alguna operación de concentración donde se adquirió a un competidor; d) Otras operaciones de concentración empresarial que tengan la potencialidad de generar posibles efectos restrictivos significativos de la competencia.

IV.- Apreciación final

Podría considerarse el control previo de fusiones como una herramienta importante para la ejecución de políticas efectivas de competencia; sin embargo, habría que tomar en cuenta un riesgo como lo es el retraso en la operatividad. Si la autoridad amplía los plazos de análisis de las operaciones en revisión con la excusa de alguna interpretación, esa dilación del tiempo desmejoraría las expectativas de lograr operaciones eficientes en pro del proceso competitivo y de los consumidores.

Por otro lado, aún se mantiene la expectativa sobre la implementación adecuada en forma y en fondo por parte del Indecopi, puesto que su objetivo a corto y mediano plazo es incentivar la competencia en los mercados, y no ser un trámite burocrático más, en desmedro de la actividad económica del país.

IV. Referencias

Redacción PCM. 2021. «Aprueban “Ley Antimonopolio” que faculta al Indecopi a realizar control previo de fusiones». PCM, 30 de diciembre 2021. Acceso 8 de marzo de 2021. https://www.gob.pe/de/institucion/indecopi/noticias/322707-aprueban-ley-antimonopolio-que-faculta-al-indecopi-a-realizar-control-previo-de-fusiones

Redacción, Andina. 2021. «Perú fortalece la libre competencia con reglamento de Ley Antimonopolio». Andina, 4 de marzo. Acceso 8 de marzo de 2021. https://andina.pe/agencia/noticia-peru-fortalece-libre-competencia-reglamento-ley-antimonopolio-836101.aspx

Price, Diego. 2021. «Nuevo reglamento de la ley antimonopolio». El Peruano, 8 de marzo. Acceso 9 de marzo de 2021. https://elperuano.pe/noticia/116612-nuevo-reglamento-de-la-ley-antimonopolio?fbclid=IwAR3H7x3KRfdv7Q5Q8G74ZBmVJFmZ1ksl9gAhWdX1ay_uTluW04atel1v3Q8

Congreso de la República propone la creación de una aerolínea bandera aduciendo interés público*

Escribe: Marilú Danissa RAMOS CAPARACHIN

Estudiante de 4to año de Derecho de la UNMSM, miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

Fuente: Grupo El Comercio o GEC

I. Introducción

Inevitablemente, la crisis económica ocasionada por el COVID-19 ha afectado el sector de la aviación comercial. A efectos de remediar tal situación, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó este 3 de febrero de 2021, por mayoría de 9 votos a 1, el Proyecto de Ley 6153/2020-CR, que declara de interés público la creación de una línea aérea nacional.

La finalidad del proyecto es ofrecer tarifas de bajo costo en el mercado aerocomercial y a su vez, impulsar el turismo interno receptivo y el comercio exterior. Ahora el destino del proyecto deberá ser discutido por el pleno del Congreso, donde se decidirá si es archivado o aprobado. Sin duda, esta noticia hace propicia la reflexión respecto al rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial.

II. Eficiencia de rol subsidiario del Estado

En el artículo 60 de la Constitución Política del Perú (1993) se señala que para crear una empresa estatal se requiere de una ley expresa, por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. En consecuencia, la libertad de empresa de los particulares será entendida como regla y la intervención empresarial del Estado como excepción.

En esta línea, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado que la función principal del Estado es proteger derechos y garantizar el acceso a servicios públicos, no ser empresario. De hecho, cuando el Estado adopta un rol como empresario distrae su atención y deja de invertir los recursos públicos en áreas que sí son de su competencia.

Con la propuesta de declaratoria de interés público para la creación de una línea aérea bandera, se visibiliza que la apreciación de las circunstancias corresponde a la valoración política del legislador. Por ende, el Congreso debería advertir que, ante la actuación empresarial del Estado en el mercado aerocomercial, el sector privado y el sector estatal no estarían en igualdad de condiciones para competir debido a que el Estado cuenta con recursos públicos a los cuales puede acceder sin costo para financiarse, generando un desincentivo para el sector privado.

Por lo tanto, la actividad empresarial del Estado solo debería tener cabida cuando la actividad privada se encuentre ausente o cuando el mercado no logre satisfacer las necesidades esenciales de la población, ya sea por falta de capacidad instalada, falta de interés o escasa rentabilidad.

III. Apreciación final

El análisis de la subsidiariedad resulta vital en momentos donde el país exige que los fondos sean utilizados para superar los estragos que va dejando la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el texto aprobado por la comisión antes referida, el capital inicial para la creación de la aerolínea bandera sería de US$75 millones. En virtud de ello, es necesario cuestionar si una inversión de tal magnitud debe ser una prioridad, sobre todo, tomando en cuenta el actual contexto de déficit fiscal elevado, la contracción de la economía y los gastos adicionales que se deben efectuar para enfrentar la pandemia.

Finalmente, verificar si una actividad empresarial estatal es realmente subsidiaria y cumple con los requisitos constitucionales o si, por el contrario, ya existía oferta privada y dicha actividad es innecesaria, conlleva una gran responsabilidad, pues se verán involucrados fondos estatales que a fin de cuentas pertenecen a todos los ciudadanos. Por ello, merece la pena revisar si una aerolínea bandera, en la cual se pretende invertir un capital completamente estatal, es idónea para un sector donde ya hay presencia de oferta privada.

IV. Nota

(*) Noticia tomada de El Comercio. 2021. «IPE: ¿cuál es el rol subsidiario del Estado en medio del debate sobre una aerolínea de bandera?». Acceso 5 de febrero de 2021. https://elcomercio.pe/economia/peru/aerolinea-de-bandera-cual-es-el-rol-subsidiario-del-estado-noticia/?ref=ecr

V. Referencias

El Comercio. 2021. «Irresponsabilidad de alto vuelo». Acceso 10 de febrero de 2021. https://elcomercio.pe/opinion/editorial/aerolinea-estatal-editorial-irresponsabilidad-de-alto-vuelo-congreso-noticia/

Gestión. 2021. «Congreso abre camino para la creación de una aerolínea nacional». Acceso 10 de febrero de 2021. https://gestion.pe/economia/congreso-abre-camino-para-la-creacion-de-una-aerolinea-nacional-comision-de-transporte-nndc-noticia/?ref=gesr

Gestión. 2021. «Creación de una aerolínea de bandera en Perú genera controversia y rechazo». Acceso 10 de febrero de 2021. https://gestion.pe/peru/creacion-de-una-aerolinea-de-bandera-en-peru-genera-controversia-y-rechazo-noticia/?ref=gesr

Requejo, Lorely. 2021. «Aerolínea bandera: ¿qué opinan los expertos tras su aprobación en comisión del Congreso?». El Comercio, 3 de febrero. Acceso 5 de febrero de 2021. https://elcomercio.pe/economia/peru/aerolinea-bandera-que-opinan-los-expertos-tras-su-aprobacion-en-comision-del-congreso-noticia/?ref=ecr

Ley de control previo de fusiones empresariales en el sistema financiero

Escribe: Leidy Lisset LIZARME CORONADO

Estudiante de 3er año de Derecho de la UNMSM, Miembro principal del Grupo de Estudios Sociedades – GES.

I. Introducción

El 23 de octubre de 2020, el pleno del Congreso aprobó la Ley N° 31112, “Ley de control previo de fusiones empresariales” (en adelante, Ley antimonopolio) que derogó el Decreto de Urgencia N° 013-2019 en el cual se determinaba la realización del control previo de operaciones de concentración empresarial desde marzo de 2021. Sin embargo, fue observada el 26 de noviembre por el Ejecutivo pues según la primera versión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tenía la facultad de poder emitir un informe técnico como agencia de competencia tanto en un contexto normal de fusiones del sistema financiero como en riesgo sistémico. Sin embargo, como veremos líneas posteriores, quien asumirá finalmente ese rol, será la Superintendencia de Banca y seguros (SBS). Subsanada la observación, con 91 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el Congreso dio luz verde a la última y reciente versión de la Ley antimonopolio.

Esta ha sido una noticia que sin duda alguna marcó un hito histórico en nuestro país beneficiando específicamente a los consumidores y ciudadanos de a pie.

En relación a ello, el pasado 1 de enero, respecto efectividad y publicación de la Ley, el diario La República entrevistó a Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Indecopi, quien mencionó que primero, se tiene hasta 45 días para que la Ley antimonopolio sea reglamentada, y seguidamente publicada en El Peruano, por ende, se calcula que se haría efectiva aproximadamente entre el 15 y 22 de febrero del 2021. De la misma forma, mencionó políticas que se ejecutarán en el presente año concerniente a la materia de competencia y protección al consumidor.

II. ¿Qué rol asume el Indecopi y la SBS ante los riesgos inminentes en el sistema financiero?

Tal como se mencionó líneas arriba, el Indecopi no aparece como órgano de opinión técnica en caso de riesgo sistémico. En esta ocasión será la SBS, la única institución que autorizará y opinará en caso de una fusión de dos entidades financieras. De modo que, también será la única instancia responsable de autorizarla. Sin perjuicio de ello, se cree que el Indecopi como autoridad de competencia, podría dar una opinión ex post a nivel técnico, claramente esto no sería vinculante en la decisión final.

Empero, ante este punto, el economista Santiago Dávila estimó que, en un hipotético caso de riesgo sistémico, Indecopi no se negaría a aprobar la operación de concentración entre una entidad menor con una de mayor solidez financiera detectada por la SBS. “Lo que no podría ocurrir es que te lo apruebe la SBS, lo desapruebe Indecopi, y valga lo que diga la SBS. La razón de ser de un control de concentraciones es el análisis de competencia” (La República, 2020).

III. Conclusión

Se considera que la aprobación de esta ley permitirá preservar las condiciones de leal y libre mercado con la que se rige la economía de nuestro país, reforzando lo ya establecido en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, el cual señala: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.

Evidentemente queda así reconocida no solo la existencia de la libre competencia económica sino la obligación del Estado de facilitar y vigilar ello, así como también sancionar los abusos que se consideren a ella.

Finalmente, lo cierto es que el Indecopi viene trabajando en políticas de materia de competencia y protección al consumidor para el presente año. Sin embargo, la Leyde control previo de fusiones empresariales, en cuanto su aplicación para empresas que participan en el sistema financiero, será de competencia exclusiva de la SBS.

IV. Nota

(1) Noticia tomada de La República. 2021. «Hania Pérez de Cuellar: Ley antimonopolio permitirá preservar el leal y libre mercado». Acceso 1 de enero de 2021. https://larepublica.pe/economia/2021/01/01/hania-perez-de-cuellar-ley-antimonopolio-permitira-preservar-el-leal-y-libre-mercado/.

V. Referencias

Gestión. 2021. «Congreso publica norma que permite efectuar control previo de concentraciones empresariales». Acceso el 7 de enero de 2021. https://gestion.pe/economia/ley-de-fusiones-antimonopolio-congreso-publica-por-insistencia-norma-que-permitira-efectuar-control-previo-en-concentraciones-empresariales-nndc-noticia/?ref=gesr

Indecopi. 2020. «Ley Antimonopolio que faculta al Indecopi a realizar control previo de fusiones». Acceso 30 de diciembre. Acceso 1 de enero de 2021. https://www.indecopi.gob.pe/en/-/aprueban-ley-antimonopolio-que-faculta-al-indecopi-a-realizar-control-previo-de-fusiones

La República. 2021. «Hania Pérez de Cuellar: Ley antimonopolio permitirá preservar el leal y libre mercado». Acceso 1 de enero de 2021. https://larepublica.pe/economia/2021/01/01/hania-perez-de-cuellar-ley-antimonopolio-permitira-preservar-el-leal-y-libre-mercado/.

La República. 2020. «Hania Pérez de Cuellar: No debería haber temores sobre la ley de fusiones». Acceso 13 de diciembre de 2020. https://larepublica.pe/economia/2020/12/13/hania-perez-de-cuellar-no-deberia-haber-temores-sobre-la-ley-de-fusiones/.

La República. 2020. «Ley Antimonopolio no vulnera las competencias de la SBS». Acceso 7 de enero de 2020. https://larepublica.pe/economia/2020/12/07/ley-antimonopolio-no-vulnera-las-competencias-de-la-sbs/.

 

MEF plantea reducir beneficios tributarios en el sector agroexportador

Escribe: Edgar David AUCCATINGO GONZALES

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM. Miembro del Taller de Ciencias Penales – UNMSM.

Fuente: Minagri

I. Introducción

Es innegable el progreso que ha tenido el sector de la agroexportación. No obstante, los beneficios tributarios brindados parecen ser anacrónicos en estos tiempos. El ministro de economía, Waldo Mendoza, señala que al principio del siglo se exportaban 400 millones, actualmente el país exporta 7,000 millones de dólares. Entonces, estos beneficios no pueden ser eternos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está de acuerdo con ir reduciendo las exoneraciones. Como política, se pide una gradualidad para reducir los beneficios tributarios. Esto tendrá un inexorable impacto en las distintas empresas agroindustriales. Sin embargo, a razón de que dicho mercado no es homogéneo, habrá un sector más afectado que otro.

II. Reducción de beneficios tributarios    

Entre las funciones generales del MEF se encuentra el formular, proponer, ejecutar y evaluar los lineamientos de política económica y financiera a través del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), en consistencia con el marco normativo de la responsabilidad y transparencia fiscal (1). De este modo, tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria, el MEF tiene un principio sobre la economía fiscal el cual consiste en no hacerse a través de exoneraciones, sino a través del gasto público y los tributos. Esto es debido, según el ministro de economía, a la poca transparencia que se da en las exoneraciones tributarias.

Si se usan esas políticas de exoneraciones, tienen que ser transitorias, mas no pueden ser permanentes. Asimismo, el artículo 48 de la Constitución Política del Perú señala que la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado (2). Bajo ese régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo. En este sentido, el ministro Waldo Mendoza refirió que puso dos ejemplos en su última reunión con distintos congresistas. El primero es el de la estabilidad laboral, que, desde el punto de vista de los trabajadores, parece una maravilla, y si se le añade un salario elevado, mejor aún. Pero, desde el punto de vista del empresario, es posible que no quieran o no puedan contratar trabajadores con esas características.

III. Impacto en las empresas agroindustriales

Es innegable el progreso para el sector de la agroexportación. Asimismo, existen empresas que cuentan con tecnología, por lo cual no sentirán el aumento de los tributos, pero al mismo tiempo existen empresas estarían muy afectadas ante dicho aumento. Por esta razón, no es momento de eliminar los beneficios tributarios.

En el sector agroexportador hay unas cuantas empresas grandes que no van a sentir (la derogación) porque están automatizadas. Algunas ni necesitan mano de obra, mientras que hay un grupo grande de empresas pequeñas agroexportadoras, intensivas en mano de obra, que sí van a recibir un golpe durísimo con la derogación, señaló Waldo Mendoza.

Recordó que las proyecciones macroeconómicas sobre el PBI para este año eran bastante negativas, pero en los últimos dos meses es todo lo contrario, cada vez las proyecciones son de caídas menores. Si bien la propuesta del MEF es que se puede aumentar gradualmente la tasa del impuesto a la renta que paga el sector agroexportador de 15% a 29,5%, el ministro Mendoza considera que no es oportuno que esta tasa se modifique de forma inmediata por el impacto del COVID-19 en la economía.

IV. Apreciaciones finales               

Bien decía el filósofo Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. De este modo el ministro de economía pretende ejercer una fiscalización efectiva a fin de volver efectivo la transparencia en los gastos públicos que se ve impedida en las exoneraciones tributarias. Por ello, no es indiferente ante el inestable contexto socio-económico y pretende actualizar la tributación del sector agroindustrial pues es atinado la gradualidad de las reducciones de los beneficios tributarios, a fin de recaudar mayores ingresos y obrar de una manera transparente en lo que respecta a los gastos públicos y tributos.

Ahora bien, los beneficios tributarios que pagan las empresas agroexportadoras son del 15% de impuesto a la renta cuando generalmente es el 30%. La reciente derogación de la Ley de promoción agraria se presentó después de las protestas en Ica y el norte del Perú por parte de los trabajadores del sector agrario. Entonces, los planes del ministro de economía responden frente a las exigencias tanto por parte de los trabajadores como de las empresas.

Finalmente, el proyecto del ministro parece ser prometedor; sin embargo, este corre el peligro de no prosperar debido a la crisis política que viene siendo regulada paulatinamente. En definitiva, el futuro es incierto, pero no se escatima ninguna posibilidad de mejora y desarrollo para la nación.  

V. Referencias

Lira, Julio y Luis Hidalgo. 2020. “MEF: Voy a proponer la eliminación gradual de beneficios tributarios de la Ley promoción agraria”. Gestión, 7 de diciembre. Acceso el 8 de diciembre de 2020. https://gestion.pe/economia/waldo-mendoza-mef-voy-a-proponer-la-eliminacion-gradual-de-beneficios-tributarios-de-la-ley-de-promocion-agraria-noticia/?ref=gesr

Redacción EC. “El Congreso derogó la Ley de promoción agraria. ¿Está de acuerdo con la decisión?”. El Comercio, 7 de diciembre. Acceso el 8 de diciembre de 2020. https://elcomercio.pe/economia/peru/ministerio-de-economia-sobre-eventual-cambio-de-la-constitucion-la-parte-economica-basicamente-esta-bien-waldo-mendoza-nndc-noticia/?ref=ecr

Redacción, El Peruano. 2020.” MEF plantea reducir beneficios tributarios”. El Peruano, 8 de diciembre. Acceso el 9 de diciembre de 2020. https://elperuano.pe/noticia/110412-mef-plantea-reducir-beneficios-tributarios

Villar, Paola y Nicolás Castillo. “MEF sobre ley agraria: Estos beneficios [tributarios] no pueden ser eternos”. El Comercio, 7 de diciembre. Acceso el 8 de diciembre de 2020. https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-sobre-ley-agraria-estos-beneficios-tributarios-no-pueden-ser-eternos-entrevista-waldo-mendoza-noticia/?ref=ecr

VI. Citas

(1) Artículo 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

(2) Artículo 58 de la Constitución Política de 1993.

¿Son eficaces los Acuerdos de Producción Limpia en el Perú? A propósito del suscrito por Pesquera TASA (*)

Fuente: Ministerio de la Producción

Escribe: Soledad Brenda OCHOA SEDANO

Estudiante del segundo año de Derecho de la UNMSM.

I. Introducción

En el año 2016 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (LGIRS) que representó un hito en el Perú ya que, su aprobación significó la incorporación de novedosos conceptos encaminados hacia la promoción de una mayor responsabilidad de las empresas en la disminución de los impactos de sus productos en el planeta. Así se han incorporado algunos principios, entre ellos, el de la economía circular, y este concepto exige tener en cuenta que “la creación de valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes”.

El objetivo que plantea la LGIRS, con la introducción de este principio, es la de prevenir y/o reducir los residuos sólidos que se generan en la etapa de producción de productos de las empresas. Por ello, con vistas de vincular a las empresas con la responsabilidad por la sostenibilidad es que al año siguiente (2017) se implementaron los Acuerdos de Producción Limpia (APL), un mecanismo de coordinación y colaboración entre una asociación empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos competentes para la implementación de acciones orientadas a reducir y valorizar los residuos sólidos generados por las empresas logrando mejorar las condiciones productivas y ambientales.

II. Primer APL en el sector pesquero del Perú

A inicios del presente mes, exactamente el 4 de noviembre del 2020, TASA (Tecnológica de Alimentos S.A.) firmó el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) del sector pesquero en el Perú, éste fue suscrito junto con los Ministerios del Ambiente y de Producción (sumándose también el gremio pesquero Sociedad Nacional de Pesquería), a través del cual la empresa pesquera se compromete voluntariamente a implementar un conjunto de estrategias para el uso eficiente de los bienes en desuso y en la gestión de residuos sólidos, mejorando así las condiciones para la prevención y reducción en la generación de los residuos sólidos en la etapa productiva.

En efecto, asumir el compromiso por una forma sustentable de producción a través de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) son una forma de promover la adopción de una “economía circular”. Esto implica, “cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, que está basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio” —según comentó la coordinadora regional de Eficiencia de Recursos para América Latina y el Caribe, Adriana Zacarías—, por un circuito “circular” de producción bajo la premisa de que no existen desechos sino formas de reutilizar los residuos producto de la producción.

III. Metas por cumplir

Todas aquellas metas asumidas voluntariamente por la empresa pesquera TASA se ejecutarán por el plazo de un año, en el cual se contemplan acciones como el desarrollo de proyectos de educación ambiental en instituciones educativas, brindar apoyo al programa de segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos municipales, capacitación de personal en buenas prácticas de segregación, elaboración de propuestas para la reutilización de sus residuos, entre otros.

IV. Punto de vista

No cabe duda de que concesiones como los APL representan una buena forma de fomentar la conciencia hacia una “economía circular” en pro de la sostenibilidad y productividad. Pero tal vez lo que se pone en cuestión es cuán significativa es la efectividad de estos APL en nuestro país. Así encontramos obstáculos como la cantidad reducida de empresas que dan la iniciativa, si tenemos en cuenta quedesde que se comenzó a promover los APL en el Perú (2017), solo se cuenta con siete acuerdos suscritos (1) y de ellos solo un caso ha sido reconocido con el cumplimiento del 100% del acuerdo a lo previsto en el APL. Aquello solo nos demuestra que la voluntariedad con la que se acuerdan los APL no garantizan el cumplimiento de estos.

Para culminar podemos sostener que los APL, por lo menos en nuestro país, no son suficientes o hacen falta reformularlos con medidas concretas; sin desmerecer, como se aclaró más adelante, de la significancia e innovación que representa para nuestro país, pero que debemos de reconocer del largo camino que nos queda por recorrer en el tránsito hacia una verdadera economía circular.

Notas

(*) Lengua, Christian. 2020. “Gremio pesquero busca recuperación y reutilización de residuos y energías propias de la industria”. Correo, 5 de noviembre. Acceso el 12 de noviembre de 2020. https://diariocorreo.pe/economia/gremio-pesquero-se-enfoca-en-recuperacion-y-reutilizacion-de-residuos-y-energias-propias-de-la-industria-ncze-noticia/?ref=dcr

(1) Para más información revísese la nota de prensa en: Plataforma Digital Única del Estado Peruano. 2020. “Acuerdos de Producción Limpia entre el Minam y empresas privadas promueven la economía circular”. Gob.pe, 22 de julio. Acceso el 18 de noviembre de 2020. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/214671-acuerdos-de-produccion-limpia-entre-el-minam-y-empresas-privadas-promueven-la-economia-circular

Referencia

Zacarías Farah, Adriana. 2020. “¿Qué es la economía circular y cómo cuida del medio ambiente?”. Noticias ONU, 12 de diciembre. Acceso el 18 de noviembre de 2020. https://news.un.org/es/interview/2018/12/1447801

Deterioro de expectativas económicas por crisis política

Escribe: Angela HUAMAN VASQUEZ

Estudiante de 2do año de Derecho de la UNMSM.

I. Introducción

El pasado jueves 10 de setiembre, el país fue removido nuevamente por la difusión de audios, al parecer de procedencia ilegal (1), que podrían tener consecuencias negativas en el sector económico. Entre una crisis sanitaria y la reactivación de actividades económicas en forma gradual y progresiva en cuatro fases aprobada por  Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; los mencionados audios han generado una situación de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Inclusive se ha llegado a someter a votación la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (1) lo que posiblemente afecte tanto la inversión pública como privada.

Ante esta situación nos preguntamos, ¿cuál es la magnitud de importancia de los audios, en este momento de plena crisis sanitaria y económica?, ¿es viable dar mayor relevancia a los audios y las especulaciones en torno al caso?

Al respecto el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que las tensiones entre ambos poderes tienen repercusiones en la economía del país y de hecho ya viene generando incertidumbre y nerviosismos en el mercado.

II. Impacto en las expectativas.

Recordemos que en situaciones anteriores ante escenarios de tensiones políticas hubo un deterioro de las expectativas económicas, según lo indica Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del BCRP. Por ese motivo es necesario que se resuelvan esas tensiones lo antes posible para que no repercuta trascendentalmente en la economía. Ya que es importante que se continúen con las obras públicas para que la economía pueda avanzar y lograr que se acelere la inversión privada pronto.

La inversión pública es crucial para la recuperación de la actividad económica, el multiplicador es de 1,42; cada sol que se invierte genera en la economía una expansión de 1,42. Esto es porque, además de hacer obras e infraestructura, crear más capacidad de la economía y elevar el PBI potencial produce ingresos y eso genera capacidad de compra de los agentes económicos. (3)

Es preciso entender que, en el ámbito económico, los escenarios más afectados serán las inversiones, empleo y el dólar. Cuando se trata de temas de inversión y contratación juega un papel importante la expectativa, la cual se ve afectada por la incertidumbre política. Es una realidad además que el desempleo en estos últimos meses se ha incrementado, afectando principalmente a las pequeñas empresas, conllevando al incremento de la informalidad. De igual modo, el alza del dólar debido a la demanda incrementada por parte de los mercados ante tanta incertidumbre política.

III. Pronunciamiento de los gremios.

Gremios como la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), representantes de la industria, comercio y exportaciones, se pronunciaron respecto al tema para brindar su respaldo a la gobernabilidad del país tomando en cuenta la crisis política que atraviesa. Indicando que la lucha contra la pandemia no ha culminado, así como tampoco la reactivación económica, por tanto, es posible que haya más empresas en quiebra a finalizar el año como un incremento de desempleados. En suma, indicaron que la vacancia no debe ser considerada como solución definitiva considerando la situación actual y, con mucha más razón, las próximas elecciones de cambio de mando presidencial.

En el mismo sentido, IPAE Asociación Empresarial se manifestó haciendo un llamado a la actuación con prudencia para no debilitar la institucionalidad democrática, anteponiendo el bienestar general de la población.

IV. Apreciaciones finales

Recordemos que nuestra Constitución establece una economía social de mercado (4), en la que el Estado participa como ente regulador y fiscalizador. Por ende, una interpretación teleológica nos permite comprender que el Estado solo puede actuar de forma subsidiaria cuando halla fallas en el comportamiento del mercado, como está ocurriendo en la actualidad.

Es por esa razón, que la actual tensión política-jurídica conlleva a una obstaculización por parte del Poder Legislativo, para que siga desarrollándose de manera adecuada las fases de reactivación económica, como la estabilidad social. En ese mismo sentido, la inversión pública es primordial para poder afrontar la crisis tanto sanitaria como económica, porque ella incentiva a la inversión privada. Por lo que se refiere a esta última, la coyuntura actual genera incertidumbre que tiene gran importancia en las decisiones de inversión por parte del sector privado, por tanto, la tensión surgida entre Legislativo y Ejecutivo tendrían un impacto negativo para la continuidad del proceso de reactivación económica.

En síntesis, la prioridad debe centrarse en superar la crisis sanitaria y favorecer las inversiones con el fin de promover empleos para que los agentes económicos puedan autorregularse. Por último, no debemos olvidar que, ante todo, lo primordial debe ser el bienestar general de la población.

V. Referencias

Redacción La República. 2020. “BCRP: expectativas económicas se deteriorarían por crisis política”. La República, 12 de setiembre. Acceso el 19 de septiembre de 2020. https://larepublica.pe/economia/2020/09/12/bcrp-expectativas-economicas-se-deteriorarian-por-crisis-politica/

RPP Noticias. 2020. “Crisis política: estos son los golpes que sufrirá la economía peruana”. RPP Noticia, 15 de setiembre. Acceso el 19 de septiembre de 2020. https://rpp.pe/economia/economia/crisis-politica-estos-son-los-3-golpes-que-sufrira-la-economia-peruana-bcr-dolar-tipo-de-cambio-inei-noticia-1292265?ref=rpp

Redacción EC. “ADEX, CCL y SIN afirman que vacancia presidencial ‘no es una solución a las circunstancias actuales’”. El Comercio, 12 de setiembre. Acceso el 19 de septiembre de 2020. https://elcomercio.pe/politica/actualidad/adex-ccl-y-sni-afirman-que-vacancia-presidencial-no-es-una-solucion-a-las-circunstancias-actuales-nczg-noticia/?ref=ecr

VI. Citas

(1) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2, inciso 10, de la Constitución. Asimismo, el artículo VIII del Código Procesal Penal nos señalan el carácter ilegal de los audios difundidos.

(2) Según el artículo 113, inciso 2, de la Constitución. Sobre causales de vacancia.

(3) Declaró Adrián Armas a diario La República.

(4) Artículo 58 de la Constitución.

Fuente: Diario La República 12/09/2020