Coyote vs. el derecho peruano

Fuente: americancinematheque.com

I. Introducción

La serie El Coyote y el Correcaminos es un clásico animado de Warner Bros. que casi no necesita presentación. Su premisa es simple: un coyote ingenioso, pero imprudente, se obsesiona con atrapar a un astuto y escurridizo correcaminos, sin conseguirlo pese a los cohetes, trampas y explosivos de la marca Acme que utiliza. Sin embargo, la película Coyote vs. Acme plantea una pregunta capaz de cambiar nuestra interpretación de la serie: ¿y si Acme fuera legalmente responsable de los desaciertos de nuestro torpe protagonista?

La película, que combina animación con acción real, sigue a Coyote, quien, tras años de utilizar productos Acme sin éxito, demanda a la empresa con el patrocinio de Kevin Avery, un abogado humano en decadencia especializado en litigios civiles por daños. Para quienes estamos familiarizados con el ámbito jurídico, Coyote aparece entonces como alguien que busca acceder a la justicia.

A partir de esta premisa, el presente artículo analiza la eventual responsabilidad administrativa y civil de Acme por los daños sufridos por Coyote desde el ordenamiento jurídico peruano. Para ello, se relacionarán conceptos del derecho de protección al consumidor y de responsabilidad civil.

II. Coyotus Consumator

2.1. La relación de consumo como prerrequisito

El primer paso para analizar jurídicamente la relación entre Coyote y la Corporación Acme consiste en determinar si existe una relación de consumo. Bajo el supuesto de que Coyote adquiere los productos para su uso personal, este sería el consumidor y Acme, el proveedor.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor parte de una idea sencilla: el consumidor debe poder acceder a productos idóneos y contar con información suficiente para tomar decisiones adecuadas. Una de sus finalidades es, precisamente, reducir la asimetría informativa entre quien ofrece un producto y quien lo adquiere.

2.2. Los deberes del proveedor

Todo consumidor necesita información veraz, suficiente, oportuna y accesible antes de adquirir un producto, tanto para decidir si lo compra como para conocer su uso adecuado. Por su parte, la idoneidad supone recibir aquello que razonablemente puede esperarse en función de lo ofrecido. Como señala Porras Medina (2025) “Su correcta observancia no solo garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los consumidores, sino que también constituye un estándar mínimo de conducta para los proveedores de bienes y servicios.”

Ambos deberes, sin embargo, son distintos: el de información se refiere a aquello que el proveedor debía comunicar, mientras que el de idoneidad exige evaluar si lo recibido corresponde a las expectativas razonables del consumidor, atendiendo a las circunstancias del caso.

Por ejemplo, imaginemos unos lentes inteligentes que funcionan exactamente como fueron ofrecidos, pero cuyo fabricante no informa que el dispositivo registra periódicamente fotografías para utilizarlas en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Podría existir un problema de información, aunque el producto funcione técnicamente como fue anunciado. Distinto sería que las gafas tomaran fotografías automáticas cuando el consumidor razonablemente espera que solo lo hagan al activar dicha función. En este último supuesto, la omisión podría afectar tanto la información proporcionada como la idoneidad del producto.

Los episodios clásicos nos permiten distinguir tres supuestos:

a) El producto se utiliza imprudentemente para una finalidad distinta de aquella para la que fue diseñado, como cuando se emplean un yunque y una banda elástica para construir una trampa.

b) El producto funciona conforme a su diseño, como ocurre con unas botas saltarinas que efectivamente saltan.

c) El producto falla espontáneamente, como una máquina que se activa por sí sola.

En los supuestos a) y b), si los productos funcionan conforme a lo ofrecido y se han informado adecuadamente sus riesgos, no habría necesariamente un incumplimiento del deber de idoneidad, aun cuando Coyote sufra un accidente. En cambio, en el caso c) podría configurarse una falta de idoneidad, pues no resulta razonable esperar que una máquina se active sola y cause daños.

En cualquier caso, el Código también protege frente a riesgos injustificados o no advertidos. Su artículo 25 establece que los productos no deben generar, en condiciones de uso normal o previsible, un riesgo injustificado o no advertido para la salud, seguridad o bienes del consumidor. A su vez, el artículo 26 exige adoptar medidas y advertir adecuadamente sobre los riesgos previsibles y la forma correcta de utilización.

En consecuencia, no todos los accidentes de Coyote pueden atribuirse automáticamente a Acme, pero tampoco cabe explicarlos sin más por la imprudencia del consumidor.

III. El proyecto Sísifo

En la película, el Proyecto Sísifo es una iniciativa secreta de Acme que consiste en utilizar a los personajes de dibujos animados como sujetos de prueba de sus productos antes de venderlos a los humanos. Esta revelación modifica la lectura que teníamos de la serie clásica.

Hasta entonces, la discusión podía concentrarse en las decisiones de Coyote. Sin embargo, el proyecto revela que Acme posee información sobre los riesgos de sus productos que el consumidor desconoce. Esto no elimina la relevancia jurídica de la imprudencia de Coyote, pero obliga a examinar qué sabía Acme y qué debía comunicarle para que pudiera decidir si adquiría o no esos productos.

En este punto, el concepto de idoneidad vuelve a cobrar importancia. El artículo 18 del Código no la define únicamente a partir del funcionamiento mecánico del producto, sino de la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, considerando, entre otros elementos, la publicidad, la información, las condiciones de la transacción y la naturaleza del producto.

Por eso, el Proyecto Sísifo puede modificar la evaluación jurídica de los productos de Acme. La película plantea que existen dos líneas: una destinada a seres humanos y otra exclusivamente a personajes de dibujos animados. Los productos para humanos son muy seguros, mientras que los destinados a personajes como Coyote resultan deliberadamente más peligrosos porque forman parte de los experimentos de la empresa.

Así, si Coyote adquiere un producto presentado como apto para su uso, pero Acme sabe que pertenece a una línea experimental diseñada para fallar y recopilar datos y no se lo informa, ya no bastaría con afirmar que «el producto funcionaba así». También corresponde preguntarse qué información recibió y qué podía esperar razonablemente del producto.

Un ejemplo es lo que ocurre con Kevin Avery: el abogado utiliza unos patines cohete diseñados para personajes de dibujos animados durante una persecución y termina lesionado. La escena muestra que la diferencia entre ambas líneas no es simplemente estética, sino que tiene consecuencias para la seguridad. Si Acme conoce esa diferencia, ¿puede guardar silencio? El deber de información no se limita a comunicar las características atractivas del producto, sino que también comprende los aspectos relevantes para decidir su adquisición y utilizarlo adecuadamente.

Algo similar ocurre con el deber de seguridad. Un producto no es necesariamente defectuoso por ser peligroso, pues algunos implican riesgos por su propia naturaleza. Lo relevante es si ofrecen la seguridad exigible teniendo en cuenta, entre otros factores, su diseño, la forma en que fueron puestos en el mercado, la publicidad, las instrucciones, las advertencias y el uso previsible.

Por ello, el Proyecto Sísifo no convierte automáticamente a todos los productos de Acme en defectuosos, pero revela que la empresa conoce sus riesgos y las posibles consecuencias de estos. Esta es, probablemente, la mayor ironía jurídica de la película: Coyote puede ser el consumidor más imprudente del mundo y, al mismo tiempo, Acme puede ser el proveedor que mejor conoce las consecuencias de esa imprudencia.

IV. Coyotus responsabilis

Que exista un incumplimiento de los deberes del proveedor no significa automáticamente que todo daño sufrido por Coyote deba ser indemnizado. La responsabilidad civil exige analizar el daño, la causalidad, el factor de atribución y, cuando corresponda, la conducta de la víctima.

Como señala Murillo (2021, 09:38), “el ordenamiento jurídico peruano armoniza muy bien el proceso de responsabilidad civil con el procedimiento administrativo sancionador”. Aunque ambos regímenes pueden complementarse, sus consecuencias deben distinguirse. En relación con el daño, Fernández (2019, p. 15) ilustra que este puede producirse tanto por el incumplimiento de un encargo profesional como a raíz de un accidente de tránsito.

En ese sentido, el artículo 100 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que correspondan. Esto permite distinguir dos preguntas: ¿Acme incumplió un deber frente a Coyote como consumidor? Y, de ser así, ¿ese incumplimiento produjo un daño que jurídicamente deba ser reparado por Acme? Las respuestas no necesariamente coinciden.

El artículo 1969 del Código Civil establece la regla general de responsabilidad por dolo o culpa: quien causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a indemnizarlo. Por su parte, el artículo 1970 contempla la responsabilidad objetiva cuando el daño es causado mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor contiene, además, una regulación específica para los productos defectuosos. Su artículo 101 establece la responsabilidad objetiva del proveedor por los daños causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes debido a defectos de sus productos, en concordancia con el artículo 1970 del Código Civil. Asimismo, el artículo 103 contempla entre los daños indemnizables el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, según corresponda.

Estas disposiciones permiten retomar los escenarios descritos anteriormente:

a) y b) Coyote utiliza inadecuadamente el producto

Aquí se encuentran los casos en que Coyote emplea un yunque y una banda elástica para construir una trampa, fuera de cualquier uso razonablemente previsible, o maneja incorrectamente unas botas saltarinas que terminan provocándole un accidente. Si los productos funcionan conforme a su diseño y Acme proporcionó las advertencias correspondientes, la posición de Coyote se debilita considerablemente, pues su propia conducta puede ser determinante para explicar el daño.

c) Coyote utiliza correctamente el producto, pero este falla

En este supuesto, Coyote utiliza una máquina de acuerdo con las indicaciones de Acme, pero el mecanismo se activa inesperadamente y termina dañándolo. Si el daño deriva de un defecto del producto, el artículo 101 del Código de Protección y Defensa del Consumidor permite examinar la responsabilidad objetiva del proveedor. No bastaría, por tanto, con sostener que Coyote «debió tener más cuidado».

d) Acme conoce el riesgo y lo oculta

Este escenario surge a partir del Proyecto Sísifo. Acme sabe que determinados productos son peligrosos para los seres humanos, conoce cómo se producen los accidentes y utiliza a personajes como Coyote para estudiar esos fallos. Sin embargo, esa información no llega al consumidor final.

En este caso confluyen las dos dimensiones del problema. Desde el derecho de protección al consumidor, corresponde evaluar si Acme cumplió sus deberes de información, idoneidad y seguridad. Desde la responsabilidad civil, debe determinarse si existe un daño, si el producto presentaba un defecto o concurrió una conducta atribuible a Acme y si existe relación causal con el perjuicio sufrido.

La conducta de Coyote también es relevante. En materia de responsabilidad objetiva, el artículo 1972 del Código Civil contempla que la imprudencia de la víctima puede romper el nexo causal cuando el daño sea consecuencia de ella; a su vez, el artículo 1973 permite reducir judicialmente la indemnización cuando esa imprudencia únicamente concurre en la producción del daño.

Por ejemplo, si Coyote coloca deliberadamente un cohete detrás de sí, enciende la mecha y sale disparado contra una pared, sería difícil trasladar íntegramente el resultado a Acme solo porque el producto pertenece a la empresa. Distinto sería si Acme supiera que el cohete explota de manera inesperada, conociera que Coyote suele utilizarlo para desplazarse y, aun así, lo comercializara sin advertir ese riesgo.

En definitiva, el análisis exige determinar qué riesgos asumió el consumidor, cuáles conocía el proveedor, qué información fue transmitida y qué conducta produjo concretamente el daño.

V. Un plan fallido, dos dimensiones jurídicas

La mayor utilidad de analizar Coyote vs. Acme desde el derecho peruano consiste precisamente en mostrar que la protección al consumidor y la responsabilidad civil no responden exactamente a la misma pregunta.

La protección al consumidor mira principalmente la relación entre proveedor y consumidor y permite preguntarnos qué debía hacer Acme antes y durante la comercialización del producto: informar adecuadamente, ofrecer un producto idóneo y evitar riesgos injustificados o no advertidos.

La responsabilidad civil aparece cuando existe un daño concreto y exige analizar sus consecuencias jurídicas: daño, causalidad, atribución y, dependiendo del supuesto, culpa o riesgo. Por eso, no toda infracción a las normas de consumo genera automáticamente una indemnización, pero tampoco puede afirmarse que la imprudencia de Coyote elimina automáticamente cualquier responsabilidad de Acme.

El Proyecto Sísifo hace visible precisamente esa tensión. Antes de conocerlo, los accidentes de Coyote podían interpretarse principalmente como consecuencia de su comportamiento. Después de conocerlo, sabemos que Acme posee información privilegiada sobre el funcionamiento y los riesgos de sus productos. Y cuando el proveedor conoce algo relevante que el consumidor desconoce, el derecho tiene razones para preguntarse si esa información debía haber sido comunicada.

VI. Conclusiones

6.1. Coyote vs. Acme no elimina la lectura clásica de que Coyote es imprudente. Su interés jurídico radica en mostrar que Acme, como proveedor, conoce esa conducta y los riesgos asociados a sus productos, que utiliza con fines de estudio.

6.2. El Proyecto Sísifo permite replantear el problema central: no basta con preguntarse qué riesgos asumió voluntariamente Coyote, sino que también debe examinarse cuáles eran conocidos por Acme y permanecieron ocultos para el consumidor.

6.3. El incumplimiento de las obligaciones de Acme no determina, por sí solo, un deber indemnizatorio. A su vez, la imprudencia de Coyote tampoco excluye automáticamente la responsabilidad del proveedor, cuya determinación dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.

VII. Referencias

Fernández, Gastón. 2019. Introducción a la responsabilidad civil. Lecciones universitarias. Colección Lo esencial del derecho, n.º 46. Lima: PUCP.

Murillo, Javier. 2021. «Derecho de Consumo y Looney Tunes: ¿Es el coyote el mejor cliente en esta disciplina?». YouTube, publicado el 16 de junio de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=fd4d6K2y3W0

Porras Medina, Miguel Ángel. 2025. «El deber de idoneidad en el Código de Protección y Defensa del Consumidor». Ugaz Zegarra Abogados Asociados. https://estudiougaz.com/publicaciones/el-deber-de-idoneidad-en-el-codigo-de-proteccion-y-defensa-del-consumidor/