Caducidad: ¿Suspensión de plazos durante las huelgas judiciales?

Escribe: Hunter J. TASAYCO KENGUA

Estudiante 4to año de Derecho de la ULIMA. Director del Círculo de Derecho Civil-Ulima.

Fuente: Diario El Comercio

El autor reflexiona acerca del deber del Estado de garantizar a las personas el acceso a la justicia y el derecho de éstas a exigirlas, de ahí que identifica una situación problemática cuando no se puede acceder al órgano jurisdiccional, y la explica a partir de dos factores: uno interno y otro externo. La pregunta que el autor formula en este comentario es ¿qué plazo debería otorgarse al justiciable que, en medio de las huelgas judiciales, ve vencido el plazo de caducidad?

En un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, se exige que “todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (…) debe respetar, mínimamente, las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y (…) al libre acceso a la jurisdicción” (1); deber que recae fundamentalmente en el Poder Judicial por ejercer la administración de justicia. Sin embargo, este deber se limita  por “dos caras de una misma moneda” -desde el punto de vista del justiciable-; por un lado, el factor interno,  relacionado a su negligencia de acceder al órgano judicial esperando los últimos días del término del plazo y el desconocimiento de que su derecho y acción puedan caer en caducidad; mientras que el factor externo  implica las situaciones creadas por el propio órgano jurisdiccional, en las que destacan las paralizaciones de labores ante una huelga judicial, que son de nuestro especial interés y desarrollo, ya que durante las mismas se puede producir la caducidad.

El Código Civil (CC) establece un único supuesto para la suspensión de la caducidad en el artículo 2005 que prescribe: “La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inc. 8”; éste último indica: “Se suspende la prescripción (…) mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano”.

Así, para la reanudación del plazo se entiende que se aplica el artículo 1995 del CC y, por ejemplo, si el derecho de un vendedor de aumentar el precio, caduca a los 6 meses de la recepción del bien por el comprador (art. 1579 C.C.) y precisamente caducó a los 5 días de iniciada una huelga judicial de 2 meses; se deberá adicionar el mismo tiempo que no pudo recurrir al órgano jurisdiccional.

Como puede verse el propio Derecho brinda una salida para asegurar el acceso a la justicia que seguramente la considerarán apropiada; sin embargo, tenemos un enfoque distinto a partir de la distinción entre la prescripción y la caducidad, y el deber de diligencia y previsión que se considera exigible a todos los justiciables, materia que será desarrollada en la segunda parte de este comentario. En tanto les dejamos la interrogante ¿es razonable aplicar los artículos 1994 y 1995 del CC mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano?

Nota

  • Exp. 0004-2006-AI, 29/03/06, P, FJ. 8.

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