Escribe: Redacción del Boletín Sociedades

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El artículo 62 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que “Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”. Asimismo, el artículo 139 de la citada norma establece como uno de los principios de la función jurisdiccional “1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. // No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral”.

Las normas antes expuestas, constituyen la base constitucional del arbitraje, entendido como el método alternativo de resolución de conflictos por medio del cual un tercero, distinto de las personas que mantienen una controversia, está facultado a resolver la disputa por acuerdo de las partes. En ese sentido, uno de los actores clave del proceso arbitral es justamente el denominado “árbitro”.

En el Perú, el arbitraje es regulado por el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje). Así, el Título III de dicha norma regula lo correspondiente a quiénes pueden ejercer el rol de árbitro. A partir de la lectura de dicho título mencionaremos algunos puntos clave con relación a los árbitros.

1.- Puede ser árbitro la persona natural que se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2.- Esta persona no debe estar en un supuesto de incompatibilidad para actuar como árbitro (que se desarrollan en el artículo 21).

3.- Esta persona no debe haber recibido condena penal firme por delito doloso.

4.- En cuanto a la nacionalidad de una persona, la norma dispone que no será obstáculo para que actúe como árbitro, salvo acuerdo en contrario de las partes.

5.- El árbitro no necesariamente debe ser abogado.

6.- Cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro, no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación o gremio de abogados nacional o extranjera.

7.- Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbitral o por cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo.

8.- Todo árbitro debe ser y permanecer, durante el arbitraje, independiente e imparcial.

El rol del árbitro es muy importante para la resolución de los conflictos y este actuar se fundamenta en la Constitución Política y la Ley de Arbitraje, pero fundamentalmente en el acuerdo de las partes.

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El séptimo pleno casatorio civil sobre tercería de propiedad ampara el derecho subjetivo del propietario tercerista frente a la pretensión del acreedor embargante de imponer su inscripción siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo. 

El 17 de julio de 2015, y al amparo del artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 400 del Código Procesal Civil, se llevó a cabo el séptimo pleno casatorio civil sobre tercería de propiedad. En este pleno se interpreta de manera sistemática la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, y se resuelve como regla vinculante que, en los procesos de tercería de propiedad, el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante; es decir, que la propiedad no inscrita, pero acreditada con documento de fecha cierta anterior, prima sobre el embargo inscrito.

Al respecto, este pleno casatorio civil otorgó tres reglas de interpretación y de actuación, que constituyen precedente judicial vinculante: i) que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante si dicho derecho real está fehacientemente acreditado con documento de fecha cierta anterior a la de la inscripción del embargo; ii) que el juez de primera instancia de oficio debe velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista; y iii) que, en caso de no reconocerse la autenticidad de la certificación de dicho documento, la demanda deberá declararse infundada.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la República señala que el juez debe velar por la verificación de la fecha cierta del documento que sirve de sustento a la demanda de tercería; por lo que el juez debe realizar u ordenar la celebración de todos los actos procesales, dentro de los límites permitidos en el proceso abreviado, para verificar que la certificación de la fecha cierta del documento presentado por el tercerista sea legítima y genuina. 

No debemos olvidar que los plenos casatorios civiles son mecanismos de uniformización y armonización de la jurisprudencia cuyo fin es brindar seguridad e igualdad en el ordenamiento jurídico; por lo que es de suma importancia que se establezca de manera clara cuales serían los “actos procesales” que garanticen la legitimidad del documento de fecha cierta. Lamentablemente, el séptimo pleno casatorio no profundiza en este aspecto procesal (solo señala la opción del juez de emitir un oficio), así que queda a discreción del juez realizar los actos que considere pertinentes para evitar algún pacto defraudatorio o contubernio entre el notario, el juez o funcionario que haya emitido la certificación, y el demandante de tercería de propiedad.

Referencias

VII Pleno Casatorio Civil (Casación N°3671-2014-Lima, 5 de noviembre de 2015). Corte Suprema de Justicia de la República. https://n9.cl/erivd0

Fort Ninamancco Córdova. Embargo inscrito y tercería de propiedad. Su oponibilidad en la jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, p. 5. https://acortar.link/AXqVjs

Fuente: http://www.ulima.edu.pe/sities/files

La autora expone una situación problemática en el ámbito cautelar en proceso civil. Se trata de la recurrencia a la contracautela personal: caución juratoria; que a pesar de su naturaleza y sin distinguir las pretensiones cautelares y sus efectos, se aplica, en su criterio; indiscriminadamente.  

Como se sabe, la contracautela es un requisito de la solicitud cautelar y un presupuesto para la ejecución de las medidas cautelares (Guerra 2016, 108); además, consiste en brindar un aseguramiento para una futura reparación de los daños y perjuicios que podría sufrir el afectado (puede ser la contraparte o un tercero)  con la medida. Ello basado en el principio de igualdad, en donde se busca contrarrestar la ausencia de la contradicción que caracteriza al proceso cautelar (Ledesma 2008, 42), y, en consecuencia, un equilibrio en las esferas de los justiciables.

La caución juratoria es una contracautela personal y se trata de un juramento por el cual la parte solicitante se compromete a responder por el daño que pudiera causar la medida cautelar ejecutada; sin embargo, esta promesa resulta no idónea, ni suficiente y mucho menos genera contrapeso con respecto a la afectación del patrimonio de una de las partes. Debido a la naturaleza de la contracautela, la caución debería tener carácter de garantía, sin embargo, una promesa o juramento de cubrir los daños no garantiza el resarcimiento en facto como sí lo hace una caución de tipo real.

A pesar de lo expuesto, en la práctica, es el tipo de contracautela que tiene más incidencia en la actividad cautelar (Ledesma, 2013, 4), sin distinguir su posible eficacia en todos los casos.

En mi concepto, es de suma relevancia tener presente que en la modificatoria efectuada en el año 2009 con respecto al artículo 613 del Código Procesal Civil, párrafo tercero que se refiere a la caución juratoria, se añadió la frase “… la que puede ser admitida debidamente fundamentada, siempre que sea proporcional y eficaz”. Esta frase determina la exigencia de fundamentar las razones por las cuales se ofrece una caución juratoria y de que los jueces motiven por qué la consideran idónea para la ejecución de la medida cautelar dictada. Sin embargo, en la práctica, no se advierte que se cumpla con esta exigencia.

En tal sentido, considero que es necesario repensar al momento de aceptar una caución juratoria, atendiendo a las diferentes formas cautelares y las respectivas pretensiones. No se trata de imponer costos al acceso a la tutela cautelar, pero sí de generar una cultura consciente de las consecuencias de una actuación irregular.  

Referencias

Guerra Cerrón, M.E. (2016) Sistema de Protección Cautelar. Lima: Instituto Pacífico.

Ledesma, M. (2013). La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Revista Gaceta Jurídica, Lima.

Ledesma Narváez, M. (2008). Nuevos procesos de Ejecución Cautelar. Lima: Gaceta Jurídica.

Fuente: http://www.static.vecteezy.com

La doctrina de los actos propios ha sido empleada en muchas ocasiones en temas relacionados a los convenios arbitrales para sustentar la aplicación del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, DL 1071) que se refiere a la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias.

Esta doctrina se entiende como la prohibición a desconocer los actos realizados por una de las partes en un primer momento y que dejan entender una conducta futura. Como señala Bullard (2010, 52) “no es legítimo desconocer con la mano izquierda lo que hace con la derecha”. La presente regla apela a la coherencia de las acciones realizadas por las partes en un inicio y que, bajo el principio de la buena fe, exige que en un futuro guarden concordancia con las que se realizarán.

Es por ello que la doctrina de los actos propios es un fundamento recurrido para la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, ya que según el artículo 14: “El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante (…)”. De esto se deduce que la voluntad de participación en un convenio arbitral no solo se exterioriza a través de la firma de este. Es posible que las actitudes mostradas de manera constante una persona, ya sea natural o jurídica, puedan llevar a entender que esa persona ha aceptado formar parte del negocio jurídico y, por lo tanto, también ha aceptado la cláusula arbitral a pesar de no haber expresado su voluntad por escrito. Es así como el involucrado pasa de ser un tercero a una parte no signataria.

La buena fe se presenta, entonces, como parte fundamental, ya que de ella nace la doctrina de los actos propios; de la confianza depositada por las partes en la conducta cotidiana que respalda y obliga una dirección en el comportamiento futuro de los participantes en el convenio. La doctrina de los actos propios no es un principio del derecho; es una regla. A pesar de no ser considerado un principio, esta regla es empleada y validada debido a que deriva del principio de la buena fe presente en nuestro ordenamiento jurídico.

Cabe resaltar que la aplicación de la doctrina mencionada en el artículo 14 del DL 1071 no implica su uso indiscriminado, ni que cualquier acción que no muestre consonancia con la conducta anterior deba ser deslegitimada. La clave es que de manera evidente e inequívoca se muestren acciones que no permitan duda de que el comportamiento posterior estará respaldado por los actos anteriores. En el caso del artículo 14, no debe caber a discusión que, debido a sus propias acciones, el tercero ha aceptado implícitamente ser parte del convenio arbitral y, por lo tanto, toma el papel de no signatario. 

Referencia

Bullard González, Alfredo. 2010. Los fantasmas sí existen: la doctrina de los actos propios. IUS ET VERITAS, 20(40), 50-62.

Fuente: http://www.dimensionmercantil.pe

En los últimos años, consecuencia de la modernización del comercio, la complejidad de las disputas se ha acrecentado, por ende, los medios para solucionarlas, en especial el arbitraje, se enfrentan a nuevos retos.

Uno de los tantos retos que enfrenta hoy el arbitraje es la determinación del alcance subjetivo de los convenios arbitrales, es decir, conocer el límite para vincular a un agente a un contrato que no firmó, pero consintió: partes no signatarias. 

Partes no signatarias en el arbitraje

Las partes no signatarias son aquellos sujetos que, sin haber firmado el convenio arbitral, si lo han consentido a través de conductas jurídicamente vinculantes, por haber suscrito un contrato ligado a la cláusula de arbitraje, por haber brindado garantías a la ejecución del contrato, entre otros supuestos estudiados por la doctrina y práctica internacional. 

Nuestro país, luego de actualizar la normativa aplicable al arbitraje, ha dispuesto la posibilidad de extender el convenio arbitral a partes no firmantes. El artículo 14 de la Ley de Arbitraje estipula:

el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos (1). 

De la revisión del mencionado artículo, tenemos que la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias puede darse por: (i) conducta determinante en el contrato que contiene la cláusula de arbitraje, y (ii) derivar beneficios del contrato donde se pactó el convenio arbitral.  

La extensión del convenio arbitral desafía uno de los principios ampliamente reconocidos en Derecho de los Contratos: el res inter alios acta, o también conocido como principio de relatividad de los contratos, demostrando que, en ciertos casos, algún aspecto del Derecho se podría flexibilizar para dar paso a la eficacia del negocio jurídico. 

(1) Decreto Legislativo Nº 1071: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H967713

Fuente: www. museodeljuguete.mx

El autor nos comenta sobre la competencia con la que cuenta el tercero elegido por las partes en conflicto, esto es, la denominada jurisdicción arbitral, para lo cual nos presenta las diferencias con la jurisdicción estatal.

En los diferentes libros de arbitraje se afirma —unánimemente— que el arbitraje es el modo con el que los pueblos primitivos resolvían sus controversias cuando aún no existía la compleja organización estatal. En efecto, un pasaje que evidencia esa afirmación puede encontrarse en la Biblia, en Génesis 31:53, donde se indica: “El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac” (1).

Dicho pasaje, no solo nos permite observar que, desde la antigüedad, antes de la existencia o implantación de organismos judiciales, los hombres buscaban la forma de resolver sus controversias, encargando la decisión sobre las mismas a un tercero elegido de común acuerdo por ellos (los interesados en solucionar sus conflictos), sino también que dicho tercero detente una sabiduría o conocimientos que les proporcione la confianza necesaria sobre la solución que ha de suministrar.

Ahora bien, a continuación les expondremos comparativamente las diferencias existentes entre ambas figuras y así evitar que los estudiantes de derecho, e incluso abogados, se limiten a señalar y/o afirmar que el arbitraje es solamente “una herramienta más de solución de controversias”, “que es más célere a comparación del sistema judicial”, “que es más costosa”, entre otras, sin reparar otras  características esenciales que permitirían implementar leyes y/o mecanismos  acorde a su naturaleza compleja, de tal modo que el Derecho no sea ajeno a los problemas sociales. A continuación, pasamos a hacer una breve lista de diferencias entre la jurisdicción arbitral y la jurisdicción estatal:

En suma, se debe tener en claro que la posición y función que ocupa un juez no puede asimilare a la de un árbitro. De allí que consideramos que es absolutamente cuestionable iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 1774/2017-MP, mediante el cual se pretendía considerar al árbitro como funcionario o servidor público en arbitrajes en los que una las partes sea el Estado.  No obstante, también se debe dejar en claro que, sea una jurisdicciónarbitral o estatal, en ambos existen derechos relacionados al debido proceso (derecho de defensa, derecho a la igualdad, derecho de contradicción) que, de ninguna manera, debe ser inobservada por el juez o árbitro.

Nota:

(1) Dicho pasaje bíblico está relacionado con la discordia existente entre Labán y Jacob respecto al límite geográfico entre ellos, quienes llegaron a un acuerdo sometiéndose ante el Dios de Abraham en caso de que alguno incurriese en alguna falta; precísese que Labán era politeísta, y aun así llegó a reconocer al Dios de Abraham como el juzgador de sus faltas frente a Jacob.

Referencias

Paricio, Javier. 2014. Los arbitrajes privados en la Roma clásica. Madrid: Marcial Pons.

Roca Martínez, José María. 1992. Arbitraje e instituciones arbitrales. Barcelona: Bosch editor.

Fernández de Buján, Antonio. 2006. Jurisdicción y Arbitraje en Derecho Romano. Madrid: Iustel.

Fernández de Buján, Antonio. 2008. Jurisdicción voluntaria en Derecho Romano. Madrid: Reus.

Fuente: http://www.pj.gob.pe

Las notificaciones judiciales desempeñan un papel fundamental en los procesos legales y forman parte integral del sistema de justicia peruano. Son actos procesales realizados por un juez para informar a las partes involucradas o a terceros sobre las resoluciones judiciales dictadas en un caso. Estas notificaciones tienen varias funciones importantes

En primer lugar, las notificaciones judiciales garantizan que las partes tengan conocimiento de los actos procesales que afectan sus derechos e intereses. Esto les permite ejercer su derecho a la defensa al brindarles la oportunidad de presentar alegaciones o recursos que consideren necesarios. En segundo lugar, las notificaciones judiciales contribuyen a dotar de legalidad y transparencia al proceso judicial, pues aseguran que todas las partes involucradas en un proceso legal sean informadas de manera oficial y formal sobre las actuaciones judiciales relevantes. Además, las notificaciones judiciales son coherentes con el principio de seguridad jurídica, al permitirles estar al tanto de los plazos y términos establecidos por la ley para el cumplimiento de obligaciones, presentación de alegaciones o recursos, lo cual es esencial para garantizar un proceso judicial ordenado y previsible. 

Uno de los problemas más grandes que enfrenta nuestro sistema de justicia es el retraso en los trámites de entrega y devolución de estas notificaciones, situación que debería verse beneficiada, en teoría, por la propensa digitalización. En primer lugar, al utilizar medios electrónicos para notificar a las partes involucradas, se puede reducir el tiempo y los costos asociados con la impresión, envío y recepción de documentos en papel. En segundo lugar, puede mejorar la precisión y la integridad de los registros legales, lo que puede reducir la cantidad de errores y retrasos causados por problemas de registro y seguimiento de documentos en papel en casos complejos que involucran múltiples partes y documentos. Además, la notificación electrónica puede ser realizada en tiempo real y de forma más eficiente, lo que puede acelerar el proceso y evitar retrasos innecesarios. 

No obstante, a pesar del gran valor que tienen las notificaciones judiciales, encontrar una efectiva de expedirlas no solucionaría el problema mayor: la demora en los procesos judiciales peruanos. Para este problema, se han identificado distintas razones, entre ellas: la demora en el envío de las notificaciones, la demora en el envío de los cargos de recepción de las notificaciones, el cambio de jueces, la suspensión de juzgados y tribunales, los actos dilatorios de los abogados, la excesiva carga procesal de demandas en que interviene el Estado, las huelgas del Poder Judicial, la ausencia de jueces en la tarde (Ramírez 2015), entre otros. 

Como se puede colegir de lo antes mencionado, la digitalización solo aborda una parte del proceso judicial y no resuelve otros problemas estructurales que afectan al sistema, como la falta de personal y recursos, la sobrecarga de trabajo de los jueces, entre otros. Por otro lado, para que la digitalización sea efectiva, es necesario que exista una infraestructura adecuada, como el acceso a Internet y la capacitación de los funcionarios judiciales para utilizar las nuevas tecnologías que, no obstante, aun cuando la pandemia nos forzó a la transformación digital, aún son brechas que cubrir. 

Además, la digitalización de las notificaciones judiciales también plantea desafíos en términos de privacidad y seguridad de la información, lo que requiere un marco regulatorio claro y efectivo para garantizar la protección de los derechos de las partes involucradas en el proceso judicial.

En síntesis, aunque la notificación judicial es esencial en el sistema de justicia peruano y la digitalización podría mejorar su eficacia, es relevante considerar que este cambio no solucionaría todos los desafíos estructurales del sistema, como la escasez de recursos y la sobrecarga de trabajo. Además, la implementación de la digitalización exige una infraestructura adecuada y una regulación clara para asegurar la protección de la información y la privacidad.

Referencias 

López Avendaño, Janner. 2020. «El valor de las notificaciones. A propósito del comportamiento de los operadores de justicia». La Ley. Acceso el 05 de abril del 2023. https://laley.pe/art/9959/el-valor-de-las-notificaciones-a-proposito-del-comportamiento-de-los-operadores-de-justicia

Ramírez Jimenez, Nelson 2015. «La demora en los procesos civiles peruanos». La Ley. Acceso el 05 de abril del 2023. https://laley.pe/art/2973/la-demora-en-los-procesos-civiles-peruanos

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En este comentario se desarrolla el compliance penal y su incidencia en el proceso penal de las personas jurídicas. Asimismo, se explica la relevancia del artículo 18 de la Ley N° 30424 como consecuencia de la modificación del Decreto Legislativo N° 1352.

Como consecuencia de la criminalidad empresarial, en el 2016 se promulgó la Ley N° 30424, la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho transnacional; posteriormente dicha Ley se modifica por el Decreto Legislativo N° 1352, que no solo amplió el número de supuestos de delitos, también designó como responsable técnico de verificación de idoneidad y funcionamiento de los modelos de prevención (compliance penal) a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

El fiscal para formalizar la investigación preparatoria debe contar con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, que tiene valor probatorio de pericia institucional. Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante decisión debidamente motivada. (Congreso de la República del Perú 2016, Ley N° 30424, artículo 18).

En ese sentido, se entiende que la incidencia de la implementación adecuada de los programas de cumplimiento en una empresa resulta relevante dentro de proceso penal, puesto que, si la persona jurídica se encuentra dentro de la etapa de Investigación Preparatoria del proceso penal ordinario, este podrá ser uso de su programa de cumplimiento como mecanismo de defensa. “Es en este momento procesal donde la persona jurídica tiene la primera oportunidad para defenderse y, en efecto, se dará lugar a la primera aparición del compliance” (Álvarez 2019,  3).

Si dicha prueba presentada ante el fiscal y su posterior verificación técnica por la SMV, resulta cumplir con los estándares mínimos requeridos por el artículo 17, inciso 2, de la Ley N° 30424, el proceso de investigación será archivado. Cabe señalar que, el programa de cumplimiento debe ser coherente con la naturaleza, riesgos, necesidades y características de la persona jurídica, al igual que debe brindar mecanismos de denuncias cuando se haya concretado el riesgo. Asimismo, si el modelo de prevención no es adecuado, pero se tuvo antes de la comisión del hecho delictivo, la ley señala que la responsabilidad puede ser atenuada.

En resumen, el compliance penal es necesario para que la persona jurídica evite o reduzca hechos delictivos dentro de su organización o producto de la realización de su actividad empresarial; sin embargo, me parece prematura la idea que esto sea utilizado dentro de un proceso penal como determinante para eximir o atenuar cualquier tipo de responsabilidad a la persona moral, puesto que se trata de delitos complejos y necesita de manera imperativa una investigación que no debe ser archivada por un informe técnico. Por último, en el Perú, la adopción del programa de cumplimento llega a ser de carácter facultativo, a excepción de algunos sectores donde se les obliga a implementar dentro de su estructura debido a la gran implicancia que tiene sobre la sociedad y la gran cantidad de riesgos que deviene su objeto o actividad empresarial. Esto no debe ser así, debido a que la implementación de los programas de cumplimiento representa buen gobierno corporativo y transparencia.

Referencias

Álvarez, J. (2019). Los programas de cumplimiento normativo y su incidencia en el proceso penal peruano. Enfoque Derecho. Acceso el 29 de enero de 2023 https://onx.la/876c9 

Ley Nº 30424. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional (21 de abril de 2016). Acceso el 29 de enero de 2023 https://onx.la/4fb67

^[1] Comentario del autor con base en su publicación “Quizás sí, Quizás no: Perspectivas sobre el reconocimiento de laudos anulados a nivel local – Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THĒMIS”: https://acortar.link/VEYbtn

El autor absuelve una gran interrogante a partir de la discusión existente sobre los laudos arbitrales anulados y su eficacia extraterritorial, dependiendo de la causal invocada o del sistema jurídico donde se pretenda homologar y ejecutar el laudo.

Esta situación especial, lleva a determinar la figura del “laudo muerto”, aquella resolución final de un arbitraje que sufre los embistes de una anulación en sede judicial que afecta la validez de esta resolución para efectos de su reconocimiento y ejecución en sede nacional o extranjera.

En relación a los efectos de los “laudos muertos” hay dos posiciones: una a favor y otra en contra del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

a) A favor. Se considera al arbitraje como una “jurisdicción deslocalizada”, que no rinde cuentas a un solo orden de Derecho, sino que sus efectos son internacionales y no pueden limitarse al Estado que declara la anulación del laudo, ya que considerar esto sería restarle eficacia a esta vía de solución de controversias.

Parte de la doctrina que apoya esta concepción disminuye en gran medida la relación entre el laudo y la sede del arbitraje, definiendo a esta última como una “mera localización con la logística y las comodidades necesarias para llevar a cabo un proceso arbitral de manera eficiente” (Mongrell 2014). 

b) En contra. Se rechaza toda posibilidad de reconocer un laudo arbitral en un Estado diferente del que declaró tal calidad. Esta posición se sustenta en la ligazón que mantiene el arbitraje con la sede donde se desarrolló. Si bien la naturaleza contractual del arbitraje se ve reflejada en la facultad de las partes para elegir una ley arbitral aplicable a su procedimiento, este poder no puede ser ilimitado, sino que debe enmarcarse en un determinado ordenamiento jurídico que sustente el ejercicio válido de sus derechos, por ejemplo, el de recurrir a un juzgado interno para lograr anular el laudo dictado, previa sustentación de las causales que impulsan su solicitud.

Considerando lo anterior, nos acoplamos a la posición de reconocer la validez y eficacia extraterritorial del laudo arbitral, a pesar que hayan sido anulados por una corte nacional de un país. Por supuesto, no se debe entender que un laudo anulado que intente ser ejecutado en otro país (distinto al país de donde se anuló) no deba ser objeto de análisis; por el contrario dicho laudo debe ser valorado por el juez de exequatur para determinar si la causal de anulación del laudo surte eficacia, incluso, en el país donde se pretende reconocer. 

Referencia

Mongrell González. Diego. (2014). “La ejecución de laudos anulados en el arbitraje comercial internacional”, en Lecciones y Ensayos, N° 93, pp. 149-180.

Fuente: www. emede-etlglobal.com

Un tema muy controvertido, a partir de la necesaria notificación electrónica, ha sido la determinación del plazo a partir del cual la notificación surte efecto. La autora explica cuál es la solución de parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, decisiones con las cuales señala que se encuentra conforme, puesto que se salvaguarda el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva..

Mientras que en el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece en el artículo 155-c que “La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica…”, en el artículo 147 del Código Procesal Civil se señala, entre otros, que el plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija. A pesar que se procuró armonizar ambos textos, se generó una confusión, especialmente en el caso de las notificaciones electrónicas. Así, había que determinar ¿cuál es la interpretación correcta?

La controversia entre ambos artículos fue solucionada dado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el análisis del Recurso de Queja Nº 1230-2021/Cajamarca, 6 de septiembre del 2022, en relación al artículo 155-c, señaló que “lo recomendable” es optar por la interpretación más favorable en alusión al principio pro actione, exigible para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional, así como en el artículo 139, numeral 11, de la Constitución Política del Perú. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional también emitió pronunciamiento sobre el cómputo del plazo en la notificación electrónica en el Expediente 3180-2021-PA/TC 3 de agosto de 2022, señalando que .5“cualquier plazo referido al proceso debe computarse desde el día hábil siguiente en que la resolución surtió efecto, es decir, si la notificación electrónica surte efecto a los dos días hábiles siguientes al ingreso de su notificación a la casilla electrónica, entonces, el plazo debe computarse desde el día hábil siguiente de haberse cumplido esos dos primeros días hábiles”. Como puede verse, las opiniones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema son coincidentes.

En resumen, se resolvió la incertidumbre, estableciéndose que notificación electrónica surte efecto, preferentemente, al tercer día después de recibida la notificación en la casilla electrónica, excepto los supuestos mencionados en el artículo 155-E y artículo 155-G del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Si se tiene en cuenta el contenido del artículo VII, tercer párrafo, de la Ley Nº 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que: “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”, esta es una correcta interpretación para proteger y respetar los derechos fundamentales de los justiciables.